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09-02-2018
Córdoba: Implementan sistema de gestión electrónica para sorteo y selección de jurados populares

Este desarrollo tecnológico otorga mayor celeridad y transparencia al proceso Mediante Acuerdo 1464, Serie “A”, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó la implementación, a partir del 1 febrero de 2018, del Sistema de Administración de Jurados Populares que fue diseñado para simplificar el sorteo, la administración y la gestión automatizados de las personas designadas como jurados populares en las Cámaras del Crimen de las diez circunscripciones judiciales de la provincia. De esta forma, se otorga mayor celeridad y transparencia al proceso de sorteo y selección de los jurados. Este sistema -desarrollado por el Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Poder Judicial- también permitirá administrar, gestionar y documentar las actuaciones que se realizan con motivo de la intervención de jurados populares en juicios criminales como así también simplificar los procedimientos de trabajo, los mecanismos de información, la generación de estadísticas, y mejorar prácticas de gestión para los operadores judiciales. Ante cualquier duda o para obtener mayor información, los interesados pueden consultar con la Oficina de Jurados Populares, dependiente de la Secretaría Penal del TSJ, al teléfono (0351) 4266852 o al correo electrónico: oficinajurados-cba@justiciacordoba.gob.ar

 
09-02-2018
Detenido por grooming, coacción y abuso sexual a una menor contactada por Facebook

La jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, resolvió mantener el estado de detención de Leonel Jairo Arce, quien se encuentra acusado provisoriamente de los delitos de grooming, coacción y abuso sexual con acceso carnal en concurso real. El imputado deberá seguir detenido, alojado en la Alcaidía General de la Provincia. Además se autorizó el registro de los aparatos tecnológicos secuestrados, según lo solicitado por el fiscal interviniente, a los fines de extraer los archivos, mensajes de texto o de otro tipo, registros de llamadas, fotografías, videos, etc. relativos a los hechos denunciados. Arce se había contactado con la menor vía facebook. Es oportuno recordar que el Poder Judicial de Salta elaboró una cartilla sobre ciberdelitos, la que está disponible en la página web del Poder Judicial de Salta con la finalidad de servir a ciudadanos y periodistas. La ley 26388 sancionada en el año 2008, incorporó al Código Penal los delitos informáticos vinculados a pornografía infantil; acceso indebido a correos electrónicos, datos y sistemas; publicación indebida de datos privados; revelación de datos secretos; acceso indebido a datos personales; fraude y estafa informática, distribución de virus (malware); interrupción de comunicaciones; sustracción, alteración, destrucción e inutilización de prueba digital. Luego, en 2013, se sancionó la ley relacionada con el contacto a menores con el propósito de cometer delitos contra la integridad sexual (Grooming). El texto completo del trabajo elaborado por el Poder Judicial que incluye videos relacionados y material de consulta puede ser consultado desde http://www.justiciasalta.gov.ar/guia-de-ciberdelitos.php.

 
09-02-2018
Condenaron a dos hombres que participaron del intento de robo al ex vicepresidente Carlos Ruckauf

El juez Gustavo Valle condenó a penas de prisión en suspenso a dos hombres que participaron del intento de “salidera bancaria” al ex vicepresidente y ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires Carlos Ruckauf. El hecho sucedió en noviembre de 2015, en el barrio de Palermo. Carlos Aballay, de 29 años y su padrastro, Claudio Recaite, de 50, admitieron su culpabilidad en el marco de un juicio abreviado en el que participó el fiscal general Oscar Ciruzzi, interinamente a cargo de la Fiscalía General N°17 ante los Tribunales Orales Criminales de la Capital Federal. El 30 de noviembre de 2015, Ruckauf y su esposa fueron hasta una sucursal del banco Citi ubicada en Las Heras al 3500, tras lo cual regresaron a su casa, ubicada en la calle Juncal al 3200, a bordo de una camioneta que era manejada por el custodio del político. Todo el trayecto fue seguido por un auto Chevrolet Astra que conducía Aballay (pero que era propiedad de Recaite) donde también iba Sebastián Durán. Además, en la maniobra estaba involucrada una persona que se manejaba a bordo de una moto y que no fue identificada. Cuando las víctimas llegaban a la puerta del edificio, Durán se bajó del auto y se acercó a los dos damnificados. “Dame la plata”, amenazó a Ruckauf y luego lo golpeó en la cabeza con el revólver que portaba. “Dame la cartera o te mato”, le dijo a la mujer. Inmediatamente se la arrebató y corrió, pero apareció el custodio, quien con su pistola en la mano, le dio voz de alto. Durán giró y le apuntó con un arma que portaba, por lo que el policía le disparó dos veces, y le causó la muerte. Mientras esto sucedía, Aballay daba una vuelta manzana con el auto mientras esperaba que Durán concretara el asalto pero, al advertir lo sucedido, se fue. Con respecto a Recaite, se tuvo en cuenta que “facilitó” el auto para que se pudiera llevar adelante la maniobra. Para que no se los involucrara con el hecho, Aballay hizo una denuncia ante la Comisaría 10ª por hurto del auto mientras que Recaite presentó un reclamo ante la compañía de seguros para dar de baja el servicio y cobrar una póliza. Durante la instrucción, en la que intervino la Fiscalía Nacional el Criminal y Correccional N°25, a cargo de Martín Mainardi, se tuvo en cuenta la declaración de Ruckauf y su esposa sobre el violento episodio así como también las imágenes que se obtuvieron de una cámara de seguridad del edificio. Con las evidencias de la causa, Ciruzzi le propuso a Aballay una pena de tres años de prisión en suspenso por ser coautor de los delitos de “tentativa de robo agravado por su comisión de con armas en grado”, “tentativa estafa de seguro” y “falsa denuncia”. Para Recaite, consideró apropiada la pena de dos años y diez meses de prisión por los mismos delitos pero en como partícipe necesario en el caso del robo. Las penas solicitadas están por arriba del mínimo legal, que es de un año y medio de prisión. En la audiencia, el juez Valle aceptó lo propuesto por la Fiscalía y sostuvo que no estuvieron ambos en la escena del robo específicamente. Si recordó las comunicaciones que mantuvieron los acusados y el análisis que se hizo sobre los movimientos que tuvieron luego del hecho. Por otra parte, el magistrado le otorgó a Héctor Ramírez la suspensión del juicio a prueba y le impuso la obligación de realizar tareas comunitarias y pagar una multa al considerarlo responsable de “reducir” el auto en cuestión, cuando los acusados decidieron deshacerse del vehículo por temor a que los involucraran en el hecho, que había tomado notoriedad pública. Ramíreetendrá que realizar tareas comunitarias y pagar una multa.

 
08-02-2018
Bahía Blanca: rescataron a once trabajadores de un campo dedicado a la cosecha de tomate

Once víctimas fueron rescatadas, entre ellas seis menores de edad, y un productor resultó detenido como resultado de un allanamiento que se realizó el miércoles pasado a la noche en una finca dedicada a la cosecha de tomate y otras hortalizas, ubicada en la localidad bonaerense de Colonia La Merced. Además, se logró el secuestro de una suma cercana a los 500 mil pesos, producto de la actividad irregular constatada, un teléfono celular, varias armas de fuego y municiones. Finalmente, se procedió también al secuestro de dos camionetas Ford y un camión Mercedes Benz que quedaron en manos de una depositaria judicial. El procedimiento fue solicitado por la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Antonio Castaño, y en el operativo participaron fuerzas de seguridad a la Policía Federal Argentina, distintas organismos públicos como la subsecretaría de Niñez, adolescencia y familia de la municipalidad de Bahía Blanca, la Afip, el Ministerio de trabajo de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones. La persona a cargo de la finca quedó detenida, imputada por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada por la minoridad de las víctimas y tenencia de armas de fuego. Origen de la causa La investigación se inició luego de una denuncia telefónica recibida el pasado 15 de enero en la línea de la AFIP- División Central. En esa oportunidad, un hombre dio a conocer una situación de trabajo ilegal, en la zona de Colonia La Merced, ruta 3 km. 708, provincia de Buenos Aires. Añadió que el productor a cargo de la finca era Manuel Sánchez Reyes, quien poseería personal en relación de dependencia no declarado, al igual que sus remuneraciones, y con falta de ingreso de aportes personales retenidos pero no ingresados. Además, señaló que el personal se encontraba indocumentado y en relación de dependencia encubierta. Específicamente sobre el trabajo ilegal, el denunciante anónimo informó que las víctimas serían diez personas, entre las que se encontraban menores de edad, que trabajaban contra su voluntad, sin posibilidad de ausentarse, viviendo en el lugar de trabajo cedido por el empleador, en condiciones precarias y de hacinamiento, sin poder abandonar el lugar de trabajo. Finalmente, el denunciante agregó que Sánchez además cuenta con un puesto en el Mercado Aguado donde vende los productos que se cosechan en la quinta, sin emitir comprobantes por las ventas. Luego de realizar tareas de campo a través de la fuerza de seguridad, las cuales arrojaron resultado positivo, el pasado 30 de enero el fiscal realizó el pedido de instrucción ante el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Walter López Da Silva, y se solicitó allanamiento del predio y orden de detención del imputado.

 
08-02-2018
Convenio entre la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y el Ministerio de Justicia por el proceso para la certificación de servicios

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación firmaron un acta complementaria en el marco del proceso de certificación de calidad en la gestión basado en las Normas ISO 9001 (versión 2015) que lleva adelante aquel organismo del Poder Judicial. El acta fue suscripta el pasado martes por los jueces Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra y el director ejecutivo, Juan Rodríguez Ponte, en representación de la Dirección, y por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano. Según informaron desde la Dirección, en marzo de 2017 se comenzó con el proceso de certificación de calidad, con la colaboración del Programa de Calidad del Ministerio de Justicia, que permitió agilizar los tiempos de respuesta y gestión, dotar de trazabilidad todos los procesos, incrementar la satisfacción de quienes son usuarios del servicio que brinda la Dirección, visibilizar y revalorizar el trabajo que se brinda, logrando incorporar un proceso de mejora continua que responda de forma adecuada a las necesidades normativas y tecnológicas que surjan. Asimismo, indicaron que, en septiembre último, representantes del Programa de Gestión de Calidad del Ministerio de Justicia llevaron a cabo una auditoría interna en la Dirección a los fines de evaluar el proceso de implementación. Aclararon que para la obtención de la certificación ISO 9001 (2015) se requiere que la Dirección se someta y apruebe satisfactoriamente la instancia de la auditoría externa realizada por un organismo debidamente autorizado para expedir la certificación. Para ello, informaron que el Ministerio de Justicia designó para la realización de la auditoría externa a IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), que en diciembre pasado realizó la primera etapa de la auditoría externa y los días 21 y 22 de febrero del corriente tendrá lugar la segunda y última etapa de la auditoría de certificación. La citada auditoría y la posterior certificación son a título oneroso cuyo costo es solventado por el Ministerio de Justicia, no generando erogación alguna de dinero a cargo de la Dirección, aclararon. El desarrollo de este proyecto representa, para la Dirección, un avance significativo en calidad y en el cumplimiento de las bases sobre las cuales se debe asentar toda la actividad que desarrolla, a fin de brindar un servicio confiable, eficaz y confidencial en el marco de la transparencia que debe guiar su actividad.

 
07-02-2018
Corte: los trabajadores despedidos por solicitar un aumento salarial pueden reclamar una indemnización por despido discriminatorio

Con los votos de los Jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, la Corte Suprema revocó dos fallos del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba que habían rechazado reclamos de indemnización especial por despido discriminatorio. En el año 2006 Ricardo Farrell y Nicolás Bibby participaron, junto con 54 compañeros de trabajo, en una reunión en la que los trabajadores decidieron presentarle una nota a su empleadora para que evaluara la posibilidad de otorgar un aumento salarial al personal jerárquico fuera de convenio. A los pocos días ambos fueron despedidos. La empresa, propietaria de una cadena de supermercados, adujo como causa de los despidos el supuesto incumplimiento de objetivos comerciales de ventas. Alegando que, en realidad, se trataba de una represalia por el reclamo salarial, Farrell y Bibby demandaron judicialmente las indemnizaciones laborales por despido injustificado y, además, una indemnización civil adicional por el daño moral que les provocó la conducta discriminatoria asumida por la empresa. La justicia cordobesa, si bien hizo lugar a las indemnizaciones laborales por despido, rechazó los reclamos de indemnización por daño moral bajo el argumento de que la conducta discriminatoria reprochada no surgía del acto mismo del despido, ni del contexto fáctico que había rodeado a las desvinculaciones. En el día de la fecha, la Corte Suprema revocó esas decisiones señalando que era irrelevante el hecho de que la conducta discriminatoria no surgiera de lo expresado por la empresa en los telegramas de despido. Al respecto, explicó que, de ordinario, la discriminación se caracteriza por constituir una conducta solapada, oculta o encubierta, que no es reconocida por quien la ejecuta y, por lo tanto, es muy improbable que surja de los términos del telegrama que se envía para comunicar el fin de una relación laboral. La Corte señaló que, por el contrario, correspondía tener en cuenta que durante el trámite de ambos juicios se aportaron numerosas pruebas que evidenciaban que los despidos fueron una represalia de la patronal ante el reclamo salarial. En concreto, las pruebas indicaban el malestar que la petición de los trabajadores había generado en los altos mandos de la compañía, que los despidos habían sido comunicados por e-mail a todas las sucursales, lo cual era inusual en la empresa, y que, ocurridos los despidos, se frenó todo el reclamo porque había mucho miedo y nadie se animó a tocar el tema.

 
07-02-2018
Jornada sobre “Consensos para el nuevo código procesal penal federal”

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal, participó del encuentro “Consensos para el nuevo código procesal penal federal”, que se realizó hoy en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en Sarmiento 329. La jornada, que tuvo como objetivo profundizar sobre los acuerdos en relación a la adaptación del sistema acusatorio adversarial, por parte de todos los actores del servicio de administración de justicia, fue convocada por el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. También estuvieron presentes el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel A. Piedecasas, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, el juez federal Julián Ercolini -en representación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, el presidente de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Rodolfo Urtubey, el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato y representantes del Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y Funcionarios y la Comisión Bicameral del Congreso. El encuentro fue convocado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a fin de obtener consensos y, con un criterio común lograr la implementación del Código Procesal Penal Federal; proyecto que fue presentando ante el Senado en octubre de 2016, y que será discutido este año en el Congreso de la Nación. La convocatoria tuvo entre sus objetivos principales el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los actores que participarán en el proceso de su aplicación, para avanzar hacia un plan de acción eficaz. La apertura del encuentro estuvo a cargo del ministro Garavano, quien agradeció la presencia de todos los funcionarios presentes, lanzó los objetivos para el año 2018 del Eje Penal del Programa Justicia 2020 y destacó la importancia de “iniciar el año con esta actividad que busca la transformación del sistema acusatorio”. Asimismo, profundizó sobre la importancia de los “desafíos” y “la planificación” que estos implican. Según la máxima autoridad de la cartera de Justicia, la implementación del nuevo código procesal “llevará entre 5 y 7 años”. Por su parte, la cabeza del Ministerio Público de la Defensa, Maris Martínez, manifestó su “satisfacción” por el trabajo encabezado por el ministro Garavano de quien recordó su paso como procurador general de la Ciudad en relación a su conocimiento técnico judicial. La defensora general resaltó: “Estamos muy contentos, queremos que la Defensa reciba todo lo que necesita, estamos profundamente comprometidos con el sistema adversarial. Tienen todo nuestro apoyo”. Asimismo, el procurador general interino recordó que “la implementación del nuevo régimen es la culminación de un debate de la década de los ochenta, en la cual primero se había decidido pasar previamente al sistema de oralidad”. Pero que encuentra su “finalización” con el nuevo sistema. Además, Casal destacó la importancia de los avances de las unidades fiscales especializadas y las procuradurías en relación a las transformaciones necesarias para el nuevo sistema. El doctor Casal Casal cerró las exposiciones de los asistentes, con una reseña sobre los avances hacia el sistema acusatorio que se fueron implementando desde que se inició con la oralidad, en 1992, mediante la sanción del Código Procesal Penal de la Nación aprobado por le ley 23.984. En tal sentido, destacó que las investigaciones delegadas, las informaciones sumarias, las investigaciones en causas con autor ignorado y en materia de secuestros extorsivos, sentaron las bases para que los integrantes del Ministerio Público Fiscal estén en condiciones de afrontar con éxito la implementación del sistema acusatorio. A estas circunstancias, se agrega el estímulo que en las respectivas jurisdicciones brindan los colegas de las provincias que ya cuentan con ese sistema procesal. De esta manera, Casal consideró que se llegó “a formar una base sólida que nos permite afrontar esta última etapa”, al tiempo que consideró que el sistema va a funcionar organizadamente y de esa manera se logrará el éxito de esta implementación. También formaron parte de la mesa de trabajo el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi, el ex presidente de la Cámara Federal de Salta, Guillermo Federico Elías y el presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier María Leal de Ibarra, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Lilia Díaz Cordero y el titular de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato. Asimismo, participaron de la jornada el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, el jefe Gabinete de la cartera, Martín Casares, el subsecretario de Política Criminal, Juan José Benitez, el Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos, Juan Bautista Mahiques, el representante del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, y representantes del Colegio Público de Abogados, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y de las Asociaciones de Fiscales -la fiscal general doctora Susana Pernas- y Defensores Nacionales, de los tribunales orales federales, de los juzgados federales y de las fiscalías de las provincias donde comenzará la implementación, y otros funcionarios de la cartera de Justicia. Inminente instrumentación Las autoridades del Ministerio de Justicia prevén una instrumentación que tomará de cinco a siete años y en la que se aplicará progresivamente el sistema acusatorio en las jurisdicciones del norte del país; luego, del sur; y finalmente en el centro, para que la implementación llegue en la última etapa a las provincias con estructuras más complejas y mayor cantidad de casos. El proyecto de reforma está orientado a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales, a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado en general. Con el sistema acusatorio los fiscales asumen un rol preponderante en el que conducen y dirigen las investigaciones. Asimismo, se plantea un sistema de administración de justicia que, mediante la gestión electrónica, la incorporación de tecnología y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas, permita lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, colocando a la víctima en el centro del proceso.

 
07-02-2018
Casanello deberá pronunciarse sobre la citación a indagatoria de Cristina Kirchner en causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah, se expidió este martes en la causa CFP 3017/2013/268/RH68. Concretamente, resolvió hacer lugar al pedido de los acusadores y ordenar al juez Sebastián Casanello que se pronuncie en un plazo razonable sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner –quien está formalmente imputada en la instrucción y respecto de quien el fiscal Guillermo Marijuan y las querellas solicitaron hace tiempo su convocatoria a declaración indagatoria-, definiéndolo haciéndose cargo de las consideraciones expuestas en la resolución sobre el cuadro global en que están insertos los hechos y sus consecuencias para la valoración probatoria. Entre otras consideraciones, los camaristas señalaron lo siguientes: -Que el juez “se equivoca cuando alude a un eventual peligro de doble persecución penal: los hechos que exponen los acusadores para pedir la indagatoria de Cristina Fernández no fueron materia de un pronunciamiento en otras causa del fuero; es claro también que este escollo no fue advertido en el caso de Lázaro Báez, con quien comparte la imputación en ésta y en las otras causas, ya que su situación procesal en autos ha sido elevada a juicio. La posible conexidad entre unos y otros acontecimientos ni la comunidad probatoria que existe entre ellos afectan esa conclusión. Sí imponen un eficiente intercambio de la información entre fiscales y jueces así como la realización –eventual- de un juicio único; necesidades no obstaculizadas por las instancias de instrucción encaradas en distintas sedes por estrictos motivos de eficacia y distribución de trabajo. Esas afirmaciones, por cierto, nada tienen de novedosas; vienen siendo sostenidas en etapas preparatorias de complejidad, como éstas”. -Que el déficit en la evaluación del juez lo llevó a ignorar: “i) El planteo que alude que las irregularidades en la atribución de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz fue la maniobra que permitió a un grupo determinado de personas, entre las que se encuentra Cristina Fernández, distraer dinero del Estado Nacional a través de las empresas constructoras de Lázaro Báez. La cantidad de fondos involucrados en esos contratos de obra pública ascendió a la suma de $ 46.230.902.061,62 entre 2003 y 2015 (ver causa ‘Vialidad Nacional’ ya citada). Todo ello, según se concluyó, fue fruto de un plan previamente ideado, que para su concreción incluyó la falta de controles de los organismos estatales y la irrupción de Báez –de probados lazos de amistad- en un rubro que le era ajeno, para participar de las operaciones y disimular después el origen de la ganancia ilícita”. “ii) Al relativo a que la distribución de una suma esencialmente menor de esos fondos a Cristina Fernández y su familia -$6.851.650,97 según la causa ‘Los Sauces’ y $28.597.624 según ‘Hotesur’-se justificó con la suscripción de contratos de alquiler y otros negocios inmobiliarios, con dinero procedente de las distintas empresas de Lázaro Báez a fin de disfrazar su proveniencia. Esa modalidad no permitió incluir una cantidad mayor sin llamar la atención porque la condición de funcionaria de Cristina Fernández obligaba a hacer declaraciones juradas públicas sobre sus bienes.” “iii) A aquél que lleva a sostener que por el grado de exposición de quien entonces detentaba la primera magistratura del país el dinero o los bienes no podían quedar registrados a su nombre, resulta el hecho que, hasta donde se sabe, el enorme patrimonio de Lázaro Báez (el que conforme a la última tasación practicada en el Legajo 109 suma un patrimonio cercano a los $3.000.000.000, siendo que además se encuentra bajo este proceso por haber blanqueado dinero por unos U$ 60.000.000, que salieron del país y de los que solo reingresó U$32.800.000) resulta muy superior al que proporcionalmente le correspondió a Cristina Fernández y su familia a través de los mencionados contratos de locación (los $6.851.650,97 de la causa ‘Los Sauces’ y los $28.597.624 de ‘Hotesur’ recién mencionados).” “iv) Pero además, al relativo al que refiere que en esta causa se ha acreditado que parte de esos fondos blanqueados por la estructura conformada por Báez que volvieron a la Argentina entre fines del 2012 y principios del 2013, fueron depositados en las cuentas bancarias de Austral Construcciones S.A., que es precisamente una de las empresas que contrató con la gerenciadora ‘Valle Mitre’, que es la firma a través de la cual, mediante contratos simulado vigentes en ese mismo tiempo, se giró parte de las ganancias a Cristina Fernández.” “v) Tampoco al que hace referencia a lo dicho por Leonardo Fariña al respecto, en relación a que las cuentas en el exterior tampoco podían estar a nombre de Lázaro Báez porque se lo identificaba inmediatamente con los presidentes nacionales de entonces.” “vi) Ni se ha evaluado lo narrado por ese imputado ‘colaborador’ en cuanto al llamado de atención que Cristina Fernández efectuó a Báez por el caudal diario de divisas giradas al exterior, lo que había conllevado a una advertencia por parte de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro país.” -Partiendo de esa base, los jueces concluyeron: “Si según las investigaciones judiciales Lázaro Báez fue el encargado de brindar el entramado societario para captar los fondos públicos (causa ‘Vialidad Nacional’), de vehiculizarlos parcialmente a las manos privadas de quienes entonces eran funcionarios públicos (causas ‘Los Sauces’ y ‘Hotesur’) y también de sacar fondos del país para posteriormente reintroducirlos de manera de ocultar su origen (en esta causa, conocida como “la ruta del dinero”), va de suyo la necesidad de que el Magistrado instructor analice la situación de sospecha que señalan los acusadores acerca de la participación de Cristina Fernández en estos últimos hechos en tanto es dable entender su vinculación con, al menos, parte de esos fondos, porque simultáneamente en esa fecha se encontraba integrando un grupo que se apoderaba de fondos públicos y que bajo contratos de locación y otras operaciones inmobiliarias simuladas solo recibía parte de esos beneficios ilícitos”. -Para terminar, señalaron –sobre la forma de decidir y proceder que ha tenido el juez de primera instancia- que “en definitiva, ni dilatando cuestiones que requieren respuesta hace tiempo ni pretendiendo desoír los lineamientos de un tribunal revisor –con la finalidad que fuere- se logra lo esencial aquí: una definición fundada sobre los intereses que tienen acusadores y la imputada sobre el avance o no de su situación. A ello cabe instar, otra vez.”

 
05-02-2018
Salta: Inscripciones para el Programa de Ingreso al Poder Judicial 2018

Las inscripciones para el programa de capacitación destinado a noveles abogados interesados en desempeñarse en la función judicial se recibirán hasta el próximo 16 de febrero en las sedes de la Escuela de la Magistratura de Salta Capital, Tartagal, Orán y Metán. El Programa de Ingreso al Poder Judicial- Año 2018 comenzará a dictarse el 6 de marzo. La ficha de inscripción y los requisitos se encuentran disponibles en el sitio web de la Escuela, www.escuelamagistratura.gov.ar. Los interesados en inscribirse deberán descargar y completar la ficha de inscripción, presentándola junto a los demás requisitos. La capacitación tiene un cupo de 80 asistentes para el sistema presencial en el Distrito Centro. También está prevista la posibilidad de realizar este programa a través de videoconferencia en los Distritos Tartagal, Metán y Orán, siempre que se cubra un cupo mínimo de 10 inscriptos. Concurso para ingresar como abogado auxiliar Los egresados del Programa de Ingreso al Poder Judicial-2018 tendrán, a fines de ese año, la posibilidad de presentarse a rendir concurso de oposición y antecedentes para cubrir cinco cargos de Abogados Auxiliares del Poder Judicial, vacantes destinadas exclusivamente a los alumnos de esta capacitación de la Escuela de la Magistratura que hayan cumplido todos los requisitos de la misma.

 
05-02-2018
El procurador general interino instruyó a los fiscales respecto al traspaso de delitos a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal, a través de la Resolución PGN N°8/2018, instruyó a los señores fiscales nacionales en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, en relación al traspaso de competencia de delitos específicos de la órbita nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a lo establecido por las leyes 26.702 y 5.935 de las respectivas jurisdicciones, como así también sobre la continuidad del proceso de transferencia y trámite y radicación de las causas en curso.

 
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Que opinión le merece el embargo decretado por el juez al policía que salvo al turista americano
 
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