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27-03-2017
Casación Federal rechazó los recursos extraordinarios de las defensas en la causa por la desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Mariano H. Borinsky, resolvió este jueves declarar inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas contra la resolución que confirmó las condenas a la pena de prisión perpetua impuestas a Miguel Raúl Gentil -en ese entonces Jefe de la Policía provincial- y Joaquín Guil -ex director de Seguridad de la Policía de la provincia-, y de dos años de prisión respecto de Rubén Nelson Herrera y Pedro Javier Herrera -en ese entonces miembros de la Guardia de Infantería de la Policía de la provincia-. En la sentencia se había tenido por acreditado que el 11 de marzo de 1976, cuando el ex gobernador Miguel Ragone salía de su hogar en dirección hacia el Hospital San Bernardo, en donde se desempeñaba como médico, “un grupo de tareas fuertemente armado, actuando coordinada y planificadamente, al amparo de un aparato estructurado y organizado de poder, produjo su secuestro y muerte”, y continúa hasta la fecha desaparecido. A su vez, se entendió probado que “en el curso de dicho acontecer ese grupo provocó la muerte de Santiago Catalino Arredes e intentó ultimar a Margarita Martínez de Leal, quienes se encontraban casualmente en el lugar”. Los imputados Gentil y Guil fueron condenados en orden a los delitos de homicidio doblemente agravado -por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas- en perjuicio de Miguel Ragone; homicidio doblemente agravado -por el propósito de ocultar otro delito, asegurar sus resultados, lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más personas- en perjuicio de Santiago Catalino Arredes; y por la tentativa de homicidio doblemente agravado -también por el propósito de ocultar otro delito, asegurar sus resultados, lograr impunidad y el concurso premeditado de dos o más personas- en perjuicio de Margarita Martínez de Leal; mientras que los imputados Herrera fueron condenados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

 
27-03-2017
COMPRA DE INMUEBLE: COMUNICADO DE LA PROCURACION GENERAL

Ante los requerimientos periodísticos recibidos en el día de la fecha, la Procuración General de la Nación realiza las siguientes aclaraciones referidas al trámite del expediente administrativo que concluyera con la adquisición del inmueble de la calle Perón 667, mediante la licitación pública 1/2013. El procedimiento tiene antecedentes que se remontan al mandato del entonces procurador interino, Dr. González Warcalde, quien reconoció -al igual que sus predecesores- el déficit edilicio del organismo, situación que persiste hasta la actualidad. A partir de ese diagnóstico, el procurador interino llamó a licitación pública en dos oportunidades durante su breve mandato (abril a agosto de 2012) para la adquisición de un inmueble con determinadas características en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por distintas razones, expresadas en los correspondientes informes técnicos que mostraban que las ofertas no se adecuaban a lo requerido, estas licitaciones fueron declaradas fracasadas y dejadas sin efecto. Poco después de su designación como Procuradora General, Alejandra Gils Carbó convocó a una tercera licitación pública el 31 de octubre de 2012 que tampoco pudo concretarse por la cercanía del cierre del ejercicio presupuestario de ese año y la imposibilidad de trasladar el monto destinado a la compra al siguiente ejercicio financiero. Ya en 2013, la Procuradora General podía haber optado por una contratación directa, tal como lo habilita la normativa vigente tras el fracaso de las sucesivas licitaciones. Sin embargo, optó por efectuar un nuevo llamado a licitación pública por considerar que se trataba del medio de selección más competitivo y transparente. En esta nueva compulsa se presentaron cinco oferentes y la adjudicación resultó favorable al inmueble de la calle Perón 667, perteneciente a la sociedad ARFINSA SA. Tal como lo expresaron los dictámenes de las áreas competentes del organismo –el asesoramiento jurídico permanente y la comisión de preadjudicación- esta oferta reunía las condiciones técnicas del pliego y resultaba altamente conveniente por el precio ofertado, que era el menor por metro cuadrado entre los cinco oferentes. Asimismo, cabe destacar la coherencia del valor ofertado por el inmueble ganador de la compulsa con el valor de la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, órgano independiente que también intervino en el proceso. De acuerdo con la ponderación del Tribunal el valor del inmueble era de $ 45.050.000 y el monto que se pagó, en orden a la oferta que ganó la compulsa, fue $ 43.850.000. Es decir, $ 1.200.000 por debajo de la tasación oficial. Por otra parte, el precio ofertado y que efectivamente fue abonado por el Ministerio Público Fiscal, de $ 43.850.000, es el correspondiente al valor del inmueble libre de toda comisión inmobiliaria. Por lo tanto, si ARFINSA SA pagó algún tipo de comisión inmobiliaria en su carácter de vendedora, ello no generó erogación alguna para el Ministerio Público Fiscal. La Procuración General ratifica su total disposición y apertura para brindar la información necesaria a la Justicia sobre este proceso administrativo, cuyo trámite contó en cada una de sus etapas con la conformidad técnica de las áreas especializadas

 
23-03-2017
La ex Presidenta irá a juicio oral por la causa de dólar futuro

La ex presidenta Cristina Kirchner fue enviada a juicio oral y público junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, en la causa donde están procesados por "administración fraudulenta" a raíz de la venta de dólar futuro al final de su gobierno. El juez federal Claudio Bonadío dio por cerrada la investigación y envió la causa a sorteo de un tribunal oral, en lo que será el primer juicio que enfrentará la ex mandataria, según la resolución difundida este jueves. Junto a Cristina Kirchner fueron enviados a juicio oral otros 14 procesados, como Kicillof, Vanoli y directivos del Banco Central como Pedro Biscay, entre otros. Todos fueron enviados a juicio como coautores de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", que prevé penas de hasta seis años de prisión. Bonadío los había procesado en un fallo confirmado por la Sala II de la Cámara Federal porteña que dejó firme además el máximo tribunal penal del país, Casación Penal. "Los hechos resultan claros, precisos y circunstanciados", sostuvo Bonadío al repasar el dictamen acusatorio del fiscal federal de caso, Eduardo Taiano. El juez sostuvo que "existen los presupuestos que justifican la realización de un juicio" y criticó a las defensas que se opusieron, en planteos que desestimó. "Los escritos de las defensas que se opusieron al juicio no lograron conmover los argumentos", argumentó el magistrado, quien además señaló que "resulta paradójico que, quienes debieran ser los más interesados en que este proceso avance y se acerque al momento en que se encuentre en condiciones de obtener un pronunciamiento judicial que ponga fin a la incertidumbre", se opongan a que la causa pase a la instancia oral. De hecho, las defensas de la ex presidenta y de Kicillof no apelaron el procesamiento en ninguna instancia aunque sí lo hicieron otros acusados, como los directivos del Banco Central. Cristina Kirchner ya está procesada en otra causa penal por la adjudicación direccionada de obra pública en Santa Cruz a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. También es investigada en la denuncia de supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA del fallecido fiscal Alberto Nisman y el juez Bonadío ya la indagó junto a sus hijos Máximo y Florencia en la causa por el alquiler de propiedades de la sociedad "Los Sauces", que les pertenece, a empresarios beneficiados con la obra pública en su gobierno. La investigación por la venta de dólar futuro en el final del gobierno de la ex Presidenta se abrió a raíz de una denuncia de los diputados oficialistas Mario Negri y Federico Pinedo. En la causa se investigó la operatoria en base a la cual se hicieron venta de dólar en el mercado a futuro cuando regía un cepo cambiario por lo cual la moneda se ofreció a un valor mucho menor al real, lo que hizo que el Estado Nacional sufriera una pérdida multimillonaria. El juez federal Claudio Bonadío envíó este jueves a juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por las operaciones de dólar a futuro del final de su mandato, informaron fuentes judiciales. También envió a juicio oral y público por la misma causa al ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof; al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli y a los demás procesados en el marco de este expediente.

 
23-03-2017
El ex presidente del colegio de abogados porteño Eduardo Awad fue nombrado personalidad destacada

A raíz de una iniciativa del diputado Claudio Niño, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reconció al ex Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Dr. Eduardo Awad, como Personalidad Destacada en el ámbito de la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Necesidades Especiales. Durante el evento, que se desarrolló en el Salón Dorado del palacio legislativo, Awad (entre otras funciones se desempeña como director del Instituto de la Propiedad Horizontal del CPACF) se mostró emocionado por el premio y tuvo una mención especial para sus padres, ya que según él, fueron “pioneros en eso de hacer estudiar, ya que a los 17 años me quedé ciego”. Durante el acto tomaron la palabra también, el periodista Daniel Mollo, la reconocida, Magdalena Ruíz Guiñazú, el profesor Daniel Rodríguez Masdeu, y el Presidente del CPACF, Dr. Jorge Rizzo

 
23-03-2017
Hay diecinueve procesos colectivos en trámite en la Justicia salteña

En los tribunales salteños se tramitan diecinueve procesos colectivos. Así surge del Registro Público de Procesos Colectivos que implementó la Corte de Justicia de Salta a partir de la vigencia de la ley 7986. La ley sancionada a instancias de una iniciativa legislativa remitida por Acordada 12100 de la Corte de Justicia, creó el registro como un órgano dependiente del Alto Tribunal con funcionamiento “público, libre y gratuito respecto de los procesos radicados ante los tribunales de todos los Distritos Judiciales de la provincia”. Este registro está desde hoy disponible en la página web del Poder Judicial (www.justiciasalta.gov.ar) desde el link identificado como Registro de Procesos Colectivos ubicado en la ventana de Servicios al Ciudadano. Previo a la puesta en marcha del registro, la Secretaría de Informática capacitó al personal de la mesa de entrada de la Corte de Justicia. El registro permite que los ciudadanos accedan en forma sencilla a la información sobre los procesos en trámite. En los procesos colectivos usualmente el efecto de la sentencia firme tiene un alcance que va más allá de las partes que efectivamente hubieran participado en el juicio. El contenido del registro se actualiza periódicamente y próximamente se agregará un módulo de búsqueda. Cuáles son los procesos colectivos en marcha 1.- Radicación: Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Primera Instancia de Sexta Nominación. Materia y objeto de la pretensión: Amparo – Tratamiento y disposición final de residuos domiciliarios y patógenos. Carátula: Municipalidad de Iruya; Soto, Alfredo Daniel vs Cruz, Cándido; Rojas, Jacinto; Cruz Jacinta; Baños, Eduardo; Rojas Paula, Rojas, Ruth; Rojas Paula Mercedes; Rojas Jorge Norberto; Rojas, Mario Antonio; Rojas Deumicia; Rojas, Héctor Armando. Estado procesal: En trámite. 2.- Radicación: Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Primera Instancia de Sexta Nominación. Materia y objeto de la pretensión: Amparo. Traslado de antenas de telecomunicaciones. Carátula: Torres, Marcela María; Castañeda, Carlos; Red Solidaria Ciudadanos en Defensa de sus Derechos; Red Solidaria Salta Sociedad Civil vs AMX Argentina SRL; Telecom Personal SA; Municipalidad de Campo Quijano; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Provincia de Salta. Objeto: Traslado de antenas de telecomunicaciones. Estado procesal: En trámite. 3.- Radicación: Juzgado de Procesos Ejecutivos de Primera Instancia de Primera Nominación. Materia y objeto de la pretensión: Amparo – Evitar contaminación del cauce fluvial del río Toro. Carátula: Barboza, Héctor Saturnino vs. Cornejo Manuel y/o Municipalidad de Campo Quijano (Evitar contaminación del cauce fluvial del río Toro). Objeto/materia: Protección de intereses particulares y sociales. Estado procesal: En trámite. 4.- Radicación: Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera Instancia de Décima Nominación. Materia y objeto de la pretensión: Proceso Colectivo – Defensa del Consumidor. Tarjeta de Crédito – Cese del cargo de emisión de resumen de cuenta. Carátula: Asociación civil Ayni vs Tarjeta Naranja SA. Objeto/materia: Defensa del Consumidor – tarjeta de crédito – cese del cargo emisión resumen de cuenta. Estado Procesal: En trámite. 5.- Radicación: Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera Instancia Décima Nominación Materia y objeto de la pretensión: Amparo - medio ambiente (Altos de San Lorenzo) - daños y perjuicios Carátula: Asociación civil Yungas (en formación) vs. Cumbres de San Lorenzo S.R.L.; y/o Fleming, Guillermo; y/o Duhalde de Fleming, Patricia; Altos de San Lorenzo S.A.; Cervera, Néstor y/o prop. Objeto/materia: medio ambiente (Altos de San Lorenzo) - daños y perjuicios. Estado procesal: En trámite. 6.- Radicación: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala III Materia y objeto de la pretensión: Amparo - protección del ambiente - Resguardo de derechos individuales homogéneos. Carátula: Mercado, Amelia Emilia; Mamaní, Ariel Fernando; Ortega, María Ester y otros vs. Municipalidad de la Ciudad de Salta; Provincia de Salta; Marozi S.R.L. - Objeto/materia: Protección del Ambiente Estado procesal: En trámite 7.- Radicación: Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Materia y objeto de la pretensión: Proceso colectivo - daños y perjuicios (intereses individuales homogéneos) Carátula: Predi, Sergio Ricardo vs. Provincia de Salta - Objeto/materia: Daños y perjuicios (intereses individuales homogéneos) Estado procesal: En trámite 8.- Radicación: Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo. Materia y objeto de la pretensión: Proceso colectivo - daños y perjuicios (intereses individuales homogéneos). Carátula: Velázquez, Lino Oscar; Paez, Liliana Elena; Velázquez, Irene Natalia vs. Provincia de Salta y/o Municipalidad de Tartagal - Objeto/materia: Daños y perjuicios (intereses individuales homogéneos) Estado procesal: En trámite. 9.- Radicación: Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo. Materia y objeto de la pretensión: Proceso colectivo - acción de protección y restauración o recomposición colectiva por daño material Carátula: Briones, Daniel Alejandro vs. Provincia de Salta y/o Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y/o Secretaria de Recursos Hídricos - Objeto/materia: Acción de Protección y restauración o recomposición colectiva por daño ambiental Estado procesal: En trámite. 10.- Radicación: Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Materia y objeto de la pretensión: Proceso colectivo - otorgamiento título comunitario a ocupantes del margen norte del río Blanco. Carátula: comunidad indígena del pueblo Kolla Guarani del río Blanco Banda Norte vs. Provincia de Salta; Riozenta S.R.L. - Objeto/materia: otorgamiento título comunitario a ocupantes del margen norte del río Blanco. Estado procesal: En trámite. 11.- Radicación: Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Materia y objeto de la pretensión: Proceso colectivo - daños y perjuicios (intereses individuales homogéneos). Carátula: Alfonso, Manuela Isabel Fernanda por sí y en representación de su hijo y otros vs. Provincia de Salta; Ministerio de Ambiente - Objeto/materia: daños y perjuicios (intereses individuales homogéneos). Estado procesal: En trámite. 12.- Radicación: Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Materia y objeto de la pretensión: Proceso colectivo - proceso colectivo - anotación de litis - medida de no innovar Carátula: Asociación de Comunidades aborígenes de Nazareno y otros vs. Provincia de Salta -Objeto/materia: Proceso colectivo - anotación de litis - medida de no innovar. Estado procesal: En trámite. 13.- Radicación: Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Materia y objeto de la pretensión: Proceso colectivo - acción colectiva de daños y perjuicios Carátula: Asociación de Comunidades Aborígenes de Nazareno y otros vs. Provincia de Salta - Objeto/materia: Acción colectiva de daños y perjuicios. Estado procesal: En trámite. 14.- Radicación: Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Materia y objeto de la pretensión: proceso colectivo - daños y perjuicios (intereses individuales homogéneos) Carátula: Capobianco, Juan Manuel y otros vs. Provincia de Salta; Petrobras S.A.; YPF S.A ; Mobil Argentina S.A. ; Tecpetrol S.A.; Compañía Gral. de Combustible S.A. ; Ledesma S.A.A.I. - Objeto/materia: Daños y perjuicios (intereses individuales homogéneos). Estado procesal: En trámite. 15.- Radicación: Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Materia y objeto de la pretensión: Proceso colectivo - daños y perjuicios (intereses individuales homogéneos). Carátula: Briones, Daniel Alejandro vs. Provincia de Salta; Secretaría de Recursos Hídricos. Objeto/ materia: daños y perjuicios (intereses individuales homogéneos) Estado procesal: En trámite. 16.- Radicación: Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Materia y objeto de la pretensión: Proceso colectivo - daños y perjuicios (intereses individuales homogéneos) Carátula: Briones, Gustavo Enrique vs. Provincia de Salta; Municipalidad de Tartagal - Objeto/materia: Daños y perjuicios (intereses individuales homogéneos) Estado procesal: En trámite. 17.- Radicación: Juzgado en lo Civil y Comercial y de Familia 2. Orán Materia y objeto de la pretensión: Proceso colectivo - Realización de un plan de protección y restauración Carátula: Forestadora Río Seco S.R.L. vs. UTE Acambuco; Provincia de Salta Objeto/materia: Realización de un plan de protección y restauración integral por daños partes de la causa Estado procesal: En trámite. 18.- Radicación: Juzgado en lo Civil y Comercial y de Familia 2. Orán Materia y objeto de la pretensión: Amparo - recuperación de la posesión de tierra comunitaria Carátula: Comunidad Ava Guarani Cua Cuariño Ge Zenta vs. Quintero, Raúl; Aballay, Francisco; Ríos, Flavia; Quinteros, Virginia y/o Yanina; Morales, Marisol; Martínez, Soledad y/o cualquier ocupante. Objeto/materia: Recuperación de la posesión de tierra comunitaria Estado procesal: En trámite. 19. Radicación: Juzgado en lo Civil de Personas y Familia 1 de Tartagal. Materia y objeto de la pretensión: Proceso colectivo - Acciones derivadas del medio ambiente Carátula: Ministerio Publico Fiscal Civil por acciones derivadas del medio ambiente. Objeto/materia: Acciones derivadas del medio ambiente (acción colectiva de recomposición ambiental por desmonte ilegal). Estado procesal: En trámite.

 
23-03-2017
Fallo a favor de la representación colectiva de un grupo de usuarios de Edesur

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal revocó una resolución de primera instancia que había rechazado la legitimación colectiva de los actores, tal como había planteado Edesur. El amparo fue presentado por un grupo de vecinos del barrio porteño de Almagro, quienes reclaman a la licenciataria del servicio público las obras necesarias para garantizar el suministro eléctrico a todos los usuarios de las viviendas ubicadas en la mano par de Avenida Díaz Vélez desde el 3700 hasta el número 3830 inclusive y en las manos par de Bulnes e impar de Salguero desde Díaz Vélez hasta las vías del Ferrocarril Sarmiento. Así, los jueces Ricardo Gustavo Recondo y Graciela Medina remitieron al dictamen del Fiscal General en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, quien analizó los requerimientos para que el caso se enmarque en la acordada 39/14 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la cual se creó el "Registro Público de Procesos Colectivos". En primera instancia, el juez sostuvo que "cada accionante sufriría, por hipótesis, en caso de admitirse la acción, un daño directo, en virtud de su relación contractual con la accionada, que lo habilitaría a solicitar la realización de obras y/o conexiones necesarias para la provisión del servicio de suministro de energía eléctrica en forma regular y continua, por lo que la legitimación resulta individual, no acreditándose un interés razonable y suficiente como para iniciar una acción colectiva". Para desestimar tales argumentos, Cuesta reseñó los precedentes de la Corte Suprema de Justicia "Halabi" y "Padec" y recordó que para "la procedencia de este tipo de acciones", la Corte "requiere la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado". A partir de ahí, el fiscal afirmó que en el caso: "Nos hallamos frente a un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a los derechos de una pluralidad de sujetos, esto es, las supuestas deficiencias en la prestación del servicio público de energía eléctrica a cargo de la demandada en una determinada zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. También, el representante del Ministerio Público recordó que en este caso los vecinos de Almagro que promovieron el amparo no lo hicieron por los daños y perjuicios sufridos a raíz del incumplimiento por parte de Edesur, "sino para que se le ordene (a la licenciataria) que realice las obras necesarias a fin de garantizar la provisión del servicio". Cuesta, con quien los camaristas coincidieron, subrayó que en el amparo se denuncia "una conducta única y continuada que lesiona a una pluralidad relevante de sujetos y la pretensión se encuentra enfocada a los efectos comunes del problema", por lo que concluyó que la "causa fáctica resulta ser homogénea, más allá del daño que individualmente se haya sufrido".

 
22-03-2017
Casación confirmó la condena a un obstetra por mala praxis

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por la defensa del obstetra Carlos Fabián Psevoznik contra la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional N°4, Francisco Ponte, quien lo condenó a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial de cuatro años para el ejercicio de la medicina, por actuar con negligencia en un parto y causarle graves daños neurológicos al bebé. El caso El 15 de marzo de 2007, aproximadamente a las 9:27, una paciente dio a luz a su hijo en la Maternidad Suizo Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. Había ingresado al lugar a las 4:30, aunque en un primer momento le habían dicho que no tenían camas disponibles. Mientras las enfermeras y el médico de guardia monitoreaban a la paciente, la partera intentaba comunicarse con el obstetra Psevoznik, quien recién llegó entre las 8:00 y las 8:30 y dijo que “tenía para media hora o más” y se fue. Sin embargo, instantes después la partera fue a buscarlo. A las 8:50, Psevoznik constató que el bebé presentaba una “bradicardia fetal sostenida”, es decir, una disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de los valores normales. No obstante ello, el obstetra no adelantó el parto, sino que demoró 37 minutos en concretar el nacimiento por vía natural. El Cuerpo Médico Forense dictaminó que como resultado de esa demora, el niño sufre actualmente una “encefalopatía hipóxica isquémica perinatal grave”, lo que afecta en forma severa y permanente las funciones neurológicas y tiene “una inutilidad para el trabajo de por vida”. En el debate oral y público, en el que intervino el fiscal Ariel Yapur, el juez Ponte concordó con el representante del Ministerio Público Fiscal, en cuanto a que Psevoznik actuó de manera negligente, “demorando injustificadamente la extracción del feto transcurridos los diez minutos desde el inicio de la reanimación”. Para ambos, la tardanza resultó “irremediable”. Ponte sostuvo, además, que el cuadro clínico que actualmente presenta el niño está “directamente relacionado” con el episodio y agregó que el imputado “conoció en forma efectiva el peligro que su inacción acarreaba”. En virtud de ello, el juez Ponte condenó a Psevoznik a la pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial de cuatro años para el ejercicio de la medicina, tras hallarlo autor del lesiones culposas en perjuicio del niño. Ante ello, la defensa del obstetra interpuso un recurso de Casación contra la sentencia que lo condenó, al considerar que la misma era arbitraria y que no lograba definir en forma concreta cuál fue la conducta omitida. Por otra parte, sostuvo que debía entenderse prescripta la acción y excedido el plazo razonable, por haberse citado su pupilo a prestar declaración indagatoria seis días antes de que se cumpliera el plazo de prescripción, a pesar de que el avance de la investigación no permitía la realización del acto. Al opinar sobre la cuestión, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Ricardo Wechsler, postuló el rechazo del recurso. Al resolver la cuestión, los jueces de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, Ángela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar, resolvieron rechazar los planteos de la defensa y confirmar la sentencia condenatoria. En su voto, al que adhirieron sus colegas, el juez Slokar consideró que la cuestión de la prescripción debía rechazarse por cuanto “es la propia defensa la que reconoce que en ningún momento se cumplió el plazo de prescripción y, por ello, reconduce su reclamo a la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Empero, no fundamenta siquiera mínimamente su pretensión, ni señala dilaciones indebidas”. Por otra parte señaló que el argumento de la defensa se dirige “a negar la existencia de una violación al deber de cuidado y, de otro lado que, aún sí se considera negligente la conducta, no se comprobó que la patología padecida por el damnificado fuera causada por aquella conducta, toda vez que existía una anomalía previa que habría causado los daños”. En tal sentido, el juez Slokar señaló que siendo probable que “las condiciones de la placenta y el cordón umbilical hubieran generado la bradicardia, también se comprobó que si el obstetra hubiera actuado en forma prudente, la hipoxia hubiera tenido una menor duración, lo que habría evitado los daños o, cuanto menos, hubiera provocado su disminución” y agregó que “la defensa no demuestra más que su mera discrepancia en punto a la valoración probatoria efectuada”. Por todo ello, el camarista propuso rechazar el acuerdo sobre el argumento de que “no se evidencia arbitraria la imposición de la pena de dos años de prisión en suspenso a Carlos Fabián Psevoznik, toda vez que, aun teniendo en cuenta que no posee antecedentes condenatorios previos, aparece como adecuada la sanción en orden al delito por el que fuera condenado”.

 
22-03-2017
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena de 15 años de prisión contra Julio César Grassi

En el acuerdo del día de la fecha, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó, por unanimidad, los recursos presentados en la causa que tiene como imputado al sacerdote Julio César Grassi, convalidando lo decidido por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. De este modo, quedó firme la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n°1 de Morón, Provincia de Buenos Aires, que condenó a Grassi de 15 años de prisión como autor reiterado de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y guarda del menor-víctima en concurso real entre sí, que a su vez concurren idealmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda, cometidos en perjuicio de O.A.A. El sacerdote está actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Nro. 41 de Campana, Provincia de Buenos Aires. La decisión desestimó tanto los recursos presentados por la defensa como los presentados por la querella

 
22-03-2017
Condenaron a un hombre por causarle un aborto a su pareja, quien cursaba un embarazo de 36 semanas

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº5 condenó ayer a seis años de prisión a un hombre que le causó un aborto a su pareja, en enero de 2012. La víctima cursaba un embarazo de 36 semanas de gestación. En su alegato, el fiscal Ariel Yapur había considerado que Jorge Prieto intentó matar a su novia en el hecho y había solicitado 15 años de cárcel. Los fundamentos se conocerán el próximo 28 de marzo. Los jueces Rafael Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián Pérez Lance establecieron una prohibición de acercamiento para Prieto, quién no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima o de sus familiares ni contactarlos de ninguna forma. Además, le decretaron al acusado una prohibición de salida del país y la obligación de presentarse cada 15 días en el tribunal. El alegato Según la exposición del representante del Ministerio Público Fiscal, en la madrugada del 13 de enero de 2012, la víctima le dijo a Prieto que quería separarse y que iba a abandonar la casa donde convivían, en el barrio de Saavedra. Según relató la joven en el juicio, quería terminar con tranquilidad su embarazo, ya que no quería verse sometida al maltrato físico y psicológico que le infligía su pareja. La decisión fue comunicada “con prudencia y temor” resaltó el fiscal, ante la posibilidad de que Prieto reaccionara violentamente, lo que finalmente sucedió. El hombre la golpeó, la agarró de los pelos y la arrojó sobre la cama. Se puso arriba de la panza de la víctima, le sujetó las piernas y comenzó a ahorcarla mientras le repetía: “Hoy, morís”. La joven, quien no pudo terminar con su declaración en el juicio, intentó ponerse de costado para frenar el ataque. Prieto la tiró al suelo y se sentó nuevamente sobre ella. “Por favor, mi bebé”, le pidió la víctima a su pareja pero las agresiones no cesaron. El hombre volvió a tomarla del cuelo y a ahogarla, hasta que la víctima perdió el conocimiento. Cuando despertó, notó que tenía cortes en las muñecas y en cuello. “Esto lo hago por vos”, le manifestó Prieto tras sentarse otra vez sobre su abdomen. Instantes después, se cortó también las muñecas y el cuello y se desvaneció. La joven aprovechó para acercarse a la ventana para pedir ayuda a sus vecinos. Como pudo, bajó las escaleras hacia el departamento de abajo. Según los testigos, tenía pérdidas de sangre vaginales. Un matrimonio de vecinos la auxilió mientras llamaba a la policía y a una ambulancia. La víctima fue trasladada al Hospital Pirovano, donde se constató la muerte del bebé. Pietro permaneció internado en el Sanatorio Dupuytren a causa de las heridas que se autoinfligió. Para Yapur, el relato de la joven fue “devastador” y coincidía con lo que había manifestado cinco años atrás durante la instrucción y que se vio reflejado en el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Jose María Campagnoli. En su declaración, había contado que Prieto era muy celoso, que trataba de que ella no se viera con otras personas y que incluso presentó una denuncia contra él cuando le arrojó un cargador de computadora directamente hacia su panza. Eso ocasionó una separación aunque luego volvieron a convivir. El fiscal explicó que en este tipo de casos se enmarcan en el denominado “círculo de violencia”. Tras los episodios violentos, se suceden los períodos de disculpas, el compromiso de que las cosas van a mejorar para volver nuevamente a las expresiones de furia. “La declaración de la víctima fue completa no sólo en la narración de los hechos sino en el panorama de cómo se llegó a esa noche”, consideró. El representante del Ministerio Público tuvo en cuenta también la declaración del matrimonio que vivía debajo de Prieto, a los que acudió Araujo en busca de ayuda luego del ataque. Ambos la vieron en shock y ensangrentada. Incluso, el hombre vio como tenía pérdidas de sangre. Cabe resaltar que el último momento en el cual la joven sintió a su bebé moverse dentro de su vientre fue justo antes de que la auxiliaran, cuando bajaba por las escaleras del departamento. En esa misma línea, el fiscal explicó que el aborto se dio por hipoxia intrauterina. Según la autopsia, esto podía deberse a algo traumático o a la circular de cordón umbilical que tenía el feto. En una de las audiencias, declaró una de las peritos, quién explicó que en situaciones de estrés traumático, podían generarse contracciones similares a las de parto, que es cuando se notan la mayoría de las circulares de cordón. “El aborto que sufrió la víctima está directamente relacionado con el brutal ataque que le propinó su pareja”, aseguró Yapur. Adjuntó la planilla de control del embarazo, en dónde el 29 de diciembre la obstetra había visto a la joven y había asegurado que todo iba bien. Además, hizo hincapié en que hubo un pequeño desprendimiento de placenta, compatible con las pérdidas. Al momento de considerar la calificación legal, el fiscal aseveró que se trataba de una tentativa de homicidio simple en concurso ideal con aborto. Criticó al magistrado de instrucción Gustavo Pierretti que declaró inimputable a Prieto y que luego de la intervención de la Cámara de Apelaciones, caratuló el caso como “lesiones leves”. “Prieto intentó matar de diferentes formas a su pareja: la golpeó la estranguló y cuando ella se desmayó, la cortó en las muñecas y el cuello”, detalló el fiscal. “¿Qué puede pretender alguien que se comporta así sino es matar a otro?”, se preguntó. Agregó que Prieto, al notar que la víctima no había muerto, se cortó el cuello por la desesperación de haber fracasado. Aclaró que el acusado era consciente de lo que hacía al momento de los hechos y que no tuvo ninguna “alteración morbosa de sus facultades”, como para ser catalogado como inimputable de acuerdo a lo establecido en el artículos 34 del Código Penal. Aseveró que un enojo o un ataque de furia no puede ser la pauta para considerar que no comprende sus actos. “Si uno se enoja porque la esposa lo quiere dejar, no es una circunstancia excusable para matar”, recalcó. Si bien el fiscal consideró que se trataba de un caso de violencia de género, recordó que al momento de los hechos no estaban vigentes las reformas del artículo 80 del Código Penal a los homicidios en los que hubo violencia de género o que se dieron en el marco de una relación de pareja. Sí consideró que era un agravante de la pena el contexto en el que se produjeron los hechos: el comportamiento violento sistemático vinculado al carácter posesivo y celoso de Prieto. “Su pareja debía ceñirse y ajustarse a sus demandas y requerimiento”, aclaró Yapur. Citó a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belém do Pará” y a la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También, consideró como agravantes el empleo de un arma y las consecuencias que le generó a la víctima este ataque. “La joven sólo quería una vida libre de violencia, por eso iba a irse de la casa, quería salir del círculo de violencia y cuando vino a declarar le temblaba todo el cuerpo con sólo recordar lo sucedido”, recordó. Por su parte, la defensa había solicitado la absolución de Prieto por considerar que no se podía probar la secuencia de los hechos e incluso pidió que no se tenga en cuenta el testimonio de la víctima.

 
21-03-2017
Casación revocó sobreseimiento por defraudación al Banco Nación

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa (presidenta), Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos (vocales), hizo lugar al recurso fiscal en una causa por sustracción de depósitos de la Justicia Federal de la Provincia de Tucumán, cuando funcionarios y empleados del Banco de la Nación Argentina tramitaron un oficio judicial apócrifo que presentaba evidentes inconsistencias, y transfirieron una elevada suma dineraria a una cuenta abierta de modo fraudulento en el Banco Francés, de donde fue extraída por una persona con identidad falsa. En el hecho habrían intervenido, además, funcionarios del Registro Civil y Capacidad de las Personas que entregaron el DNI utilizado en el fraude a quien no era su titular, en incumplimiento del procedimiento normativo del caso. En la sentencia, con voto unánime, se consideró que el sobreseimiento se sustentó en un análisis fragmentario de la prueba producida, que no permite descartar la imputación realizada por el fiscal respecto de la participación de los encausados en la operación global cometida en fraude del Banco de la Nación Argentina.

 
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