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25-04-2017
Rafecas amplió el procesamiento con prisión preventiva de José López en la causa por enriquecimiento ilícito

En el día de la fecha, en una extensa resolución de más 600 páginas, el Juez Federal Daniel Rafecas amplió el procesamiento de José Francisco López, ex Secretario de Obras Públicas, preso en el penal de Ezeiza, por el delito de enriquecimiento ilícito, y elevó su embargo a 225 millones de pesos, al atribuirle como propio el departamento 13° “B” del edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036, de esta ciudad -valuado hoy en unos 200 mil dólares-, en el cual vivió Mariana Soulés –hija biológica de María Amalia Díaz (su cónyuge) e hija adoptiva de López- entre 2010 y 2016. Asimismo, el Magistrado también amplió el procesamiento de la esposa de López, María Amalia Díaz, como “partícipe necesaria” en el delito de su marido, al tenerse por probado que intervino en la maniobra. También el Magistrado procesó como “partícipe necesario” en la maniobra al empresario Carlos Hugo José Gianni, -empresario ligado al turismo pero también a contratos de obra pública-, pues consideró que el mismo efectuó una cooperación esencial en dicho incremento patrimonial, a sabiendas de que estaba prestando el nombre de la empresa Marketing y Eventos S.A., de la cual posee el 90% del capital social, haciéndola figurar como adquirente de la propiedad en cuestión el 19/4/2010 y hasta la actualidad, cuando el Juez dio por probado en la causa, que el verdadero dueño de la misma sería desde un comienzo José Francisco López. A su vez, el Juez también procesó como “partícipe secundario” en la maniobra al socio de Gianni, el abogado Marcos Artemio Marconi, pues decidió en asamblea de accionistas, junto con Carlos Gianni la compra del inmueble en cuestión en cabeza de la empresa Marketing y Eventos S.A, pero sostuvo que si bien prestó una cooperación dolosa, su tenencia accionaria en la empresa en cuestión del 10% del capital social, tornó su colaboración en un aporte no indispensable para que los hechos investigados acontecieran y se desarrollaran en el modo en el cual efectivamente sucedieron. En concreto, se dio por probado en la causa que la venta del departamento de parte de la anterior propietaria en favor de la firma Marketing y Eventos S.A. se produjo gracias a la intervención e intermediación que en dicha enajenación tuvo María Amalia Díaz, para que una de sus hijas –Mariana Soulés- fuese a vivir allí, ni bien fuese desocupado el departamento. Se comprobó que previo a la compra, Carlos Gianni, envió a uno de sus empleados a tomar vista de la propiedad, pero la ligereza con la cual dicho empleado realizó tal inspección, planteó serias sospechas en torno a quién estaba, en verdad, detrás de la compra del inmueble. Por otro lado, la rauda adquisición de la propiedad, sin inspeccionarla en su totalidad constituyó un elemento de sospecha más al cuadro cargoso reunido, pues la sociedad adquirente, con base en esa única visita incompleta al inmueble, realizada por un empleado, decidió en forma inmediata la compra de la propiedad, sin siquiera negociar su precio de venta. Por otra parte, la Justicia dio por probado que, ni bien fue desocupado el inmueble por la anterior dueña, Mariana Soulés comenzó a habitar el mismo en el mes de julio de 2010 y se mantuvo durante ocho meses, sin contrato alguno. Recién en marzo de 2011, se firmó un contrato de locación. Con relación al contrato de alquiler suscripto, el mismo muestra varias cuestiones llamativas, pero lo que destacó el Magistrado fue que tanto el primer contrato de locación de fecha 1/3/2011 como su renovación de fecha 1/3/2013 prevén una cláusula de opción de compra en favor de la parte locataria, que escapa a la lógica empresarial de quien adquiere una propiedad y pretende generarle una renta a través de su locación. Con relación a dicha cláusula, el Tribunal pudo verificar que se trató de la cláusula “octava” en el contrato de locación en cuestión, pero en su texto tenía consignadas dos subcláusulas con los números “5.1” y 5.2”, en lugar de los números “8.1” y 8.2”. Aquellos números –“5.1” y “5.2”- son exactamente los números con los que se preveía una cláusula idéntica –la cláusula quinta- en el contrato de locación que vinculara a José Francisco López y Eduardo Ramón Gutiérrez respecto de la propiedad sita en Dique Luján, partido de Tigre; locación que, por los argumentos del auto de procesamiento dictado por el Magistrado el 1/9/2016, resultó ser simulada. Ambas cláusulas, en uno y otro contrato de locación respecto de ambas propiedades son idénticas y ambos contratos de locación –el de la propiedad sita en Dique Luján, partido de Tigre y el del departamento 13° “B” de la av. Las Heras 2032/2036, CABA- fueron suscriptos con una misma cláusula de opción de compra, con sólo un mes de diferencia. Así, el Magistrado sostuvo que en ambos contratos se vislumbra la intención de López de asegurarse la tenencia a título de propietario de los inmuebles con los que acordó un contrato de locación ficto, para disimular dicha situación. Por otro lado, se demostró pericialmente que el pago del alquiler pactado, durante muchos años fue notoriamente reducido frente al canon real que debió haberse abonado.

 
25-04-2017
Corrientes: pidieron a Casación el apartamiento de un juez por no tramitar una causa que investiga a una red de trata de personas “vip”

El fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Carlos Schaefer, y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, presentaron un recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal para solicitar el apartamiento del juez Carlos Soto Dávila, en el marco de una causa que investiga el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Los representantes del MPF recurrieron a esta instancia luego de que, en febrero de este año, presentaran este pedido ante la Cámara Federal de Corrientes. En esa oportunidad, solicitaron, entre otras cuestiones técnicas, el apartamiento del juez ya que dieron cuenta de la existencia de otra causa iniciada en 2011, cuya hipótesis inicial resultaba idéntica al objeto de investigación del expediente que tramita en la actualidad. Es decir que en esa primera causa ya se había puesto en conocimiento del juez que las personas actualmente procesadas realizaban maniobras en infracción a la ley de trata de personas y, pese a ello, el magistrado no efectuó las medidas de investigación que el caso requería. Sin embargo, la "justificación" del magistrado fue que aquél largo párate de la investigación se debía al “cúmulo de tareas”, situación que no le permitió un tratamiento “con prelación”. Sin embargo, los jueces ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes entendieron que la cuestión no ameritaba el apartamiento del magistrado interviniente, por lo que finalmente los fiscales recurrieron a Casación. Motivos del recurso de Casación Los fiscales calificaron de “inadmisible” la justificación por parte del juez instructor en la que indicó que fue debido al “cúmulo de tareas que pesaba sobre el tribunal” que se demoró tres años y medio en tomar medidas en línea con la investigación de un caso de trata de personas que estaba en curso de ejecución. Y, asimismo, manifestaron que el Tribunal incurrió en una “contradicción” al valorar, por un lado, que la “resolución en crisis mantiene su validez por no darse los presupuestos para una solución contraria”, y sin embargo, señalar que “(…) aún cuando el cúmulo de tareas que pesan sobre el instructor y las demás circunstancias procesales pudieron impedirle una mayor organización en el trámite de causas conexas, no es menos cierto que causas como la presente donde la consumación de cualquiera de las etapas o fases del delito de explotación sexual comprometan la libertad y dignidad de las personas, resultan de suma prioridad”. Los fiscales calificaron de “inadmisible” la justificación por parte del juez instructor en la que indicó que fue debido al “cúmulo de tareas que pesaba sobre el tribunal” que se demoró tres años y medio en tomar medidas. Además, los fiscales sostuvieron que la resolución de la Cámara “no satisface el pedido” que habían realizado ya que la conducta del juez derivó en un hecho concreto como es el de haber paralizado aquella primera investigación, “con el lógicamente inadmisible argumento de que un caso de la gravedad de éste no pudo priorizarse en relación a otros (…) Esto le permitió a aquellos imputados (hoy procesados) seguir desplegando la misma y grave actividad ilícita de explotación sexual de mujeres, durante aquél período de parálisis judicial”. Por otra parte, la Cámara había dicho que hasta el momento “no se señalaron ni se agregaron” las medidas de prueba solicitadas por PROTEX “a los fines de merituar en cuánto podrían o no influir sus resultados en desmedro de la actividad del Juzgado”. Con respecto a este tema, los fiscales sostuvieron que se trata de un punto que “genera agravio como parte para poder avanzar en la investigación del caso hasta las últimas consecuencias y en dirección a todos los responsables individualizados o no aún en el expediente.” Y agregaron: “Es ilusorio pensar que el mismo juez que tuvo aquél comportamiento irregular en el caso, avanzaría en línea propuesta por las medidas de prueba solicitadas por esta parte y que de un modo imparcial evaluaría las posibles responsabilidades que le cabria”. “La producción de esas medidas, entendemos, podría darnos alguna otra explicación acerca de las razones por las cuales el caso estuvo detenido irregularmente”, añadieron los fiscales en su escrito. Por último, añadieron que el Tribunal no sólo no percibió la posibilidad de que no avance la investigación hacia todos los posibles responsables, sino que “éstas carecerán de efecto en caso de comprobarse que el magistrado actuante retardó, por algunas otras razones que las inverosímiles explicadas, y quiso cerrar por prescripción de la acción penal la investigación en favor de los ahora procesados por el delito de trata de personas”. El caso y las acusaciones La causa se inició en 2015, a raíz de la presentación realizada por el Jefe de Prefectura de la localidad correntina de Ita Ibaté, quien habría tomado conocimiento que en dichos lugares se estarían desarrollando actividades vinculadas a la trata de personas con fines de explotación sexual. A través de la investigación, se pudo establecer que la red “trabajaría” mayoritariamente con grupos de turistas de origen brasilero y que llevaría el control sobre, aproximadamente, 20 mujeres, provenientes de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. El valor de los pases rondaría los 200 dólares y las facilitadoras de la actividad cobrarían un porcentaje a las víctimas para llevar a cabo las coordinaciones con los dueños de los respectivos hoteles y cabañas denominadas “Jardín del Paraná” y “Cabañas de Sapito”. Una de las encargadas sería quien coordinaría con dueños y encargados de los hoteles la cantidad de mujeres solicitadas por los contingentes de turistas. Además, coordinaría los grupos, supervisaría el “servicio ofrecido”, le pagaría a los choferes y a las víctimas y trabajaría por su cuenta ofreciendo un “grupo selecto de mujeres vip”. Allanamientos Como resultado de la investigación, en septiembre de 2016, el fiscal federal Flavio Ferrini, con la colaboración de la Protex, solicitó una serie de allanamientos en dos domicilios particulares, en el Hotel Jardín del Paraná, y la cabaña Sapito, donde se rescataron a once mujeres provenientes de Posadas. Además, fueron detenidos los cuatro acusados: el dueño del hotel denominado “Jardín del Paraná”, el encargado de la cabaña “Sapito” y dos mujeres encargadas del traslado de las víctimas.

 
25-04-2017
Coimas en la Comisaría 35: la Cámara confirmó el rechazo a la excarcelación de una comisaria inspectora

En consonancia con los argumentos del titular de la Fiscalía General N°3 ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mauricio Viera, la Sala VII del Tribunal de Alzada confirmó el decisorio del titular del Juzgado Criminal y Correccional Ricardo Farías, que rechazaba la excarcelación de la comisaria inspectora Susana Aveni, sospechada de integrar una asociación ilícita que cobraba dinero a cambio de protección. Aveni quedó detenida, a pedido titular de la Fiscalía de Instrucción del Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, José María Campagnoli, quien investiga una organización delictiva que estaría dirigida por la imputada y compuesta por funcionarios de distintas jerarquías de la Comisaría N°35 de la Policía Federal Argentina, entre los que se incluyen el Comisario Norberto Villareal –prófugo desde el 2 de noviembre pasado- y el cuarto jefe de la dependencia, Alberto José Codaro. El responsable del Juzgado Criminal y Correccional N° 41, Ricardo Farías, procesó con prisión preventiva a Aveni, lo que motivó que su defensa apelara el decisorio. Al resolver la cuestión, y conforme el dictamen del fiscal Viera, los jueces Mariano Scotto y Mauro Divito confirmaron el rechazo a la excarcelación de Aveni por considerar que, en caso de otorgársele la libertad, la comisario inspectora podía eludir la justicia o “entorpecer la investigación, procurando amedrentar testigos”. En relación a la situación del cuarto jefe de la Comisaría N°35, Alberto José Codaro, quien está imputado como integrante de la asociación ilícita, los camaristas receptaron los argumentos vertidos por Viera y consideraron que “de momento no se advierte configurado un peligro procesal que amerite su encierro cautelar”, por lo que revocaron la denegatoria de la exención de prisión y la concedieron, imponiéndole una caución real de $30.000 y la obligación de comparecer quincenalmente ante el Juez de instrucción.

 
21-04-2017
Igualdad de género hacia el interior de los partidos políticos

La Constitución Nacional establece que la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres “para el acceso a cargos electivos y partidarios” debe garantizarse “por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral” (artículo 37). La jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral da cuenta de innumerables pronunciamientos en los cuales debió interpretar las disposiciones de la ley 24.012 ―conocida como ley de “cupo femenino”- de manera que permitiese tutelar la participación efectiva de las mujeres en las listas de candidatos a cargos públicos electivos. Sin embargo, en lo que respecta a la cobertura de cargos partidarios -pese a que la ley de partidos políticos (23.298, art. 3° inc. “b”) remite a las disposiciones de aquélla- hasta ahora la cuestión no se había planteado en una causa judicial. En el día de hoy, los jueces de la Cámara, Santiago H. Corcuera y Alberto R. Dalla Via, al resolver el caso planteado por afiliados de un partido político (“Unión Popular”) que cuestionaban la legitimidad de la integración de los órganos directivos de la entidad, dispusieron la intervención judicial de la agrupación para normalizar situaciones irregulares vinculadas con el incumplimiento de la ley de cupo femenino. En ese marco, los camaristas consideraron que, conforme la legislación aplicable y en especial lo previsto en el artículo 37 de la Constitución Nacional, “los partidos políticos tienen un rol esencial en la construcción de un sistema democrático inclusivo, que permita a las mujeres participar en pie de igualdad con los hombres en el juego político y en el interior de sus organizaciones”. Con abundante referencia a doctrina internacional especializada, los jueces advirtieron que “si se quiere avanzar en materia de igualdad de género en los partidos y la política pública nacional, es importante abordar la subrepresentación de las mujeres en los cargos de liderazgo al interior de los partidos”. A la luz de ese concepto, la trascendencia del pronunciamiento no se limita al caso individual resuelto, sino que se proyecta en el desarrollo de la vida interna de todos los partidos políticos reconocidos y en formación, tal como resulta de la decisión de comunicar la sentencia a los jueces federales con competencia electoral en todo el país y por su intermedio a todos los partidos políticos con reconocimiento provisorio o definitivo.

 
21-04-2017
Solicitaron la elevación a juicio de Granero, Pérez Corradi y otros cuatro imputados por tráfico de efedrina

El fiscal federal Juan Pedro Zoni requirió hoy la elevación a juicio de la causa en la que el ex secretario de la SEDRONAR, José Ramón Granero, el ex director de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos de ese organismo, Gabriel Yusef Abboud, el ex director del Registro Nacional de Precursores Químicos de la SEDRONAR, Julio Alberto de Oure, los hermanos Máximo y Miguel Ángel Zacarías e Ibar Esteban Pérez Corradi están acusados de ser partícipes necesarios de la introducción al país de miles de kilos de efedrina, que luego serían desviados para la producción de estupefacientes. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró en su dictamen ante el Juzgado Federal N°1, a cargo de María Romilda Servini de Cubría, que los imputados se encuentran en condiciones de ser juzgados en el correspondiente debate oral y público. Zoni señaló que las cantidades de efedrina importadas al país entre 2004 y 2008 “superaban holgadamente aquellas indispensables para cubrir las necesidades sanitarias del país respecto de la industria farmacéutica”. En ese sentido, graficó que tan sólo en los dos últimos años de ese período se introdujeron 40 mil kilos del precursor químico en cuestión. “Prácticamente la totalidad de la efedrina ingresada en ese tiempo fue importada por tan solo cinco personas jurídicas y una persona física (Droguería Chutrau S.A.C.I.F.I.A; Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A; Droguería Libertad S.A; Farmacéuticos Argentinos S.A; Unifarma S.A. y Guillermo Raúl Ascona)”, reseñó el fiscal. El fiscal Zoni señaló que las cantidades de efedrina importadas al país entre 2004 y 2008 “superaban holgadamente aquellas indispensables para cubrir las necesidades sanitarias del país respecto de la industria farmacéutica”. “Luego de haberse llevado a cabo una extensa y profunda investigación, se ha podido comprobar prima facie la existencia de una maniobra compleja de narcotráfico internacional, de la cual formaron parte distintas personas, entre las que se encontraron funcionarios públicos de diversos estamentos del Estado Nacional”, precisó el titular de la Fiscalía Federal N°8 tras enumerar y valorar los casi 250 elementos de prueba incorporados al expediente. Los funcionarios de la SEDRONAR En cuanto a Granero, Zoni consideró que fue en calidad de titular de la SEDRONAR que autorizó las importaciones de precursores químicos por un total de 46.224 kilos entre 2004 y 2008. En ese tiempo, también habría aprobado otros 23 mil kilos que no fueron nacionalizadas “por circunstancias ajenas a su voluntad”. A Abboud, por su parte, se le imputa haber autorizado y haber prestado su conformidad para la misma maniobra en su calidad de director de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos -y luego como subsecretario Técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico de la SEDRONAR-, pero entre 2003 y 2008, por casi 50 mil kilos. En tanto que al imputado de Orue se le endilga el mismo rol entre 2005 y 2008, es decir, durante su paso como director del Registro Nacional de Precursores Químicos del mencionado organismo. Al respecto, el fiscal federal indicó que durante el transcurso de la investigación se certificaron diversos expedientes judiciales y administrativos de la SEDRONAR de los cuales surge que “en una gran cantidad de oportunidades, cuando se verificaba que alguna persona física o jurídica operaba con precursores químicos sin estar inscripto ante el Registro Nacional de Precursores Químicos, se procedía a intimarla para que se registre, evitando de esa manera ser denunciada penalmente”. Los hermanos Zacarías La Fiscalía señaló que Miguel Ángel Zacarías, como secretario privado de Granero, habría participado de la maniobra actuando como nexo entre los compradores de efedrina y los funcionarios del organismo encargado de autorizarlos. Y que a su vez, su hermano Máximo Rito Zacarías, “para beneficiar a los narcotraficantes, se aprovechaba del vínculo familiar que tenía con el secretario privado de la autoridad superior del organismo que debía luchar contra el tráfico de droga”. Puntualmente, éste último está acusado de realizar gestiones para la obtención de mil kilos en favor de Carlos Edelmiro González en 2008: así es que se registró “un fluido intercambio de comunicaciones los días en que se tramitaron, autorizaron e ingresaron las importaciones” con algunos de los demás procesados en la causa. El rol de Pérez Corradi En lo que respecta a la intervención de Pérez Corradi, Zoni explicó que se encuentra acreditada no sólo por lo relatado durante su declaración indagatoria, sino también por las pruebas reunidas: de acuerdo a la pesquisa el empresario “formó parte de la cadena de narcotráfico internacional investigado”. En su requerimiento de elevación a juicio, Zoni indicó que “(…) pudo establecerse que una de las vías utilizadas por Ibar Esteban Pérez Corradi para comercializar la efedrina fue la Droguería Masterfarm, la cual si bien se encontraba a nombre de Jorge Alberto Ochoa, pudo acreditarse que en realidad perteneció al imputado”. Ochoa no era más que un “presta nombre” que “se encontraba pasando un mal momento económico por la falta de trabajo y un mal momento en cuanto a la salud”, utilizado para registrar la sociedad ante el Registro Nacional de Precursores Químicos y comprar el material. Más precisamente, Pérez Corradi mantenía una relación comercial con Alfredo Abraham y Josué Fucks: el primero tiene condena firme -tras un juicio celebrado ante el TOF N°4, con intervención del fiscal general Diego Luciani- por la importación de 1900 kilos de efedrina, en tanto que Fucks se encuentra prófugo. La hipótesis es que Pérez Corradi les compraba a ambos a través de Farmacéuticos Argentinos S.A. para luego revender el precursor químico a narcotraficantes mexicanos. En el expediente constan, por ejemplo, cuatro facturas por la compra de Masterfarm a Famerica S.A. de 250, 400, 550 y 100 kilos de efedrina entre mayo y julio de 2008. Además, se registraron más de 1600 llamados entre Pérez Corradi y Fuks. Por otro lado, el requerimiento sostuvo que se intentó inscribir a la firma Elvesta S.A. ante el mencionado Registro para poder importar y exportar junto a su socio Martín Lanatta. Finalmente, la otra acusación que pesa sobre Pérez Corradi es que Guillermo Ascona también necesitó de él para el desvío de la efedrina que éste último había importado. Ascona fue condenado por el TOF N°5 por introducir 1900 kilos al país: a pesar de que la presentación ante la Aduana fue “correcta”, posteriormente se alteró el destino de uso de la sustancia. El contexto histórico de las maniobras investigadas Un testigo manifestó en la investigación que tras la prohibición en México para importar efedrina, donde se producía “metanfetamina para el mercado norteamericano”, los “carteles salieron a buscar efedrina al resto de los países. A partir de ahí se disparan las oleadas de tráfico de efedrina no sólo en la Argentina, sino también en Chile, en los países de Centroamérica, El Salvador, Honduras”. En relación a ello, Zoni destacó que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) “emitió regularmente distintos informes que sin duda eran alarmantes y que nunca podrían haber pasado desapercibidos por los funcionarios de la SEDRONAR”. Por ese motivo, “para el año 2006 ya se destacaba la gravitación que la efedrina tenía en el mercado de fabricación ilícita de estupefacientes, fundamentalmente para la elaboración de éxtasis, metanfetaminas y anfetaminas”. Si bien Abboud dijo que fue alertado de la situación en 2008 -con una incautación de 100 kilos en la Aduana que tenían a México como destino-, en la pesquisa obran varias comunicaciones de la JIFE enviadas desde 2005 a la SEDRONAR en las que se advertía el “incremento desmesurado” en la introducción al país de la sustancia. El fiscal destacó que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) “emitió regularmente distintos informes que sin duda eran alarmantes y que nunca podrían haber pasado desapercibidos por los funcionarios de la SEDRONAR”. “No debe soslayarse que luego de producirse durante cuatro años seguidos aumentos exponenciales en las importaciones de efedrina, a mediados del año 2008 se da una drástica reducción de los niveles de sustancia importada simultáneamente a dos sucesos vinculados al narcotráfico que tomaron estado público”, reseñó el titular de la Fiscalía Federal N°8, en referencia al “desbaratamiento de una banda de narcotraficantes que se dedicaban a la fabricación y exportación de metanfetaminas, quienes habían montado un laboratorio clandestino en la localidad de Ingeniero Maschwitz”, y los homicidios de “Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, caso conocido mediáticamente como ‘Triple Crimen de General Rodríguez’”. Ese caso, recordó, “en la actualidad es investigado en un legajo separado, pero que resulta ser conexo con la presente investigación”. Después de esos episodios se dictó la resolución conjunta del Ministerio de Salud de la Nación, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la SEDRONAR Nº 932/08; 2529/08 y 851/08, “mediante la cual se restringió el ingreso de efedrina al país". Calificación legal El representante del MPF consideró que la conducta de Granero, Abboud, de Oure y los Zacarías encuadra en lo previsto en el artículo 6 de la ley 23.737 -que pena a quienes alteren ilegítimamente el destino de uso de lo importado-, en calidad de partícipes necesarios. En cuanto a Pérez Corradi, indicó que su accionar está reprimido por el mismo apartado, en concurso ideal con el art. 5, inciso “c” -que castiga a quien comercie precursores para la producción de estupefacientes-, y agravado por el art. 11, inciso “c” -por la cantidad de personas intervinientes- de la misma ley.

 
21-04-2017
Asumio Silvia Blanco en el Consejo de la Magistratura porteño

La doctora Silvia Lorelay Bianco juró en la Legislatura porteña ante la Vicepresidenta del cuerpo diputada Carmen Polledo, como nuevo miembro titular del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, en reemplazo del fallecido Enzo Pagani. El plenario del Consejo de la Magistratura está compuesto por nueve miembros: tres en representación del estamento de los jueces, tres por los abogados y tres en representación de la Legislatura. Bianco asume la vacante producida en el plenario de consejeros por la reciente muerte de Enzo Pagani, quien era el presidente de esa institución. Próximamente los consejeros se reunirán para elegir un nuevo presidente con mandato hasta diciembre del 2019. La doctora Bianco es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UBA, pertenece al Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y había sido elegida en el 2015 como consejera suplente junto al fallecido Pagan

 
20-04-2017
Tragedia de Once: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de Julio De Vido

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo R. Riggi, Ángel E. Ledesma y Gustavo M. Hornos, por mayoría, no hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Julio Miguel De Vido en la causa CFP 1710/2012/TO1/5/RH9 caratulada “De Vido, Julio Miguel por descarrilamiento naufragio u otro accid. culposo”. Esta causa se inició con motivo de la extracción de testimonios dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2, en la sentencia recaída el 29 de diciembre de 2015, por el accidente ferroviario ocurrido en la estación de trenes de Once. Actualmente, la causa se encuentra en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 4, para el juzgamiento de funcionarios que no habían sido antes imputados. En razón de lo resuelto, se deberá continuar el trámite hasta el juicio oral, etapa en la cual se discutirán ampliamente los argumentos de la defensa.

 
20-04-2017
Lago Escondido: Recurso contra sobreseimiento por la adquisición irregular de tierras por parte de Lewis

los hechos que dan origen a esta investigación habrían ocurrido entre los años 1996 y 1997, oportunidad en la que -en contra de lo establecido por normas de defensa nacional destinadas a proteger la soberanía y la integridad de la Nación Argentina-, se logró que cerca de 11.000 hectáreas de tierras del área de seguridad de frontera con Chile en el Sur de nuestro país, ricas en recursos y bellezas naturales, pasen a manos extranjeras, concretamente a propiedad del empresario inglés Charles Lewis. En efecto, en la denuncia de la PIA se indica que las citadas transferencias de tierras autorizadas por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad eran contrarias a lo dispuesto en la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44, puesto que por su ubicación estratégica no correspondía que pasen a manos de extranjeros. Para lograrlo, se realizaron maniobras por las que primero se solicitaron autorizaciones en calidad de personas jurídicas nacionales, pero en paralelo se transfirieron las acciones a manos extranjeras. Una vez obtenidas las autorizaciones, la transferencia de las tierras se efectivizó a favor de los extranjeros. Es por ello que en la causa están imputados, y en algunos casos también indagados, los funcionarios públicos que autorizaron dichas ventas, la escribana actuante, el responsable del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Rio Negro y las autoridades de las sociedades extranjeras HR properties, Lago Corp, Hidden Lake y el Sr. Charles Lewis. Las transferencias de tierras autorizadas por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad eran contrarias a lo dispuesto en la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44. La Procuraduría explica en su recurso que resulta decisivo comprender que se trata de un hecho de revelación tardía, justamente porque ésta es la característica de los casos de corrupción que funda el imperativo convencional de establecer plazos de prescripción amplios para este tipo de hechos, y por tanto en este caso, la simple invocación de que se ha violado el plazo razonable no puede prosperar. Al tiempo que también destaca que la existencia de funcionarios públicos que hasta el año 2012 han desempeñado cargos públicos ha suspendido el plazo de prescripción y, por tanto, aún sigue vigente la posibilidad de continuar con la acción penal incoada contra los imputados. Ello toma mayor relevancia en un caso como éste en el que por la gravedad de los hechos e intereses nacionales en juego, se han solicitado embargos con el objeto de obtener la revocación de las ventas realizadas y recuperar los terrenos vendidos en violación a normas que protegen los intereses de la República Argentina.

 
20-04-2017
Intervendrá el fuero Penal Económico en una denuncia vinculada a la venta de Carlos Tévez a China

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah, dirimió este miércoles una contienda negativa de competencia en la causa CFP 1409/17/1/CA1 “Arribas, Gustavo y otros s/ competencia”, entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7 y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 7. Se trata de una denuncia iniciada por un ciudadano donde se indicaron supuestas maniobras en torno a los montos de dinero involucrados en la transferencia del jugador de fútbol Carlos Tévez por parte de Boca Juniors al fútbol chino. Sin que el denunciante concurriera al juzgado a ratificar su presentación, se corrió vista al fiscal, que encuadró los hechos en una hipótesis de evasión tributaria y pidió la incompetencia, que fue receptada por el juez. En sede penal económico se rechazó intervenir, argumentándose entre otras cosas que la falta de ratificación de la denuncia impedía proceder como se lo hizo. Similar posición adoptó el fiscal general Germán Moldes. Los jueces Irurzun y Farah discreparon con ese argumento. Recordaron que lo habían tratado recientemente en la causa CFP 17183/2016/CA1 “Carrió, Elisa M. A. s/archivo”, del 11/4/17. Allí, dijeron, como “…se discutía el efecto de la incomparecencia a ratificar una denuncia, quienes suscriben coincidieron en que debía ser considerado el interés expresado por el titular de la acción pública (la fiscalía), asignándole la intervención que prevé la ley”. Aplicando ese criterio, concluyeron que la posición desarrollada por el acusador –al ceñir los hechos materia del escrito de fs. 1/4 y 5/6 en una hipótesis de evasión fiscal (ver fs. 7/8), sin que se haya en la contienda motivado suficientemente la posibilidad de una variante a esa formulación- conduce a declarar la competencia del juzgado penal económico.

 
19-04-2017
Procuvin denunció a la Policía de la Ciudad por la detención de un vendedor ambulante en los pasillos del subte

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) denunció penalmente a personal de la Policía de la Ciudad por la posible comisión de un delito de acción pública durante el procedimiento de detención de un hombre que trabaja habitualmente en el subterráneo metropolitano, donde comercializa pañuelos descartables, y que el último viernes de marzo fue impedido de realizar su trabajo por agentes de esa fuerza de seguridad que lo detuvieron en la estación Lima de la Línea A. Fue liberado alrededor de las 11 de la noche en la estación Boedo de la Línea E, tras diez horas de detención. En la presentación, que fue radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, el fiscal ad hoc de la procuraduría especializada, José Nebbia, solicitó la realización de múltiples medidas de prueba tendientes a investigar la actuación de los uniformados pertenecientes a la División Subterráneos de la Policía de la Ciudad, aún no identificados. Los hechos La actuación de la Procuvin se inició luego de que la Dirección General de Acceso a la Justicia recibiera el testimonio de la víctima. El hombre, de 31 años y a cargo de una hija, denunció la violencia del operativo policial y lo injustificado de su detención. El procedimiento policial, detalló el hombre, se inició a las 11 de la mañana del viernes 31 de marzo, cuando tres personas de civil se acercaron al trabajador y le pidieron documentos. “No me muestran ninguna identificación –continúa- y uno de ellos me agarra del brazo, el otro del otro brazo” y el tercero “me agarra el documento que lo tenía en la mano”. Luego de permanecer demorado en Lima fue trasladado en un móvil policial a la estación Boedo de la Línea E, donde “me sacan mis pertenencias, arito, anillo, cadenita, cordones de zapatilla, cinto, celular, todo, todo y me meten al calabozo”. El hombre agregó que “cuando estaba en la estación Lima, delante de la gente, me llegaron a poner esposas sólo en el brazo derecho, ahí me lastimaron”. El procedimiento incluyó la actuación de un médico legista, que habría constatado las lesiones. Asimismo, el trabajador añadió que existen numerosos testigos del hecho denunciado, y proporcionó los datos de dos de ellos, al tiempo que aportó el contenido de dos videos grabados con un teléfono celular, que registran la escena y que fueron incorporados al acta labrada por el equipo jurídico de ATAJO. El documento fue remitido a la Procuvin, que decidió presentar la correspondiente denuncia penal. Medidas de prueba La presentación judicial incluyó una copia del acta que contiene el testimonio del trabajador, y fue acompañada por la solicitud de medidas de prueba, que consisten en la citación a prestar declaración testimonial por parte del trabajador y de los testigos, a fin de determinar con mayor detalle las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho investigado, y el requerimiento a la empresa Metrovías, para que remita los registros fílmicos de las cámaras de seguridad ubicadas en las estación de Subte A “Lima”, correspondientes al día 31 de marzo. Asimismo, la Procuvin pidió que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires aporte copia certificada del libro de partes diario, novedades, de detenidos y/o de los móviles correspondientes al día del hecho pertenecientes a la División Subterráneos de la Policía de la Ciudad; nómina de personal perteneciente a la misma, debiendo indicar la función asignada a cada uno de los agentes, y el listado de móviles operativos en la fecha aludida, debiendo incluir el recorrido histórico de los mismos e indicar los efectivos que se encontraban a bordo de cada móvil, además de las modulaciones radiales producidas por personal de dicha dependencia, con el detalle del personal que portaba cada equipo radial.

 
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