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26-12-2018
Análisis sobre el reglamento del uso de la fuerza y el derecho humano a la seguridad

En un artículo de opinión publicado por el portal Infobae, el ex Camarista Federal Alberto Pravia analizó el reglamento de uso de la fuerza emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Según el jurista "Más allá de que el reglamento aborda algunas cuestiones que elaboré en estos años como el derecho a la seguridad ciudadana y el empleo del uso de la fuerza a partir de las pautas esbozadas por los Principios Básicos del Uso de la Fuerza y Armas de Fuego de las Naciones Unidas, lo que plantea el reglamento es la aplicación sin ningún tipo de atajo de las actuales normas que entienden sobre la problemática. Más bien lo que se buscó con esta norma es darle un contenido de valoración estatal, desde el mirador axiológico, para que no quede desligada la búsqueda de la justicia por la inexistencia o vacío de una seguridad efectiva. Si la policía es el segmento estatal habilitado para hacer uso de la fuerza con el fin de prevenir y reprimir ilícitos, el reglamento lo que hace es explicitar lo que ya las normas existentes preveían, partiendo de la propia Constitución, en su artículo 18, donde se vertebra el procedimiento penal, los tratados internacionales, el Código Procesal Penal, la ley de seguridad interior y dos normas de las Naciones Unidas, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los ya mencionados Principios Básicos. Es claro al respecto el Código Procesal en su artículo 184, inciso 11, cuando dispone "usar de la fuerza pública en la medida de sus necesidad". La policía debe hacer uso de la fuerza cuando fuere necesario y de forma proporcional al hecho verificado, y como lo plantean los Principios Básicos del Uso de la Fuerza de las Naciones Unidas, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. En resumidas cuentas, el reglamento no cambia ni modifica en nada la legislación existente, solo es una guía de cómo deben actuar las fuerzas de seguridad ante la posibilidad de hacer uso de la fuerza o un arma de fuego, bajo tres consignas claras: necesidad, proporcionalidad e inevitabilidad, y todo deberá ser analizado a posteriori por la Justicia".

 
26-12-2018
Protex presentó un informe sobre condenas e investigaciones de delitos de trata en la última década

En el marco del X Encuentro del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, presentó un minucioso informe sobre los resultados de causas e investigaciones desde la sanción de la Ley 26.364 y la creación de la fiscalía especializada (entonces UFASE), en 2008. Desde la entrada en vigencia la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas se lograron 271 sentencias en las que fueron condenadas aproximadamente 564 personas que perjudicaron al menos a 1204 víctimas, todo ello en causas en las que intervino la justicia federal. Desde la entrada en vigencia de la norma, la cantidad total de sentencias fue cada vez mayor de un año al otro: en 2009 fueron 3; al año siguiente, en 2010, se alcanzaron 18; y en 2011 y 2012 se registraron 27. Si bien en 2013 las sentencias fueron 26, aumentaron en 2014 al llegar a 34, y en 2015 se llegó a 48. En 2016 y 2017 se registran la mayor cantidad a la fecha, con 51 por año, mientras que en el transcurso del 2018 (todavía en curso) fueron 29 hasta el momento de la elaboración del informe. Respecto a las jurisdicciones involucradas en cada caso, Mar del Plata se encuentra primera en el listado, con 33 sentencias, seguida por la ciudad de Córdoba, con 32 y Capital Federal y Comodoro Rivadavia, ambas con 27 casos cada una. Las cifras son similares para Mendoza y Paraná (25), Salta (24), Rosario y San Martín (22). Bahía Blanca y La Plata registran 16 sentencias cada una, mientras que en la localidad rionegrina de General Roca fueron 13. Las cifras descienden en Tucumán (9), Posadas (8) Resistencia y Corrientes (7 sentencias). De la totalidad de los casos, el 77 por ciento incluía tipo de explotación sexual, mientras que el 19,9% fue de índole laboral, con un 3,2% no especificado. La mayoría de las causas se llevaron adelante en audiencia de debate (un 66,9%), mientras que la instancia de juicio abreviado se llevó a cabo sólo en un 30,3% de los casos. De la totalidad de los condenados, 433 son de nacionalidad argentina y 137 de origen extranjero. De ellos, el 63,6 por ciento es de género masculino, el 36% restante femenino, y un 0,4% trans. En 232 casos, los imputados fueron condenados por trata, mientras que 40 de ellos obtuvieron veredicto absolutorio y otros 38 fueron sentenciados por delitos conexos. En el 82,3 por ciento de los casos, las víctimas de estos delitos fueron de género femenino y un 17 por ciento masculino, con un 0,7 restante de víctimas trans.

 
26-12-2018
Casación dispuso que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7 juzgue a Luis D´Elía por incitación a la discriminación

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada en forma unipersonal por Mariano Hernán Borinsky, declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7 para juzgar a Luis Angel D´Elía por el delito de incitación a la discriminación previsto en el segundo párrafo del art. 3 de la ley 23.592. El hecho consistió en haber difundido por medios masivos de comunicación, ideas cuyo contenido podría alentar y/o incitar al odio o persecución dentro de un contexto social de proceso de elecciones políticas en las que el imputado representaba a un sector social importante y con pretensiones de ser candidato.

 
26-12-2018
La Corte Suprema falla a favor de los jubilados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció hoy, por mayoría, sobre el índice que debe aplicarse para la actualización de las jubilaciones, sentando un criterio que deberá ser aplicado de inmediato a las causas judiciales en trámite. Los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, en su voto conjunto, confirmaron la aplicación del precedente “Elliff” del año 2009, que estableció que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones debían actualizarse por el ISBIC (índice de salarios básicos de la industria y la construcción) sin el límite temporal de la ley de convertibilidad 23.928 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) había fijado en su resolución 140/95. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones de ANSeS N° 56/2018 y de la Secretaría de Seguridad Social N° 1/2018 que cambiaban el índice ISBIC por la variación del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), y ordenó comunicar al Congreso de la Nación el contenido de la sentencia a fin de que, en un plazo razonable, se fije el indicador para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período 1995-2008, ratificando que, hasta que ello ocurra, esa actualización se hará por aplicación del citado ISBIC. Lucio Orlando Blanco, jubilado desde el año 2003 bajo el régimen de la ley 24.241 de 1993, dedujo demanda contra la ANSeS con el objeto de obtener la recomposición de su beneficio. La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la sentencia de primera instancia que había ordenado, en consonancia con el criterio fijado en el precedente de esta Corte “Elliff”, que para calcular el nivel inicial de la jubilación las remuneraciones debían ser actualizadas mediante el ISBIC hasta la fecha de vigencia de la ley 26.417. La ANSeS insistió con que el citado precedente “Elliff” no había especificado la utilización de un determinado índice, sino que a esa época había un vacío legal en materia de actualización de remuneraciones. Solicitó la aplicación del indicador que mide las variaciones del RIPTE, contemplado en el decreto 807/2016 y en la ley 27.260 de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. En su voto, los ministros Maqueda, Lorenzetti y Rosatti rechazaron el índice RIPTE que utilizaban el decreto 807/2016 y la ley 27.260 por no resultar aplicables al caso. A su vez, ratificaron el criterio jurisprudencial fijado en “Elliff” en cuanto a la utilización del citado ISBIC −sin el límite temporal de la ley de convertibilidad 23.928− para la actualización de las remuneraciones utilizadas para el cálculo de las jubilaciones. Sin perjuicio de ello, destacaron que la ANSeS había dictado la Resolución N° 56/2018, luego ratificada por la Resolución N° 1/2018 de la Secretaría de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que tenía incidencia en la cuestión a resolver, motivo por el cual examinaron su validez. La citada Resolución 56/2018 de la ANSeS ordena que para realizar los cálculos del nivel inicial de las jubilaciones con altas anteriores al 1° de agosto de 2016, las remuneraciones deben actualizarse con el índice combinado aprobado por la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social n° 6/2016, que fija el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) desde el 1° de abril de 1995 hasta el 30 de junio de 2008. La Corte Suprema, por mayoría, declaró de oficio la inconstitucionalidad de ambas resoluciones −56/2018 ANSeS y 1/2018 SSS− por arrogarse los organismos que las dictaron el ejercicio de una facultad de exclusivo resorte del Poder Legislativo Nacional. A tal efecto, los jueces Maqueda, Lorenzetti y Rosatti sostuvieron que el Congreso de la Nación –poder representativo de la voluntad popular- recibe de la Constitución Nacional el mandato de reglamentar el ejercicio de los derechos constitucionales mediante el dictado de leyes, siempre cuidando de no desnaturalizar su contenido (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional). La Corte Suprema, a través de su jurisprudencia, ha reconocido la autoridad del Congreso para legislar respecto de los derechos reconocidos por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en particular en cuanto dispone que “la ley establecerá (…) jubilaciones y pensiones móviles”, lo cual revela la voluntad del constituyente de que el Poder Legislativo sea el que disponga la extensión y las características del sistema de seguridad social con el objeto de otorgar “sus beneficios” a los habitantes de la Nación, fije el contenido concreto de las jubilaciones y contemple su actualización a los efectos de que cumpla con su naturaleza sustitutiva. Añadieron que aun cuando al dictar la ley 24.241 en 1993, el Congreso había encomendado a la ANSeS que reglamente la aplicación del índice salarial a utilizarse y en cumplimiento de ello el organismo había dictado dos resoluciones –Nros. 63/94 y 140/95−, la facultad de elegir el indicador para la actualización de los salarios computables fue reasumida por el legislador al sancionarse la ley 26.417 en el año 2008, cuando el Congreso Nacional escogió un índice combinado aplicable a las remuneraciones que se devengasen a partir de su entrada en vigencia. Destacaron que a partir de la mencionada ley 26.417, ni la ANSeS con fundamento en el art. 36 de la ley 24.241 (según texto 1993 no reformado) ni la Secretaría de Seguridad Social con fundamento en el nuevo texto del art. 24, inc. a, de la ley 24.241 (según reforma de la ley 26.417) se encontraban facultadas para elegir el índice de actualización. La elección de la variable de ajuste no es un aspecto menor, de detalle, referente al cumplimiento del régimen de jubilaciones, sino que es una cuestión de la mayor relevancia por tener directa incidencia sobre el contenido económico de las prestaciones. Señalaron que la intervención indebida del Poder Ejecutivo Nacional –a través de la ANSeS y de la Secretaría de la Seguridad Social- al dictar y ratificar la Resolución N° 56/2018 sin tener la potestad constitucional para hacerlo, contradecía el art. 14 bis de la Ley Fundamental que conjuga el ideal representativo con la realización de los derechos sociales, y transgredía la regla básica republicana según la cual cada poder del Estado Federal debe actuar dentro de su ámbito de competencia, siendo respetuoso del ejercicio que los otros pudieran hacer de los poderes que la Constitución les atribuye. Consideraron que es el Congreso de la Nación en su carácter de órgano representativo de la voluntad popular, el que deberá establecer, conforme a las facultades conferidas por la Constitución Nacional, el índice para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período en juego. Por ello, decidieron que correspondía llevar a su conocimiento la presente decisión a fin de que en un plazo razonable hiciese uso de las atribuciones constitucionales que le competen para hacer efectivo el mandato del art. 14 bis citado. Por último, los ministros Maqueda, Lorenzetti y Rosatti establecieron que hasta que ello suceda y dado que la misión más delicada del Poder Judicial es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar para solucionar el problema, las cuestiones suscitadas en torno al haber inicial deberán ser resueltas de conformidad con las consideraciones dadas por la Corte Suprema en el caso “Elliff”, que establece el ISBIC como índice de ajuste, hasta tanto el Congreso cumpla con el mandato constitucional del art. 14 bis. De este modo, el criterio de la Corte deberá ser aplicado de inmediato a las causas judiciales en trámite. Cabe destacar que es precisamente en tiempos de crisis económica cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado. En tales etapas críticas, deben profundizarse las respuestas institucionales en favor de los grupos más débiles y postergados, pues son las democracias avanzadas y maduras las que refuerzan la capacidad de los individuos y atienden las situaciones de vulnerabilidad en momentos coyunturales adversos. En su voto, Elena Highton de Nolasco destacó que originariamente la elección del índice en cuestión había sido delegada -por el art. 24 inc. a) de la ley 24.241- a la ANSeS y que ese organismo, en ejercicio de dicha facultad, había considerado que ÍSBIC resultaba el más adecuado a los fines de la ley (cf. resol. 63/94 y 140/95), pero limitando el reajuste al 31 de marzo de 1991, con pretendido fundamento en la ley de convertibilidad 23.928. Agregó que en el conocido precedente “Elliff, Alberto José” –sentencia del 11 de agosto de 2009-, este Tribunal había rechazado la pretensión de la administración previsional de limitar el ajuste de las remuneraciones base al mes de marzo de 1991. Como consecuencia de esta decisión, sostuvo que no resultaba arbitraria la aplicación en la presente del ISBIC, pues se había convertido en la única pauta de actualización elegida por la ANSeS a los fines señalados, hasta que el legislador reasumió la facultad de elegir el indicador de ajuste para los salarios computables mediante la sanción de la ley 26.417. Conforme a esta normativa, sería de aplicación en el futuro el índice combinado previsto en el art. 32 a las remuneraciones que se devenguen a partir de su vigencia (1°/03/2009). Respecto del invocado decreto 807/2016, la ministra Highton de Nolasco señaló que no era aplicable al caso, pues limitó su alcance a las futuras prestaciones con alta mensual a partir de agosto de 2016; en tanto que la ley 27.260 (Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados) destacó el carácter voluntario de su participación, supuesto que no se verificaba en esta causa. Con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario, la ANSeS dictó la resolución 56/2018, que disponía para el cálculo del nivel inicial de las prestaciones –con altas anteriores al 1° de agosto de 2016- la aplicación del índice combinado aprobado por la resolución de la Secretaría de Seguridad Social N° 6/2016. Al respecto, la ministra Highton de Nolasco consideró que la mencionada resolución se encontraba viciada de nulidad absoluta por haberse emitido mediando incompetencia. Ello pues fue dictada después de que concluyera –con la sanción de la ley 26.417- la delegación prevista en el citado art. 24 de la ley 24.241, sin que pudiese admitirse el ejercicio retroactivo de esa potestad, declinada durante la vigencia de la norma. A idéntica conclusión arribó respecto de la resolución 1/2018 emanada de la Secretaría de Seguridad Social, que ratificó el índice previsto en la resolución ANSeS 56/2018. Con relación a esta nueva normativa, concluyó que también es nula, por contener disposiciones de carácter legislativo para la que no se encontraba facultada esa Secretaría. Por consiguiente, la ministra Highton de Nolasco confirmó la sentencia apelada que era favorable a las pretensiones del actor Blanco. No obstante, a diferencia del voto de los jueces Maqueda, Lorenzetti y Rosatti, limitó los efectos de la decisión al caso concreto, sin pronunciarse sobre las demás causas. En disidencia, Carlos Rosenkrantz resolvió que el haber inicial debía recalcularse empleando los índices dispuestos por las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social (SSS) 6/2016 y ANSeS 56/2018, ratificadas por la resolución SSS 1/2018 (“las Resoluciones”). Se trata de los siguientes índices: (i) desde el 1° de abril de 1991 hasta el 31 de marzo de 1995, el Índice del Nivel General de las Remuneraciones (INGR); (ii) para las remuneraciones entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008, la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y (iii) luego, las variaciones equivalentes a las movilidades establecidas por la ley 26.417. Para resolver de ese modo, Rosenkrantz aclaró, de modo preliminar, que no está en discusión si corresponde actualizar las remuneraciones del señor Blanco. Si bien la Corte ordenó en “Elliff” (Fallos 332:1914) que se actualizaran las remuneraciones, en modo alguno fijó qué índice debía utilizarse. El hecho de que los tribunales inferiores hayan aplicado el ISBIC con posterioridad a “Elliff” se explica porque no había una norma que fijara un índice de actualización más allá del 31 de marzo de 1991. Según Rosenkrantz, el caso del señor Blanco es distinto porque las Resoluciones fijaron un índice para el período debatido. Por lo tanto, no puede afirmarse que existe un precedente de esta Corte al que podría ser remitida la resolución de esta causa. Rosenkrantz sostuvo luego que las Resoluciones son válidas desde el punto de vista formal y sustancial. Desde el punto de vista formal, la elección del índice de actualización de las remuneraciones no constituye una facultad privativa o exclusiva del Congreso pues no se trata de materia reservada por la Constitución al Congreso de la Nación. En ese sentido, la fijación de índices de actualización para la determinación del haber inicial difiere de otras materias regidas por el principio de legalidad tal como sucede en buena parte de las cuestiones que involucran materia penal o tributaria (artículos 18 y 75 de la Constitución Nacional). De hecho, en la historia moderna del derecho previsional argentino, el legislador ha concebido distintos mecanismos o procedimientos a los fines de dar contenido a la garantía prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En ciertas ocasiones juzgó conveniente que tanto el índice aplicable a la movilidad de las prestaciones como el referido a la actualización de las remuneraciones sean fijados directamente por la Administración. En otras ocasiones el Congreso decidió fijar él mismo el índice aplicable a la movilidad de las prestaciones previsionales o a la actualización del haber inicial. Por último, en otras oportunidades, se reservó la facultad de determinar la movilidad de las jubilaciones. En ese sentido, Rosenkrantz aclaró que este caso es distinto a las decisiones de esta Corte en “Badaro I” (Fallos: 329:3089) y “Badaro II (Fallos: 330:4866). Allí el Congreso se había reservado expresamente la facultad de determinar la movilidad de las prestaciones previsionales. Como no la ejerció, en “Badaro I” la Corte notificó al Congreso que su omisión había privado al actor de un derecho reconocido por la Constitución Nacional y lo intimó a remediar dicha omisión. En “Badaro II”, debido a la persistencia de la omisión legislativa, este Tribunal dispuso fijar el índice de movilidad. A diferencia de lo que sucedió en los casos “Badaro I” y “Badaro II”, en el caso resuelto hoy, el Congreso no se reservó ninguna facultad. Tampoco fijó el índice. Eso no significa, sin embargo, que el Congreso no hubiera tomado una decisión al respecto. Por el contrario, exigió que la Administración otorgue las prestaciones previsionales sobre la base de remuneraciones actualizadas. Al exigir la actualización de las remuneraciones sin fijar por sí mismo el índice de actualización, ni reservarse la facultad de hacerlo, dejó en el ámbito del poder reglamentario de la Administración la determinación de dicho índice. Las Resoluciones fueron dictadas en el marco de dicho poder reglamentario y, por consiguiente, son válidas desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista sustancial, Rosenkrantz sostuvo que no hay una afectación de los derechos constitucionales del señor Blanco. Por un lado, no hay violación de derechos adquiridos. Ni al momento de su jubilación ni después hubo una norma que reconociera al actor el derecho a que sus remuneraciones sean actualizadas, con posterioridad al 31 de marzo de 1991, conforme al ISBIC. El actor tampoco cuenta con una sentencia judicial firme que le reconozca ese derecho. Por otro lado, tampoco se trata de una inclusión forzada en el Programa de Reparación Histórica porque no se ha obligado al señor Blanco a renunciar a nada. Por último, la crítica a la utilización de cierto índice no puede basarse en el mero hecho de que otro índice arroja un resultado más beneficioso. Una regulación dictada por las autoridades competentes destinada a establecer cómo se debe calcular el haber de nuestros jubilados y pensionados no es inconstitucional por el mero hecho de no arrojar el haber más elevado posible. Finalmente, Rosenkrantz concluyó que es innegable que, a lo largo de nuestra historia, la situación de los jubilados y pensionados ha sido afectada por el dictado de normas legales y sublegales cambiantes, poco claras y, lo que es más importante, en muchas ocasiones dichas normas han perjudicado muy severamente los derechos de quienes merecen una jubilación digna en los últimos años de su vida. Se trata de una larga historia de postergaciones. De todos modos, el compromiso que una sociedad debe tener con quienes, con su trabajo, han contribuido a producir los bienes que todos disfrutamos, no puede autorizar a esta Corte a alterar nuestro régimen de gobierno sustituyendo al Congreso de la Nación, que ha habilitado a la Administración a dictar la reglamentación necesaria para actualizar las remuneraciones. Hacerlo implicaría ignorar que otros poderes del Estado han válidamente ejercido las atribuciones conferidas por la Constitución y las leyes aplicables.

 
26-11-2018
Exclusión de la tutela sindical

La Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia que confirmó la exclusión de la tutela gremial sin considerar la defensa del apelante relativa a la eventual prescripción de la sanción que se pretendía aplicar. En el caso, la Cámara de Apelaciones en lo Laboral había admitido la acción de exclusión de tutela sindical promovida por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes contra un trabajador que revistaba como jefe de la unidad operativa de San Roque, distrito de Curuzú Cuatiá, a la par que detentaba el cargo de delegado gremial de la seccional local del Sindicato de Luz y Fuerza. Dicho pronunciamiento fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia provincial (STJ). Contra esa resolución, el trabajador interpuso recurso extraordinario cuya denegación dio lugar a la queja. En su recurso, destacó que el proceso de exclusión de tutela sindical fue promovido diez años después de los hechos por los cuales se pretendía su cesantía, cuando ya se encontraba prescripta la facultad sancionatoria del empleador en relación a los hechos. Señaló, también, que la falta de contemporaneidad entre el hecho imputado y la promoción de la acción de exclusión de tutela afectó su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Con arreglo a la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, con los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, descalificaron la sentencia recurrida porque el STJ, sin dar ninguna justificación, omitió atender la defensa esgrimida por el apelante vinculada con la eventual prescripción de la potestad sancionatoria del empleador. Dicha circunstancia, entendieron, era decisiva y no cabía diferirla a un juicio posterior. Por ello, resolvieron que el fallo recurrido no constituye un acto judicial válido y corresponde que sea dejado sin efecto.

 
26-11-2018
Declaran nula sentencia que había ordenado otorgar a la comunidad mapuche Trypay Antú la propiedad de tierras en Río Negro

La Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, con la firma de los jueces Jorge E. Argento, Carlos M. Grecco y Sergio G. Fernández, declaró la nulidad de una sentencia de primera instancia que había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que transfiera a título gratuito, en los términos del art. 8º de la ley 23.302, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el dominio de tierras en propiedad comunitaria a la Comunidad Indígena del Pueblo Mapuche “Trypay Antú”. La Cámara, en la sentencia dictada en los autos “Comunidad Mapuche Trypayantu c/EN – INAI s/Proceso deconocimiento”, expte. 20801/2016, entendió que “la litis se integró defectuosamente, pues se ha omitido otorgarle participación a la Provincia de Río Negro, jurisdicción donde se asientan las tierras cuyo reconocimiento la actora pretende”. Agregó que por no haber ocurrido de ese modo, los efectos de la sentencia dictada generaron una afectación indubitable en las atribuciones reconocidas en la Constitución Nacional en materia de pueblos indígenas que le asisten a la Provincia, y fueron omitidos en el trámite de la causa, todo lo cual vicia de nulidad el pronunciamiento dictado. Para decidir de ese modo, la Sala III entendió que toda disputa que implique el reconocimiento por parte del Estado Nacional de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que las comunidades tradicionalmente ocupan constituye el ejercicio de una competencia concurrente con las provincias, según el segundo párrafo del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Por ello, concluyó que la participación de la provincia de Río Negro “como integrante de la litis no pudo ser soslayada por las partes ni por la juez de grado, que incluso debió incorporarlo de oficio al proceso”. Además de declarar la nulidad de la sentencia, el tribunal ordenó que se integre la litis con la citada Provincia y se dicte un nuevo pronunciamiento.

 
18-11-2018
Rosenkrantz, la ley del arrepentido es necesaria y el no pago de ganancias de los jueces no es un privilegio

Carlos Rosenkrantz brindo un par de reportajes donde entre otras cosas afirmó que "el país en algún sentido perdió la fe en el Poder Judicial" y consideró que "es injusto imputarle toda la responsabilidad" a los tribunales "por la corrupción que depende, centralmente, de las leyes" que existen. "No puede haber un país donde los ciudadanos dudan de la imparcialidad de sus jueces. Y si hay un desafío, es recuperar la credibilidad y legitimidad del Poder Judicial para resolver los conflictos entre los argentinos". Señalo que la causa por los cuadernos sobre la carterización de la obra pública "puede representar un antes y un después" ante esta mirada social sobre los jueces. Respecto de la prisión preventiva entiende el supremo que "debe basarse en un razonable pronóstico acerca de la probabilidad de que el acusado pueda obstaculizar el proceso o fugarse". Además el presidente de la Corte consideró que la ley del arrepentido es una buena herramienta procesal al considerar que "sin esa figura se vuelve demasiado difícil romper la solidaridad que está en la base de cualquier organización criminal". Rosenkrantz resaltó que "la sociedad argentina se convenció de que los jueces buscan proteger un privilegio" al estar exentos de Ganancia, cuando, en su opinión, el sistema prevé que los magistrados paguen este impuesto, pero "sin que su sueldo de bolsillo se vea reducido" para el juez "El tema del impuesto a las ganancias no es la consagración de un privilegio". Y ante ello el jurista se interroga "La pregunta es cuál es el juez que usted quiere; cuál es el salario referente para determinar cuánto tiene que ganar; cuál es el mercado de referencia que tienen esos jueces, que es el mercado de la abogacía". Para el presidente de la Corte la mala imagen de la Justicia es, "en parte, producto de deficiencias, de problemas comunicacionales" y agrego que "El país en algún sentido perdió fe en el derecho y en el Poder Judicial. En las encuestas la reputación del Poder Judicial, cuando se la compara con la de otros países, es baja". A ese respecto afirmó que, cuando se pregunta a los que litigan en el sistema, la imagen "sube notablemente", al tiempo que opinó que "es injusto imputarle" a los tribunales "toda la responsabilidad por la corrupción que depende, centralmente, de las leyes que tenemos"."Es verdad que la impunidad deslegitima el sistema penal. Pero para adjudicar responsabilidades debemos esperar sentencias definitivas. No deberían existir ni la impunidad ni la condena mediática"

 
18-11-2018
Horacio Rosatti “Tenemos herramientas para resistir todo tipo de presión”

–¿Por qué decidieron cortarle el mandato como presidente a Ricardo Lorenzetti? –Esa fue una segunda decisión. La primera fue la elección de autoridades. Cuando resultó elegido Rosenkrantz, se discutió si era conveniente que iniciara antes la transición. Todos estuvimos de acuerdo en que empezara antes el mandato. Como se venía fin de año, pensamos en la importancia de utilizar el tiempo que quedaba. Para algunas cuestiones era relevante que quien asumiera tuviera tres años de mandato por delante. Por ejemplo, pensamos en el diálogo con el Congreso por el presupuesto, para el Poder Judicial. Rosenkrantz ejerce la función de representación hacia afuera. –¿Por qué un grupo de ustedes decidió no ir al almuerzo convocado por el Gobierno? –Fue la decisión que se tomó en un acuerdo, dos semanas atrás. Se decidió que la Corte estaba representada por el presidente y la vice. –¿Les parecía bien sentarse a comer con el Gobierno? –Nos pareció que ante una invitación formal estaba bien que la Corte estuviera representada por el presidente y vice. Analizamos antecedentes. Había gente que se acordaba de otras invitaciones hace muchos años. Lo que nunca hubo fue una invitación a los cinco integrantes, o a toda la Corte, salvo en el inicio de las sesiones ordinarias, o en el acto de Afonsín hace poco, pero era un acto abierto. En este caso era una invitación que llegó del Ministerio de Justicia y decía que iba a estar el ministro, el Presidente y creo que el jefe de Gabinete. –¿Hay una “mayoría peronista” en la Corte? –No. Por un lado está la elección de autoridades que es una decisión que se toma cada tres años, cuyo resultado responde a la valoración que cada uno haga de la situación. Esa decisión terminó cuatro votos a uno. En mi caso sabía que había dos postulantes porque ambos me lo dijeron, y ambos sabían en el momento del acuerdo que conversamos el tema, por quién yo me iba inclinar. Los votos de los fallos tienen otra lógica. Uno falla en un caso previsional, laboral, penal, según la ley. Eso no puede cambiar cada vez que cambia el Presidente. Uno no puede decir “ahora la prisión preventiva la entiendo diferente porque cambió el Presidente”. Yo no he cambiado el sentido de mis votos. Yendo a la “mayoría peronista”, todos tenemos un pasado. Yo estoy orgulloso del mío y de mi pertenencia, que cesó al ingresar a la Corte, porque uno se tiene que desafiliar. Todos tenemos una forma de pensar y algunos adherimos a algo. Algunos más explícitamente que otros. En mi caso, he tenido cargos públicos políticos siempre dentro de la democracia y siempre dentro del mismo partido. Cuando se analizó mi pliego y tuve la audiencia pública en el Senado, en las exposiciones finales de los presidentes de bloque, donde recuerdo la de Angel Rozas y Miguel Pichetto, ellos tuvieron palabras elogiosas respecto al pasado político de un candidato a la Corte, asumiendo que esto implicaba un compromiso. El Senado, que me dio el acuerdo con 60 votos, entendió esto como un valor. –¿Existe una “politización” del Poder Judicial en sus decisiones? –Hay un fenómeno bastante global que es que frente a cierta defección de los poderes representativos para resolver determinados problemas hay una judicialización creciente y un traslado de responsabilidad hacia los poderes judiciales. Se judicializan temas que antes eran considerados políticos no judiciables. Se proyecta este tema hacia un tribunal de justicia, y después se está pendiente. Y si dice blanco o negro, resulta que está politizado. Me parece que la línea entre lo político judiciable y no judiciable se está corriendo y no sólo pasa en Argentina. Es una cara del problema. Luego están las llamadas injerencias de los poderes ejecutivos sobre los judiciales. Ahí soy un poco más escéptico. Los jueces tenemos herramientas suficientes para resistir todo tipo de presión. Si uno considera que está siendo presionado debe denunciarlo y si no debe renunciar a su cargo. Lo que no corresponde es cobrar el sueldo a fin de mes y no sacar una sentencia o sacarla varios años después, y decir ‘no lo hice porque estaba presionado’. Nosotros tenemos estabilidad, tenemos un sueldo decoroso, tenemos las herramientas suficientes, la constitución y la ley que nos ampara. –Pero no hace falta que se presione en forma directa a un juez... ¿No ve el uso político de expedientes? –Es algo que estuvo siempre y que hay que erradicar. No se puede explicar que con la misma prueba un juez saque una conclusión diez años después que la que tenía diez años antes. Para eso está en Consejo de la Magistratura. –¿Hoy hay sectores políticos que alegan que la justicia se usa para perseguirlos y que esto se instrumenta, por ejemplo, con el abuso de la prisión preventiva? –Esto va a llegar a la Corte y veremos cada expediente. –¿Por qué tiene tan mala imagen el Poder Judicial? –Porque es lento. Para la percepción general, falta una ejemplaridad moral. Lo ve no modernizado en la tecnología. Ahora es más visible porque se mide. Me preocupa. Pero hay muchas herramientas para combatirlo. Por ejemplo, en materia penal, el juicio acusatorio. Debe ser implementado porque va a acelerar y democratizar el proceso. Yo soy defensor del juicio por jurados. Lo defendí como ministro de Justicia. Es una forma de administrar ciudadanía y generar un compromiso. La transparencia es otro factor. La exhibición de las declaraciones juradas de bienes, el patrimonio. –La Corte no da el ejemplo. El único que la exhibe es usted... –Se exhiben, lo que hay es una demanda para que sean más detalladas. Cada uno interpreta si corresponde sólo a pedido de un tribunal. Yo he tenido una interpretación más amplia. Es algo que hay que cambiar. –¿Es confiable la ciudadanía resolviendo un caso? –Por supuesto que sí. Lo digo en base a varios factores. Primero, hay que cumplir con la Constitución. Estamos en el marco de decisiones sobre si una persona es culpable o inocente. Hay terrícolas como los ingleses, nortaemaricanos, panameños, que lo aplican. Hay argentinos como los bonaerenes y rionegrinos que también. Yo no comprendo que el pueblo no esté preparado. Si los constitucionales de 1853, con el nivel de analfabetismo que había en esa época, entendían que el pueblo podía juzgar, como no voy a creer ahora que el pueblo pueda juzgar. Dicen que van a estar influenciados por la opinión pública ¿y quién dice que el juez no lo está? El juez sale de la sociedad. El jurado también. Sería una herramienta muy importante. De auténtica democratización. Por Irina Hause Página 12

 
18-11-2018
ALBERTO PRAVIA DISERTO EN EL 10° ENCUENTRO FEDERAL SOBRE MARCO LEGAL DE ACTUACIÓN POLICIAL

Durante el 16 al 19 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador de Jujuy, el Encuentro Federal organizado por la Coordinación de Diseño Curricular y Articulación con las jurisdicciones, de la Subsecretaria de Formación y Carrera del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, conjuntamente con el Ministerio de Seguridad y el Instituto de Seguridad Pública del Gobierno de la Provincia de Jujuy, donde tuvo destacada participación el Dr. Alberto Pravia, el ex fiscal y camarista federal. El encuentro sirvió para presentar el Manual de Marco Legal para Agentes de Policía y se procedió a capacitar a docentes e instructores de los Institutos de Formación Policial de todas las jurisdicciones provinciales del país. El objetivo perseguido es que el agente de policía comprenda que el trabajo policial va de la mano del trabajo de los operadores jurídicos. La presentación del Manual y del curso se realizó por parte de la Mg. Alejandra Adorno a cargo de la Coordinación de Diseño Curricular y dell Ministro de Seguridad provincial Dr. Ekel Meyer, junto a la Rectora del Instituto de Seguridad Pública de Jujuy Lic. Carolina Calvo. A cargo de la elaboración del contenido teórico del Manual de Marco legal y de la capacitación subsecuente a los docentes e instructores de policía de las escuelas de Policía de todo el país convocado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se encontró el Dr. Alberto Pravia, especialista en la materia y autor de varios libros sobre las Fuerzas de Seguridad y el Procedimiento Penal. A ese respecto Pravia se manifestó “agradecido por el reconocimiento al trabajo desplegado en estos últimos veinte años capacitando a las fuerzas policiales de todo el país, máxime cuando vengo postulando desde hace años la idea de la conceptualización de un nuevo derecho humano, el de la seguridad ciudadana que tiene todo ciudadano en orden al pleno y total goce de todos los derechos humanos que le corresponden, la vida, la integridad física, el patrimonio etc” Para finalizar nos señaló el Dr. Pravia que “los planes de estudio policiales se olvidan de darle contenido práctico a la currícula, no toman en cuenta que están trabajando sobre futuros policías no sobre abogados, y no utilizan una nueva forma de enseñanza, la práctica profesional debe girar por toda la enseñanza teórica con aplicación práctica sin que haya compartimientos estancos, en ese sentido necesitamos docentes que conozcan no solo de la teoría sino de la práctica y que conjuguen ambas en beneficio del futuro policía, y por ende en beneficio de la comunidad que lo espera para prevenir y asegurar el orden y la tranquilidad públicas”.

 
21-10-2018
MEDIDA CAUTELAR CONTRA EL ANSES POR ACOTADO PLAZO PARA REEMPADRONAR AFILIADOS DE MUTUALES

En el fuero federal de Seguridad Social se presento un amparo con medida cautelar en contra de la resolución del ANSES 131/2018 que obligaba a las mutuales a un reempadronamiento donde se establecía un acotado tiempo de solo sesenta días corridos. El fallo de primera instancia resulto favorable a lo peticionado por el amparista, establece que PluralCoop no puede verse limitada en un tiempo tan perentorio de reempadronamiento por aplicación de los artículos 53 y 46 de dicho resolutorio, por lo que se otorga una medida cautelar sin límite temporal de aplicación entendiendo que el universo etario que compone la masa societaria son personas de la tercera edad a los que no puede exigersele una concurrencia personal tan limitada en el tiempo a las oficinas del ANSES o recurrir al acceso por vía web por las complejidades que les acarrea dicha situación.

 
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