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26-05-2017
Salta: solicitaron juicio oral para siete miembros de una organización que ingresaba al país cocaína en vuelos clandestinos

El titular de la Fiscalía Federal N°1 de Salta, Ricardo Toranzos, solicitó la elevación a juicio de siete personas procesadas por narcotráfico en la provincia de Salta. El representante del Ministerio Público Fiscal encontró demostrado que José Martín Melgarejo, Rubén Alfredo Maurín, Jesús Sebastián Gerónimo, Sergio Rafael Velarde, Gabriel Alejandro Maurín, Rubén Darío Velarde y Francisco Javier Escudero integraban una banda que fue desbaratada en la localidad de Taco Pozo, Chaco, después de que se secuestrasen 250 paquetes conteniendo 246 kilos de cocaína ocultos en la plataforma de la caja de un camión. La causa se originó a partir de una denuncia anónima recibida en la fiscalía, cuando una persona que no quiso identificarse manifestó tener información respecto a maniobras en infracción a la ley de drogas. La persona contó que en un taller mecánico en Salta se había acondicionado un camión para transportar de forma oculta estupefacientes desde la zona de Anta hacia la provincia de Buenos Aires. Un informe de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional pudo dar cuenta que la sustancia ingresaba al país por medio de aeronaves provenientes desde el Estado Plurinacional de Bolivia desde donde arrojaban el tóxico en los alrededores de las localidades de Las Lajitas y Joaquín V. González. Una vez allí, la droga era almacenada en distintas fincas en la zona para luego ser transportada y distribuida. El análisis de escuchas telefónicas de los imputados efectuado por la prevención dio como resultado que una persona identificada como Wilson Maldonado Balderrama remitía al país bultos cargados de cocaína por medio de avionetas, que eran arrojados en vuelo en la zona de Anta. Y que a los imputados les correspondía organizar la recepción de la sustancia y su posterior traslado en el territorio nacional, para lo cual debían conseguir vehículos con la capacidad suficiente para poder llevar oculta una gran cantidad de droga. Para no ser descubierta, la organización operaba en zonas de difícil acceso y sin cobertura telefónica, utilizaba teléfonos satelitales, cambiaba con frecuencia los teléfonos celulares y los vehículos y dialogaba en código. Tras determinar una serie de medidas que incluyeron peritajes e intervenciones telefónicas y entrecruzamiento de comunicaciones, Toranzos pudo determinar que los imputados ejecutaron un plan en etapas para el cual adjudicaron funciones en células con el fin de obtener eficiencia en las maniobras de narcotráfico. Entre las medidas de seguridad que adoptaron para no ser descubiertos se encuentran la operación en zonas de difícil acceso y sin cobertura telefónica, la utilización de teléfonos satelitales, el cambio constante de teléfonos celulares, diálogos efectuados en códigos y el frecuente cambio de vehículos si tomaban conocimiento de la existencia de alguna sospecha policial. De la investigación se desprende que Gabriel Maurín era el nexo entre los distintos operadores de la maniobra, y que tenía un grado importante de decisión y control junto a su hermano Rubén Maurín, encargado de buscar el medio de transporte y de cumplir la tarea de “puntero” en su traslado, a fin de notificar anomalías en los controles de la ruta. Por su parte, Jesús Gerónimo ofició de chofer, facilitador de vehículos y transportista del dinero cobrado por la maniobra de narcotráfico, mientras que José Melgarejo fue quien manejaba el camión al momento de su detención. En tanto, Sergio Velarde era, junto a su hermano Rubén y Francisco Escudero, uno de los responsables de receptar la droga, para lo que participaba en el arrendamiento de campos donde fuera posible el “bombardeo” de los paquetes y en la contratación de baqueanos que pudieran marcar con coordenadas los lugares aptos. Ante este escenario, Melgarejo, Sergio Velarde y Rubén Maurín fueron procesados como autores responsables del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, idéntica figura que recayó sobre Alejandro Maurín pero en calidad de partícipe primario. En tanto, Jesús Gerónimo fue procesado como partícipe secundario del mismo delito, mientras que Escudero y Rubén Velarde fueron considerados partícipes primarios.

 
26-05-2017
Tucumán: Casación resolvió que es la Justicia Federal la que debe investigar el posible fraude electoral

Por mayoría, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, y declaró la competencia de la Justicia Federal para investigar si se produjo fraude en las elecciones de gobernador realizadas el 23 de agosto de 2015, en las que resultó ganadora la fórmula encabezada por Juan Luis Manzur. La investigación se inició a raíz de que los ex candidatos a gobernador y vicegobernador, José Cano y Domingo Amaya, denunciaron, el 28 de agosto de 2015, la existencia de una asociación ilícita entre funcionarios nacionales y provinciales dirigida a falsar el resultado electoral para perjudicarlos. Los denunciados por delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, destrucción y adulteración de las filmaciones de la junta electoral, asociación ilícita y defraudación fueron Luis Soria y Juan Ángel Díaz, en su calidad de autoridades del Correo Argentino; Darío Almaraz y Fernando Iramain, secretarios de la Junta Electoral de Tucumán; Claudio Adolfo Maley, Paul Danilo Rivero, Ricardo Augusto Gil Gómez, Héctor Luna, Roberto Veliz, Alfredo Peñaloza, Miguel Cossio y Manuel Vassel de la Gendarmería Nacional; y Francisco Omar Jaime, como responsable de la firma INFO FOJ. El 1° de octubre de 2015, el fiscal interviniente dictaminó que debía escindirse el hecho en dos: por un lado los delitos ocurridos durante la carga de información del escrutinio, entendiendo que debían ser investigados por la justicia local, y por otro, los acontecimientos que involucran al personal de la Gendarmería, que debían ser analizados en la Justicia Federal. Entonces, el titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Daniel Bejas, dispuso declinar competencia en favor de la justicia local, decisión que fue recurrida por el representante del Ministerio Público Fiscal y obtuvo el visto bueno de la Cámara de Apelaciones de Tucumán, por lo que el fiscal Gómez interpuso recurso de casación contra la decisión del Tribunal de Alzada de remitir las actuaciones a la Justicia local, el cual no fue concedido y motivó la queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. En su queja, el fiscal Gómez sostuvo que se violentaron los “paramentos democráticos pues se indaga la posible alteración del padrón electoral, la incorporación al mismo de personas fallecidas, la confección de planillas finales de escrutinio con datos adulterados en beneficio del sector político oficial de Tucumán, la participación en la maniobra ardidosa de personal de Gendarmería Nacional y de funcionarios del Correo Argentino”. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, de comprobarse los hechos denunciados “la elección de autoridades no evidenciaría la auténtica voluntad popular de la población tucumana, sino un acto formal y fraudulento destinado a asegurar la continuidad de un gobierno sin que exista una transparente y legítima elección de autoridades”. A su turno, el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Ricardo Wechsler, se remitió a los agravios desarrollados en el recurso interpuesto y solicitó que se hiciera lugar a la presentación de su colega Gómez y se remitieran las actuaciones al Juzgado Federal N°2 de Tucumán, para que prosiguiera con la investigación. Ahora, en consonancia con ello, y por mayoría, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -presidida por Gustavo Hornos e integrada por Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani- hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el fiscal Gómez, revocó la resolución impugnada y declaró la competencia de la Justicia Federal para continuar la investigación de las irregularidades denunciadas en el proceso electoral. En su voto, al que adhirió su colega Hornos, el juez Borinsky consideró que se había denegado erróneamente el recurso de casación, por no haber sido debidamente fundado, y que “el tribunal anterior tampoco brindó razones que lleven a desvincular la maniobra denunciada del ejercicio de las funciones asumidas por la Gendarmería Nacional en la tarea de custodia electoral (…) En consecuencia no ha sido descartado que dicho accionar pueda haber afectado el servicio que prestaban los gendarmes como empleados de la Nación”. Por su parte, el juez Gemignani –quien votó en disidencia- señaló “la disparidad de criterios entre los hechos que el fiscal de primera instancia considera conforman la maniobra denunciada (…) y la postura asumida por el fiscal general que entendió, correctamente según mi criterio, que los hechos denunciados se enmarcarían en una sola finalidad delictiva, el fraude electoral provincial”. Sin embargo, al denegar la presentación el camarista consideró que “si bien el recurrente esforzadamente alega que con el presunto fraude electoral provincial denunciado se vieron conculcadas normas constitucionales que afectarían los intereses del Estado Nacional, no logra demostrar con sus fundamentos lo alegado, por lo que debe primar la independencia constitucionalmente avalada de la provincia de Tucumán para elegir a sus representantes sin la intromisión de la justicia federal en los términos señalando por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

 
26-05-2017
Caso Ciccone: el juez Lijo elevó a juicio oral la causa contra Amado Boudou y otros cinco imputados

El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, rechazó este miércoles las oposiciones a la elevación a juicio planteadas por las defensas, y dispuso declarar clausurada la etapa de instrucción de la causa N° 1302/2012, luego de que la Sala I de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmara el rechazo de los planteos de nulidad interpuestos por las partes respecto de los requerimientos de elevación a juicio formulados por el fiscal y las querellas. En esas actuaciones Amado Boudou fue procesado por considerarlo autor de los delito de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Como consecuencia de la resolución adoptada en el día de la fecha por el juez Ariel Oscar Lijo, ese expediente será remitido a la Excelentísima Cámara Nacional de Casación Federal para que se sortee el Tribunal Oral en lo Criminal Federal que llevará adelante el juicio oral y público que deberán afrontar el ex vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele, Nicolás Tadeo Ciccone, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri por la adquisición fraudulenta de la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica; con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial.

 
26-05-2017
Designarán como Enzo Pagani a la Sala Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad

En los próximos días se colocará una placa conmemorativa en la entrada de la sala ubicada en el primer piso de Bolívar 177 para formalizar el reconocimiento, que contó con el apoyo unánime del resto de los consejeros. En los considerandos del proyecto presentado por Bianco, figuran algunos de los logros de Pagani al frente del Consejo, como la presentación de la firma digital de magistrados y funcionarios de la justicia de la Ciudad; la puesta en marcha del proyecto “EJE”, Expediente Judicial Electrónico; la inauguración de la nueva Alcaldía de la Ciudad ubicada en el edificio de Hipólito Irigoyen 932; y el fuerte impulso al programa “La Justicia con Vos”, proyecto que desde hace años tiene como objetivo principal acercar la justicia a los barrios más vulnerados, entre muchos otros. "En su rol de representante legal, impulsó el área de Discapacidad del Consejo; organizó encuentros con empleados del Poder Judicial de la Ciudad y deportistas paralímpicos, organizó muestras fotográficas, charlas con alumnos en escuelas primarias de la Capital Federal generando siempre concientización social sobre deporte adaptado e inclusión de las personas con discapacidad, ya que su objetivo era “sacar a la calle los derechos de las personas con discapacidad” destacó la consejera en su escrito. "Durante su mandato trabajó incansablemente por una justicia de calidad y porque la justicia de la ciudad estuviera más cerca de los ciudadanos y no solo en los tribunales, por lo que solicito que la impronta que el Dr. Enzo L. Pagani nos dejó mediante su gestión sea honrada de forma tal que, a lo largo del tiempo no sólo quede en nuestra memoria, sino también mediante el nombramiento de la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, con su nombre" finalizó Bianco. El Dr. Pagani fue elegido Presidente del Consejo de la Magistratura en noviembre de 2015 y se desempeñó en el cargo hasta el día de su fallecimiento, el pasado 29 de marzo

 
24-05-2017
Pidieron prisión perpetua para un abogado por el femicidio de su ex esposa

El fiscal Carlos Gamallo pidió que se condene a Claudio López Rossi, de 54 años, a prisión perpetua por el femicidio de su ex esposa, Elke Yvars Beck. El hecho ocurrió en diciembre de 2015, en el sexto piso de un departamento ubicado en la calle Amenábar, en el barrio del Belgrano. El hijo de ambos, de 11 años, fue testigo del ataque. La víctima tenía 50 años. Según reconstruyó el fiscal, el 15 de diciembre de 2015, el abogado López Rossi ingresó por la cochera al edificio donde vivía su ex esposa y su hijo, a pesar de que tenía una prohibición de acercamiento ordenada por un juzgado civil. Subió hasta el sexto piso y esperó que Elke saliera del departamento junto al pequeño para ir al colegio. Cuando fue hasta el ascensor, el acusado salió por detrás de una puerta y comenzó a apuñalarla. Al ver la situación, el niño corrió por las escaleras para pedir ayuda. Cuando encontró a uno de los encargados, le dijo: “mi papá está matando a mi mamá”. López Rossi le infligió a la víctima entre 40 y 50 lesiones en todo su cuerpo: las más letales fueron las que le alcanzaron el corazón y el pulmón. Para escaparse, fue hasta la cochera e intentó salir con su auto, pero fue detenido por la Policía. En el vehículo se secuestraron el cuchillo, un par de guantes con sangre y el control remoto de la cochera. “La situación se dio después de años de maltrato y muestra el odio que tenía hacia la víctima sólo por el hecho de ser mujer”, destacó Gamallo. Hizo hincapié en que a comienzos de 2015, ella había planteado que quería divorciarse “en buenos términos”. El divorcio se hizo efectivo en octubre de 2015 pero previo a ello hubo una denuncia por violencia y una orden de un juzgado civil que excluyó a López Rossi del hogar por 60 días. La medida judicial no sólo fue prorrogada luego por 90 días más sino que se extendió hacia el hijo. López Rossi le infligió a su ex esposa entre 40 y 50 lesiones en todo su cuerpo. “La situación se dio después de años de maltrato y muestra el odio que tenía hacia la víctima sólo por el hecho de ser mujer”, destacó el fiscal Gamallo. El fiscal hizo un repaso de los testimonios que lo llevaron a reconstruir no sólo lo sucedido aquel día sino también los meses anteriores al femicidio. Marcó la “particularidad” del hecho: que el testigo principal haya sido el hijo de ambos, a quién consideró otra víctima del accionar de López Rossi. Repasó la Cámara Gesell realizada al nene seis días después del femicidio, donde relató la secuencia y hasta hizo un gesto de cómo empuñó el cuchillo su padre. “El chico vio y vivió el maltrato que sufría su madre”, manifestó, y agregó que el nene dijo que su mamá “no aguantaba más”, que el padre le gritaba mucho y que tuvo que ir la policía para sacarlo de la casa. Luego, continuó con el relato de los dos encargados del edificio. El ayudante fue quién vio primero al niño, al que contuvo mientras se encargaban de llamar a la policía. El que hizo el llamado fue un vecino que pasaba por ahí, que también vio al chico y lo escuchó repetir lo mismo: “mi papá mató a mi mamá, tenía un cuchillo”. Tanto el ayudante del encargado como este hombre observaron el momento de la detención. Varios efectivos de la comisaría 33º participaron del operativo, por la magnitud del hecho. Algunos fueron hasta el sexto piso y otros se encargaron de detener a López Rossi. También tuvo en cuenta el testimonio de un médico del SAME, que si bien fue llamado al lugar para constatar el estado de Elke, luego habló con el nene: “él se preguntaba qué iba a ser del él, con quién se iba a quedar”. A esto se le sumó el relato del padre de la víctima, que no residía en el país. Dijo primero que no sabía demasiado de la situación, ya que su hija protegía al acusado pero que, en abril, supo que Elke se quería divorciar. Fue él quién aportó cartas y un diario donde la mujer anotó peleas, agresiones y las veces que su hijo observaba lo que sucedía Las otras testigos que resaltó la Fiscalía fueron las terapeutas de Elke y de su hijo. La mujer iba a ver a la profesional regularmente para resolver los conflictos en torno a su separación. Le contó sobre sus intentos de separarse pacíficamente, de la denuncia que hizo en la Oficina de Violencia Doméstica y cómo López Rossi le revisaba la cartera y le controlaba todos sus movimientos. La terapeuta que atendía al niño también pudo percibir el temor que le tenía a su padre. Según su relato,se sentía presionado a hacer lo que el acusado quería. Gamallo destacó un episodio en particular: la adopción de unos gatitos. Elke los consiguió a través de una mujer, ya que su hijo quería una mascota. Meses después, la víctima la volvió a contactar para que se los lleve, debido a que López Rossi estaba violento y no sabía que podía hacerle a los animales. Para el fiscal, esta mujer fue testigo del pánico que tenía hacia el acusado y describió una situación donde la víctima lloraba por lo que estaba sucediendo. Dominación y misoginia El fiscal acusó al abogado por los delitos de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra su ex cónyuge y por haber mediado violencia de género” y por “desobediencia” por haber violado la orden de prohibición de acercamiento. Si bien manifestó que el fiscal de instrucción no había requerido la elevación a juicio por el agravante de la alevosía, consideró que se trató de un homicidio también alevoso. Gamallo hizo hincapié en las lesiones que recibió Elke: entre 40 y 50 puñaladas, de frente, de espalda y de costado. Una de las heridas, incluso, tiene 19 retomas: es decir, que el cuchillo entró y salió en todas esas oportunidades. Otras tres heridas se produjeron cuando la víctima ya había fallecido. “Fue un plan premeditado: hubo guantes y un cuchillo; sabía el horario; conocía que ella no tenía posibilidad de defensa”, remarcó. Con respecto a la violencia de género, citó tanto normativa nacional como internacional. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) establece que la discriminación contra la mujer “denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Destacó la “Convención de Belém do Pará” y la ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, que en sus artículos establecen qué se entiende por violencia de género y las conductas, acciones y omisiones que la conforman. Marcó, además, dos antecedentes judiciales: un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº9 anterior a la inclusión del femicidio en el Código Penal y el caso “Mangeri”. “Elke era manipulada por el miedo que le generaba López Rossi. Le revisaba la agenda, la seguía, le marcaba los horarios que tenía que hacer”, detalló Gamallo. Puso como ejemplo la denuncia que hizo la mujer en la OVD, donde cuenta los episodios de violencia física y psicológica que sufrió: la trataba de loca; le revisaba los cajones y el celular; le gritaba enfrente del nene; y hasta le pegó con un hierro en la cabeza. “Elke era manipulada por el miedo que le generaba López Rossi. Le revisaba la agenda, la seguía, le marcaba los horarios que tenía que hacer”, detalló Gamallo. El relato de la víctima hizo que las profesionales de la Oficina calificaran a la situación como de “riesgo psicofísico alto”. “Hay una manifestación clara de misoginia y del odio a la mujer que tenía López Rossi”, recalcó. Cuestionó la indagatoria del acusado e indicó: “según lo que nos dijo, parecería que la culpable de la muerte de Elke es la misma Elke, al decir que ella lo sacó de sus casillas”. Para Gamallo, López Rossi sabía y conocía lo que estaba haciendo y su odio “quedó reflejado al momento del homicidio”. Incluso, destacó otra frase que dijo al momento del ataque: que su hijo era suyo. “Esa idea de apropiarse de algo como si fuera una cosa, lleva a que si esa cosa no hace lo que quiero, la puedo matar”, consideró. Reiteró que no se trató de arranque de furia sino que fue totalmente planificado. Si bien aclaró que los delitos por los que lo acusó sólo preven prisión perpetua, consideró que debía dejar en claro algunos puntos que agravaban la situación del caso: la circunstancia de control y violencia de género; que el testigo principal del hecho fuera su hijo, al cual dejó sin madre y el trauma que va a tener que atravesar.

 
24-05-2017
Cámara Electoral ordena citar a empresarios en causa en Córdoba por financiamiento de campañas

La Cámara Nacional Electoral resolvió hoy que el juez federal electoral de Córdoba debe citar a declarar a varios empresarios, en una investigación sobre el financiamiento de campañas del Partido Justicialista, en la que aparecen involucradas varias empresas: “Aguas Cordobesas S.A., Metrovías, Benito Roggio e Hijos S.A., Empresa Mixta de Transporte Rosario S.A., Cliba, Cámara Argentina de la Construcción, Boetto y Buttigliengo S.A., Cámara de la Construcción de Córdoba, Romero Cammisa Construcciones S.A., Electroingeniería S.A. y Cámara de Empresarios Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC)”. La ley prohíbe a las agrupaciones políticas recibir fondos de empresas concesionarias de servicios u obras públicas. En el caso, en el año 2014, la Cámara había ordenado investigar si el Partido Justicialista recibió aportes de compañías con concesiones en la provincia de Córdoba. El juzgado de primera instancia consideró que no se había probado ninguna infracción, por lo que el expediente volvió a la Cámara. Sin embargo, los camaristas –Santiago H. Corcuera y Alberto R. Dalla Via- advirtieron en su sentencia del día de hoy que el esclarecimiento de los hechos requiere que el juez de primera instancia reúna elementos probatorios necesarios para un análisis más exhaustivo del caso. A modo de ejemplo, indica la Cámara, “corresponde que el referido magistrado –cuanto menos- cite a prestar declaración testimonial a los señores Aldo Benito Roggio, Mario Buttigliengo, Miguel Ángel Romero Cammisa, Carlos Alberto Bergoglio, Martín Guillermo Amengual y a la señora María Esther Boetto, a fin de preguntarle a cada uno de ellos, si en el transcurso del año 2009 trabajaba y en su caso dónde y cuál era el ingreso mensual aproximado; si es afiliado de alguna agrupación política; si realizó alguna contribución o donación económica al partido de autos y en cuyo caso si fue realizada con fondos propios o de la empresa o entidad de la que forma parte, si alguien le solicitó que efectuaran la misma y si recibió alguna bonificación salarial o reintegro de parte de la empresa para compensar la contribución o donación económica realizada, entre otras preguntas que considere pertinentes” (consid. 7°)”.-

 
24-05-2017
Odebrecht: Delgado ofreció a ex directivos adherirse a la ley del arrepentido

El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal nº6, Federico Delgado, ofreció a los ex directivos de la firma Odebrecht acogerse a la Ley del Arrepentido. El oficio dirigido hacia los apoderados de Odebrecht señala: “invito a la firma (en los términos del artículo 8 y concordantes de la ley 27.304) a realizar un ofrecimiento en el plazo de cinco días”. El representante del MPF lleva adelante la pesquisa por el posible pago de sobornos para ampliar la planta potabilizadora de Aysa ubicada sobre el río Paraná de las Palmas, en la localidad de Tigre.

 
23-05-2017
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lanza su Aula Virtual

A fin de brindar un canal más para la capacitación y formación en materia de género, la Oficina de la Mujer, a cargo de la vicepresidenta del Tribunal, Elena Highton de Nolasco, lanza una plataforma de educación virtual. La misma está destinada a agentes del Sistema de Justicia de todo el país, y tiene por objetivo facilitar el acceso a la formación a las personas que por motivos de lejanía de los centros educativos o por problemas de tiempo disponible no pueden acceder a la especialización que desean. Curso para la Justicia de Paz de todo el país El primer curso que se impartirá fue diseñado por la Oficina de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica y la Comisión de Acceso a Justicia. Estará dedicado a miembros de la Justicia de Paz de todo el país y abarca los siguientes temas: Perspectiva de Género, Violencia Doméstica. Deber de Debida Diligencia y Evaluación de Riesgo en Violencia Doméstica. Los primeros destinatarios serán los miembros de la Justicia de Paz y Casas de Justicia de las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El cupo se encuentra cubierto.

 
23-05-2017
Comunicado de la Procuración General de la Nación sobre publicaciones periodísticas

Tal como surge de su presentación realizada en la causa N°4775/2013 del Juzgado Federal N°8 de esta ciudad, en el marco de esas gestiones ante el Poder Ejecutivo —y luego de tres licitaciones fallidas—, la Procuradora General se comunicó telefónicamente con la Secretaría General de la Presidencia y con la Secretaría Legal y Técnica. Esos llamados tuvieron lugar entre otros tantos contactos que ella y diversos funcionarios de la Procuración General mantuvieron entre diciembre de 2012 y mayo de 2013 con representantes de la Administración a efectos de asegurar el reconocimiento de los créditos presupuestarios necesarios para la compra del edificio. La reestructuración presupuestaria que dio lugar a la adquisición del inmueble está expresamente prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y requiere una actuación conjunta de este organismo con el Poder Ejecutivo Nacional. Es por ello que en modo alguno se puede vincular ese tipo de gestiones —que también se llevan a cabo en la actualidad ante las autoridades de la Administración— con eventuales irregularidades cometidas por un funcionario de la institución. La Procuración recuerda además que toda la información sobre la compra del edificio ubicado en Perón 667 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue oportunamente remitida a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del MPF para su análisis. Frente a esa situación y a fin de evitar la difusión de informaciones inexactas, se adjunta el documento que sobre este aspecto se presentó a la Comisión Bicameral. Por último, no puede dejar de señalarse que la errónea información publicada en el día de ayer —en virtud de la cual se realizan estas aclaraciones— está basada en un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF). Ese documento discurre sobre ponderaciones probatorias ajenas a su incumbencia, con un marcado desvío de las funciones técnicas a las que está llamado a ejercer ese organismo en auxilio de la administración de justicia. Defectos de estas mismas características en informes de la UIF ya han generado llamados de atención por parte de jueces y fiscales federales.

 
22-05-2017
Fue creada la Asociación de Jueces Federales

Con 193 inscriptos se realizó la primera reunión de la Asociación de Jueces Federales. En el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se congregaron los jueces federales del interior del país y la Capital Federal. El objetivo de la nueva organización es la de aglutinar las problemáticas de todos los tribunales de cara a temas de narcotráfico, derechos humanos, trata de personas y combate de la corrupción, todos delitos de competencia federal. Subyace asimismo el inconformismo con la Asociación de Magistrados, la cual congrega a jueces de todo el país y de distintos fueros tanto penal, civil, laboral, y contencioso administrativo Federal. Como presidente de la Asociación fue designado Morán magistrado del fuero contencioso administrativo federal y como secretario general el juez Ariel Lijo, quien justamente fue uno de los promotores esta nueva entidad, que cosechó amplia concurrencia de los magistrados de Comodoro Py. Como vicepresidentes fueron electos Javier Leal de Ibarra (camarista de Comodoro Rivadavia); Abel Sánchez Torres, de Córdoba; Carlos Vera Barros, de Santa Fe; Ricardo Sanjuan, del norte; Santiago Inchausti en representación de la provincia de Buenos Aires junto al camarista federal Martín Irurzun por la Capital Federal.

 
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La Corte Suprema declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en casos de lesa humanidad
 
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