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Noticias
 
17-07-2017
Oficina de violencia domestica de la corte atiende durante la feria

Durante la feria judicial la oficina de violencia domestica de la Corte Suprema atendera al publico las veinticuatro horas en Lavalle 1250 planta baja.

 
15-07-2017
Ercolini citó a indagatoria a Gils Carbó por irregularidades en la compra de un edificio de la Procuración

El juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, en una resolución firmada este viernes, citó a indagatoria a Alejandra Gils Carbó por la compra de un edificio. Es en el marco de una causa en la que se investiga la compra de un inmueble para la Procuración por casi 44 millones de pesos. Además fueron citadas otras diez personas. A continuación, el cronograma completo: - Osvaldo Leguizamón, el día 3 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas. - Jorge Daniel Domanico, el día 7 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas. - Héctor Zurita, el día 9 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas. - Ignacio Costa Urquiza, el día 11 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas. - Bárbara Jaureguiberry, el día 14 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas. - Pedro Antonio Donato Viceconte, el día 17 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas. - Roberto Daniel Martino, el día 18 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas. - Adrián Marcelo González Fischer, el día 22 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas. - Juan Carlos Thill, el día 24 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas. - Guillermo Alfredo Bellingi, el día 28 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas. - Y Alejandra Magdalena Gils Carbó, el día 31 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas.

 
14-07-2017
SENADORES RATIFICAN LA CONTINUIDAD DE RUPERTO GODOY EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

El bloque justicialista del Senado, anunció su “firme respaldo” a la continuidad del senador Ruperto Godoy en el seno del Consejo de la Magistratura, a pesar de los dos fallos judiciales que ordenaron su desplazamiento. De ese modo el legislador sanjuanino continuará hasta ejerciendo dicho cargo hasta que esté firme la sentencia. Sostuvo el senador Miguel Pichetto que existe una “posición unívoca de dar un firme respaldo a la continuidad de Godoy en el Consejo de la Magistratura, cargo que desempeña desde hace dos años y medio”. Pichetto habló de “una sentencia arbitraria, de una naturaleza política”, situación que no se ha podido despejar según sus palabras. Recordemos que en el fallo de primera instancia, el juez Enrique Lavié Pico señaló que la cesantía del senador Godoy se producirá sólo cuando la resolución quede firme. El senador Pichetto señalo que “está en juego la continuidad de un senador que representa a una Cámara federal como es el Senado”, y que la decisión de apartarlo “avasalla, lesiona y agravia la toma de decisiones de otro poder como es el Legislativo”. Para el Senado si la sentencia queda firme, eventualmente como suplente van a nombrar en lugar de Ruperto Godoy a Mario País.

 
14-07-2017
Bee Sellares “La opinión pública se va tergiversando cada vez más”

El abogado Marcelo Bee Sellares, secretario de la Presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación, se refirió al funcionamiento, desafíos y líneas en las que actualmente está trabajando la institución. El profesional integró uno de los paneles en el marco de la VII Jornada de Periodismo y Justicia, denominado “El Consejo de la Magistratura y la opinión pública. Relación con los Medios de Comunicación”. -¿Cómo se estructura y cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura de la Nación? -El Consejo de la Magistratura de la Nación es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, según lo establece el artículo 114. A mi modo de ver, es un órgano institucionalmente virtuoso y multifacético, que tiene a su cargo la selección de los magistrados, el inicio del proceso disciplinario y de acusación; además de tener a su cargo la administración y ejecución del presupuesto del Poder Judicial. Para que se tenga una idea, por el Consejo de la Magistratura pasa desde comprar una resma de papel hasta la construcción de una obra pública para un juzgado federal. El rol social es el gran desafío. Si uno se guía por las atribuciones de las funciones del Consejo, según el artículo 114, diría que un rol social es seleccionar los magistrados, elevar las ternas para que el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, lo designe. Ese es el gran rol, además de social, institucional. -Para afrontar esos desafíos que menciona, ¿qué medidas se están implementando? -Creo que estamos en un proceso de transformación y adaptación a muchas demandas sociales que reciben la justicia y el Consejo de la Magistratura. Hay un gran desconocimiento del rol real que cumple. Hay un público propio, que son los operadores judiciales, además de magistrados, funcionarios, abogados y miembros del Ministerio Público Fiscal de la Defensa, que indudablemente conocen. -Sin embargo, es un instituto desconocido por la mayoría de las personas. -Tiene razón. La sociedad, en su mayoría, desconoce el rol social e institucional que tiene el Consejo de la Magistratura. Dentro del organismo estamos trabajando y adaptando muchas normas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley se dictó el año pasado pero se pondrá en funcionamiento en septiembre de este año. En definitiva, el Consejo es uno de los sujetos obligados por la ley a brindar información y a permitir el control, por parte de la sociedad, de los actos públicos que realiza el Organismo. Estamos adaptando las normas a lo que dice la ley y buscamos transparentar todo, desde el proceso de selección de los magistrados para que la sociedad pueda observar el estado de avance de cada uno de los concursos, de la misma forma que los procedimientos de la disciplina de acusación, de igual forma que en la administración del presupuesto del Poder Judicial de la Nación. -¿Qué es la Unidad de Participación Ciudadana? -Dentro de la alianza de gobierno abierto, a la cual Argentina se encuentra adherida, el año pasado hemos creado por resolución, la Unidad de Consejo Abierto y Participación Ciudadana. Además de tener una oficina de prensa, hemos creado esta unidad, para avanzar en este marco, en el que nos coloca la Ley de Acceso a la Información Pública. Estamos convencidos de que tenemos que adaptar nuestras normas a esa ley. De esta manera transparentamos la gestión, además de que es una sana costumbre democrática y de participación ciudadana. Se necesita una sociedad más activa que participe. -¿Cómo se pueden visibilizar las actividades del Consejo? -Tenemos portales y plataformas virtuales a través de los cuales se visibilizan las actividades institucionales del Consejo de la Magistratura. También se puede ver cuáles son los magistrados y funcionarios que han incumplido con la presentación de las declaraciones juradas que son anuales. Lo importante para destacar es que dentro de ese portal hay una sección de sugerencias, a donde el ciudadano puede opinar, hacer propuestas, opiniones y presentar quejas. Es un acceso que seguimos desarrollando, pero ya está en funcionamiento. ¿Qué opinión le merece la organización de actividades como la Jornada de Periodismo y Justicia? -Me parece que es muy buena. Hay que partir del concepto de que la información es pública. Es decir, es de la sociedad. A partir de eso, indudablemente debe existir una relación muy estrecha entre los operadores judiciales y los periodistas o comunicadores sociales. Creo que la opinión pública se va tergiversando cada vez más, porque no sólo la van marcando los grandes medios. Con la irrupción de la tecnología, se ha transformado en un cambio cultural y social con el que la opinión pública ha conseguido masividad. Este tipo de encuentros son muy importantes, pero creo necesario que se haga una capacitación, en dos sentidos: por un lado, por parte de los periodistas, para que los mensajes que transmitan a la sociedad sean lisos, llanos, sencillos y no técnicos y cerrados, como es el lenguaje que muchas veces utilizamos los abogados o los magistrados. Y, de nuestro lado, creo que es muy bueno porque en este acercamiento con los periodistas, tenemos la posibilidad de explicar la situación, haciendo entender por qué el Consejo de la Magistratura adoptó tal o cual decisión o función; o por qué no pudo adoptar tal otra; hasta por qué cuesta tanto destituir a un juez. Esto que la sociedad tanto demanda, se da porque para destituir a un Juez se requiere una mayoría agravada. Es un hecho institucional de suma gravedad. Esto hay que explicárselo a la sociedad, y los que tienen que hacerlo son justamente los comunicadores sociales. Fte. La Columna

 
14-07-2017
Salta: Convocan a concurso público para cargos de Secretarios

La Corte de Justicia de Salta, por Acordada 12430, ordenó llamar a concurso público para seleccionar postulantes a cubrir tres cargos de Secretario con competencia en Transición para el Tribunal de Juicio, Sala VI del Distrito Judicial Centro. El plazo para las presentaciones iniciará el lunes 24 de julio a las 8, y vencerá el 31 del mismo mes a horas 12. Las mismas deberán ser realizadas a través del procedimiento informático que establece la Acordada 12041 desde la página web www.concursossalta.gob.ar . Información en Website: www.justiciasalta.gov.ar o en la Unidad de Concurso de la Corte de Justicia sita en Avda. Bolivia 4671, Tribunal Electoral, Cuidad Judicial de Salta. Se recuerda a quienes se postulen para los concursos mencionados que se encuentra vigente la Acordada 11915, que ordena a los postulantes formalmente admitidos la obligación de presentarse a la entrevista personal y prueba escrita. En caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se restarán hasta 5 puntos del puntaje en el próximo concurso al que se postulen.

 
14-07-2017
Desarticularon una banda acusada de realizar secuestros virtuales y estafas a jubilados

En el marco de una investigación desarrollada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo de Carlos Alberto Vasser, en relación a una banda dedicada a realizar secuestros virtuales y estafas telefónicas a gente de avanzada edad –entre octubre de 2015 y abril de 2017- el lunes a la madrugada se realizaron una serie de allanamientos, que concluyeron con la detención de seis personas y el secuestro de equipos informáticos, celulares, dinero, joyas, documentación de vehículos y automóviles. La investigación se inició a raíz de varias denuncias donde distintos damnificados –de entre 68 y 99 años- refirieron haber sido víctimas de estafas. La banda actuaba bajo dos modalidades: la primera de ellas, conocida como “La llorona”, donde una persona llamaba a la víctima y se hacía pasar por un familiar que se encontraba secuestrado, tras lo cual otro de los delincuentes les exigía entregar dinero para su liberación; y el segundo modus operandi, que consistía en también hacerse pasar por un familiar, quien los alertaba sobre la implementación de inminentes y drásticas medidas económicas, por lo que debían resguardar sus ahorros. A fin de lograr el engaño, el supuesto familiar le indicaba que entregaran los valores al contador “Carlos Díaz” –una persona de su confianza-. En algunos casos, los mismos imputados acompañaron a las víctimas a retirar los fondos a sus cajas de seguridad bancaria. Así, al menos 30 personas cayeron en la trampa y entregaron a los estafadores U$S 585.747, $567.950, €13.445, joyas y otros objetos de valor. Así, el fiscal Vasser le requirió a sus colegas que le informaran si existían causas en trámite, en otras dependencias, en las que se hiciera referencia al supuesto contador Díaz, lo que permitió identificar varios procesos en curso ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°19. Al menos 30 personas cayeron en la trampa y entregaron a los estafadores U$S 585.747, $567.950, €13.445, joyas y otros objetos de valor. También, el representante del Ministerio Público Fiscal le encomendó al Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (DUFIE) de la Policía Federal Argentina el análisis de los abonados telefónicos captados por las antenas de los domicilios de las víctimas, lo que permitió identificar algunos números de interés para la pesquisa. Luego se analizaron los perfiles en Facebook de los sospechosos y se logró establecer una serie de domicilios que concordaban con las zonas geográficas donde se habían activado los teléfonos sospechados. A raíz de ello, el fiscal Vasser le solicitó a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, Alicia Iermini, la intervención de las líneas telefónicas, lo que evidenció que la banda se encontraba operativa. En virtud de ello, la jueza ordenó una serie de allanamientos, practicados el lunes por la madrugada, donde se aprehendió a seis personas, aunque aún hay tres que permanecen prófugas. Además, se secuestraron más de 30 teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y computadoras –los cuales son peritados por los especialistas-, al tiempo que se incautó dinero, joyas, documentación de vehículos y diversos rodados. Cabe destacar que una de las detenidas era una mujer, que gozaba de arresto domiciliario, por pesar sobre ella una condena a seis años y seis meses de prisión por hechos extorsivos similares a los investigados, y que actuaba –desde su vivienda- en coordinación con los restantes integrantes de la banda. Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, acusados de conformar una asociación ilícita destinada a cometer maniobras estafatorias y, en algunos casos, desapoderamientos mediante el uso de armas de fuego cuya aptitud no pudo ser acreditada, como así también se los investiga por lavado de dinero. Con el dinero obtenido en las estafas, los acusados adquirieron diverso automóviles en agencias automotrices de la Ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

 
13-07-2017
La UFISES denunció a Emilio Basavilbaso por presuntas irregularidades con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses

El fiscal federal Gabriel de Vedia, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos relativos a la seguridad social (UFISES), denunció a Emilio Basavilbaso (Director Ejecutivo de la ANSES), Santiago Bausili (Secretario de Finanzas), Rodrigo Pena (Secretario de Hacienda), Sebastián Galiani (Secretario de Política Económica), y Juan Martín Monge (Subdirector Ejecutivo de Operación del FGS) por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y administración infiel en perjuicio de la administración pública. El representante del MPF consideró que las operaciones realizadas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad estarían beneficiando reiterada e infundadamente a dos empresarios que podrían tener vinculaciones con el Gobierno. Hechos A raíz de la publicación del Acta N° 144 del Comité Ejecutivo del FGS en el portal oficial de la ANSES, la UFISES tomó conocimiento de las decisiones adoptadas por dicho organismo durante la reunión mantenida el 7 de marzo de 2017, en la sede del Ministerio de Hacienda. En tal oportunidad se decidió, entre otras cosas, aprobar por unanimidad la suscripción de U$S 15.000.000 de obligaciones negociables (“O.N”) que habían sido emitidas por la empresa Pampa Energía SA. Ellas corresponden al Programa de emisión que la empresa había puesto en marcha el 3 de enero de 2017. Actuación de la UFISES Luego de iniciada la investigación preliminar en la Unidad a cargo de Gabriel de Vedia, se obtuvo documentación que permitiría verificar una vinculación comercial entre Marcos Mindlin (presidente y uno de los principales accionistas de Pampa Energía SA y Petrolera Pampa SA) y Joseph Lewis (cuyas compañías también participarían en el capital social de las empresas mencionadas). Ambos empresarios poseen fuertes intereses económicos en el sector energético argentino. Marcos Mindlin está vinculado además al Grupo Obras, Desarrollos y Servicios (“Grupo ODS”), que está compuesto, entre otras empresas, por la Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico (“SACDE SA”). En marzo de 2017 Mindlin habría adquirido dicha compañía constructora por parte de Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri. Por su parte, el empresario inglés Joseph Lewis, titular del Grupo Tavistock de inversiones privadas, mantendría vinculaciones comerciales con Pampa Energía a través de las empresas Labmex International SARL y Hidden Lake Holdings SA. Lewis mantiene una relación de amistad con el presidente de la Nación, de acuerdo con las propias declaraciones públicas de éste último en enero del corriente año. Antecedentes En su denuncia el fiscal tuvo en cuenta como antecedente una operación anterior del mencionado Comité Ejecutivo: la venta del 11,85% del capital social de Petrobras Argentina SA a Pampa Energía SA, a un precio y en una época que habrían sido poco convenientes a los intereses del FGS. El 7 de octubre de 2016, con la intención de concretar una fusión entre Pampa Energía y Petrobras Argentina, fue lanzada una oferta pública de adquisición obligatoria y de canje voluntario, dirigida a las 622.445.264 acciones de Petrobras Argentina que eran de titularidad del público inversor, las que representaban el 32,81% de su capital social y de sus votos. Una parte de los accionistas de Petrobras Argentina que debieron tomar una decisión fue, precisamente, la ANSES, que tenía en el FGS el 11,85% del capital social de dicha empresa petrolera. El organismo previsional podía desprenderse de la participación que tenía en Petrobras Argentina, o bien aumentar la participación que tiene en Pampa Energía (18% del paquete accionario, y cuatro de sus directores designados). El Comité Ejecutivo del FGS optó por la primera de esas opciones, en lo que significó la primera venta de acciones del FGS desde que fue reformado su régimen en virtud de la Ley N° 27.260, sancionada el 26 de mayo de 2016. De esa forma, se desprendió de las acciones que tenía en Petrobras Argentina, a un valor de $10,37 por cada acción, lo cual totalizó un precio de $ 2.482.140.001 (pesos dos mil cuatrocientos ochenta y dos millones ciento cuarenta mil uno). Cabe destacar que una vez que Petrobras Argentina fue absorbida y fusionada con Pampa Energía SA, se habría producido un alza en la cotización de sus acciones, variación que habría generado un significativo rédito económico a la segunda (y a las personas físicas vinculadas comercialmente a la empresa entre los que se encuentran Mindlin y Lewis) y un posible perjuicio patrimonial sobre los recursos del FGS. Dicha operación (la primera venta de acciones del FGS desde que fue reformado su régimen, en virtud de la Ley N° 27.260), está siendo investigada en el marco de las actuaciones “Caputo, Luis y otros s/ negociaciones incompatibles”, en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11. Posible perjuicio sobre los fondos del FGS A su vez, el fiscal señaló en su denuncia que las calificadoras de riesgos habían otorgado un puntaje regular a las ON emitidas por Pampa Energía. Puntualmente, señaló que dichos títulos registraban características especulativas significativas y que si bien el emisor presentaba actualmente capacidad para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación, enfrentaba continuas e importantes incertidumbres que podrían hacer que su capacidad fuera inadecuada para cumplir con sus compromisos a futuro. De Vedia consideró que debía investigarse por qué el Comité del FGS optó por adquirir este tipo de ON y no otras que podían revestir un mayor beneficio para el fondo. En este sentido, propuso como medida la designación de un perito que analice las consecuencias económicas de las operaciones realizadas y las características de otras ON adquiridas por el FGS durante el 2017. El fiscal planteó “que a través de la investigación preliminar pudo determinarse que por decisión del Comité Ejecutivo del FGS se suscribieron O.N emitidas por la firma Pampa Energía SA, operación que representaría un significativo rédito económico para su plantel de accionistas, compuesto, entre otras personas por Marcos Marcelo Mindlin y por Pampa Holdings LLC, que a su vez tendría como accionista a una empresa vinculada a Joseph Charles Lewis”. En este sentido, sostuvo además que no era la primera vez que el Comité del FGS habría beneficiado a la misma sociedad y accionistas en operaciones que podrían resultar irregulares. Por último, de Vedia señaló que las primordiales funciones que cumple el FGS para garantizar el acceso a una cobertura a los actuales y futuros beneficiarios del sistema de la seguridad social, obliga a realizar una investigación exhaustiva de todos aquellos hechos que lo involucren y que puedan estar teñidos de irregularidades. Funciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad El FGS del Régimen Previsional Público fue creado por el Decreto 897 del 12 de julio del 2007 –modificado por Dto. 2103/08- con el objeto de: a)Atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales; b) Constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional público garantizando el carácter previsional de los mismos; c) Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del Fondo; d) Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales; e) Procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo sustentable de la economía nacional, a los efectos de garantizar el circulo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la preservación de los activos de dicho Fondo (v. art. 1° del Dto. 897/07 modif. Por Dto. 2103/08). Para materializar sus objetivos, el FGS está conformado por: a) Los recursos percibidos por la ANSES que resulten de libre disponibilidad; b) Los bienes que reciba el Régimen Previsional Público como consecuencia de la transferencia de los saldos de las cuentas de capitalización en cumplimiento del artículo 3º del Decreto Nº 313/07, reglamentario de la Ley Nº 26.222; c) Las rentas provenientes de las inversiones que realice; d) Cualquier otro aporte que establezca el Estado Nacional mediante su previsión en la Ley de Presupuesto correspondiente al período de que se trate; e) Los bienes que reciba el SIPA como consecuencia de la transferencia de los saldos de las cuentas de capitalización en cumplimiento del artículo 7º de la Ley Nº 26.425 (v. art. 3 Dto. 897/2007 modif. por Dto. 2.103/08). Con fecha 26 de mayo del 2016 se dictó la ley 27.260 que creó el “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”. Esta normativa tuvo por objeto implementar acuerdos que permitieran reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales con los beneficiarios del sistema. En base a ello se introdujeron modificaciones al régimen del FGS, disponiéndose que los recursos del fondo, además de los fines ya previstos, podían utilizarse para cumplir con el pago de los acuerdos.

 
13-07-2017
La Corte Suprema amplió el cuerpo de peritos anticorrupción

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió ampliar el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, debido al incremento de las causas vinculadas con aquellos delitos y la complejidad que conlleva el examen de los elementos ingresados a peritar, sumando cinco nuevos peritos a los diez profesionales que componen aquel cuerpo. Fue a través de una resolución firmada este martes por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. De esa manera, el Máximo Tribunal decidió llamar a concurso público para cubrir los cargos de: - Dos peritos contadores, con especialización y práctica en administración pública, administración financiera del sector público o administración y contabilidad pública; - Un perito contador, con especialización y práctica en mercado de capitales; - Un perito contador, con especialización y práctica en contabilidad internacional; - Un perito abogado, con especialización en derecho penal económico, criminología o criminalidad económica y con dedicación comprobable respecto al delito de blanqueo de capitales y demás delitos económicos y financieros. En la resolución se incluye el llamado a concurso para cubrir el cargo de un perito ingeniero en sistemas de información o informática, que había quedado sin cubrir. Designaciones Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia realizó este martes las designaciones en el Cuerpo de Peritos Anticorrupción de tres ingenieros civiles con especialidad en vías de comunicación y de un ingeniero en sistemas de información o informática, que habían resultado elegidos mediante concurso público de antecedentes y oposición. Fue mediante la acordada 21/2017, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

 
12-07-2017
Procesan a Julio De Vido por irregular asignación de subsidios para gasoil

El juez Claudio Bonadio dispuso este lunes el procesamiento de Julio De Vido en el marco de una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para gasoil de líneas de colectivos, y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1.000 millones de pesos. El magistrado también procesó a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, a quienes dispuso embargo por sumas de hasta 900 millones de pesos. Según la resolución, “se imputa a Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro, en sus condiciones de interventores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte; Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ariel Ramos, en sus condiciones de Secretarios de Transporte; y Julio Miguel De Vido, en su condición de Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, haber intervenido en el hecho que se detalla a continuación, que ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente seiscientos nueve millones trescientos veintiséis mil ciento ochenta y seis pesos, con veinticinco centavos ($ 609.326.186,25)”. “Los imputados ocuparon los cargos públicos referidos por los siguientes períodos: Roque Guillermo Lapadula, del 06/06/2003 al 09/02/2004; Pedro Ochoa Romero, del 09/02/2004 al 10/12/2007; Antonio Eduardo Sícaro, del 11/12/2007 al 15/08/2012; Ricardo Raúl Jaime, del 25/05/2003 al 01/07/2009; Juan Pablo Schiavi, del 01/07/2009 al 07/03/2012; Alejandro Ariel Ramos, del 07/03/2012 al 10/12/2015 y Julio Miguel De Vido, del 25/05/2003 al 10/12/2015”, agrega. Además, señala que “durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían. A tal fin, diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”. “Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014”, añade

 
12-07-2017
Corte Suprema: solicitó el concurso preventivo de Oil Combustibles SA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió solicitar la remisión del concurso preventivo de Oil Combustible S.A.. La decisión fue adoptada en el marco del recurso de queja interpuesto por la AFIP (COM 19981/2016/20/RH2 Oil Combustible S.A. s/ concurso preventivo), quien alegando la existencia de fraude concursal, pretende la nulidad del auto de apertura del concurso dictado por el juez de Chubut y convalidado por la Sala D de la Cámara Nacional Comercial. La recurrente invoca en lo sustancial, que el pedido de concurso resulta una maniobra fraudulenta para eludir y dilatar el pago de una deuda de aproximadamente 8.000 millones de pesos en concepto de Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos (Ley N° 23966). La Corte decidió solicitar el expediente principal y estudiará el caso en la segunda mitad del presente año.

 
Judicial del NOA
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La Corte Suprema declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en casos de lesa humanidad
 
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