Ingreso Usuarios ¿ Quienes Somos ? Publicidad Contacto
Inicio Jurisprudencia Normativa Doctrina Noticias
 
Noticias
 
21-02-2017
Declaración de la Red Latinoamericana de Jueces sobre el traspaso de las competencias judiciales

La RED LATINOAMERICANA DE JUECES emite este pronunciamiento con motivo de la reciente firma, por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina y el Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de un acuerdo de transferencia de parte de los órganos judiciales de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acuerdo que será próximamente sometido a tratamiento legislativo. Considera la REDLAJ que la trasferencia de jueces, fiscales y defensores, y sus respectivas sedes, magistrados que se encuentran en pleno ejercicio de sus funciones judiciales, desde el ámbito del Poder Judicial de la Nación Argentina -que integran y al que pertenecen, por imperio de la Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia se han dictado- al de la ciudad de Buenos Aires, constituye en un acto que provoca un grave perjuicio a la estabilidad de los magistrados, lo que afecta necesariamente la independencia judicial y en consecuencia, genera un detrimento al sistema republicano y el Estado de Derecho. Todo menoscabo a la independencia y estabilidad de los jueces repercute necesariamente en forma negativa en el sostenimiento y tutela de los derechos fundamentales de la comunidad. Los jueces latinoamericanos, entre ellos los argentinos, estamos empeñados mediante un esfuerzo común para avanzar sostenidamente en aras a brindar una justicia de calidad, que no solo sea eficiente en el uso de los recursos disponibles, o tenga eficacia en el ejercicio jurisdiccional particular, sino que contribuya a potenciar el bien común de cada habitante y posibilite el pleno desarrollo de su bienestar espiritual y material. Acciones como las señaladas, al margen de los procedimientos institucionales correspondientes, ciertamente ponen en riesgo esas trascendentales aspiraciones

 
21-02-2017
Lesa humanidad: Casación Federal no hizo lugar a pedido de nulidad de César Milani

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, resolvió no hacer lugar a la queja presentada por la defensa de César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani contra el rechazo del pedido de nulidad de su convocatoria a prestar declaración indagatoria. En la causa, se imputa a Milani la privación ilegítima de la libertad y tormentos sufridos por Pedro Adán Olivera, Ramón Alfredo Olivera y Verónica Matta en el marco de la dictadura cívico-militar.

 
21-02-2017
Se reunió la comisión para la reforma del Código Penal, que preside el juez Mariano Borinksy

Este lunes, en la sede central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se llevó a cabo una reunión de la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación. Se trató del primer encuentro del comité encargado de elaborar el anteproyecto de reforma y actualización de la norma jurídica sancionada en 1921. Durante la reunión se aprobó el reglamento interno de la Comisión y se fijaron las pautas de trabajo para la redacción de un marco normativo actualizado. Finalizado el encuentro se acordó la próxima mesa de trabajo para el 1° de marzo, y se consideró realizar encuentros cada 15 días para mediar los avances del comité. La Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación está integrada por el camarista Mariano Borinsky, en calidad de presidente; el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra (secretario); el fiscal Pablo Turano (secretario adjunto) y el ex ministro de Justicia bonaerense Carlos Alberto Mahiques. También participan el presidente de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbetta; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez; el procurador de Salta, Pablo López Viñals; los magistrados Patricia Llerena, Guillermo Yacobucci y Patricia Ziffer, y el abogado Fernando Córdoba. En la reunión se hicieron presentes los representantes de los Ministerios de Seguridad y Desarrollo Social, de la Nación. Asimismo, se empezó el trabajo de coordinación con el director del Programa Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra.

 
21-02-2017
Rechazan planteo de prescripción a favor de María Julia Alzogaray

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, no hizo lugar a la queja presentada por la defensa de María Julia Alsogaray contra el fallo, dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 de la Capital, que rechazó un pedido de prescripción. El planteo de la defensa de Alsogaray fue realizado en la causa en la que resultó condenada por el Tribunal Oral Federal N° 6, en el año 2015, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación, sentencia que fue confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en abril de 2016. En esa causa se investigó su actuación como titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, entre los años 1995 a 1998

 
01-02-2017
Denuncia de Nisman: el juez Lijo encomendó a Pollicita que practique las medidas de prueba propuestas

El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, encomendó este miércoles al fiscal Gerardo Pollicita que practique las medidas probatorias propuestas en el marco de la causa por la denuncia que había presentado el fiscal Alberto Nisman. El magistrado delegó en el fiscal la investigación en la que Alberto Nisman denunció a Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Marcos Timerman, Andrés Larroque, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, Héctor Luis Yrimia, Luis Ángel D`Elia, Fernando Esteche y Ramón Allan Héctor Bogado por la existencia de un plan delictivo destinado a encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados en el marco del expediente en el que se investiga el atentado a la sede de la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994.

 
01-02-2017
Liliana Catucci ejerce este año la Presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal

En el acuerdo general celebrado el 7 de diciembre de 2016, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal eligieron las autoridades para el presente año. La jueza Liliana E. Catucci fue designada presidente del tribunal; mientras que fueron elegidos vicepresidente primero y vicepresidente segundo los jueces Eduardo R. Riggi y Ángela E. Ledesma, respectivamente. Asimismo, los magistrados Eduardo R. Riggi, Ángela E. Ledesma, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos presiden durante este año las Salas I, II, III y IV del cuerpo, respectivamente, conformando su Tribunal de Superintendenci

 
01-02-2017
Solicitan detención de directivos y bloqueo del sitio web de UBER

Martín Lapadú, Fiscal de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, solicitó la detención de los directivos de la empresa UBER por su incumplimiento a la clausura impuesta por la justicia para la realización del juicio oral. Además pidió que la clausura/bloqueo preventivo de la página web y la aplicación UBER dispuesta por la justicia, el 22 de abril de 2016, se haga extensiva a todo el territorio nacional. El fiscal Lapadú solicitó el pedido de detención de los directivos Diego Mariano Oliveira Gerente General de UBER Argentina y Mariano Otero CEO de la empresa y de bloqueo nacional de la página y app de UBER al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16. Sus pedidos se basan en que los directivos de UBER nunca cesaron en sus contravenciones sino que siguen omitiendo por completo los mandatos judiciales, continuando con la actividad ilícita. Hace 9 meses que los ejecutivos de la empresa se encuentran violando la clausura impuesta y continúan haciendo uso indebido del espacio público. Ambas contravenciones sancionadas en los artículos 73 y 83 del Código Contravencional, y que provocan un serio peligro para la salud y seguridad de las personas. Como consecuencia de esta solicitud del fiscal Lapadú, se hicieron presente en la Fiscalía Oeste, el CEO de UBER, Mariano Javier Otero, y el Gerente Diego Oliveira quienes se pusieron a derecho junto a su abogado defensor, quien más allá del secreto del sumario que pesa sobre la causa, habían presentado una eximición de prisión para sus defendidos justo el día posterior a la petición del Fiscal. La Fiscalía tomó sus datos a fin de citarlos para su correspondiente declaración indagatoria. Asimismo, Lapadú pidió la clausura/bloqueo preventivo de la página web y la aplicación UBER dispuesta el 22 de abril de 2016, por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Nº16, se haga extensiva a todo el territorio nacional y la Jueza Maria Fernanda Botana hizo lugar para que las empresas que dan servicios de Internet bloquen la página y la aplicación de UBER Argentina. El pedido de bloque se pidió porque durante la investigación, la Fiscalía Oeste pudo comprobar que hay riesgos para preservar pruebas sumamente trascendentes para la pesquisa. Se pudo conocer que la firma UBER tiene la capacidad de alterar o borrar remotamente a través de su aplicación los registros de los socios de la empresa, y esa situación representa un riesgo para la prueba, por eso el bloqueo total permitiría un resguardo mucho más efectivo de aquella. El Fiscal Lapadú solicitó al juzgado que se bloquee la página y la aplicación de UBER a nivel nacional como aconteció en el caso “BWIN”, una página de apuestas ilegales sin habilitación nacional

 
31-01-2017
Prohíben la entrega de bolsas no biodegradables en supermercados

La Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires resolvió, este 24 de enero, rechazar el recurso de apelación planteado en la causa “ADOC ENVASES S.R.L. Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA”, confirmando la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Cecilia Mólica Lourido, en la cual no se concedió el pedido de que se suspenda la aplicación y efectos de la resolución 341/APRA/2016. Tras mencionar la normativa aplicable al caso (la ley 3147 de reducción progresiva y posterior prohibición en la entrega de bolsas no biodegradables por parte de los comercios; la ley 1854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y resoluciones de la Agencia de Protección Ambiental porteña), los camaristas Esteban Centanaro y Fernando Juan Lima afirmaron que “la parte actora carecería de verosimilitud en el derecho para obtener el dictado de la medida cautelar que solicitó”, y que la APRA, como autoridad de aplicación de la ley 3147, “resultaría competente para actuar como lo hizo”. “La interpretación propiciada por los actores según la cual la prohibición no podría haberse efectivizado hasta tanto resultara fácticamente posible la sustitución del material no biodegradable y se encontraren cumplidas todas las etapas del proceso que debería haber sido impulsado por la APRA, no encontraría respaldo en el texto de la ley 3147 pues –tal como ha sido puesto de relieve por la jueza de grado– allí se previeron plazos específicos para la implementación de las medidas”, entendieron los camaristas. “Por otra parte, no puede soslayarse que la prohibición contenida en la resolución 341/APRA/16 se encontraría encaminada a impulsar la concreción de uno de los propósitos de la ley y de su finalidad, esto es, contribuir con la minimización en la generación de residuos”, agregaron. En los fundamentos de la resolución, los magistrados señalaron también que “la medida resistida por los actores no prohíbe la actividad que desarrollan sino que únicamente refiere a la entrega de las bolsas no biodegradables que producen en un lugar específico, esto es, la línea de cajas de supermercados, hipermercados y autoservicios de alimentos y bebidas”. Y destacaron que “el curso de acción intentado pareciera tender a extender en el tiempo el sistema anterior”, debiendo los jueces “ser particularmente cuidadosos para no crear sistemas de excepción que se dilaten en el tiempo, sustituyendo así –de hecho– las competencias de los otros poderes del Estado

 
31-01-2017
La UFISES denunció a OSDE por apropiación indebida de los recursos de la seguridad social

El fiscal federal Gabriel De Vedia, a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), formuló denuncia penal contra los responsables de la Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de Empresas (OSDE) por considerar que podrían resultar penalmente responsables del delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, de acuerdo a lo normado por la ley penal tributaria, afectando el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). El representante del MPF consideró que existen elementos para considerar que los funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud (Sssalud) podrían resultar penalmente responsables por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que de las constancias obrantes en el expediente no surge que se haya efectuado una adecuada recaudación y fiscalización en tiempo y forma de los recursos que componen el FSR, ni que se haya perseguido el cobro de los aportes debidos por OSDE conforme a la normativa vigente. A raíz de la actitud omisiva o deficiente de los funcionarios, se habría facilitado la comisión y la prolongación a lo largo del tiempo de la conducta delictiva por parte de los responsables de OSDE. A raíz de la investigación efectuada por el fiscal de Vedia pudo verificarse que OSDE registró, en el período 1990/2011, deudas con el FSR por un total de $11.948.070.181,75 (capital más intereses). La Investigación Preliminar se inició en la UFISES el día 4 de enero de 2017, en virtud de la remisión por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud de copias de un reclamo administrativo previo presentado en dicho organismo por los apoderados legales de la empresa SWISS MEDICAL S.A. Esta última denunció que OSDE no cumplía con el depósito del aporte en concepto de adherentes voluntarios al FSR conforme lo previsto en la Res. INOS 490/90. A raíz de la investigación efectuada por el fiscal de Vedia pudo verificarse que OSDE registró, en el período 1990/2011, deudas con el FSR en concepto de aportes por el porcentaje de las cuotas correspondientes a los afiliados voluntarios por un total de $11.948.070.181,75 (capital más intereses). El representante del MPF confirmó que según la ley vigente la Superintendencia de Servicios de Salud está investida de obligaciones y facultades de fiscalización y cobro, con “un amplio poder de verificación y determinación de deuda” y “un procedimiento procesal de cobro expedito como lo era la vía de ejecución…”. Sin embargo, respecto a OSDE, los responsables de la Sssalud no habrían cumplido con las funciones a su cargo. En su denuncia, el fiscal señaló que “conforme la normativa vigente OSDE actuaba como agente de percepción del porcentaje de la cuota con destino al FSR abonada por el beneficiario”. Dicho porcentaje debió ser depositado en la cuenta del FSR, sin embargo desde el año 1990 hasta el 2011 la OSDE omitió cumplir con su obligación legal. Si bien en el año 1998 la Sssalud inició una demanda de conocimiento pleno ante el fuero de la seguridad social, persiguiendo el cobro de los aportes debidos por OSDE, lo cierto es que conforme lo prescripto en el art. 47 de la ley 23.661 debió -desde que se generó la deuda- emitir certificados de deuda y ejecutarlos. El procedimiento ordinario elegido discrecionalmente extendió la discusión hasta la actualidad, y aún no cuenta con sentencia definitiva. En su denuncia el fiscal señaló que “conforme la normativa vigente la OSDE actuaba como agente de percepción del porcentaje de la cuota con destino al FSR abonada por el beneficiario”. Dicho porcentaje debió ser depositado en la cuenta del FSR, sin embargo desde el año 1990 hasta el 2011 la OSDE omitió cumplir con su obligación legal. Acerca del FSR A través del artículo 22 de la ley 23.661 se creó en el ámbito de la Anssal -hoy Superintendencia de Servicios de Salud- un Fondo Solidario de Redistribución contemplando entre sus objetivos los de: subsidiar automáticamente a aquellos beneficiarios que percibieran menores ingresos con el propósito de equiparar sus niveles de cobertura obligatoria; solventar la cobertura de prestaciones médicas especiales de alta complejidad o elevado costo y las de discapacidad; y constituir reservas líquidas destinadas a atender posibles desequilibrios financieros de las obras sociales. La recaudación y fiscalización de los aportes, contribuciones y recursos de otra naturaleza destinados al FSR se encuentra actualmente en cabeza de la Superintendencia de Servicios de Salud. Cabe recordar que el Sistema de la Seguridad Social Nacional está compuesto por varios subsistemas entre los que se encuentra el relativo a la Salud. Del art. 14 bis de la Constitución Nacional, se desprende que el Estado es el obligado a brindar las prestaciones médicas a todos los habitantes de la República. Sin embargo, delega dicha imposición en las Obras Sociales y en otros organismos vinculados a la salud, manteniendo vigente su carácter de responsable subsidiario. El FSR es uno de los mecanismos con los que cuenta el Estado en miras de lograr progresivamente la plena efectividad del derecho a la salud. En función de ello toda la comunidad en forma solidaria – lo que incluye a las obras sociales- tienen la obligación de contribuir al mantenimiento del FSR. El incumplimiento de dicha obligación por parte de los agentes del seguro de salud –en este caso la OSDE-, amén de constituir un supuesto de responsabilidad penal, implica un serio obstáculo para que el fondo pueda cumplir con sus objetivos y, consecuentemente, pone en riesgo el acceso a prestaciones médicas acordes por parte de toda la comunidad. En este sentido, el fiscal de Vedia señaló que “los delitos imputados en la denuncia perjudican los recursos públicos destinados a garantizar el derecho a la salud, dirigiéndolo arbitrariamente a favor de quienes se sirven de aquello que pertenece a toda la comunidad. De esta manera se disminuyen los recursos económicos con los que cuenta el sistema de la seguridad social –y particularmente el subsistema de salud, produciéndose una merma en la calidad y cantidad de las prestaciones que deben recibir los beneficiarios y poniendo en riesgo el acceso a la cobertura por parte de los actuales y futuros beneficiarios”. La sustentabilidad a largo plazo del sistema de la seguridad social es lo que permitirá garantizar el acceso a la cobertura a toda la comunidad. En consonancia con ello, Gabriel de Vedia lleva interpuestos en su carácter de fiscal actuante en el fuero de la seguridad social, más de 4.700 recursos de apelación contra decisiones judiciales que establecían afectaciones arbitrarias de los fondos destinados a financiar las prestaciones de toda la ciudadanía. Actualmente, el representante del MPF se encuentra trabajando en la realización de un dictamen jurídico respecto del planteo administrativo interpuesto por la Swiss Medical en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.

 
27-01-2017
Confirman el procesamiento con prisión preventiva de una banda que realizó un secuestro extorsivo

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento con prisión preventiva dictado a los cuatro integrantes de una banda por su responsabilidad en un secuestro extorsivo cometido en la madrugada del 24 de julio de 2016. La Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella, fue quien llevó adelante la investigación del hecho, en el cual se logró liberar a la víctima antes de que se materializara el pago del rescate. Tras la recepción de la declaración indagatoria de los detenidos ante el fiscal, el representante del MPF requirió el correspondiente procesamiento, haciendo lugar el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo del Dr. Federico Villena. Ante la apelación de las defensas, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de La Plata confirmaron en su totalidad el resolutorio de primera instancia. A la hora de establecer la calificación legal, la justicia consideró como agravante la utilización de un menor de edad, quien fue alojado en un Centro de Régimen Cerrado. El hecho El 23 de julio del año pasado a las 23.45 horas, la víctima fue interceptada por al menos cuatro individuos cuando circulaba con su automóvil por las calles Machín y Zoloaga, de la localidad de Lanús Oeste, en la provincia de Buenos Aires. Mediante el uso de armas de fuego, el hombre fue trasladado al asiento trasero de su propio vehículo y, a través de amenazas, obligado a comunicarse con un familiar para pedir dinero a cambio de su liberación. La maniobra delictiva fue interrumpida horas más tarde por la intervención de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial de Lomas de Zamora, que advirtió en la localidad de Banfield la presencia de la camioneta Volkswagen Suran con la cual se trasladaba la víctima, que para ese momento ya tenía un pedido de secuestro dispuesto por la Fiscalía Federal y concretado por personal de la DDI de Lomas de Zamora. Con la colaboración de personal policial de otras seccionales de la zona y tras una breve persecución, los captores fueron detenidos y la víctima, que se encontraba en el interior del mencionado vehículo, liberada. Los acusados tenían en su poder dinero previamente sustraído a la víctima (unos $1.000); un arma de fuego, y un handy con frecuencia policial que utilizaban para estar al tanto de las alertas emitidas por las fuerzas de seguridad. La resolución, que lleva la firma de los jueces Roberto Lemos Arias, Carlos Román Compaired y Julio Víctor Reboredo, rechaza cada uno de los recursos interpuestos por la defensa de los imputados, especialmente los aspectos relacionados a la valoración probatoria realizada por el juez de primera instancia. En este sentido, los magistrados señalaron que a lo largo de la instrucción de la causa se logró atravesar “el umbral suficiente de certidumbre” acerca de la intervención y responsabilidad de los acusados en el hecho analizado. “En oposición a los agravios de los letrados defensores, el Tribunal opina que el juzgador justificó el nexo causal de los acontecimientos y tuvo por acreditada la responsabilidad provisional de los encartados en medida adecuada”, indicaron. En esa línea, el fallo del Tribunal destaca que la evidencia recolectada durante la investigación y “ejercicio de sana lógica mediante, su ponderación a la luz de la crónica efectuada por la víctima no permite otra conclusión que la obtenida por el a quo ante su concordancia con la acusación emanada por el Fiscal instructor”. Riesgo procesal Respecto a la prisión preventiva, los jueces de la Cámara Federal ratificaron la procedencia del encarcelamiento temporal de los imputados, tomando como base la ausencia de arraigo suficiente por parte de éstos y la vigencia de medidas urgentes con el objeto de localizar a los restantes implicados en el hecho, ya que según el relato de la víctima, su cautiverio contó con la participación de otros actores. “Se ha valorado la posibilidad cierta de riesgo procesal, es decir, la convicción de que los procesados intentarán eludir la acción de la justicia o entorpecerán la correcta marcha de la instrucción. (…) La idea de peligro allí desplegada es compartida por esta Sala, en la inteligencia de que la existencia de otros responsables elusivos que podrían ser alertados de la investigación no torna prudente en este estadio que los procesados sean sometidos a una alternativa menos gravosa para su sujeción al proceso, ante la palpable probabilidad de perjuicio para la pesquisa en caso de permitírseles tal aviso”.

 
Judicial del NOA
 1     2     3     4     5     6     7     8     9     ...      246    
Judicial del NOA

 
 
 
Ante la muerte del joven que impacto con el auto que conducía Lorenzetti, que actitud debería adoptar este?
 
Renunciar
Solicitar Licencia Mientras Se Investiga El Hecho
Requerir Que La Justicia Investigue Y Expida De Forma Urgente
Ver Los Resultados Ver Todas Las Encuestas