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23-05-2018
La Corte fija nuevo plazo para que La Pampa y Mendoza se pongan de acuerdo en el uso de aguas del Río Atuel

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de todos sus ministros, decidió fijar un plazo de noventa (90) días para que las provincias de La Pampa, Mendoza y el Estado Nacional, se pongan de acuerdo en el uso de aguas del Río Atuel e indiquen el porcentaje de los costos de las obras que cada una de las jurisdicciones afrontará. También resolvió que en el intercambio entre las tres jurisdicciones deberá tomarse en cuenta la propuesta presentada por la provincia de Mendoza el 9 de mayo de 2018. Finalmente, el Tribunal dispuso que, en caso de que no se arribare a un acuerdo, las jurisdicciones involucradas deberán informar las razones que lo expliquen y la Corte definirá el curso de acción ulterior.

 
23-05-2018
Salta: penas de hasta 18 años de prisión para integrantes de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta condenó a siete personas acusadas de integrar una banda dedicada al tráfico de estupefacientes. Los magistrados hicieron lugar a lo planteado por el Ministerio Público Fiscal, que señaló a Claudio Alejandro Andrada como líder de una organización que ingresaba al país cocaína proveniente de Bolivia para luego almacenarla, fraccionarla, transportarla y comercializarla en diversos puntos de Santiago del Estero y Buenos Aires. La investigación La pesquisa se inició en abril de 2012 a partir de actuaciones de Gendarmería Nacional, que daban cuenta que Andrada sería el líder de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. La investigación permitió establecer la existencia de la organización y su modus operandi, que consistía en transportar cocaína procedente del Estado Plurinacional de Bolivia, que ingresaba al país ilegalmente en avionetas que aterrizaban en pistas clandestinas y/o locaciones preestablecidas en el norte del país. Los integrantes de la banda se dividían los roles para recibir la droga, acondicionarla de manera oculta en camiones y transportarla –vía terrestre- hacia distintos puntos del país (Santiago del Estero y Buenos Aires), para su posterior estiramiento, fraccionamiento, acondicionamiento, distribución y comercialización. Asimismo, se determinó que Andrada mantenía conversaciones telefónicas con personas de nacionalidad boliviana y con el resto de los miembros de la organización en las que se lo identifica claramente organizando el traslado de todos ellos a la ciudad de Frías. Su hijo, también llamado Claudio Alejandro Andrada, cumplía un rol preponderante, participando de varios de los viajes de su padre y encargándose del fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. En la estructura de la banda también fueron identificados Aldo Javier Velásquez, señalado como chofer y comerciante al menudeo; Alejandro Fabián Schwindt, también responsable del fraccionamiento y comercialización, y partícipe de la mayoría de los viajes de los Andrada; Oscar Alfredo Dorao, encargado de ubicar las locaciones para ser utilizadas como pistas clandestinas y propietario de un camión en el que se escondía el material secuestrado; Juan Fabián Volker, cuñado de Andrada, chofer y titular registral de otro de los rodados utilizados por la banda, y Fortunato Carlos Heredia, identificado como el proveedor en la Argentina del material estupefaciente, y encargado de acompañar el transporte de la sustancia hasta su entrega al destinatario. La investigación también permitió determinar que formaban parte de la organización Raúl Eduardo Juárez, Ramón Rafael Peralta, Mario Alfredo Cejas y Gustavo Omar Collado Correa. Todos ellos habrían participado en distintas maniobras de la organización, cumpliendo distintas funciones para la recepción, el traslado y la guarda de estupefacientes en distintos puntos del país. El operativo El 10 de mayo de 2012, se realizó un procedimiento en el Peaje Solís, sobre la Ruta Nacional 8, en el Departamento de San Andrés, provincia de Buenos Aires. Allí, personal del Escuadrón Seguridad Vial Pergamino detuvo a un camión Volkswagen, con una patente que se presumió como apócrifa. Su chofer, Carlos Dante Acuña, aseguró proceder desde Tucumán con destino a Pilar, en donde cargaría alimentos balanceados para luego emprender el regreso. La pesquisa del vehículo demostró que su caja térmica no tenía sistema frigorífico y que sus paneles internos estaban desalineados, y detrás de ellos se encontraron ochocientos cinco paquetes ocultos, con un pesaje total de más de ochocientos cuarenta y un kilos de estupefaciente. El 23 de octubre de 2013 se realizó un segundo operativo sobre la Ruta Nacional 9, en la provincia de Córdoba. En esa ocasión, se interceptó un camión Mercedes Benz conducido por Aldo Velásquez, en cuyo interior se incautaron quinientos ochenta y tres kilos de cocaína, acondicionados en una cantidad similar de panes o ladrillos, que se encontraban ocultos en un entretecho, instalado mediante un sofisticado sistema hidráulico. Los alegatos Luego de desarrollado el debate, la fiscalía acusó a Claudio Andrada en calidad de coautor y organizador, agravado por la participación organizada de tres o más personas, en concurso real con el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, por lo que solicitó se le condene a diecinueve años de prisión. Los fiscales generales Carlos Amad y Francisco Snopek también pidieron se condene a Dorao, Heredia, Velasquez, Volver, Shwindt, Cejas, Peralta y Juárez por el delito de transporte de estupefacientes, agravado por la participación organizada de tres o más personas, por una pena de catorce años. Respecto a este último, también se le endilgó en concurso real el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Respecto a Acuña, el conductor del camión secuestrado en el primer operativo, se lo acusó de ser autor del delito de transporte de estupefacientes, por lo que se pidió una pena de catorce años de prisión, mientras que se solicitó la absolución de Claudio Andrada hijo, al haber sido menor de edad al momento de su detención. Las condenas El Tribunal Oral de Salta decidió hacer lugar de forma parcial a los pedidos del Ministerio Público Fiscal y condenó a Claudio Andrada a la pena de dieciocho años de prisión y treinta mil pesos de multa por ser autor y organizador del delito de transporte de estupefacientes, agravado por la participación organizada de tres o más personas, en concurso real con el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. Velázquez y Dorao, en tanto, fueron señalados como coautores responsables del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, por lo que fueron sentenciados a catorce años de prisión, y diez mil pesos de multa. Acuña, conductor del primer camión, fue condenado a doce años de posición en calidad de autor responsable del delito de transporte de estupefacientes, mientras que Juárez, Volker y Heredia, señalados como partícipes secundarios, recibieron una pena de nueve años de prisión y una multa de ocho mil pesos. Andrada hijo fue absuelto por falta de acusación fiscal, y Peralta, Cejas y Schwindt recibieron su libertad por beneficio de la duda. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 5 de junio próximo.

 
22-05-2018
Casación Penal rechaza el planteo de un imputado en una causa por trata de personas

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (presidente), Gustavo M. Hornos y Ana María Figueroa, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado contra la decisión que hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el fiscal general y revocó la decisión, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que había concedido la exención de prisión en favor de un imputado en un caso por trata de personas y dispuso su inmediata detención. Había sido procesado como autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por el abuso de situación de vulnerabilidad, por ser cometido contra más de tres víctimas, por la participación de tres o más personas y por haber logrado la explotación, en concurso aparente con la comisión del delito de explotación de la prostitución ajena agravado por el abuso de vulnerabilidad, reiterado en diecisiete casos. Anteriormente, los jueces del máximo tribunal penal habían hecho hincapié en que, en los delitos en los que se ve involucrada la trata de personas, la especial situación de sometimiento en la que se encuentran las víctimas de dichas maniobras frente a su agresor, merece una especial atención por parte de la justicia para evitar también que peligre el correcto desarrollo del proceso, y se resaltó la obligación asumida por el Estado argentino de tomar todas las medidas apropiadas para suprimir todas las formas de trata de mujeres y de explotación de la prostitución, conforme lo establecido en el artículo 6º de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

 
22-05-2018
Condenaron al ex juez federal de Santa Rosa por abuso de autoridad, acoso sexual y laboral y malversación de caudales públicos

En línea con lo solicitado por la fiscal de la Procuración General de la Nación María Luz Castany, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, condenó al ex juez federal de dicha jurisdicción, José Antonio Charlín, a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos que tengan cualquier tipo de vinculación con el servicio de administración de justicia por el término de diez años, tras encontrarlo responsable de nueve hechos que se le imputaban, entre los que se cuentan reiterados episodios de acoso sexual, laboral y amenazas a empleados y empleadas del juzgado que encabezaba, así como la compra de bienes y renovación mobiliaria con dinero perteneciente a la Secretaría Electoral, daños a bienes de uso público y coacciones. El juicio comenzó el 8 de marzo y a los largo de las audiencias declararon decenas de testigos, en su mayoría mujeres, que brindaron detalles de los padecimientos recibidos por parte del ex juez federal. En sus alegatos, la fiscal también había solicitado que, en caso de ser condenado, se informe tal circunstancia al Consejo de la Magistratura y reclamó ámbitos específicos que permitan un mejor abordaje de la violencia de género y el hostigamiento laboral. En su veredicto, los jueces del TOF hicieron lugar al requerimiento de la representante del Ministerio Público Fiscal y dispusieron que tras darse a conocer los fundamentos de la sentencia –lo que tendrá lugar el próximo 28 de mayo- se pongan en conocimiento de distintos organismos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral del Poder Judicial de la Nación, el Consejo nacional de la Mujer, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, la Administración Nacional Social de Seguridad Social, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la República Argentina y de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, el fuero federal del Consejo de la Magistratura y jurado de enjuiciamiento de la República Argentina y la Federación Argentina de colegios de abogados.

 
22-05-2018
La Comisión Nacional de Acceso a Justicia y la Junta Federal de Cortes acordaron profundizar políticas de acceso a justicia en todo el país

La Dra. Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y titular de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, firmó hoy tres convenio de cooperación con el Dr. Rafael Gutiérrez, presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus), para avanzar en la implementación de mecanismos de acceso a justicia. La Comisión de la Corte y la Ju.Fe.Jus. vienen trabajando desde el año 2007 en un Plan Nacional de Acceso a Justicia que ha tenido importantes avances a partir de iniciativas y aportes de las jurisdicciones provinciales. En esta línea, y como resultado de las propuestas presentadas por jueces de todo el país, convocados por la Corte Suprema en el marco del Plan Nacional de Reformas para el Poder Judicial en marzo pasado, se incorporaron nuevos proyectos para mejorar el funcionamiento de los Poderes Judiciales. Convenios de cooperación La Comisión Nacional de Acceso a Justicia y la Ju.Fe.Jus se comprometieron a avanzar en la promoción de los siguientes mecanismos de acceso a justicia: La mediación intraprocesal o judicial posibilita que los jueces deriven el caso a mediación en el marco de un proceso ya en curso. El sistema de “Consultas de cuantificación de daños” fue creado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Este programa informático contiene precedentes judiciales desde el año 1993 hasta la actualidad. Se trata de una base de treinta mil sentencias que son consultadas mensualmente por un promedio de diez mil usuarios. Los datos contenidos emanan de fallos judiciales razón por la cual brinda información fehaciente sobre los montos indemnizatorios determinados en los procesos de daños y perjuicios. El uso de este sistema es de gran utilidad para magistrados, mediadores, abogados y partes. Constituye además un elemento importante para facilitar la mediación y evitar el litigio. Los “servicios de atención temprana”, una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que, a partir de un abordaje interdisciplinario de los conflictos y en un contexto extrajudicial ofrece respuestas en áreas particulares vinculadas a problemáticas de género, violencia, discapacidad, salud mental, comunidad, infancia, adolescencia, familia, educación y salud. Los convenios de cooperación tienen por objeto la difusión y aplicación de estas iniciativas en todas las jurisdicciones del país que lo soliciten.

 
21-05-2018
Juicio a cinco policías acusados de conformar una asociación ilícita y proteger a un prostíbulo

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº24 comenzó con las declaraciones de testigos en la causa que se le sigue a cinco policías de la Comisaría Nº51 (entre los cuales está el comisario de la dependencia) acusados de integrar una asociación ilícita que se encargaba de cometer diversos delitos, entre los cuales se encontraba brindar protección al prostíbulo “Pampita”. En el debate interviene la Fiscalía General Nº24 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales, interinamente a cargo de Ariel Yapur. De acuerdo a la investigación, llevada adelante por el juez Alberto Baños y el titular de la fiscalía descentralizada del distrito de los barrios de Saavedra y Nuñez José María Campagnoli, se corroboró la “protección exclusiva” al prostíbulo. De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio, los cinco policías evitaron iniciar investigaciones a pesar de las evidencias que había de que allí se cometían delitos. Además, se los acusó de adulterar documentos públicos y de recaudar dinero ilegalmente, para lo cual le exigían a dueños de restaurantes y comercios de la zona que les paguen un “canon mensual” a cambio de protegerlos, a pesar de que era parte de sus tareas como policías. Los acusados son el comisario Héctor Palacio, el subcomisario Leonardo Avallay, el cabo Alfredo Gonzalo Orbe Carmona, el oficial ayudante Gabriel Damián Nieves, el suboficial escribiente Pedro Cataldo, el dueño del prostíbulo “Pampita” Antonio Chiaradia y José Ignacio Daguerre, encargado del lugar. Uno de los testigos tiene un restaurante en Sucre y Figueroa Alcorta, jurisdicción de la comisaría 51. Ante las preguntas del fiscal, relató que tomó el control en 2013 del local y que debido a que había un “acuerdo previo” con la seccional, un policía iba mensualmente a cobrar unos 3.500 pesos. “Venían a cobrar como si fueran un proveedor más”, afirmó y agregó: “no me puse en contra porque es un tema delicado, se trataba de la comisaría”. Explicó que estaba incluido en una planilla de gastos para tener control, que solían ir a principio de mes durante la mañana y que la cuestión se interrumpió cuando se produjo “el problema judicial”. Aclaró, además, que siempre había un policía en la esquina y que se mantuvo después de que no se hicieran más los pagos. Otro comerciante de la zona relató que tuvo tres robos en un lapso de muy pocas semanas a fines de 2015 y que luego de ello lo visitó “un señor sin uniforme que afirmó que venía de la comisaría”. Cuando le habló del suceso, esta persona le habría dicho que debía ponerse “un refuerzo” en la cuadra. “Por el tipo de conversación, era una sugerencia direccionada a que colabore con algo pero yo no di lugar a que siga”, sostuvo. Recordó también que semanas después fue a visitarlo un hombre de una comisión vecinal con la misma idea. “Lo escuché y entendía lo que estaba sugiriendo”, manifestó. Ante una re-lectura pedida por la Fiscalía, rememoró que esa persona fue la que le mencionó que salía unos 30 mil pesos tener “custodia”. Una comerciante del “Barrio Chino” comentó que había dos policías (que nunca estaban de uniforme) que le pedían “prestado” dinero pero que nunca se lo devolvían. Relató, además, que otro comerciante (encargado de una asociación de comerciantes) era quién pedía colaboraciones para la policía pero que nunca fue obligado a pagar. Los jueces Javier de la Fuente, María Cecilia Maiza y Marcelo Alvero comunicaron que las audiencias de testigos continuarán los próximos 22 y 23 de mayo.

 
21-05-2018
La Oficina de Violencia Doméstica presentó las estadísticas del primer trimestre del año

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, atendió 2.581 casos (presentaciones) por hechos de violencia familiar, durante el primer trimestre de 2018. En su mayor parte fueron derivados a la Justicia Civil (99%) y Penal (84%). Asimismo, atendió consultas informativas (962) y extrajurisdiccionales (19) de personas afectadas por hechos de violencia familiar. En este período, las personas más afectadas por estos hechos fueron las mujeres (76%) de entre 22 y 39 años (34%). Los varones afectados representaron el 24% (en su mayoría niños). Características de la violencia El principal vínculo entre la persona afectada y denunciada fue de pareja (53%) –incluye a cónyuges, convivientes, novios y ex parejas-y, en el 89% de estos casos, los denunciados fueron varones. Otros vínculos fueron el filial (32%), el fraternal (3%),otros familiares hasta cuarto grado de consanguinidad (3%) y otros vínculos (9%). En las relaciones de tipo filial, la violencia se dio mayoritariamente de padres y madres hacia sus descendientes de hasta 14 años (en un promedio del 80% de los casos en estas edades). En cambio, la franja de adultos mayores denunció violencia por parte de sus hijos/as (53%). Los principales tipos de violencia observados fueron psicológica (más del 91% en todos los rangos etarios), física (en los vínculos de pareja fue del 66%), simbólica (73% en parejas y cerca del 40% en las demás relaciones), sexual (20% en “Otros familiares hasta 4to grado de consanguinidad”). Más de la mitad de los casos presentó un nivel de riesgo alto y altísimo cuando la persona afectada tenía un vínculo con la agresora de hasta 4to grado de consanguinidad (52%) o filial (50%); el riesgo fue medio y moderado en relaciones de pareja (52%) y en otros vínculos (47%) y bajo, que alcanzó su máximo porcentaje en relaciones fraternales (17%). La Oficina de Violencia Doméstica trabaja desde el año 2008 de manera ininterrumpida, brinda servicios durante las 24 horas, inclusive fines de semana y feriados en su sede, sita en Lavalle 1250, Ciudad de Buenos Aires.

 
18-05-2018
Mar del Plata: enviaron a juicio a un sargento del Ejército por el abuso sexual contra una integrante de esa fuerza

Tal como lo requiriera la titular de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, el Juzgado Federal N°3 de dicha jurisdicción envió a juicio oral la investigación seguida contra un sargento primero del Ejército Argentino acusado de abusar sexualmente de una soldada voluntaria en el Grupo de Artillería Antiaérea (GADA) 601, de esa ciudad balnearia, en octubre del año pasado. El Juzgado Federal había dictado el procesamiento con prisión preventiva del imputado por abuso sexual agravado por mediar acceso carnal, resolución que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones el 27 de diciembre del año pasado. Luego, a pedido del Ministerio Público Fiscal se amplió la declaración indagatoria del acusado por el uso de un arma en el hecho, lo que resultó en el procesamiento también agravado por ese motivo. La resolución quedó firme. La fiscal federal solicitó la elevación a juicio el 13 de abril y el Juzgado así lo dispuso este 3 de mayo, sin que la defensa se oponga. En su dictamen, la representante del Ministerio Público Fiscal resaltó que “frente a este tipo de hechos debe prevalecer el relato de la víctima”, por cuanto “los hechos de esta naturaleza suelen producirse en un ámbito de intimidad y fuera del alcance de testigos”. También valoró la declaración de la mujer como “completa, detallada y mantenida en distintas ocasiones”, ya que lo hizo en la Comisaría, en sede administrativa -en el marco del sumario iniciado al sargento primero- y penal. Entre los elementos de prueba, la Fiscalía consideró también un informe médico forense que observó un hematoma en la región paragenital, y otro psicológico que dio cuenta de la situación de angustia que atraviesa la víctima, “acorde a haber sufrido un trauma” y con síntomas como “nerviosismo constante, problemas para dormir y pesadillas y episodios de ansiedad”. También tuvo en cuenta varias declaraciones testimoniales que refuerzan lo expresado por la víctima. Las circunstancias del hecho De acuerdo a la acusación -convalidada por el juez interviniente-, el delito fue cometido por el sargento primero el 5 de octubre del año pasado, entre las 14 y las 15, dentro de la GADA, ubicada en el km 11,5 de la Ruta Provincial N°11. Al ser relevada, la soldada voluntaria pasó a la habitación del acusado, tomaron mate y charlaron cerca de media hora. En ese contexto fue que el acusado extrajo su arma reglamentaria y la dejó sobre la mesa. Al momento de confirmar el procesamiento, la Cámara Federal reparó en la relación de poder o autoridad preexistente, como así también de compañerismo, e indicó que el imputado “procuró el momento oportuno para violentar la voluntad de la víctima –con mandatos tales como ‘sentate ahí, es una orden’-, usando su fuerza física –la arrojó a la cama, la inmovilizó, le tapó la boca, le quitó sus prendas de vestir- y forzarla para lograr su cometido”. La investigación penal comenzó al día siguiente del hecho, con la denuncia interpuesta por la damnificada ante la Comisaría de la Mujer local.

 
18-05-2018
Caso Ciccone: el 29 de mayo próximo comenzarán los alegatos en el juicio oral

Está previsto que esa jornada expongan los representantes de la Oficina Anticorrupción. En la última audiencia terminaron de declarar los testigos y ampliaron su indagatoria Boudou y Núñez Carmona. Cómo es el cronograma de las próximas audiencias El 29 de mayo próximo está previsto que comiencen los alegatos en el juicio oral y público contra Amado Boudou por el caso Ciccone, que se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini (este último en calidad de juez sustituto). Ese día está previsto que comiencen las exposiciones los representantes de la Oficina Anticorrupción. Luego empezarán los alegatos de la Unidad de Información Financiera (el 30 de mayo), de la Fiscalía (5 de junio) y de las defensas (19 de junio). Además de Boudou, están siendo juzgados Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri y José María Núñez Carmona.

 
18-05-2018
Salta: A pedido del MPF, Casación anuló la excarcelación de Eduardo Torino, acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico

El 11 de mayo de 2018, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso interpuesto por los fiscales federales Eduardo Villalba y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), y anuló por arbitraria -dada la falta de fundamentación-, la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que le había concedido la libertad a Eduardo Torino, remitiendo las actuaciones a esa jurisdicción para que dictara un nuevo pronunciamiento conforme la doctrina de ese fallo. En tal sentido, el voto de la jueza Ana María Figueroa -al que adhirió Alejandro Slokar-, analizó que, además de la gravedad de la imputación que pesa sobre Torino, existían indicadores relevantes de riesgos procesales que no habían sido ponderados por el voto mayoritario del Tribunal inferior, aunque sí advertidos por el voto minoritario del Dr. Guillermo Elías, quien había dicho “…los hechos… se enmarcan en el contexto de la actividad de una organización que tenía como finalidad el tráfico transnacional de estupefacientes y que según surge de la resolución de mérito dictada por esta Sala presenta como notas características un alto grado de coordinación entre las varias personas que habrían participado de la asociación y la conformación de un dominio territorial con acceso a la frontera boliviana para asegurar la impunidad de los delitos, así como variadas modalidades de acción como intimación a los vecinos de la zona, hechos de violencia que incluso llevaron a producirse atentados contra la vida (por el que los hermanos Castedo se encuentran procesados ante la justicia local) utilización de armas de fuego, e incluso el soborno a un juez federal del lugar (cfr. auto de procesamiento dictado contra Delfín Reynaldo Castedo en la causa nro. 22.084/2015 caratulada “Reynoso, Raúl Juan y otros s/averiguación de delito”, actualmente en trámite ante esa Sala)”. Además, el fallo destacó que “existen serios peligros para la sociedad conforme las finalidades que tenía la organización criminal que integraría Torino, lo cual lleva a pronosticar que en caso de recaer condena sobre el nombrado, la pena podría llegar a ser superior al mínimo aplicable, conforme la escala penal de los delitos que se le atribuyen”. La Cámara Federal de Casación Penal, en concordancia a lo solicitado por este Ministerio Público Fiscal, consideró que no podían perderse de vista como indicadores objetivos de la elevación de los riesgos previstos en el art. 280 del CPPN, las circunstancias de que la organización criminal de la que Torino formaría parte habría desplegado sus conductas en este país y que para introducir el material estupefaciente proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia, la empresa criminal habría contado con nexos y numerosos contactos, así como también con cuantiosos activos económicos. A su vez, criticó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en cuanto a la omisión de ponderar lo alegado por los fiscales, en relación a que los testigos de la causa habrían sufrido amedrentamientos o amenazas, situación que anteriormente había sido reconocida por ese mismo Tribunal al resolver los recursos deducidos por los imputados cuando apelaron su procesamiento. Por último, la CFCP resaltó, como otro indicador a tener en cuenta a fin de valorar los riesgos procesales, la capacidad operativa y económica del grupo criminal, de la que podría valerse el nombrado en caso de ser excarcelado. No debe soslayarse que Torino había mantenido fluidos contactos con el líder de la organización narcocriminal –Delfín Castedo- mientras éste se mantenía prófugo.

 
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