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21-11-2017
Homologaron acuerdo entre Alejandro Vandenbroele y el fiscal en el marco de la “ley del arrepentido

Luego de haber escuchado a las partes y considerando que se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la ley 27.304, el juez Ariel Lijo, titular homologó el acuerdo suscripto por el fiscal y Alejandro Vandenbroele. Ordenó incoporarlo al proceso y el secreto de sumario en todas las actuaciones.

 
21-11-2017
Tucumán: cinco años de prisión al ex juez federal Felipe Terán por enriquecimiento ilícito

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó hoy a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años al ex juez federal de esa jurisdicción Felipe Federico Terán, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y penado por el art.268 del Código Penal vigente al momento de los hechos. La pena impuesta a través del voto mayoritario de los jueces Gabriel Casas y Juan Reynaga -la jueza María Noli había estimado la pena en 3 años de prisión- coincide con la requerida por el Ministerio Público Fiscal, representado durante el juicio por el fiscal Pablo Camuña. Asimismo, el tribunal dispuso el decomiso de $1.693.213, suma considerada como resultado de la comisión del delito. Tal como había sido expresado por la Fiscalía, los jueces rechazaron los planteos de nulidad y prescripción impulsados por la defensa de Terán, así como el pedido para que se declare la inconstitucionalidad del art. 268 del C.P.. El juicio El debate oral y público comenzó el 15 de noviembre pasado. En su exposición de hoy ante el Tribunal, Camuña consideró acreditado el significativo aumento patrimonial registrado por Felipe Terán entre 1999 y 2005, período durante el cual ejerció como titular del Juzgado Federal n°2 de Tucumán. Al respecto, precisó que durante esos años se exteriorizaron gastos de consumo por un total $228.000, inversiones por $842.000 y depósitos en dinero por $332.000, es decir, un total de $1.402.780, e ingresos por un total de $852.054, lo que arroja un incremento patrimonial no justificado de $550.725 durante ese período. Tal conclusión surge de la pericia realizada por el Cuerpo de Peritos especializado en casos de corrupción y delitos contra la administración pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenada oportunamente por el Tribunal, y de la cual participaron peritos del Ministerio Público Fiscal (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, DAFI) y del propio imputado. Asimismo, en la etapa de instrucción, especialistas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habían alcanzado la misma conclusión. Al referirse al informe del Cuerpo de Peritos de la CSJN, el fiscal consideró que se trataba de una prueba "dirimente en toda su dimensión", producida por expertos en la materia y con la participación de un perito de parte de la defensa del imputado, no impugnada por ésta ni por la defensa técnica, "con lo cual sus conclusiones vienen a resulta, al menos a los fines de este proceso, incontrovertibles y otorgan la máxima certeza posible en torno a la existencia precisa de una parte sustancial de los hechos que son el núcleo de todo este proceso judicial". Un incremento apreciable En su exposición ante el Tribunal, Camuña consideró que el monto que el ex juez no ha podido justificar implica un incremento patrimonial apreciable en los términos del tipo penal del art.268. Al respecto, precisó que de los 10 inmuebles detectados 7 se adquirieron durante este período (1999-2005), mientras que entre los automotores, todos menos uno fueron incorporados al patrimonio en estos mismos años. En efecto, para dar una dimensión actualizada de los montos a los que se hacen referencia, según la manifestación de los peritos, aplicando la tasa activa del Banco Nación el monto de 550.000 representaría $1.923.767, 47 pesos a la fecha de hoy. Asimismo, el monto total de $550.000 representaba para 2005 80 sueldos de juez federal de primera instancia, según la metodología de cálculo propuesta por uno de los integrantes del TOF y convalidada por la DAFI. El representante del MPF hizo hincapié además en que durante la etapa de instrucción – en la que intervino el fiscal federal Carlos Brito- se requirió debidamente a Terán por los injustificados incrementos patrimoniales durante el ejercicio de su función. Rechazó así uno de los plantos de la defensa del ex magistrado motivado en una supuesta falta de requerimiento. “No sólo se requirió debidamente a Terán por el incremento patrimonial injustificado, en tanto un acto formal que en efecto ocurrió y está documentado, sino que además se le permitió a lo largo de todo el proceso ejercer actos adicionales de justificación, como modo particular que asume la posición defensiva en este tipo de delitos. Y que no sólo pudo ejercerlos, sino que efectivamente los ejerció. Y que aún así una apreciable porción de su patrimonio es atribuible directamente al enriquecimiento ilícito”. Reincidencia En octubre de 2014, el TOCF de Tucumán condenó a Terán –y a dos abogados- a tres años de prisión por el delito de falsificación de documentos, en el marco de una causa por maniobras con títulos públicos mediante las que se habrían buscado defraudar al Estado por decenas de millones de dólares. En su alegato, Camuña requirió que se revoque la excarcelación de Terán teniendo en cuenta el incremento de los riesgos procesales que conlleva la pena requerida y a su situación de reincidente. El Tribunal rechazó el pedido.

 
18-11-2017
DESTITUYERON AL CAMARISTA EDUARDO FREILER

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación dispuso la remoción del Camarista Dr. Eduardo Freiler en la tramitación administrativa caratulada expediente N° 36 “Doctor Eduardo Rodolfo Freiler s/ pedido de enjuiciamiento". En la Sala de Audiencias “Dr. Horacio V. Billoch Caride, el Secretario General de ese organismo Dr. Marcelo Bová leyó la parte dispositiva del fallo definitivo dictado por el Jurado integrado por los jueces de cámara Inés Cantisani -en su carácter de Presidente- y Armando Mario Márquez, los senadores nacionales Walter Basilio Barrionuevo y Silvia del Rosario Giacoppo, los diputados nacionales Diana Conti y Hugo María Marcucci, y el representante de los abogados de la matrícula federal, doctor Raúl Lucilo Piaggio. La parte acusadora, en representación del Consejo de la Magistratura, estuvo compuesta por el Dr. Pablo Tonelli y el Dr. Miguel Piedecasas. Por voto de la mayoría (con la disidencia parcial del doctor Raúl Lucilo Piaggio y la disidencia total de la Dra. Diana Conti) el Jurado concluyó que se tuvo por acreditado de manera concluyente que: 1- El Dr. Eduardo Rodolfo Freiler consignó datos falsos y omitió incluir información en sus declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. 2- El Dr. Eduardo Rodolfo Freiler durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de octubre de 2016 inclusive, efectuó egresos patrimoniales que superan sus ingresos justificados por un monto que supera la suma de veinte millones de pesos, fondos cuyo origen se desconoce. 3- El Dr. Eduardo Rodolfo Freiler incumplió en forma reiterada y sistemática sus obligaciones y deberes de naturaleza fiscal. Por tanto, los cargos expuestos importan la violación de lo establecido por la ley 25.188, en sus artículos 4, 5 y 6; Resolución del Consejo de la Magistratura de la Nación 734/2007, en su artículo 1º y su modificatoria, Resolución 237/2014. Esto también configura causal de mal desempeño en los términos establecidos por los artículos 16, 110 y 115 en función del artículo 53 de la Constitución Nacional; y artículo 25 incisos 2º y 5º de la Ley 24.937. Y por ello se resolvió "remover al doctor Eduardo Rodolfo Freiler del cargo de Juez de Cámara integrante de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, por haber incurrido en la causal constitucional de mal desempeño, de conformidad con lo establecido por los artículos 110 y 115 en función del artículo 53 de la Constitución Nacional, Ley 25.188 artículos 4, 5 y 6, Resolución del Consejo de la Magistratura de la Nación 734/2007 y su modificatoria 237/2014, y Ley 24.937 artículo 25 incisos 2º y 5º, CON COSTAS (artículo 39 del Reglamento Procesal)".

 
17-11-2017
Salta: Protocolo para optimizar la protección de los derechos de los menores en conflicto con la ley penal

Los jueces de la Corte de Justicia de Salta aprobaron -mediante acordada 12516- un protocolo adicional al Convenio Marco de Cooperación Mutua firmado el 12 de abril pasado entre el Poder Judicial de Salta y el Ministerio de Salud Pública de la Provincia. El protocolo adicional -firmado el 31 de octubre pasado- apunta a optimizar la protección integral de los derechos de los menores en conflicto con la ley penal, en virtud de los dispuesto en los artículos 1, 3.1, 24.1, 25, 37 inc. c) de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por Ley 23849, y las normas contenidas en la Ley 6345 y modificatorias (capítulo IV, norma de implementación, ley 7690). El convenio marco inicial rubricado el 12 de abril de 2017 por el presidente de la Corte, Guillermo Alberto Catalano, y el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, tuvo por objeto establecer un ámbito de colaboración recíproca en la adopción de políticas y acciones concretas tendientes a garantizar la protección integral de los derechos de las personas imputadas con padecimientos psíquicos.

 
17-11-2017
Marcos Salt “La prueba digital nos lleva a una Justicia eficiente y moderna”

Marcos Salt, coordinador académico del Programa Nacional contra la Criminalidad Informática : “La prueba digital nos lleva a una Justicia eficiente y moderna” Martes 31 de octubre de 2017 www.vocesporlajusticia.gob.ar El especialista en ciberdelito destaca la importancia de la reforma procesal penal y la capacitación de los operadores del sistema judicial. Y pone énfasis en la adhesión a la Convención de Budapest, clave para darle eficiencia a la investigación de la mano de la evidencia digital. Recibido como abogado en 1987, hincha de siempre de San Lorenzo, Marcos Salt se interesó en los ciberdelitos desde que la tecnología informática y de as comunicaciones comenzaron a desafiar los principios del derecho penal. Es doctor en Derecho Penal y Ciencias Sociales, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA y dictó clases en universidades del exterior. También fue consultor del Consejo de Europa en materia de delitos informáticos y miembro del grupo de expertos de Naciones Unidas sobre identidad robada. Hoy es el coordinador académico del Programa Nacional contra la Criminalidad Informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. -¿Qué beneficios conlleva la utilización de evidencia digital? -Las pruebas obtenidas en entornos digitales contribuyen a un sistema de justicia más eficiente y moderna. De hecho, creo que el sistema Procesal Penal va a cambiar poco a poco dando paso a investigaciones en las que la prueba digital va ir reemplazando a la prueba física. En el programa trabajamos en un modelo de normas sobre evidencia digital tomando como base la convención de Budapest. Es un set de medidas procesales básicas: aseguramiento de datos en sistemas informáticos, registro y secuestro de datos informáticos, la intercepción del tráfico en internet y, además, estudiamos medidas de prueba más avanzadas como agentes encubiertos en internet, rastrillajes y accesos remotos a computadoras, siempre cuidando un adecuado balance con las garantías individuales. -¿Cómo se obtiene información de internet hoy y que cambios impulsan? -Hoy obtener la información de un proveedor de servicios no está regulado, sino que lo regulan las propias empresas. Un juez y un fiscal tendrían que estar capacitados en cómo obtener la información, porque no es que la información no esté disponible. Por ejemplo: si necesito una información de Facebook, y desconozco los protocolos de actuación para pedirla, y le mando un oficio a la dirección que tiene Facebook como sede social, en vez de pedirla vía mail, se corre el riesgo de que se “caiga” una investigación. Esto es peligroso en dos sentidos: se pierde eficiencia en la investigación, pero también hay una notable posibilidad de afectación de las garantías individuales. -¿Cómo se resguarda la intimidad de la persona? -Redefiniendo de manera adecuada las garantías, teniendo en cuenta las características de la evidencia digital y dejando de lado la práctica de usar por analogía las normas que regulan la evidencia física cuando claramente tienen naturaleza diferente. Es un debate que hay que darlo en el Congreso. Hubo procedimientos donde se ha notado un abuso absoluto, secuestrándole la computadora sobre la base de una orden de allanamiento que pide “secuestrar todo elemento vinculado con el delito”, con el potencial acceso a la vida íntima de la persona. Si al abrir una computadora, porque estoy investigando un hecho de fraude tributario, en el medio empiezo a buscar y encuentro información de 500 ciudadanos que tenían plata en el extranjero y también las imputo sobre la base de que es un encuentro casual, evidentemente me estoy excediendo. Esto requiere una regulación de las garantías de manera diferente. -¿Qué aspectos sobre ciberdelito se introducirán en la reforma del Código Penal? -Los cambios en el capítulo de delitos informáticos los estamos definiendo y serán puestos a debate en la comisión de reforma del Código Penal que trabaja actualmente en el ámbito del Ministerio. Hoy, que esté penada sólo la distribución y no la tenencia de pornografía infantil es un tema a modificar o por lo menos volver a discutir. Es necesario prever penas especiales para los daños informáticos y los accesos ilegítimos que afectan infraestructuras críticas de manera diferente, prever los ataques de denegación de servicio y los ataques de ramsomwere, entre otras cuestiones. Sin embargo, creo que la mayor urgencia está en la cuestión procesal (NdR: modificaciones en el Código Procesal Penal). Para registrar una computadora estamos usando la norma para el allanamiento de una casa, y para interceptar datos de tráfico de comunicaciones en línea estamos usando la norma de interceptación de llamadas telefónicas como una analogía. Entonces, debemos actualizar las normas procesales a nivel nacional con el objetivo de sumar a las provincias para modificar los procesales penales en línea con la criminalidad informática. -¿Qué falta para la puesta en marcha de las reglas que marca la Convención de Budapest? -El proyecto tiene media sanción del Senado y ya tuvo dictamen favorable de las comisiones de Legislación Penal y Asuntos Exteriores. Creo que ya está lista para ser votada sin oposiciones en el recinto antes de fin de año. -¿Hay consenso en el Congreso sobre el proyecto? -Es un proyecto que a nivel país traspasó la política y marca una política de Estado de varios gobiernos. Creemos que abre la puerta a una cooperación internacional más eficiente en la materia y como programa nos obliga a realizar diferentes actividades para ponerlo en marcha. Por ejemplo, tenemos que organizar la participación de Argentina en este sistema; hay que impulsar la creación de una unidad 24×7 para la obtención de evidencia digital. Así, en cualquier momento, cuando lo dispongan las autoridades, vamos a poder solicitar cooperación internacional en delitos informáticos, así como para dársela al resto de los países. Y no sólo para delitos informáticos, sino también para la investigación de cualquier tipo de delito que involucre evidencia digita: mails, videos, chats. -¿Están capacitados en el tema los operadores judiciales? -Estamos realizando a lo largo del país capacitaciones a operadores judiciales con un equipo de expertos en informática forense. Es un trabajo multidisciplinario para sumar al debate los abordajes jurídicos y técnicos. Con nuestro equipo del programa se capacita no solamente sobre delitos informáticos, sino también obre técnicas de investigación con evidencia digital en cualquier tipo de delito.

 
16-11-2017
Esquel: la Fiscalía Federal avanzó en la investigación por la filtración de fotografías del cuerpo de Santiago Maldonado

La Fiscalía Federal de Esquel informa que se ha iniciado una causa penal para investigar las filtraciones de fotografías del cuerpo sin vida de Santiago Andrés Maldonado tomadas por orden judicial en el marco de la causa FCR 8233/2017 caratulada “Maldonado Santiago Andrés s/Habeas corpus”. En el trámite del proceso la Fiscalía reunió elementos que permitirían acreditar que el responsable de la filtración sería el médico de la Policía Federal Argentina Werther Augusto Aguiar, quien participó del procedimiento de recuperación del cuerpo del río Chubut y su resguardo en la Morgue de la ciudad de Esquel. El objeto de la investigación es determinar la responsabilidad que le cabe al imputado en virtud de lo dispuesto en los arts. 156 y 157 del C.P., que sancionan a quien “teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa” y “el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”. Se recuperaron las fotografías tomadas por las otras tres personas que tenían autorización para hacerlo y ninguna de ellas se corresponde con las que se viralizaron por las redes sociales. Sin perjuicio de ello, se secuestró el celular del imputado y se ordenó su peritaje con el objeto de establecer si existen o existieron en el aparato de telefonía celular fotografías extraídas el día 17/10/2017 o 18/10/2017 del cadáver de quien en vida fue Santiago Andrés Maldonado; si fueron borradas; si fueron enviadas por alguna aplicación, mensajes de texto o correo electrónico; y, en caso afirmativo, que se extraiga toda la conversación del día en que fueron enviadas y los tres días posteriores. En la causa se tomaron diversas declaraciones testimoniales, se agregaron soportes fílmicos y fotográficos que ubican al imputado tomando las fotografías, se recopiló la información relativa al sumario administrativo labrado de rigor por las autoridades de la Policía Federal Argentina y se recabaron informes de instituciones públicas sobre elementos de interés para la investigación. Concluido el peritaje este Ministerio Público Fiscal estará en condiciones de realizar una imputación formal en los términos del art. 294 del CPPN.

 
16-11-2017
Absolvieron a un ex policía que estaba acusado de matar a un joven que lo asaltó

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº16 absolvió a un policía que estaba acusado de matar a un joven que lo asaltó, en mayo de 2016. Los jueces Inés Cantisani y Hugo Decaria votaron por la absolución mientras que la jueza Cristina Bértola fue por la opción de homicidio por exceso en la legítima defensa. Los fundamentos se conocerán el próximo 23 de noviembre. La semana pasada, el fiscal Fernando Fiszer había pedido tres años de prisión en suspenso para Horacio Garello pero con la solicitud de inhabilitación de diez años para portar o tener armas. La fiscalía había considerado que el ex policía había actuado bajo “emoción violenta” aunque también había marcado que Garello actuó para defender su auto y no su vida. El hecho El 7 de mayo de 2016 cerca de las 8 de la mañana, Garello se encontraba con su auto sobre la calle Pumacahua al 1400 cuando, según su relato, vio a dos hombres que se le acercaban desde la calle Avelino Díaz. Según dijo, ambos estaban armados (lo que no se constató) y le exigieron que baje del auto. Cuando lo hizo, se habría producido un forcejeo primero con uno y luego con el segundo, aunque ya detrás del vehículo. En ese momento, uno se subió al auto y le dijo a su compañero que haga lo mismo, probablemente con una amenaza hacia Garello. Arrancaron y hasta ese momento el imputado no había sacado el arma. Desde la vereda, desenfundó su pistola y dio la voz de alto, identificándose como policía. Garello disparó entonces desde la vereda y acercándose hacia el centro de la calle ocho veces mientras el auto ya se iba. Siete impactaron en el vehículo: cuatro en el baúl, uno en el techo y dos en la luneta. Uno de esos dos fue el que impactó en la espalda de Jonathan Rojas, que estaba en el lugar de acompañante. El tiro le produjo una hemorragia interna y externa que derivó en su muerte. El Renault modelo Symbol fue encontrado a unas cinco cuadras, dentro del barrio Rivadavia I, con Rojas ya fallecido dentro. En el interior del auto estaban todas las pertenencias de Garello pero no casquillos que permitieran sostener que se hubiera disparado desde el auto, lo que esgrimió el imputado en su indagatoria cuando aseguró que se defendió de una agresión. “El que generó la situación de peligro fue el imputado y decidió disparar ocho veces en defensa de su vehículo”, puntualizó el fiscal Fiszer. Para el fiscal Fiszer, la voz de alto que dio Garello no fue para defender su integridad o su vida sino su auto. “El que generó la situación de peligro fue el imputado y decidió disparar ocho veces en defensa de su vehículo”, puntualizó. “No había motivo para que atacara, no hay disparos a la rueda o para obstaculizar la marcha del auto. Tampoco hubo agresión por parte de los integrantes del vehículo por lo que su vida no corría peligro”, continuó. Explicó, además, que por el robo Garello estaba bajo un nivel de “exaltación y angustia” que lo hizo ceder parcialmente en ciertos frenos inhibitorios y provocó una disminución en la capacidad de control de su accionar. No obstante, consideró como agravante la cantidad de disparos y su condición de policía retirado.

 
16-11-2017
Declaran nulo el concurso preventivo de Oil Combustibles

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, decidió declarar procedente el recurso extraordinario interpuesto por la AFIP, revocar la sentencia apelada y decretar la nulidad de la sentencia de apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles S.A.. La decisión fue adoptada en el marco del recurso de queja interpuesto por la AFIP (COM 19981/2016/20/RH2 Oil Combustible S.A. s/ concurso preventivo), quien alegando la existencia de fraude concursal, pretendía la nulidad del auto de apertura del concurso dictado por el juez de Chubut y convalidado por la Sala D de la Cámara Nacional Comercial.

 
15-11-2017
VANDEBROELE IMPUTADO ARREPENTIDO DENTRO DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE PERSONAS

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó que Alejandro Vandenbroele “ingresó provisoriamente al Programa de Protección de Testigos” tras el pedido formal elevado por la Justicia al titular de la cartera, Germán Garavano. El Ministerio aclaró además “que se dispusieron las medidas de seguridad pertinentes para brindarle protección de acuerdo a las particularidades del caso”, aunque informó que “no brindará más detalles para no poner en riesgo la integridad del testigo”. “El ingreso al programa es voluntario y la permanencia en el mismo exige el cumplimiento de las condiciones fijadas por las autoridades” según dio a conocer el Ministerio. El sistema de Protección, creado por ley 25.764, se encuentra dirigido a testigos e imputados que hubieran realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal vinculada a delitos de delincuencia organizada o de violencia institucional, y que como consecuencia de ello, se encuentren en una determinada situación de riesgo. Vandebroele solicito su ingreso al programa en el marco de las causas que se siguen en su contra, entre ellas por la compra de la ex Ciccone Calcográfica y que involucra al exvicepresidente Amado Boudou. En el marco del juicio por el salvataje de Ciccone, Boudou había ratificado días atrás que no conocía a Vandenbroele, mientras que Laura Muñoz, exesposa del empresario declaró que él "trabajaba para el entonces ministro de Economía" y que su intermediario era José María Núñez Carmona, amigo del exfuncionario. "Me dijo que trabajaba para Boudou y que el nexo era Núñez Carmona y que estaban haciendo un negocio con la provincia de Formosa y que debía armar unas sociedades". Lo afirmado como testigo y en su carácter de ex cónyuge de Vandebroele lo es con respecto al contrato por el pago de la deuda provincial que Formosa tenía con el Estado Nacional y por el cual The Old Fund, propiedad de Vanderbroele y que luego adquiriera Ciccone, cobró una comisión millonaria por consultoría en esa operación.

 
15-11-2017
Proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal

En el Senado se esta tratando un proyecto para reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal, que limita a cinco años el mandato del procurador general de la Nación y habilita al Poder Ejecutivo a removerlo por decreto. La iniciativa, que debería comenzar a ser tratada hoy, pero que se habría suspendido por que no hay consenso para llevar adelante la reforma en el punto que sostiene la eliminación de las Procuradurías especializadas, es de especial atención para el oficialismo. Se trata de un proyecto que reforma tanto la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal como la del Ministerio Público de la Defensa, con nuevos criterios para la designación, remoción y duración de los mandatos del procurador y del defensor general. En concreto el proyecto de ley establece que el procurador general de la Nación, cargo que hoy ocupa Alejandra Gils Carbó hasta que se haga efectiva su renuncia el 31 de diciembre, será designado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado por "mayoría absoluta de sus miembros". Es decir que se eliminaría el requisito actual de reunir una mayoría de dos tercios de la Cámara alta para designar al procurador y establece, en cambio, que alcanzará con la mitad más uno de los senadores, es decir 37 votos. También se elimina el carácter vitalicio del cargo y señala que el procurador "dura en su función cinco años y podrá ser reelegido por dos años por única vez". Por otro lado, se establece en el proyecto que el procurador podrá ser removido de su cargo cuando incurra en mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones "por decisión fundada del Poder Ejecutivo", la cual podrá ser revocada únicamente por el Senado "en el plazo máximo de 10 días hábiles". También la Cámara de Diputados, "por iniciativa de la mayoría absoluta de los miembros presentes a solicitud de cualquiera de sus miembros" podrá desplazar al jefe de los fiscales, aunque tanto en este caso como en una decisión del Ejecutivo se necesitará el acuerdo de la mayoría absoluta del Senado. Asimismo el proyecto no contempla la continuación de las procuradurías especiales creadas por la ley original, como la de Violencia Institucional o la de Narcocriminalidad y establece que "el procurador general podrá disponer por resolución la creación (...) de procuradurías especializadas cuando la política de persecución penal pública o el interés general de la sociedad así lo requieran".

 
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