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23-06-2017
Declara Julio de Vido en causa por subsidios fraudulentos al combustible

En el día de hoy el juez federal Claudio Bonadío le tomará declaración indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido, en orden a la causa en donde se investiga el otorgamiento de subsidios para combustible de colectivos. Con esta declaración el juzgado cerrará la ronda de indagatorias dispuestas en la causa y donde ya declararon entre otros los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Lo investigado abarca el período comprendido entre los años 2005-2012, pero los datos comprobables están disponibles a partir de 2008. El hecho se sustenta en que la Secretaría de Transporte pagaba los subsidios contra entrega de declaración jurada unlilateral de las empresas que indicaban cuantos kilómetros recorría cada unidad y cuántos pasajeros llevaba cada línea de colectivo. Así las cosas, era el Estado nacional quién subsidiaba parte del gas oil de los ómnibus pero bajo lo señalado por las compañias, sin ningún tipo de control o auditoría. Luego de que la Secretaría se conviertiese en Ministerio de Transporte, pasando bajo el control de Florencio Randazzo, cons la implementación de la tarjeta SUBE y GPS para cada unidad, el Estado pudo calcular de mejor manera cuantos pasajeros y qué recorrido hacía cada unidad, de ello surgió como dato certero que lo informado en años anteriores no se compadecía con la realidad con diferencias de hasta un 50% en cantidad de pasajeros para el mismo recorrido.

 
23-06-2017
Córdoba: Difieren la implementación de las audiencias orales en la investigación penal preparatoria

Será hasta que se disponga de los recursos organizacionales y de infraestructura adecuados; y se concluya con la capacitación a jueces, fiscales y asesores letrados. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió diferir la implementación de las audiencias orales que versen sobre la libertad del imputado en las distintas circunscripciones judiciales, como así también postergar la incorporación de la oralidad en la apelación ante la Cámara de Acusación. Esto, hasta tanto se finalice con la capacitación de jueces, fiscales y asesores letrados en litigación oral (que ya está en marcha); se comprometan los recursos organizacionales para facilitar la gestión de las audiencias; y se cuente con la infraestructura adecuada para poner en marcha la reforma procesal introducida por la Ley 10.457.

 
23-06-2017
Admitieron como querellante a la Oficina Anticorrupción en la causa contra Boudou por enriquecimiento ilícito

El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, resolvió este jueves tener como parte querellante a la Oficina Anticorrupción en la causa en la que se investiga al ex vicepresidente Amado Boudou por enriquecimiento ilícito. A continuación, parte del proveído dictado por el magistrado: “Teniendo en cuenta que la presentación formulada por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se ajusta a las prescripciones del Capítulo IV del Título IV del Código Procesal Penal de la Nación, téngase a ese organismo por parte querellante ..., quedando sometida a la jurisdicción del tribunal y a las resultas de este proceso (art. 82 y 90 del Código Procesal Penal de la Nación). Con relación a la legitimación de la Oficina Anticorrupción para ser tenida como parte querellante corresponde destacar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ‘Gostanian Armando s/ recurso extraordinario’ (30/5/2006) en el que se remitió a lo dictaminado por el Procurador de la Nación, quien sostuvo que ‘El bien jurídico protegido es, en este caso, la administración pública, por lo que parece legítimo que el Estado incoe contra el supuesto autor acciones penales y civiles, y por lo tanto lejos de actuar como órgano jurisdiccional se constituya parte del proceso. Separar en estas causas al ente oficial que actúa como querellante, sería poner en mejor condición al funcionario que, abusando de tal calidad, cometió supuestos delitos contra la administración pública, que a los particulares que soportan la intervención conjunta de dos acusadores… Considero, más bien, que esta legislación interna cumple estrictamente con los fines y objetivos de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Preámbulo, y artículos 2, 3 incisos 2, 8, 9 y artículo 7) aprobada por ley 24759’.”

 
22-06-2017
Casación Penal confirmó condena de Milagro Sala

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos (como presidente), Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani (como vocales), rechazó los recursos de casación interpuestos por las defensas Milagro Sala y María Graciela López y confirmó la sentencia dictada el 3 de febrero de 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, por medio de la cual condenó a Milagro Sala y a María Graciela López a las penas de tres años de prisión cuya ejecución se dejó en suspenso, por resultar instigadora y coautora, respectivamente, del delito de daño agravado. En dicha sentencia y por el mismo delito, se condenó a Gustavo Ramón Salvatierra a dos años de prisión cuya ejecución de la pena se dejó en suspenso; este imputado no recurrió la sentencia. Asimismo, el máximo tribunal penal del país hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el querellante Gerardo Morales y revocó los sobreseimientos por prescripción de la acción penal dictados a favor de Milagro Sala, María Graciela López y de Gustavo Ramón Salvatierra por el delito de amenaza y ordenó la remisión de las actuaciones al tribunal de juicio para que dicte un nuevo fallo conforme a derecho y a las constancias de la causa. Los hechos sobre los que recayó sentencia, tuvieron lugar el día 16 de octubre de 2009, en el edificio del Consejo de Ciencias Económicas de la ciudad de San Salvador de Jujuy, al realizarse un “escrache” en ocasión de celebrarse una conferencia sobre el control de los fondos públicos que tendría por disertantes al presidente de la Auditoría General de la Nación Dr. Leandro Despouy, el Auditor General de la Nación Dr. Alejandro Nieva y al entonces Senador por Jujuy Gerardo Rubén Morales.

 
22-06-2017
CASO ODEBRECHT: EX VICEMINISTRO DE ECONOMIA ROBERTO FELETTI A INDAGATORIA

En el marco de una de las causas que la justicia nacional investiga los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el país, el fiscal federal Federico Delgado solicitó la citación a prestar declaración indagatoria al ex viceministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández, y actual secretario de economía de la Municipalidad de La Matanza Roberto Feletti, Además de Feletti, el fiscal requirió que otras 28 personas sean citados a indagatoria por los delitos de defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. Entre estos se destacan el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y el ex titular de AySA Carlos Ben. Esta es una de las tres causas que involucra a Odebrecht y que se tramita en la justicia federal

 
22-06-2017
La Asociación de Jueces Federales propone un plan anticorrupción

La Asociación de Jueces Federales (Ajufe) presentó una propuesta para avanzar en causas de corrupción. Según la Asociación Wes necesario avanzar en las causas donde se investigan casos de corrupción, identificando cuáles son los obstáculos y proponiendo soluciones concretas.” Sostienen que “la historia argentina muestra que siempre hubo dificultades para poder avanzar en los procesos” y que para lograrlo “no depende sólo de la voluntad de los jueces”, aunque “resulta imprescindible hacerlo, porque es nuestro deber como magistrados, y porque es un reclamo de la sociedad.” A tal fin la Ajufe cree necesario “fortalecer las instituciones” para poder luchar eficazmente contra la corrupción, y admite un consenso en que “existen enormes dificultades prácticas” que según los jueces obstaculizan su trabajo “cotidianamente”. Entre los principales, destacan “la falta de recursos materiales y tecnológicos, la gran cantidad de juzgados vacantes y la demora en la designación de magistrados, así como también la ausencia de legislación actualizada que brinde herramientas rápidas y efectivas para combatir la corrupción”. Ante este cuadro de situación propone “una mayor interacción cotidiana entre los distintos actores institucionales para elaborar una política de Estado concreta”, y también “incentivar las relaciones bilaterales con otros Estados y organismos internacionales”, teniendo en cuenta especialmente las experiencias de Brasil, España, Chile y México. Finalizan los magistrados enumerando las propuestas que prometen entregarle al ministro de Justicia, Germán Garavano. Algunas de esas ideas son coyunturales, otras requieren de cambios legales y algunas implicarían una revolución procesal que, paradójicamente, fue resistida por los mismos jueces federales las veces que los gobiernos las plantearon. – Modificar los procesos. – Fortalecer el área de investigación, dotando al poder judicial de una agencia de investigación especial y una policía judicial, como existen en otros países. – Sancionar legislación en materia de decomiso de bienes obtenidos del delito para utilizarlos con fines públicos. – Mejorar la ley del arrepentido, con la finalidad de hacerla compatible con la existente en otros países a fin de lograr una auténtica y eficaz cooperación. – Reformar el Código Procesal Penal de la Nación, para acelerar los procesos, concentrando la actividad recursiva (apelaciones y recusaciones). – Facultar a los órganos superiores del Poder Judicial a optimizar los recursos de manera tal que los magistrados a cargo de una “mega causa” puedan ocuparse de ella de manera exclusiva. – Cubrir en forma inmediata los Juzgados Federales vacantes. – Legislar sobre la autonomía presupuestaria y funcional del Poder Judicial de la Nación a fin de darle libertad regulatoria de actuación en casos de gravedad institucional, tal como en México y Brasil. – Suscribir un convenio con la AJUFE Brasil para fomentar el intercambio de experiencias.

 
22-06-2017
Tucumán: piden investigar al ex secretario de Obras Públicas local por la construcción inconclusa de un centro terapéutico

El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, le solicitó al fiscal federal de la jurisdicción, Carlos Alfredo Brito, que investigue a las irregularidades en los pagos realizados a la empresa "B&M S.R.L." –vinculada al ex Secretario de Obras Públicas local Oscar Simón Mirkin-por la construcción paralizada y abandonada de un Centro Terapéutico Educativo para adictos a la pasta base de cocaína (paco) en el barrio tucumano de “La Costanera”. El fiscal Gómez inició una investigación preliminar de oficio, a raíz de una nota periodística del 8 de mayo pasado, que daba cuenta de presuntas irregularidades en la construcción del centro prevencional en una zona de la capital tucumana afectada por la narcocriminalidad. En virtud de ello, requirió informes a distintos organismos provinciales y nacionales, lo que le permitió establecer la celebración de un contrato de obra entre la provincia de Tucumán –representada por el responsable de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, arquitecto Juan Luis Pérez- y el ingeniero Hugo Bruno Bocanera de la empresa B&M S.R.L., en el que se acordó que el precio de ejecución era de $12.583.336,85 y que debía concluir en el plazo de seis meses. Sin embargo, del “Convenio Específico de Obra” celebrado entre el Gobierno Nacional y el local, se especificó que el monto imputado era de $12.806.559,31, es decir, una diferencia de $223.222,46. Asimismo, luego de que el Gobierno central girase los fondos, en enero de 2015, el gobierno tucumano realizó un “adelanto financiero” por la obra de $2.561.311,86 -en favor de la empresa adjudicataria- y luego se autorizó la transferencia de los fondos restantes ($10.245.247,45). Pero la obra recién comenzó el 3 de octubre de 2015 y –de acuerdo a un certificado de diciembre de ese año- sólo se completó un 43% cuando en realidad debía estar concluida o próxima a finalizarse. A raíz de la pesquisa efectuada por el fiscal general, también se estableció que la firma “B&M S.R.L.” había sido integrada por Luis Hugo Rodríguez, Hugo Bruno Bocanera y Gabriel Eduardo Mirkin, aunque este último se desvinculó de la empresa el 26 de mayo de 2010. Sin embargo, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán informó que la sociedad estaba conformada por Bocanera y el ex Secretario de Obras Públicas local, Oscar Simón Mirkin. Lo mismo surge del informe de la Cámara Tucumana de la Construcción. En virtud de las averiguaciones efectuadas, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que debía profundizarse la investigación ante la posibilidad de que se hubieran configurado los delitos de estafa en perjuicio del Estado Nacional, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con la función pública y lavado de activos. "El estado en que se encuentra la 'Casa de Recuperación Terapéutica' indica sin lugar a dudas el abandono cierto y concreto de la ejecución de la obra, en contraste con la rendición de cuenta brindada por la empresa constructora", evaluó Gómez. En tal sentido, el fiscal Gómez señaló que “el estado en que se encuentra la 'Casa de Recuperación Terapéutica' indica sin lugar a dudas el abandono cierto y concreto de la ejecución de la obra, en contraste con la rendición de cuenta brindada por la empresa constructora que arroja la existencia de seis certificados por un monto de $4.304.370 más un adelanto financiero por la suma de $2.561.311.86”. Por ese motivo, requirió profundizar la investigación en torno al arquitecto Pérez y al ingeniero Daniel Diambra, quien fuera designado como representante de la provincia de Tucumán y responsable técnico de la obra en cuestión y, por lo tanto, quien debía supervisar los trabajos desarrollados y efectivamente ejecutados, para luego dar su conformidad en los pagos a la empresa constructora. En relación al Oscar Simón Mirkin, el representante del Ministerio Público Fiscal puntualizó que éste “cumplió funciones como responsable máximo de la Secretaría de Obras Públicas durante la gobernación de José Jorge Alperovich. Justamente, es durante la gestión de Mirkin cuando aconteció la firma del convenio y la puesta en marcha de la obra ‘CET- Casa Educativa Terapéutica’ en el B° ‘La Costanera’”. Agregó que “en definitiva, la llamativa actuación de los funcionarios con injerencia en la ejecución y control de al obra 'CET' o 'CEPLAS' como la adjudicación de la obra a una empresa constructora relacionada al ex secretario de obras públicas resultan extremos que ameritan la profundización de la investigación a efecto de determinar la presunta responsabilidad de Oscar Simón Mirkin”, en torno a negociaciones incompatibles con la función pública. En este caso, y como una propuesta singular, el fiscal general señala en su oficio a su colega de la primera instancia que la obra pública inconclusa tuvo como objetivo el abordaje de las adicciones que padecen los habitantes de una zona de extrema vulnerabilidad social y económica como es la que vive en el barrio La Costanera. Así, la falta de terminación del proyecto del centro educativo terapéutico tiene efectos nocivos que se amplifican exponencialmente si se atiende a la patología que ocasiona el consumo de pasta base en la población infanto-juvenil del barrio. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, está claro que las víctimas son aquellos vecinos que sufren -desde hace muchos años- las consecuencias del abandono causado por el hecho ilícito. Las expectativas de contar con un centro de recuperación para las adicciones de los que viven en una zona tan castigada por la “narcocriminalidad”, los coloca dentro de la estructura procesal de los artículos 79 y 80 del Código Procesal Penal de la Nación. El fiscal Gómez también solicitó investigar si los responsables de la firma B&M, Luis Hugo Rodríguez y Hugo Bruno Bocanera, y los funcionarios Pérez y Diambra incurrieron en el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, al tiempo que, éste último también habría incumplido sus deberes de funcionario público. Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal le pidió a su colega Brito que investigue si no se configuró lavado de activos, al tiempo que indicó una serie de medidas de prueba que debían producirse a futuro

 
22-06-2017
El yate de Ricardo Jaime fue entregado al Ministerio de Seguridad para la lucha contra el crimen organizado

El juez Casanello dispuso tener como depositario judicial del yate (embarcación Altamar 64), secuestrado en el marco de la causa seguida contra Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito -actualmente a la espera de realización de juicio oral- al Ministerio de Seguridad de la Nación. El magistrado invocó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la normativa interna, para disponer la medida cautelar y asignarle una finalidad pública, social y reparadora. Se citó el antecedente de la causa de ese mismo juzgado que tiene por imputado a Lázaro Báez y la ratificación de ese criterio por parte de la Cámara Federal de Apelaciones. La cartera ministerial indicó que dicho aporte le permitirá al Estado Nacional contar con una nave de avanzada tecnología que posibilitará el desplazamiento eficiente y rápido a los diferentes escenarios de la hidrovía donde se desarrollen operaciones de seguridad en la lucha contra el crimen organizado, el delito complejo o donde se requiera la presencia de la Nación.

 
21-06-2017
La Procuración General aprobó el Proyecto de Formación de Promotoras y Promotores Territoriales en Género

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aprobó hoy el Proyecto de Formación de Promotoras y Promotores Territoriales en Género, bajo el nombre “Red Territorial en Género” (RETEGER), que será coordinado por las direcciones generales de Políticas de Género y de Acceso a la Justicia y contará con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). De esta manera quedó formalizada la puesta en marcha de la iniciativa lanzada a nivel nacional el 15 de mayo de este año, con una jornada en la que participaron integrantes de las fiscalías federales de diversas jurisdicciones del país, miembros de la Dirección General de Acceso a la Justicia que cumplen funciones en las oficinas de ATAJO y referentes de organizaciones sociales. Además, el viernes 9 de este mes se llevó a cabo el primer encuentro de formación en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, del que participaron más de treinta y cinco mujeres y varones provenientes de toda la provincia. Junto a la titular del Ministerio Público Fiscal estuvieron en esa ocasión Néstor García y Andrea Lescano, el papá y la mamá de Micaela, la adolescente víctima de femicidio. El objetivo de RETEGER es transmitir herramientas teórico-prácticas a referentes sociales y barriales, para que puedan acompañar a las mujeres y las personas LGBTI que atraviesen situaciones de violencia, mediante la conformación de redes comunitarias en distintas localidades del país que faciliten la articulación con las instituciones estatales pertinentes. Además, el programa -propuesto por las direcciones generales de Políticas de Género y Acceso a la Justicia, a cargo de Romina Pzellinsky y Julián Axat, respectivamente- contempla la realización de actividades para prevenir, concientizar y visibilizar la violencia machista. Para ello se diagramó un taller de formación en temáticas de género, que se dicta durante cuatro meses y está destinado a las promotoras y los promotores de cada localidad que se integran voluntariamente al proyecto y quienes podrán, a su vez, oficiar de replicadoras/es de la formación y así extender la red. A esos efectos, ya se han elaborado los cuadernillos con el contenido completo de la actividad. El rol del Ministerio Público Fiscal “Uno de los problemas que se ha identificado por parte de los organismos nacionales e internacionales especializados en la temática es la escasa atención que se otorga a este fenómeno criminal en los sistemas de justicia, que redunda en una deficiente atención y protección a las víctimas y en mayores niveles de impunidad de estos delitos”, advirtió Gils Carbó en la resolución. “Es por ello que en materia de violencia de género, el rol central del Ministerio Público Fiscal es organizar y ejecutar las estrategias de persecución penal, de modo de hacer eficiente la persecución y sanción de la criminalidad de género. La jerarquización de las líneas de acción para abordar estos hechos es, así, un paso ineludible para transformar el modo en que el sistema de justicia aborda estos casos”, explicó la jefa de los fiscales. Para eso brindará su colaboración la UFEM, que encabeza la fiscal federal Labozzetta. “El carácter federal de este Ministerio Publico Fiscal, su presencia institucional en todo el territorio nacional y el interés que se ha generado a partir de la visibilización de la experiencia previa, imponen avanzar en un proceso de federalización del proyecto, que tiene como objetivo trabajar sobre la prevención de la violencia de género en zonas de alta vulnerabilidad social, en línea con las funciones del organismo de velar por los intereses generales de la sociedad y por el acceso amplio a la justicia de todas/os las/os habitantes”, añade el texto de la resolución. La génesis del proyecto El proyecto es producto de la experiencia previa desarrollada entre junio de 2015 y diciembre de 2016 en el Barrio Carlos Mugica de la Villa 31 y 31 bis de Retiro, como iniciativa conjunta entre las mencionadas áreas a cargo de Axat y Pzellinsky, en conjunto con el Programa de Género y Diversidad del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente está llevándose a cabo en la Villa 21-24 del barrio de Barracas.

 
21-06-2017
Se inauguró la oficina de la mujer en la Cámara Federal cordobesa

La primera semana de junio, la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Córdoba inauguró una nueva Oficina de la Mujer (OM) que trabajará en sintonía con la oficina homónima de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de su vicepresidenta, Dra. Elena Highton de Nolasco. La nueva dependencia, con jurisdicción en las provincias de Córdoba y La Rioja, se integra así al Sistema Federal de Oficinas de la Mujer con presencia en todo el país. Equidad de género La Oficina de la Mujer fue creada en 2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de impulsar, en la esfera del Poder Judicial, un proceso de incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos, a fin de alcanzar la equidad de género, tanto para quienes utilizan el sistema de justicia como para quienes trabajan en él. Tiene a su cargo, entre otras cuestiones, la elaboración del Registro Nacional de Femicidio, investigaciones y capacitaciones en materia de género”

 
Judicial del NOA
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La Corte Suprema declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en casos de lesa humanidad
 
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