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02-07-2019
Protocolo y Marco Legal de Actuación Policial para todas las Escuelas de Policía

A partir de hoy hasta el jueves en las instalaciones de la Escuela de Policía de Santiago del Estero se estarán desarrollando dos capacitaciones para docentes e instructores de Institutos Policiales de Formación Policial de todas las jurisdicciones del pais, sobre Protocolo de Actuación Policial y Marco Legal de Actuación Policial. Dichos Manuales dentro del Ciclo de Cátedras Nacionales organizado por la Subsecretaria de Formación Policial del Ministerio de Seguridad nacional serán presentados por la Lic. Alejandra Adorno Directora Nacional de Diseño Curricular y Articulación con las jurisdicciones. Cabe destacar que el Manual de Marco Legal de Actuación Policial y su desarrollo temático presencial fue elaborado por el jurista Alberto Pravia.

 
02-07-2019
Ordenan la indagatoria del ex presidente de Sociedad Aguas de Tucumán por posible infracción a la ley de Residuos Peligrosos

la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ordenó que el ex presidente y miembro del directorio de la empresa Sociedad Aguas de Tucumán (SAT SAPEM) sea llamado a prestar declaración indagatoria por posible eliminación de efluentes cloacales sin el debido tratamiento que desembocan en el Río Salí y su curso hídrico, que continúa en Santiago del Estero con el nombre de Río Dulce y finaliza en la laguna Mar Chiquita, en Córdoba. La querella había interpuesto recurso de apelación contra la resolución del juez de primera instancia que dispuso sobreseer al imputado. Cuando la Cámara Federal emplazó al fiscal general Gustavo Gómez en los términos del art. 453 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), éste decidió adherirse a la apelación y logró expresar agravios. En la audiencia prevista a los efectos, ambas partes acusadoras refirieron que el Juzgado no realizó un análisis exhaustivo de las pruebas reunidas por lo que el sobreseimiento carecía de fundamento, “construido a partir de un voluntarismo puro y llano” del juez con la pretensión de liberar de responsabilidad al ex director de la Sociedad sin haber prestado declaración indagatoria. En la causa se investiga la posible contaminación de la cuenca Salí-Dulce con líquidos cloacales. En la causa se investiga la posible contaminación de la cuenca Salí-Dulce con líquidos cloacales. Según los documentos la Planta de Tratamiento cloacales San Felipe no realizaría el tratamiento adecuado de los efluentes que son vertidos allí. Nuevas medidas probatorias Entre el extenso listado de medidas ordenadas se encuentra el pedido a Gendarmería Nacional para que realice un relevamiento con identificación de las viviendas que se encuentran bordeando los Canales Norte, Sur y San Cayetano, cuyos desechos cloacales serían volcados directamente sin ningún tratamiento previo con destino al cauce del Río Salí. Asimismo, al Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán para lleve un registro del estado sanitario de la población. Por otra parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente de la Provincia, junto al subsecretario de Protección Ambiental y la directora de Medio Ambiente deberan informar sobre las condiciones y aptitud de la Planta de tratamiento de efluentes cloacales, durante el período a cargo del imputado. Además, la Cámara intimó a que se realicen una serie de declaraciones testimoniales tendientes a verificar la situación actual de la planta de tratamiento San Felipe y el control que respecto a su funcionamiento hizo el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT). En relación al sobreseimiento dictado por el juez, los camaristas -en línea con el MPF- explicaron que tal decisión requiere de un grado de certeza respecto de la debida acreditación de alguna de las circunstancias previstas por el art. 336 del CPPN, que no se observan en el expediente. La posición del MPF Al momento de emitir opinión, el fiscal general explicó que para sobreseer al imputado no deben existir dudas. Sin embargo, resaltó que hay varios informes periciales adversos que detallan los análisis de las muestras líquidas, recogidas por Gendarmería Nacional en puntos geográficos vinculados directamente con la Planta San Felipe de propiedad de la firma SAT SAPEM que presidía el imputado. El fiscal general explicó que para sobreseer al imputado no deben existir dudas. Sin embargo, resaltó que hay varios informes periciales adversos. Los hechos que se le imputan al ex directivo se enmarcan en el art. 55 de la ley 24.051 -de Residuos Peligrosos- y su responsabilidad surgiría del artículo 57 de dicha normativa. En este punto, el MPF explicó que la resolución cuestionada habría hecho una interpretación “sesgada” del resultado de los informes periciales que acreditaban el peligro de los efluentes cloacales y los que emanan del tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). El fiscal general también descalificó el informe médico forense, "que afirma prácticamente la inocuidad de los efluentes debido al recorrido que hacen los mismos en el ambiente circundante y con la falaz postulación que el agua del Río Salí no es destinada al consumo humano". Finalmente, recordó que la situación procesal del imputado se resolvió sin haber prestado declaración indagatoria.

 
02-07-2019
Caso Skanska: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de las defensas

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ester Ledesma, resolvió –por mayoría– declarar inadmisibles los recursos extraordinarios federales interpuestos contra la decisión, de esa Sala, que había declarado inadmisibles los recursos de casación interpuestos por las defensas de varios imputados contra la resolución (de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal) que confirmó el procesamiento y embargo de Julio De Vido –extitular del entonces Ministerio de Planificación Federal-, directivos de la empresa constructora Skanska, representantes de compañías que participaron en las maniobras presuntamente delictivas y otros intermediarios en orden a los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho activo y pasivo, respectivamente. Además, la Sala IV declaró inadmisibles –también por mayoría– los recursos extraordinarios federales interpuestos contra la sentencia, de esa misma Sala, que había desestimado los recursos de casación interpuestos contra la anulación de diversos sobreseimientos, entre ellos, los correspondientes a Daniel Cameron –exsecretario de Energía-, Fulvio Madaro y Hugo Muñoz –ex presidente y vicepresidente de Enargas, respectivamente-. En la causa se investiga el presunto pago de coimas y sobreprecios en el marco de las contrataciones para expandir la capacidad de transporte de gas natural comprendiendo la instalación de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS), la incorporación de potencia de comprensión en plantas existentes, el acondicionamiento de las plantas compresoras existentes y la construcción de una nueva planta compresora. La Sala IV –con el voto mayoritario de los jueces Borinsky y Carbajo– convalidó los fallos dictados por ese Tribunal, en ocasión de declarar inadmisibles los recursos interpuestos, por entender que las defensas no demostraron la afectación a diversas garantías constitucionales que invocaron en su favor y porque tampoco rebatieron los fundamentos de las resoluciones recurridas.

 
02-07-2019
La Corte Suprema rechazó demandas colectivas por tarifas promovidas por los defensores del pueblo de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, desestimó las demandas colectivas promovidas por los defensores del pueblo de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa por falta de legitimación para cuestionar resoluciones dictadas por autoridades nacionales en materia de suministro de luz (resolución n° 6/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación) y de peajes (resolución n° 46/2016 de la Dirección Nacional de Vialidad). De este modo, el Máximo Tribunal ratificó la doctrina sentada en sus precedentes de Fallos 329:4542, 340:745 y 341:1727, en el sentido de que los defensores del pueblo provinciales carecen de legitimación activa para cuestionar normas dictadas por autoridades nacionales. En esta oportunidad, al admitir los recursos interpuestos por la representación del Estado Nacional, revocó las sentencias de cámara que habían reconocido legitimación a los defensores del pueblo locales para impugnar distintos actos de carácter nacional y dispuso rechazar las demandas por ellos promovidas, de conformidad con los precedentes citados.

 
26-12-2018
Análisis sobre el reglamento del uso de la fuerza y el derecho humano a la seguridad

En un artículo de opinión publicado por el portal Infobae, el ex Camarista Federal Alberto Pravia analizó el reglamento de uso de la fuerza emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Según el jurista "Más allá de que el reglamento aborda algunas cuestiones que elaboré en estos años como el derecho a la seguridad ciudadana y el empleo del uso de la fuerza a partir de las pautas esbozadas por los Principios Básicos del Uso de la Fuerza y Armas de Fuego de las Naciones Unidas, lo que plantea el reglamento es la aplicación sin ningún tipo de atajo de las actuales normas que entienden sobre la problemática. Más bien lo que se buscó con esta norma es darle un contenido de valoración estatal, desde el mirador axiológico, para que no quede desligada la búsqueda de la justicia por la inexistencia o vacío de una seguridad efectiva. Si la policía es el segmento estatal habilitado para hacer uso de la fuerza con el fin de prevenir y reprimir ilícitos, el reglamento lo que hace es explicitar lo que ya las normas existentes preveían, partiendo de la propia Constitución, en su artículo 18, donde se vertebra el procedimiento penal, los tratados internacionales, el Código Procesal Penal, la ley de seguridad interior y dos normas de las Naciones Unidas, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los ya mencionados Principios Básicos. Es claro al respecto el Código Procesal en su artículo 184, inciso 11, cuando dispone "usar de la fuerza pública en la medida de sus necesidad". La policía debe hacer uso de la fuerza cuando fuere necesario y de forma proporcional al hecho verificado, y como lo plantean los Principios Básicos del Uso de la Fuerza de las Naciones Unidas, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. En resumidas cuentas, el reglamento no cambia ni modifica en nada la legislación existente, solo es una guía de cómo deben actuar las fuerzas de seguridad ante la posibilidad de hacer uso de la fuerza o un arma de fuego, bajo tres consignas claras: necesidad, proporcionalidad e inevitabilidad, y todo deberá ser analizado a posteriori por la Justicia".

 
26-12-2018
Protex presentó un informe sobre condenas e investigaciones de delitos de trata en la última década

En el marco del X Encuentro del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, presentó un minucioso informe sobre los resultados de causas e investigaciones desde la sanción de la Ley 26.364 y la creación de la fiscalía especializada (entonces UFASE), en 2008. Desde la entrada en vigencia la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas se lograron 271 sentencias en las que fueron condenadas aproximadamente 564 personas que perjudicaron al menos a 1204 víctimas, todo ello en causas en las que intervino la justicia federal. Desde la entrada en vigencia de la norma, la cantidad total de sentencias fue cada vez mayor de un año al otro: en 2009 fueron 3; al año siguiente, en 2010, se alcanzaron 18; y en 2011 y 2012 se registraron 27. Si bien en 2013 las sentencias fueron 26, aumentaron en 2014 al llegar a 34, y en 2015 se llegó a 48. En 2016 y 2017 se registran la mayor cantidad a la fecha, con 51 por año, mientras que en el transcurso del 2018 (todavía en curso) fueron 29 hasta el momento de la elaboración del informe. Respecto a las jurisdicciones involucradas en cada caso, Mar del Plata se encuentra primera en el listado, con 33 sentencias, seguida por la ciudad de Córdoba, con 32 y Capital Federal y Comodoro Rivadavia, ambas con 27 casos cada una. Las cifras son similares para Mendoza y Paraná (25), Salta (24), Rosario y San Martín (22). Bahía Blanca y La Plata registran 16 sentencias cada una, mientras que en la localidad rionegrina de General Roca fueron 13. Las cifras descienden en Tucumán (9), Posadas (8) Resistencia y Corrientes (7 sentencias). De la totalidad de los casos, el 77 por ciento incluía tipo de explotación sexual, mientras que el 19,9% fue de índole laboral, con un 3,2% no especificado. La mayoría de las causas se llevaron adelante en audiencia de debate (un 66,9%), mientras que la instancia de juicio abreviado se llevó a cabo sólo en un 30,3% de los casos. De la totalidad de los condenados, 433 son de nacionalidad argentina y 137 de origen extranjero. De ellos, el 63,6 por ciento es de género masculino, el 36% restante femenino, y un 0,4% trans. En 232 casos, los imputados fueron condenados por trata, mientras que 40 de ellos obtuvieron veredicto absolutorio y otros 38 fueron sentenciados por delitos conexos. En el 82,3 por ciento de los casos, las víctimas de estos delitos fueron de género femenino y un 17 por ciento masculino, con un 0,7 restante de víctimas trans.

 
26-12-2018
Casación dispuso que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7 juzgue a Luis D´Elía por incitación a la discriminación

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada en forma unipersonal por Mariano Hernán Borinsky, declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7 para juzgar a Luis Angel D´Elía por el delito de incitación a la discriminación previsto en el segundo párrafo del art. 3 de la ley 23.592. El hecho consistió en haber difundido por medios masivos de comunicación, ideas cuyo contenido podría alentar y/o incitar al odio o persecución dentro de un contexto social de proceso de elecciones políticas en las que el imputado representaba a un sector social importante y con pretensiones de ser candidato.

 
26-12-2018
La Corte Suprema falla a favor de los jubilados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció hoy, por mayoría, sobre el índice que debe aplicarse para la actualización de las jubilaciones, sentando un criterio que deberá ser aplicado de inmediato a las causas judiciales en trámite. Los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, en su voto conjunto, confirmaron la aplicación del precedente “Elliff” del año 2009, que estableció que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones debían actualizarse por el ISBIC (índice de salarios básicos de la industria y la construcción) sin el límite temporal de la ley de convertibilidad 23.928 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) había fijado en su resolución 140/95. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones de ANSeS N° 56/2018 y de la Secretaría de Seguridad Social N° 1/2018 que cambiaban el índice ISBIC por la variación del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), y ordenó comunicar al Congreso de la Nación el contenido de la sentencia a fin de que, en un plazo razonable, se fije el indicador para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período 1995-2008, ratificando que, hasta que ello ocurra, esa actualización se hará por aplicación del citado ISBIC. Lucio Orlando Blanco, jubilado desde el año 2003 bajo el régimen de la ley 24.241 de 1993, dedujo demanda contra la ANSeS con el objeto de obtener la recomposición de su beneficio. La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la sentencia de primera instancia que había ordenado, en consonancia con el criterio fijado en el precedente de esta Corte “Elliff”, que para calcular el nivel inicial de la jubilación las remuneraciones debían ser actualizadas mediante el ISBIC hasta la fecha de vigencia de la ley 26.417. La ANSeS insistió con que el citado precedente “Elliff” no había especificado la utilización de un determinado índice, sino que a esa época había un vacío legal en materia de actualización de remuneraciones. Solicitó la aplicación del indicador que mide las variaciones del RIPTE, contemplado en el decreto 807/2016 y en la ley 27.260 de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. En su voto, los ministros Maqueda, Lorenzetti y Rosatti rechazaron el índice RIPTE que utilizaban el decreto 807/2016 y la ley 27.260 por no resultar aplicables al caso. A su vez, ratificaron el criterio jurisprudencial fijado en “Elliff” en cuanto a la utilización del citado ISBIC −sin el límite temporal de la ley de convertibilidad 23.928− para la actualización de las remuneraciones utilizadas para el cálculo de las jubilaciones. Sin perjuicio de ello, destacaron que la ANSeS había dictado la Resolución N° 56/2018, luego ratificada por la Resolución N° 1/2018 de la Secretaría de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que tenía incidencia en la cuestión a resolver, motivo por el cual examinaron su validez. La citada Resolución 56/2018 de la ANSeS ordena que para realizar los cálculos del nivel inicial de las jubilaciones con altas anteriores al 1° de agosto de 2016, las remuneraciones deben actualizarse con el índice combinado aprobado por la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social n° 6/2016, que fija el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) desde el 1° de abril de 1995 hasta el 30 de junio de 2008. La Corte Suprema, por mayoría, declaró de oficio la inconstitucionalidad de ambas resoluciones −56/2018 ANSeS y 1/2018 SSS− por arrogarse los organismos que las dictaron el ejercicio de una facultad de exclusivo resorte del Poder Legislativo Nacional. A tal efecto, los jueces Maqueda, Lorenzetti y Rosatti sostuvieron que el Congreso de la Nación –poder representativo de la voluntad popular- recibe de la Constitución Nacional el mandato de reglamentar el ejercicio de los derechos constitucionales mediante el dictado de leyes, siempre cuidando de no desnaturalizar su contenido (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional). La Corte Suprema, a través de su jurisprudencia, ha reconocido la autoridad del Congreso para legislar respecto de los derechos reconocidos por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en particular en cuanto dispone que “la ley establecerá (…) jubilaciones y pensiones móviles”, lo cual revela la voluntad del constituyente de que el Poder Legislativo sea el que disponga la extensión y las características del sistema de seguridad social con el objeto de otorgar “sus beneficios” a los habitantes de la Nación, fije el contenido concreto de las jubilaciones y contemple su actualización a los efectos de que cumpla con su naturaleza sustitutiva. Añadieron que aun cuando al dictar la ley 24.241 en 1993, el Congreso había encomendado a la ANSeS que reglamente la aplicación del índice salarial a utilizarse y en cumplimiento de ello el organismo había dictado dos resoluciones –Nros. 63/94 y 140/95−, la facultad de elegir el indicador para la actualización de los salarios computables fue reasumida por el legislador al sancionarse la ley 26.417 en el año 2008, cuando el Congreso Nacional escogió un índice combinado aplicable a las remuneraciones que se devengasen a partir de su entrada en vigencia. Destacaron que a partir de la mencionada ley 26.417, ni la ANSeS con fundamento en el art. 36 de la ley 24.241 (según texto 1993 no reformado) ni la Secretaría de Seguridad Social con fundamento en el nuevo texto del art. 24, inc. a, de la ley 24.241 (según reforma de la ley 26.417) se encontraban facultadas para elegir el índice de actualización. La elección de la variable de ajuste no es un aspecto menor, de detalle, referente al cumplimiento del régimen de jubilaciones, sino que es una cuestión de la mayor relevancia por tener directa incidencia sobre el contenido económico de las prestaciones. Señalaron que la intervención indebida del Poder Ejecutivo Nacional –a través de la ANSeS y de la Secretaría de la Seguridad Social- al dictar y ratificar la Resolución N° 56/2018 sin tener la potestad constitucional para hacerlo, contradecía el art. 14 bis de la Ley Fundamental que conjuga el ideal representativo con la realización de los derechos sociales, y transgredía la regla básica republicana según la cual cada poder del Estado Federal debe actuar dentro de su ámbito de competencia, siendo respetuoso del ejercicio que los otros pudieran hacer de los poderes que la Constitución les atribuye. Consideraron que es el Congreso de la Nación en su carácter de órgano representativo de la voluntad popular, el que deberá establecer, conforme a las facultades conferidas por la Constitución Nacional, el índice para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período en juego. Por ello, decidieron que correspondía llevar a su conocimiento la presente decisión a fin de que en un plazo razonable hiciese uso de las atribuciones constitucionales que le competen para hacer efectivo el mandato del art. 14 bis citado. Por último, los ministros Maqueda, Lorenzetti y Rosatti establecieron que hasta que ello suceda y dado que la misión más delicada del Poder Judicial es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar para solucionar el problema, las cuestiones suscitadas en torno al haber inicial deberán ser resueltas de conformidad con las consideraciones dadas por la Corte Suprema en el caso “Elliff”, que establece el ISBIC como índice de ajuste, hasta tanto el Congreso cumpla con el mandato constitucional del art. 14 bis. De este modo, el criterio de la Corte deberá ser aplicado de inmediato a las causas judiciales en trámite. Cabe destacar que es precisamente en tiempos de crisis económica cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado. En tales etapas críticas, deben profundizarse las respuestas institucionales en favor de los grupos más débiles y postergados, pues son las democracias avanzadas y maduras las que refuerzan la capacidad de los individuos y atienden las situaciones de vulnerabilidad en momentos coyunturales adversos. En su voto, Elena Highton de Nolasco destacó que originariamente la elección del índice en cuestión había sido delegada -por el art. 24 inc. a) de la ley 24.241- a la ANSeS y que ese organismo, en ejercicio de dicha facultad, había considerado que ÍSBIC resultaba el más adecuado a los fines de la ley (cf. resol. 63/94 y 140/95), pero limitando el reajuste al 31 de marzo de 1991, con pretendido fundamento en la ley de convertibilidad 23.928. Agregó que en el conocido precedente “Elliff, Alberto José” –sentencia del 11 de agosto de 2009-, este Tribunal había rechazado la pretensión de la administración previsional de limitar el ajuste de las remuneraciones base al mes de marzo de 1991. Como consecuencia de esta decisión, sostuvo que no resultaba arbitraria la aplicación en la presente del ISBIC, pues se había convertido en la única pauta de actualización elegida por la ANSeS a los fines señalados, hasta que el legislador reasumió la facultad de elegir el indicador de ajuste para los salarios computables mediante la sanción de la ley 26.417. Conforme a esta normativa, sería de aplicación en el futuro el índice combinado previsto en el art. 32 a las remuneraciones que se devenguen a partir de su vigencia (1°/03/2009). Respecto del invocado decreto 807/2016, la ministra Highton de Nolasco señaló que no era aplicable al caso, pues limitó su alcance a las futuras prestaciones con alta mensual a partir de agosto de 2016; en tanto que la ley 27.260 (Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados) destacó el carácter voluntario de su participación, supuesto que no se verificaba en esta causa. Con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario, la ANSeS dictó la resolución 56/2018, que disponía para el cálculo del nivel inicial de las prestaciones –con altas anteriores al 1° de agosto de 2016- la aplicación del índice combinado aprobado por la resolución de la Secretaría de Seguridad Social N° 6/2016. Al respecto, la ministra Highton de Nolasco consideró que la mencionada resolución se encontraba viciada de nulidad absoluta por haberse emitido mediando incompetencia. Ello pues fue dictada después de que concluyera –con la sanción de la ley 26.417- la delegación prevista en el citado art. 24 de la ley 24.241, sin que pudiese admitirse el ejercicio retroactivo de esa potestad, declinada durante la vigencia de la norma. A idéntica conclusión arribó respecto de la resolución 1/2018 emanada de la Secretaría de Seguridad Social, que ratificó el índice previsto en la resolución ANSeS 56/2018. Con relación a esta nueva normativa, concluyó que también es nula, por contener disposiciones de carácter legislativo para la que no se encontraba facultada esa Secretaría. Por consiguiente, la ministra Highton de Nolasco confirmó la sentencia apelada que era favorable a las pretensiones del actor Blanco. No obstante, a diferencia del voto de los jueces Maqueda, Lorenzetti y Rosatti, limitó los efectos de la decisión al caso concreto, sin pronunciarse sobre las demás causas. En disidencia, Carlos Rosenkrantz resolvió que el haber inicial debía recalcularse empleando los índices dispuestos por las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social (SSS) 6/2016 y ANSeS 56/2018, ratificadas por la resolución SSS 1/2018 (“las Resoluciones”). Se trata de los siguientes índices: (i) desde el 1° de abril de 1991 hasta el 31 de marzo de 1995, el Índice del Nivel General de las Remuneraciones (INGR); (ii) para las remuneraciones entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008, la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y (iii) luego, las variaciones equivalentes a las movilidades establecidas por la ley 26.417. Para resolver de ese modo, Rosenkrantz aclaró, de modo preliminar, que no está en discusión si corresponde actualizar las remuneraciones del señor Blanco. Si bien la Corte ordenó en “Elliff” (Fallos 332:1914) que se actualizaran las remuneraciones, en modo alguno fijó qué índice debía utilizarse. El hecho de que los tribunales inferiores hayan aplicado el ISBIC con posterioridad a “Elliff” se explica porque no había una norma que fijara un índice de actualización más allá del 31 de marzo de 1991. Según Rosenkrantz, el caso del señor Blanco es distinto porque las Resoluciones fijaron un índice para el período debatido. Por lo tanto, no puede afirmarse que existe un precedente de esta Corte al que podría ser remitida la resolución de esta causa. Rosenkrantz sostuvo luego que las Resoluciones son válidas desde el punto de vista formal y sustancial. Desde el punto de vista formal, la elección del índice de actualización de las remuneraciones no constituye una facultad privativa o exclusiva del Congreso pues no se trata de materia reservada por la Constitución al Congreso de la Nación. En ese sentido, la fijación de índices de actualización para la determinación del haber inicial difiere de otras materias regidas por el principio de legalidad tal como sucede en buena parte de las cuestiones que involucran materia penal o tributaria (artículos 18 y 75 de la Constitución Nacional). De hecho, en la historia moderna del derecho previsional argentino, el legislador ha concebido distintos mecanismos o procedimientos a los fines de dar contenido a la garantía prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En ciertas ocasiones juzgó conveniente que tanto el índice aplicable a la movilidad de las prestaciones como el referido a la actualización de las remuneraciones sean fijados directamente por la Administración. En otras ocasiones el Congreso decidió fijar él mismo el índice aplicable a la movilidad de las prestaciones previsionales o a la actualización del haber inicial. Por último, en otras oportunidades, se reservó la facultad de determinar la movilidad de las jubilaciones. En ese sentido, Rosenkrantz aclaró que este caso es distinto a las decisiones de esta Corte en “Badaro I” (Fallos: 329:3089) y “Badaro II (Fallos: 330:4866). Allí el Congreso se había reservado expresamente la facultad de determinar la movilidad de las prestaciones previsionales. Como no la ejerció, en “Badaro I” la Corte notificó al Congreso que su omisión había privado al actor de un derecho reconocido por la Constitución Nacional y lo intimó a remediar dicha omisión. En “Badaro II”, debido a la persistencia de la omisión legislativa, este Tribunal dispuso fijar el índice de movilidad. A diferencia de lo que sucedió en los casos “Badaro I” y “Badaro II”, en el caso resuelto hoy, el Congreso no se reservó ninguna facultad. Tampoco fijó el índice. Eso no significa, sin embargo, que el Congreso no hubiera tomado una decisión al respecto. Por el contrario, exigió que la Administración otorgue las prestaciones previsionales sobre la base de remuneraciones actualizadas. Al exigir la actualización de las remuneraciones sin fijar por sí mismo el índice de actualización, ni reservarse la facultad de hacerlo, dejó en el ámbito del poder reglamentario de la Administración la determinación de dicho índice. Las Resoluciones fueron dictadas en el marco de dicho poder reglamentario y, por consiguiente, son válidas desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista sustancial, Rosenkrantz sostuvo que no hay una afectación de los derechos constitucionales del señor Blanco. Por un lado, no hay violación de derechos adquiridos. Ni al momento de su jubilación ni después hubo una norma que reconociera al actor el derecho a que sus remuneraciones sean actualizadas, con posterioridad al 31 de marzo de 1991, conforme al ISBIC. El actor tampoco cuenta con una sentencia judicial firme que le reconozca ese derecho. Por otro lado, tampoco se trata de una inclusión forzada en el Programa de Reparación Histórica porque no se ha obligado al señor Blanco a renunciar a nada. Por último, la crítica a la utilización de cierto índice no puede basarse en el mero hecho de que otro índice arroja un resultado más beneficioso. Una regulación dictada por las autoridades competentes destinada a establecer cómo se debe calcular el haber de nuestros jubilados y pensionados no es inconstitucional por el mero hecho de no arrojar el haber más elevado posible. Finalmente, Rosenkrantz concluyó que es innegable que, a lo largo de nuestra historia, la situación de los jubilados y pensionados ha sido afectada por el dictado de normas legales y sublegales cambiantes, poco claras y, lo que es más importante, en muchas ocasiones dichas normas han perjudicado muy severamente los derechos de quienes merecen una jubilación digna en los últimos años de su vida. Se trata de una larga historia de postergaciones. De todos modos, el compromiso que una sociedad debe tener con quienes, con su trabajo, han contribuido a producir los bienes que todos disfrutamos, no puede autorizar a esta Corte a alterar nuestro régimen de gobierno sustituyendo al Congreso de la Nación, que ha habilitado a la Administración a dictar la reglamentación necesaria para actualizar las remuneraciones. Hacerlo implicaría ignorar que otros poderes del Estado han válidamente ejercido las atribuciones conferidas por la Constitución y las leyes aplicables.

 
26-11-2018
Exclusión de la tutela sindical

La Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia que confirmó la exclusión de la tutela gremial sin considerar la defensa del apelante relativa a la eventual prescripción de la sanción que se pretendía aplicar. En el caso, la Cámara de Apelaciones en lo Laboral había admitido la acción de exclusión de tutela sindical promovida por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes contra un trabajador que revistaba como jefe de la unidad operativa de San Roque, distrito de Curuzú Cuatiá, a la par que detentaba el cargo de delegado gremial de la seccional local del Sindicato de Luz y Fuerza. Dicho pronunciamiento fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia provincial (STJ). Contra esa resolución, el trabajador interpuso recurso extraordinario cuya denegación dio lugar a la queja. En su recurso, destacó que el proceso de exclusión de tutela sindical fue promovido diez años después de los hechos por los cuales se pretendía su cesantía, cuando ya se encontraba prescripta la facultad sancionatoria del empleador en relación a los hechos. Señaló, también, que la falta de contemporaneidad entre el hecho imputado y la promoción de la acción de exclusión de tutela afectó su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Con arreglo a la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, con los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, descalificaron la sentencia recurrida porque el STJ, sin dar ninguna justificación, omitió atender la defensa esgrimida por el apelante vinculada con la eventual prescripción de la potestad sancionatoria del empleador. Dicha circunstancia, entendieron, era decisiva y no cabía diferirla a un juicio posterior. Por ello, resolvieron que el fallo recurrido no constituye un acto judicial válido y corresponde que sea dejado sin efecto.

 
26-11-2018
Declaran nula sentencia que había ordenado otorgar a la comunidad mapuche Trypay Antú la propiedad de tierras en Río Negro

La Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, con la firma de los jueces Jorge E. Argento, Carlos M. Grecco y Sergio G. Fernández, declaró la nulidad de una sentencia de primera instancia que había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que transfiera a título gratuito, en los términos del art. 8º de la ley 23.302, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el dominio de tierras en propiedad comunitaria a la Comunidad Indígena del Pueblo Mapuche “Trypay Antú”. La Cámara, en la sentencia dictada en los autos “Comunidad Mapuche Trypayantu c/EN – INAI s/Proceso deconocimiento”, expte. 20801/2016, entendió que “la litis se integró defectuosamente, pues se ha omitido otorgarle participación a la Provincia de Río Negro, jurisdicción donde se asientan las tierras cuyo reconocimiento la actora pretende”. Agregó que por no haber ocurrido de ese modo, los efectos de la sentencia dictada generaron una afectación indubitable en las atribuciones reconocidas en la Constitución Nacional en materia de pueblos indígenas que le asisten a la Provincia, y fueron omitidos en el trámite de la causa, todo lo cual vicia de nulidad el pronunciamiento dictado. Para decidir de ese modo, la Sala III entendió que toda disputa que implique el reconocimiento por parte del Estado Nacional de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que las comunidades tradicionalmente ocupan constituye el ejercicio de una competencia concurrente con las provincias, según el segundo párrafo del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Por ello, concluyó que la participación de la provincia de Río Negro “como integrante de la litis no pudo ser soslayada por las partes ni por la juez de grado, que incluso debió incorporarlo de oficio al proceso”. Además de declarar la nulidad de la sentencia, el tribunal ordenó que se integre la litis con la citada Provincia y se dicte un nuevo pronunciamiento.

 
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