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13-10-2017
“Plan Qunita”: la Cámara Federal de Casación anuló el sobreseimiento de Juan Luis Manzur

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por unanimidad, anular la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que había confirmado el sobreseimiento dispuesto respecto a Juan Luis Manzur e integrantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Elisa Marta Gulberti, Carlos Alejandro Liz, Viviana María Cristina Bonpland y Alelí Claudia Pilar García, en la causa donde se investigan irregularidades en la licitación del “plan Qunitas”. Los jueces Carlos A. Mahiques, Eduardo R. Riggi y Juan C. Gemignani consideraron que resultaba arbitraria y prematura la resolución que desvinculaba al entonces ministro de Salud en cuya gestión se autorizó y aprobó un pliego de condiciones elaborado de manera irregular para limitar las chances de competir de otros oferentes; todo ello en el marco de una licitación pública en la que también intervinieron funcionarios del servicio jurídico que no presentaron objeciones, pese a las anomalías detectadas. Los camaristas afirmaron que la resolución anulada no había tenido en cuenta que la confección del pliego en un renglón único, pese a la diversidad y cantidad de productos que involucraban los kits, era un elemento relevante que no sólo contrariaba la normativa que regulaba la materia sino que podría evidenciar que precisamente la licitación estuvo, desde sus comienzos, dirigida a favorecer intereses particulares. Ello así, porque justamente el pliego de condiciones resulta ser el instrumento que en definitiva –por su contenido- determina la posibilidad de realizar ofertas y propuestas tendientes a competir para satisfacer la necesidad de compra que formula la Administración. En base a lo expuesto, los magistrados de la Cámara de Casación, teniendo especialmente en cuenta que en el presente caso se investiga una imputación por hechos de corrupción respecto a los cuales el Estado Argentino ha suscripto instrumentos internacionales para combatirla (cfr. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -aprobada mediante ley 26.097- y Convención Interamericana contra la Corrupción -aprobada mediante ley 24.759-), concluyeron que la resolución dictada por la Cámara a quo resultaba prematura y no consultaba la solución legal prevista para supuestos como el de trato, en el que se adoptó un temperamento definitivo y conclusivo del proceso sin verificarse la certeza negativa necesaria para ello. En esta causa ya se encuentran procesados diversos funcionarios que intervinieron en el proceso de licitación, por haberse verificado irregularidades originadas en el propósito de obtener un beneficio económico, a través de compras de 150.000 kits con un sobreprecio –como hipótesis de mínima- de alrededor de 3000 pesos por cada uno, lo que arroja un perjuicio para el Estado de, cuanto menos, cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($450.000.000). La licitación se habría direccionado hacia empresas cuyo objeto social y actividad no guardaban relación alguna con los rubros licitados y que habían ofertado precios que superaban ampliamente a los reales.

 
13-10-2017
El juez Ercolini procesó a Alejandra Gils Carbó por administración fraudulenta por la compra de un inmueble

La procuradora general de la Nación fue considerada coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ordenando a su vez un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos. Asimismo procesó a otros cuatro imputados. A ese respecto el juez Ercolini al realizar la exposición y relato de los hechos sostuvo que "Que existen en autos pruebas suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad requerido por el artículo 306 del C.P.P.N., que Alejandra Magdalena Gils Carbó – Procuradora General de la Nación – y Guillermo Alfredo Bellingi – Subdirector General del mismo organismo – violando consciente y voluntariamente los deberes atinentes a sus cargos, previo acuerdo con ejecutivos de Arfinsa Argentina Financiera S.A. – en particular con Adrián Marcelo González Fischer, en forma directa o a través de intermediarios – idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires, con la intervención dolosa fundamental de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill. Mediante la maniobra, se generó también de modo deliberado un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional. En efecto, la cuantiosa prueba reunida en esta causa permite considerar que los actos de ejecución de la maniobra desarrollada, enmarcada en la administración y cuidado de bienes pecuniarios pertenecientes al Estado, habría sido realizada cuanto menos entre el 17 de diciembre de 2012 y el 15 de julio de 2013, mediante distintas acciones ardidosas; con la intervención dolosa de diversas personas, con roles diferenciados; con abuso de poder; con aprovechamiento – para dar apariencia de legitimidad al acto general – de los canales administrativos; con la utilización instrumental de funcionarios del organismo ajenos al plan; con personas insertadas con calidad simulada; con otras interpuestas para apariencia de empresa o negociación; y valiéndose de otras formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble y los actos de administración que la rodearon. Asimismo, se encuentra acreditado con el grado de probabilidad ya mencionado que, en el marco de la maniobra descripta precedentemente, Alejandra Magdalena Gils Carbó y Guillermo Alfredo Bellingi, en su condición de funcionarios públicos, con la intervención dolosa de Adrián Marcelo González Fischer, Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill, se interesaron directamente, aprovechándose asimismo de personas interpuestas y también mediante la simulación deliberada de una licitación pública, en la compraventa del edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires, con miras a la obtención de beneficios personales. Todo ello sin perjuicio de otros actos que pueden ser considerados preparatorios, que habrían acaecido en meses anteriores a la fecha mencionada, y que serán valorados como circunstancias previas al inicio de ejecución que hacen al contexto general"

 
13-10-2017
La Rioja: la Fiscalía pidió juicio oral para Milani, el ex teniente Santacrocce y el ex juez Catalán

La fiscal federal María Virginia Miguel Carmona, integrante de la Unidad Fiscal que investiga en La Rioja los crímenes de lesa humanidad, requirió este martes la elevación a juicio de la causa que tiene imputado al ex jefe del Ejército, César Milani, por asociación ilícita y por los delitos perpetrados contra un hombre y su hijo, ambos víctimas de secuestro y torturas en marzo de 1977 en la capital provincial, cuando el acusado era subteniente del Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de esa provincia. Milani fue acusado por la Fiscalía como autor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada y allanamiento ilegal, y en grado de partícipe necesario en la imposición de tormentos agravados en perjuicio de Pedro Adán Olivera, y como partícipe necesario de imposición de tormentos de su hijo, Ramón Alfredo Olivera. También fue acusado de haber sido miembro de una asociación ilícita. En la misma presentación, la representante del MPF -quien calificó a estos crímenes como de lesa humanidad- acusó al entonces teniente primero Alberto Solano Santacrocce y al ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán. Al primero le imputó la autoría en la privación ilegítima de la libertad agravada y la imposición de tormentos, en grado de partícipe necesario, de Ramón Alfredo Olivera, y haber formado parte de la misma asociación ilícita. Al ex magistrado, en tanto, lo acusó como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad y los tormentos contra Ramón Alfredo Olivera y de la privación ilegal de la libertad de Victoria Ligia Matta. En abril del año pasado, Catalán recibió una condena a doce años de prisión por haber encubierto desde la magistratura un homicidio y siete casos de tormentos, y como parte de una asociación ilícita, razón por la cual no se encuentra acusado en este expediente por ese delito. Durante el cautiverio y las torturas, Pedro Olivera sufrió un accidente cerebro vascular con hemiplejia que le paralizó el sector derecho de su cuerpo. Fue abandonado por los represores en la vereda de su domicilio y murió tiempo después. Según la acusación, Milani comandó el operativo de fuerzas militares, policías y gendarmes que secuestraron a Pedro Olivera el 12 de marzo de 1977 y que lo mantuvo cautivo durante dos días en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS), sede de un centro clandestino de detención. Allí fue torturado y presionado para que renunciara o se jubilara de su trabajo en la Municipalidad. En medio de esa situación, sufrió un accidente cerebro vascular con hemiplejia que le paralizó el sector derecho de su cuerpo y luego fue abandonado por los represores en la vereda de su domicilio. Murió tiempo después, como consecuencia de aquél cuadro. El 14 de marzo, horas antes de la liberación de Pedro, su hijo Ramón fue secuestrado de la Oficina de la Dirección de Obras de Ingeniería de la Municipalidad de La Rioja, donde trabajaba, por dos suboficiales del Ejército. Los militares lo llevaron a un auto de la policía, donde lo esperaba, entre otros, el teniente Santacrocce, tras lo cual fue conducido al IRS. Allí pudo escuchar cómo planeaban su fusilamiento y luego padeció interrogatorios y diferentes tipos de torturas en un lugar denominado "Luna Park". Al día siguiente, en el IRS lo revisó el médico del Ejército Léonidas Carlos Moliné, imputado también en este expediente, quien pese a los evidentes signos de tortura le dio un calmante. La víctima conocía al médico, porque el día del secuestro de su padre había ido a ver al profesional castrense para que se ocupara de su salud. Según declaró Olivera, las torturas continuaron en los días siguientes hasta que el 24 de marzo lo trasladaron al Juzgado Federal a cargo de Catalán. En ese trayecto, reconoció a Milani a bordo del automóvil policial en el que lo trasladaban. En sus declaraciones dijo que ya había visto al acusado en su casa cuando se llevaron a su padre. Explicó que Milani lo condujo en la sede judicial hasta la sala donde declaró ante el secretario de apellido Armati (fallecido), a quien le mostró las heridas que le habían provocado en su cuerpo las torturas. El funcionario le dijo que no consignaría ello en el acta porque sufriría las consecuencias tras su regreso a la cárcel. Ramón Olivera sostuvo en sus testimonios que durante toda su declaración en el juzgado Milani permaneció junto a él, que lo increpó reiteradamente, lo acusó de pertenecer al ERP, e incluso le dijo que con esa detención le había cortado su "carrera de guerrillero". Olivera sostuvo en sus testimonios -que datan de 1984- que durante toda su declaración Milani permaneció junto a él, que lo increpó reiteradamente, lo acusó de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), e incluso le dijo que con esa detención le había cortado su "carrera de guerrillero". La víctima dijo que supo y recuerda el nombre de Milani porque escuchó una conversación entre aquél y el secretario de Catalán sobre la ascendencia del apellido. En el pedido de juicio oral, la fiscal puso de relieve que las pruebas testimoniales recogidas en la investigación "aportan elementos que dan sustento a la denuncia, debidamente concatenadas junto a todo el plexo probatorio recabado en autos" y remarcó que "no puede perderse de vista que Olivera viene sosteniendo exactamente los mismos hechos padecidos por él y por su padre, ya desde el año 1984 y a lo largo de todos estos años, reclamando justicia a las autoridades por los delitos de los que fueron víctimas". Aquella primera declaración de Olivera fue ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja el 21 de agosto de 1984. El caso de Victoria Ligia Matta, por el que por ahora sólo llegará a juicio el ex juez Catalán, también lo tiene imputado a Milani, pero actualmente con falta de mérito, decisión que fue recurrida por la Fiscalía. Ligia Matta fue secuestrada el 16 de julio de 1976 de su domicilio. La víctima declaró que el operativo fue dirigido por un "militar jovencito" que durante el procedimiento ilegal dialogó con su padre y dijo además que días después, cuando estaba detenida en el IRS, vio a ese mismo sujeto por debajo de la venda que le cubría los ojos mientras participaba de la tortura a un compañero de cautiverio. En su declaración, la víctima explicó que "en el año 2013, vio en internet la foto de Alberto Ledo [el soldado desaparecido en Tucumán, a quien había conocido] y de Milani juntos, reconociendo a Milani como al jovencito militar que había estado en su casa y en el IRS". Para entonces, Milani era reconocido públicamente porque había llegado a la jefatura del Ejército. Durante su cautiverio, la mujer fue visitada por el entonces juez Catalán cuando se encontraba detenida en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires. El entonces magistrado la notificó de una diligencia en la causa penal que le abrieron para justificar su persecución, en la que finalmente fue sobreseída. En su presentación, la fiscal solicitó la continuación de la investigación en relación al ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, el médico castrense Moliné, y los entonces policías Roberto Reinaldo Ganem y Américo Castro. Indicó además que la pesquisa debía identificar a los policías Nievas y Ruiz y puso de relieve la necesidad de continuar la investigación sobre la responsabilidad de Milani en el caso de Ligia Matta.

 
12-10-2017
Carmen de Patagones: rescataron a dos víctimas que eran explotadas en una vivienda y una tienda de ropa

Dos víctimas en situación de vulnerabilidad fueron rescatadas y un hombre imputado fue detenido luego de un allanamiento que se realizó el jueves pasado al mediodía en una tienda de indumentaria ubicada en la ciudad de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, donde también se secuestró una importante suma de dinero, equivalente a 185 mil pesos. Los imputados son una pareja -el hombre detenido y una mujer- oriunda de la República Plurinacional de Bolivia. Están acusados de haber reclutado, en total, a cuatro personas -una de ellas menor de edad al comienzo de los hechos- en su país de origen a través de una promesa laboral engañosa y de trasladarlas a la Argentina, de acogerlas en su ámbito laboral y familiar y de explotarlas laboralmente, abusándose de su situación de vulnerabilidad. Las víctimas debían trabajar tanto en el local comercial como en la vivienda de los imputados sin recibir el dinero prometido y sin días de descanso. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Walter Da Silva, en línea con lo solicitado por el fiscal federal Antonio Horacio Castaño, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Bahía Blanca, que continúa la pesquisa con una investigación patrimonial de la pareja imputada. En el operativo participaron miembros del Ministerio Público Fiscal, de la Delegación local de la Policía Federal, el equipo técnico del Programa de Rescate y Asistencia a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, y personal del Ministerio de Trabajo y de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Dos de las víctimas escaparon en un remis y se dirigieron a la sede del Ministerio de Trabajo, en Viedma, y de allí a la Fiscalía Federal, donde formularon la denuncia. Los hechos La causa se inició el 1° de julio de 2016, cuando dos de las víctimas se presentaron ante la Fiscalía Federal de Viedma para radicar una denuncia. En esa oportunidad, relataron que una pareja los contactó en la ciudad de Oruro y les ofreció un trabajo en una tienda de ropa ubicada en la ciudad de Carmen de Patagones. Declararon que quienes los habían contactado les dijeron que iban a estar muy bien, que no les iba a faltar nada, que no les iban a “gritonear” y que, si no les gustaba, podrían volver, para lo cual se comprometían a pagar los pasajes de vuelta. Las víctimas dijeron que aceptaron y viajaron junto a sus captores en el auto particular de uno de ellos. Llegaron el 2 de junio de 2016 e inmediatamente fueron alojados en el fondo de la tienda, donde había cuatro cuartos y vivían los dueños. Ese mismo mediodía comenzaron a trabajar en el comercio, llamado “Yesica”, que funcionaba en la misma propiedad. Precisaron que el hombre ahora imputado les dijo que él era el jefe y que la mujer, también imputada, era "la señora de la casa" y que para todo tenían que pedirle permiso, incluso para salir. Indicaron que también les dijo que no debían hablar con nadie ni quejarse ante otras personas y, a medida que fue pasando el tiempo, ambos integrantes de la pareja se pusieron más estrictos con los horarios y comenzaron a intimidarlos. Las víctimas aclararon que no tenían día de descanso, dado que en los momentos en los cuales no trabajaban en el local debían ordenar la casa, cocinar o realizar otras tareas domésticas. Explicaron que la pareja les había prometido el pago de 300 dólares por mes a cada uno, pero denunciaron que, cuando quisieron irse, el imputado se negó a entregarles el dinero pautado. Las dos víctimas denunciantes habían llegado a la Fiscalía tras escaparse en un remis que los condujo a la sede del Ministerio de Trabajo y, desde allí, luego fueron a la sede del Ministerio Público Fiscal, donde permanecieron hasta que se les brindó suficiente protección, ya que manifestaron que tenían temor de encontrarse con el imputado. Finalmente, las dos personas retornaron a su país de origen. Una vez que recibió la denuncia, la justicia federal de Viedma decretó la incompetencia por razón de territorio para entender en el trámite de las actuaciones, dando intervención a la jurisdicción de Bahía Blanca. Cuando la causa ingresó a la Fiscalía Federal N°2 de esa ciudad, se ordenaron una serie de medidas en pos de profundizar la investigación. De esta manera, se dio con el paradero de otras dos presuntas víctimas, que finalmente fueron rescatadas en el allanamiento del jueves pasado, y se formuló la imputación penal contra ambos imputados por el delito de trata de personas.

 
12-10-2017
La Corte se abstuvo de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley 26.773 que obliga a los trabajadores a demandar por accidentes de trabajo ante la Justicia civi

Con la firma de los jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, y la disidencia de los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, en el día de hoy la Corte Suprema decidió que no le correspondía pronunciarse acerca de la validez constitucional del art. 17 de la ley 26.773 que dispone que los reclamos de indemnización de daños provocados por accidentes de trabajo planteados con fundamento en el código civil deben ser resueltos por jueces civiles y no por jueces laborales. El demandante reclamó ante la Justicia Nacional del Trabajo una indemnización por los graves daños que, según dijo, había sufrido en virtud de un derrumbe que ocurrió el 6 de junio de 2013 cuando cumplía tareas en una obra en construcción. Pero los jueces laborales consideraron que no eran competentes para resolver ese reclamo pues, a su entender, la demanda estaba exclusivamente fundada en el derecho civil, de modo que, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 26.773 –dictada en el año 2012– el juicio debía tramitarse ante la Justicia Nacional en lo Civil. El trabajador apeló esa decisión ante la Corte afirmando que no era cierto que su demanda se fundaba exclusivamente en el código civil pues también invocaba leyes laborales, y que, en todo caso, las disposiciones de la ley 26.773 que establecían la competencia de la justicia civil eran inconstitucionales. La mayoría integrada por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz consideró que, por el momento, no correspondía que la Corte se pronunciara sobre estas cuestiones. En tal sentido, el voto mayoritario señaló que la sentencia que declaró la incompetencia de la justicia del trabajo no ponía fin al juicio ni colocaba al trabajador en una situación de privación de justicia, ya que podía seguir tramitando su reclamo ante el fuero civil; de modo que no había razones que justificaran la intervención de la Corte en un pleito que no estaba concluido sino recién iniciado. Los jueces Maqueda y Rosatti, en cambio, consideraron que la Corte debía tratar los temas planteados porque la decisión de remitir el caso a la justicia civil implicaba un perjuicio para el demandante, a quien “se privaría definitivamente…de la posibilidad de tramitar su reclamo ante el fuero laboral, que no solo está especializado para atender las demandas que los trabajadores dirigen a sus empleadores, sino que, además, cuenta con un procedimiento nítidamente diseñado para garantizar tanto la gratuidad para el trabajador litigante como la rápida solución de los conflictos”. En definitiva, sostuvieron que el juicio debía tramitarse ante la justicia del trabajo, no solo porque Núñez Benítez tenía razón al sostener que su reclamo, además de invocar el código civil, estaba fundado en leyes laborales, sino también porque el art. 17 la ley 26.773 vulneraba derechos reconocidos al trabajador por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. En cuanto a esto último, dijeron que el artículo 14 bis requiere que tutela preferencial para quienes trabajan en relación de dependencia que la Constitución Nacional encomienda al Congreso no quede circunscripta solo al reconocimiento de ciertos derechos sino que, además, se asegure a los trabajadores la posibilidad de obtener una eficaz defensa de tales derechos en las diversas instancias administrativas o judiciales establecidas con tal fin. Y no respetan esta garantía las disposiciones de ley 26.773 que –para cierto tipo de reclamos- privan al trabajador de la posibilidad de litigar ante los jueces y bajo el procedimiento que han sido especialmente establecidos para cumplir con el mandato constitucional de procurar la mejor y la más rápida solución de los pleitos derivados de una relación laboral.

 
12-10-2017
La Corte dejó firme fallo laboral que consideró fraudulenta la actuación de una cooperativa de trabajo

Con la firma de los jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, y la disidencia de los jueces Horacio Rosatti y Calos Rosenkrantz, la Corte Suprema convalidó la sentencia de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que admitió un reclamo de indemnizaciones laborales por haberse encubierto un contrato de trabajo bajo la figura del “socio cooperativo”. La Cooperativa de Trabajo de Mantenimiento Integral Porteros Ltda. se dedicaba a prestar servicios de mantenimiento, limpieza y control en edificios, salones, fábricas u oficinas enviando a sus asociados a trabajar en esos lugares. Jorge Eduardo Pessina estuvo registrado en ella como socio desde enero de 2008 hasta mayo de 2010. Al finalizar la relación, promovió un juicio un laboral contra la cooperativa, su presidente y el último consorcio en el que había cumplido tareas alegando que se lo consideraba “socio” cuando en realidad” era un simple trabajador en relación de dependencia. La Cámara del Trabajo admitió el reclamo porque entendió que en la situación planteada se daba un caso común de fraude laboral. Sostuvo que quienes son enviados por la cooperativa a prestar servicios para terceros –como ocurrió en este caso con el señor Pessina- se encuentran ligados por una relación de tipo laboral y no pueden ser considerados como simples socios de la cooperativa pues se trataría de una formalidad sin contenido real. La cooperativa apeló ese fallo ante la Corte, pero ésta resolvió dejar firme la decisión de la cámara. El juez Lorenzetti y la juez Highton de Nolasco se limitaron a señalar que la apelación era inadmisible, en tanto que el juez Maqueda sostuvo que era razonable la sentencia de la cámara que, después de evaluar el caso, concluyó en que la demandada no era una verdadera cooperativa de trabajo sino que había actuado como una simple agencia de colocación de personal, convirtiéndose en un simple vehículo para eludir la aplicación de las leyes laborales. En disidencia, los Jueces Rosatti y Rosenkratz consideraron que la cámara no había efectuado un adecuado examen de la prueba producida y solo había hecho mérito de “la prestación de servicios para terceros”, la cual —frente a lo que surgía de pruebas no analizas en el fallo— no parecía “constituir un argumento válido ni suficiente para descalificar a la cooperativa como tal…menos aún, para sostener el presunto fraude a la ley que no había sido debidamente fundado en el material normativo y fáctico del caso”.

 
10-10-2017
Mafia de los contenedores: pidieron indagar a 45 personas acusadas de contrabandear mercadería por más de U$S 435 millones

La fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 6, Gabriela Ruiz Morales y los fiscales cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, solicitaron el viernes pasado al juez Marcelo Aguinsky la citación a prestar declaración indagatoria de 34 personas físicas y de 11 empresas por su participación en complejas maniobras de contrabando documentado -por un total de 567 hechos, de los cuales 35 fueron en grado de tentativa- ocurridas durante los años 2014 y 2015, que significaron un perjuicio económico para el Estado Nacional calculado en más de 435 millones de dólares. En la pesquisa se pudo establecer el montaje de un complejo entramado de empresas y personas físicas que, ocultando la real identidad de los importadores y a través de la presentación ante el servicio aduanero de documentación falsa, ingresó a nuestro país elementos diferentes a los documentados (con menor carga arancelaria), con el fin último de someter la mercadería importada a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que hubiese correspondido (y también con el fin de ingresar mercadería diferente de la declarada clandestinamente), en tanto esas declaraciones mendaces implicaron en cada caso abonar al Fisco Nacional menos tributos aduaneros que los que legalmente correspondían. La solicitud del Ministerio Público Fiscal se hizo extensiva a los integrantes del servicio aduanero argentino con funciones de guarda y/o verificación en la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires y en los depósitos fiscales Terminal Carga Tigre (TCT) y Carestiba, y dejó abierta la imputación “a toda otra persona que hubiese ejercido funciones de control sobre la operatoria”. También se pidió la indagatoria de tres importantes ex funcionarios de la Dirección General de Aduanas: Daniel Santanna, entonces subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, y sus subordinados Edgardo Rodolfo Paolucci, director de Aduanas Metropolitanas I, y Eduardo Alfredo Bernardi, director de Aduanas Metropolitanas II. En su extenso dictamen de 200 páginas -elaborado en el Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Procelac, a cargo de Mariela Palese-, los fiscales indicaron que los comportamientos imputables “a los funcionarios que tuvieron a su cargo el control de las operaciones ─y, en consecuencia, la obligación que de aquéllas no sobrevinieran resultados lesivos─ se funda en que aquellos se apartaron del cumplimiento de las normas que regían sus actividades”. De ello, agregaron, se colige “la realización de conductas jurídico-penalmente relevantes por medio de un accionar doloso, en la medida en que los graves sucesos que ocurrieron en las áreas de la Aduana en la que cada uno actuaba, al menos, durante los años 2014 y 2015, no pudieron tener lugar sino como consecuencia de que aquellos conocían efectivamente lo que allí ocurría”. A través de la investigación se identificaron complejas maniobras llevadas a cabo en el ámbito del Puerto de Buenos Aires, que apuntaban a la concreción (o, en otros casos, el intento de lograrla) de cuantiosas operaciones de importación durante un período sostenido. En las operaciones intervinieron diferentes operadores (despachantes, agentes de transporte aduanero, etcétera), quienes, a través del ingreso de datos falsos en los registros informáticos del servicio aduanero y en sus declaraciones juradas, como así también mediante el aporte de documentación apócrifa al organismo, falsificaban la real cantidad, peso, calidad y/o especie de las mercaderías que pretendían nacionalizar, y que en algunos casos se nacionalizaron. En esta oportunidad, el objeto del pedido de indagatorias comprende la comisión de 567 hechos de contrabando ocurridos durante 2014 y 2015, de los cuales 35 quedaron en grado de tentativa, pues la salida del Puerto de Buenos Aires de esos contenedores fue bloqueada en mayo de 2016 por el juez de la causa, al inicio de la investigación, impulsada por una denuncia presentada por la Procelac. Con posterioridad, se sumó la causa iniciada a partir de diversas publicaciones realizadas por el periodista Matías Longoni en el diario Clarín.

 
10-10-2017
Denuncia de Nisman: el juez Bonadio citó a indagatoria a Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Carlos Zannini y otros doce imputados y les prohibió la salida del país

En la causa que existe en la justicia federal a raíz de la denuncia del ex fiscal Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA, el juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y a otros 13 imputados, por considerar que existe sospecha que hayan llevado la conducta enrostrada por el fiscal en orden al encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum con Irán y en ese contexto dispuso la prohibición de salida del país para todos los imputados. La siguiente es el listado de los imputados citados a prestar declaración indagatoria y la fecha de la misma. 1)Héctor Marcos Timerman, para el día 17 de octubre de 2017 a las 9:00 horas; 2)Jorge Alejandro Khalil, para el día 18 de octubre a las 9:00 horas; 3)Ramón Allan Héctor Bogado, para el día 18 de octubre de 2017 a las 10:30 horas; 4)Fernando Esteche, para el día 18 de octubre de 2017 a las 12:00 horas; 5)Luis Ángel D ́ Elia, para el día 19 de octubre de 2017 a las 9:00 horas; 6)Eduardo Zuain, para el día 19 de octubre de 2017 a las 11:00 horas; 7)Luciano Tantoclement, para el día el día 20 de octubre de 2017 a las 9:00 horas; 8)José Alberto Mercado, para el día 20 de octubre de 2017 a las 11:00 horas; 9)Alberto D ́ Alotto, para el día 23 de octubre de 2017 a las 9:00 horas; 10)Carlos Alberto Zanini, para el día 23 de octubre de 2017 a las 11:00 horas; 11)Oscar Isidro José Parrilli, para el día 24 de octubre de 2017 a las 9:00 horas; 12)Juan Martín Mena, para el día 24 de octubre de 2017 a las 11.00 horas; 13)Angelina María Esther Abbona, para el día 25 de octubre de 2017 a las 9:00 horas; 14)Andrés Larroque, para el día 25 de octubre de 2017 a las 11:00 horas; y 15)Cristina Elisabet Fernández, para el día 26 de octubre de 2017 a las 10:00 horas.

 
09-10-2017
Casación confirmó la condena por privación ilegítima de la libertad a un hombre que mantuvo cautiva a su ex pareja

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena a tres años de prisión por privación ilegítima de la libertad a un hombre que mantuvo cautiva a su ex pareja por dos semanas, entre el 3 y el 17 de agosto 2012. En esa línea, había expuesto en la audiencia la fiscal María Luisa Piqué. El hecho juzgado se desencadenó luego de una pelea donde Eufemio Delfín Cabrera golpeó con una lámpara en la cabeza a la víctima, que se desmayó. Al despertar, la mujer estaba atada de pies y manos. El hombre la mantuvo cautiva en el domicilio a fuerza de golpes, amenazas y encierro. “Si no estás conmigo, no estás con nadie”, le repetía el acusado. Luego de unos primeros días en un domicilio del barrio de Flores, se trasladaron a la casa de la ex esposa del imputado en la provincia de Buenos Aires. De allí fueron a un hotel, aunque por la tarde se quedaban en la casa de la sobrina de Cabrera. El 16 de agosto volvieron al domicilio inicial. El 17, la víctima salió bajo la promesa de regresar, aunque no lo hizo. Durante el juicio, el fiscal Marcelo Martínez Burgos había solicitado cuatro años de prisión para el hombre por privación ilegal de la libertad agravada en concurso ideal con lesiones leves. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº22 condenó a 3 años en suspenso por la misma calificación. Casación sostuvo que no es indispensable para el tipo penal de privación de la libertad que la víctima esté atada o encerrada y resaltó la relevancia del vínculo entre autor y víctima y el círculo de violencia que el tribunal de juicio había detallado. En el fallo de Casación, después de resumir los planteos de la defensa, la Sala 2 puntualizó los argumentos expuestos en la audiencia previa por la fiscal María Luisa Piqué. En su exposición, la fiscal había remarcado que el testimonio de la víctima era sólido en tanto había sido sostenido en el tiempo y que además estaba corroborado por otros elementos de prueba, como los informes médicos sobre las lesiones, el testimonio de una ex pareja del imputado, los informes psicológicos de distintos profesionales sobre el relato de la víctima y otros antecedentes de violencia. La fiscal también hizo hincapié en el contexto de violencia que rodeaba el hecho, aclarando que para privar de la libertad a una persona no siempre es necesario ejercer violencia física o impedir el movimiento físico de la víctima. En efecto, en el caso había además otros factores a tener en cuenta, como la dependencia económica y emocional. Luego de responder en particular a varios de los argumentos de la defensa, Casación sostuvo que no es indispensable para el tipo penal de privación de la libertad que la víctima esté atada o encerrada. En este punto, resaltó la relevancia del vínculo entre autor y víctima y el círculo de violencia que el tribunal de juicio había detallado. Terminó por descartar que el tribunal oral hubiera valorado erróneamente la prueba.

 
09-10-2017
Odebrecht: el juez Rafecas citó a indagatoria a Julio De Vido

En el marco de una de las causas judiciales en las que se investigan hechos de corrupción en los que habría estado involucrada la constructora brasileña Odebrecht y ex funcionarios de nuestro país, en este caso, por irregularidades en el “Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008”, una obra pública que alcanzó a la totalidad de los gasoductos que atraviesan el país, con un presupuesto inicial de más de 2.300 millones de dólares y que fue adjudicada a Odebrecht a fines de 2006, el Juez Federal Daniel Rafecas dispuso en el día de la fecha el llamado a prestar declaración indagatoria de seis imputados, entre ellos cuatro ex funcionarios públicos: Julio M. de Vido, ex ministro de Planificación Federal; Daniel Cameron, ex secretario de Energía; Bautista Marcheschi, ex subsecretario de Energía Eléctrica, y Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles. La justicia sospecha que los citados funcionarios, junto a directivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) –Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat-, ambos también citados a indagatoria, intervinieron, en calidad de autores y/o partícipes según cada caso, en la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Las citaciones se concretarán entre el 27/11 y el 5/12, De Vido lo hará en esta última fecha. El Juez Rafecas se hizo cargo de esta causa hace cinco meses, en mayo de este año (proveniente de otro juzgado federal), y su trámite ha implicado llevar adelante un exhaustivo análisis de las resoluciones, notas y expedientes administrativos en los que se investiga la posible decisión direccionada por parte de las autoridades de los distintos organismos públicos intervinientes, para que fuera Odebrecht la beneficiada con la ampliación de los gasoductos. Entre la documentación analizada, se descubrieron una serie de notas y decisiones administrativas (incluyendo un “memorándum de entendimiento” entre Odebrecht y la Secretaría de Energía), de las cuales surge la sospecha de que todo el proceso licitatorio habría estado enderezado -en forma previa- a la adjudicación del negocio a Odebrecht. Incluso la presentación de otras dos empresas al llamado a licitación (Camargo Correa y Roggio), se sospecha que habría resultado ser algo meramente formal, dado los plazos exiguos y las exigencias planteadas para la adjudicación. A través del examen del cuerpo probatorio (conformado con casi dos cuerpos de actuaciones administrativas, y ciento ochenta cajas de documentación), la instrucción ha revelado la posible existencia de un apreciable desvío de poder en dirección al involucramiento, probablemente espurio, de Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre CAMMESA y Odebrecht. En concreto, se sospecha que el ex Ministro De Vido creó el marco normativo necesario para que, desde la Secretaría de Energía, en negociación con Odebrecht, se procediera al llamado a “licitación privada” a través de las empresas licenciatarias TGN y TGS. Pero como éstas se negaron a hacerlo, fue convocada la firma Cammesa, que fue quien finalmente le adjudicó, en un proceso sospechado, el negocio a Odebrecht. La firma de este contrato ha sido el hito demarcatorio tenido en cuenta por el Juez Rafecas para remitir al Juez Martínez De Giorgi la investigación sobre el posible pago de sobornos por esta obra pública desde 2007 en adelante. El Juez De Giorgi -a cargo de la investigación de irregularidades en las obras de soterramiento del tren Sarmiento-, a pedido de la Oficina Anticorrupción y del Fiscal Franco Picardi, había solicitado unificar la investigación del pago de sobornos a los jueces Rafecas y Casanello, este último a cargo de la investigación de hechos similares en obras de AYSA. Es decir, que el Juez Rafecas decidió mantener en su Juzgado el primer tramo de la causa (2004 a 2006), en el cual acaba de ordenar las indagatorias por negociaciones incompatibles, y remitir por conexidad el segundo tramo de la causa (2007 a 2014, en donde se investigan irregularidades en una seria de adendas al contrato original) a su colega Martínez de Giorgi, por el delito de cohecho, en el cual habrían tenido lugar los pagos de sobornos a intermediarios con destino final en funcionarios públicos argentinos por una cifra global (en los tres contratos: Tren Sarmiento, AYSA y Gasoductos), próxima a los 35 millones de dólares, según reconoció explícitamente la compañía Odebrecht en un acuerdo celebrado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

 
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