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20-09-2017
Confirmaron el sobreseimiento de Gómez Centurión

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal –integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah- resolvió el pasado viernes en la causa CFP 11557/2016/CA1 confirmar el sobreseimiento de Juan J. Gómez Centurión dispuesto por el titular del Juzgado Federal n° 8, Marcelo Martínez de Giorgi. En la resolución se explica que la denuncia contra Gómez Centurión fue realizada por Miguel Paolantonio a través de sus apoderados Rusconi y Palmeiro. Según el fallo, “los hechos por los que querelló Paolantonio se enmarcan en el contexto de la investigación llevada adelante por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 6 en el expediente CPE n° 529/2016 (al que se acumularon varios legajos), donde se encuentra imputado junto a otras personas por maniobras de contrabando de mercadería ingresada ilegalmente al país (arts. 863, 864, 856 inc. “a”, “b” y “f” del Código Aduanero; conf. fs. 6). Según alega, determinadas circunstancias reveladas en tal contexto, le permitirían suponer que el titular de la Dirección General de Aduanas, Juan J. Gómez Centurión, habría accedido a elementos obtenidos en forma ilícita (mails, ‘capturas de pantalla’, etc), cuyos contenidos fueron acompañados a esa pesquisa por un periodista. La falta de denuncia por parte del funcionario y el no haber manifestado la realidad al deponer ante el magistrado interviniente, darían lugar al encuadre de su conducta en figuras del Código Penal –arts. 153, 248, 275 y 277 del CP- (fs. 1/4, 7/8, 141/50). Los ejes de esas hipótesis fueron también los de un planteo de nulidad formulados por los Dres. Rusconi y Palmeiro, con relación a pruebas propias de aquella instrucción (ver fs. 244/51)”. Para descartar la posibilidad de proseguir con la investigación, la Sala señaló inconsistencias en el relato de Paolantonio, que surgían al confrontarlo con los datos que constaban en el expediente que lo tiene por imputado por contrabando, lo que echaba por tierra las premisas de su hipótesis criminal. Pero, principalmente, se llegó a esa conclusión en aplicación de la doctrina de ese Tribunal sobre el derecho a no revelar las fuentes periodísticas. Sobre ello, se explicó: “En el marco de las causas contra la presunta banda delictiva conformada por los hermanos Paolantonio, declaró el autor de los artículos, Matías Longoni. Refirió al cúmulo de información que había utilizado para la redacción de las notas, que sirvieron para guiar y confirmar los datos de sus investigaciones periodísticas, cuyos resultados plasmó. En el acto, aportó copias de las decenas de documentos y copias que colectó; entre ellos algunas impresiones de intercambios de correos entre los supuestos involucrados en el contrabando y terceros.” “Aclaró que la información que dio inicio a su tarea de procura de pruebas le fue ‘dirigida de manera espontánea por parte de una fuente cuya identificación no revelará amparándose en el derecho periodístico a no revelar la fuente, del cual hace uso’ (fs. citadas)... Cabe detenerse en este punto. Es claro que la negativa de Longoni a revelar su fuente, afecta seriamente a la pretensión que desde un inicio planteó la querella, tanto en lo relativo a su hipótesis sobre el modo de obtención de las evidencias, como a cualquier posibilidad de procurar alguna vía de averiguación que tienda a conocer si alguien tuvo acceso previo a aquellas, además del periodista.” “Siendo eso así, los Dres. Rusconi y Palmeiro tienden a objetar el alcance otorgado al derecho invocado -en razón de su profesión-, que califica de ‘pseudo escudo protector…’ (fs. 311). Al respecto, debe decirse que la jurisprudencia de esta Sala ha venido abordando desde hace tiempo este tipo de discusiones. Según los postulados de la doctrina sobre la materia, entre los aspectos esenciales de la libertad de prensa, como derecho reconocido y de ejercicio garantizado por la Constitución Nacional y los pactos internacionales con esa jerarquía, se inscriben el acceso libre a las fuentes de información, la posibilidad de recoger noticias, transmitirlas y difundirlas, y de resguardar razonablemente el secreto de la fuente de la que se han obtenido (causa n 17.771 ‘Bonelli’ del 17/7/01, reg. n 18.835; causa n 19.480 ‘Thomas Catan’ del 28/10/02, reg. n 20.377; causa n 21.973 ‘Campagnoli’ del 16/12/04, reg. n 23.242; ver también Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-5/85).” “Es que, en palabras de la Corte, el desenvolvimiento de este derecho demuestra que su primigenia protección contra la censura previa puede ser fácilmente burlada por otras vías que, de manera disimulada, pueden resultar tanto o incluso más efectivas que un intento directo de silenciamiento, lo que ha conducido a observar que ‘...dicha libertad tiene un sentido más amplio que la mera exclusión de esa clase de censura y la protección constitucional debe imponer un manejo especialmente cuidadoso de las normas y circunstancias relevantes para impedir la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y sus funciones...’ (CSJN, Fallos 320:1191 y sus citas).” “Partiendo de tales principios, las críticas y propuestas del recurrente no conmueven la solución a que arribó el juez. Nótese, sobre ello, que el Tribunal ha descartado que resulte constitucionalmente admisible transitar líneas de investigación que constituyan un camino para obtener elípticamente aquella información que, en el legítimo ejercicio de un derecho, el periodista se rehusó a aportar (causa n° 27.339 ‘Dr. Hugo J. Pinto’, reg. n° 29.520 del 23/2/09). De eso, en definitiva, se trataría lo sugerido por la parte.

 
20-09-2017
Quedó firme la condena a un penitenciario federal por torturar a un detenido en la cárcel de Marcos Paz

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por la defensa de Víctor Guillermo Meza, y confirmó su condena a 8 años y medio de prisión por imponerle torturas a un detenido que estaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal N°2 de Marcos Paz, en el año 2011. El 16 de julio de ese año, la víctima, de 24 años de edad, estaba detenido en el Anexo 5 del penal de Marcos Paz. Tras recibir visitas, y durante un procedimiento de requisa, se originó un incidente que culminó con un intercambio de golpes entre el interno y el guardiacárcel Juan Pablo Martínez. La situación motivó que el detenido fuera trasladado a una sala –empleada para entrevistas psicológicas- , donde los agentes Martínez, Meza, Roberto Fernando Cóceres y Javer Andrada, lo patearon, golpearon con puños y bastones y lo quemaron, entre otras torturas. Del hecho fueron anoticiados los penitenciarios Juan José Mancel, Juan Morinigo y Ede Martín Vallejos, quienes fueron acusados de denunciar lo ocurrido. La víctima denunció las torturas padecidas ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que tomó intervención y denunció a los oficiales. Así, finalmente, en junio de 2015, se realizó el juicio oral y público, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Martín. En esa oportunidad, los jueces Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Gustavo Barroetaveña, hicieron lugar al pedido del fiscal general Marcelo García Berro -quien intervino con la asistencia de la Procuvin- y condenaron a Martínez a la pena de 9 años y medio de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, en orden al delito de imposición de torturas. También, a Meza y a Coceres les impusieron 8 años y medio de prisión e inhabilitación, mientras que Mancel recibió dos años de prisión por omitir denunciar lo ocurrido. Por su parte, Andrada, Morinigo y Vallejos fueron absueltos. El decisorio fue recurrido, en diversas instancias, por la defensa de Meza que, ante la denegatoria del recurso extraordinario, presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ministra Elena Highton de Nolasco y los ministros Juan Carlos Maqueda y Carlos Fernando Rosenkrantz resolvieron declarar inadmisible la pretensión de la defensa y confirmaron la sentencia condenatoria respecto de Meza por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece: "La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia".

 
19-09-2017
CASO MALDONADO: INFORME DEL JUZGADO FEDERAL DE ESQUEL POR ALLANAMIENTO

El Juzgado Federal de Esquel informa las diferentes medidas realizadas durante la jornada de ayer en el allanamiento realizado en el sector de la Estancia Leleque de la Compañía de Tierras Sud Argentino SA ocupado por el Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen en la Provincia del Chubut. En una de las viviendas allanadas se secuestró una mochila cuyas características coinciden parcialmente con la descripta por dos testigos como la que usaba Santiago Maldonado el día de su desaparición. Se han secuestrado también varias camperas de color negro como la que llevaba puesta la persona que se ve en la filmación entregada por la abogada que representa a la familia de Santiago Maldonado. Estas camperas fueron encontradas en distintos puntos del sector ocupado por la comunidad. Bajo un árbol cercano a la costa cruzando el río Chubut se encontró una mochila en aparente estado de abandono. Esta mochila también fue secuestrada debido a la semejanza de su color con la descripta por los testigos mencionados. Además, como el suelo bajo ese árbol aparentaba tener tierra removida, el sector fue inspeccionado por canes adiestrados en búsqueda de rastros humanos con resultado negativo. Se aclara que los elementos encontrados serán objeto de análisis científico para determinar si efectivamente pertenecen a la víctima. También se secuestraron teléfonos celulares que fueron encontrados en las diferentes viviendas inspeccionadas con el objeto de determinar si alguno de ellos pertenece a Santiago Maldonado o si registran datos relevantes para explicar su desaparición. Se rastrilló nuevamente el cauce y costa del río Chubut con resultado negativo, cubriendo una distancia aproximada de 6 kilómetros desde las inmediaciones del lugar en el que Santiago Maldonado habría sido visto por última vez. Se encomendó al personal de policía científica que realice un recorrido desde la tranquera de ingreso hasta la orilla del río Chubut, con el objeto de registrar toda la zona en filmaciones y fotografías que puedan servir de cotejo para evaluar el contenido de las declaraciones testimoniales recibidas. Con la misma finalidad se obtuvieron fotografías desde la margen contraria del río para ilustrar el campo de visión que habrían tenido las personas que habían logrado cruzarlo el día 1 de agosto. El sector que mantiene ocupado el Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen tiene una extensión aproximada de 1300 hectáreas. Ayer fue rastrillada en su totalidad, con personal policial que la cubrió a pie y con canes adiestrados en búsqueda de rastros humanos. Para la tarea se requirió de la intervención de 367 efectivos de la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. También intervinieron unidades especializadas de la Policía de Santiago del Estero, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Policía de San Luis y Policía de Río Negro. El personal fue trasladado en 33 vehículos y 2 helicópteros. Se revisaron en total 21 construcciones. Algunas de ellas son utilizadas como vivienda por los miembros de la comunidad, otras como puestos de guardia y muchas otras construcciones están en evidente estado de abandono. En el momento en que las fuerzas de seguridad iniciaron el allanamiento detectaron la presencia de 4 personas en diferentes lugares de la zona. Los 3 varones fueron identificados y quedaron bajo custodia policial hasta que culminó el procedimiento. La mujer no permitió que pueda ser debidamente identificada, por lo cual fue conducida con esa finalidad a la ciudad de Esquel. Recuperó su libertad en horas de la tarde.

 
18-09-2017
Informe de la Cámara Federal de Casación Penal por decisiones adoptadas en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (presidente) y Mariano Hernán Borinsky, resolvió: 1) Con fecha 29 de marzo de 2017, la Sala IV resolvió no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa de Lagomarsino contra la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que confirmó el rechazo del planteo de nulidad deducido por la defensa contra el dictamen del Fiscal Federal Taiano (en quién se encuentra delegada la investigación) que dispuso la convocatoria de la junta interdisciplinaria a cargo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina, para establecer las causas de la muerte de Nisman. 2) Con fecha 8 de mayo de 2017, la Sala IV resolvió denegar la vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitada por la defensa de Diego Ángel Lagomarsino. 3) Con fecha 31 de julio de 2017, la Sala IV resolvió no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa de Lagomarsino contra la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que confirmó el rechazo del pedido de recusación del perito tecnológico, Ingeniero Presman, propuesto por las hijas del fiscal Nisman. 4) Con fecha 13 de septiembre de 2017, la Sala IV resolvió denegar la vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitada por la defensa de Diego Ángel Lagomarsino. 5) Con fecha 24 de agosto de 2017, la Sala IV resolvió no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa de Lagomarsino contra la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que rechazó un recurso de queja, por apelación denegada, contra la decisión del juez federal que no hizo lugar al pedido de recusación de los peritos de Gendarmería Nacional designados para intervenir en la pericia. 6) Con fecha 24 de agosto de 2017, la Sala IV resolvió no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa de Lagomarsino contra la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que confirmó el rechazo del pedido de nulidad solicitado por esa parte contra un punto del dictamen fiscal que no convocó a declaración testimonial de los peritos que realizaron la pericia psicológica. 7) Con fecha 13 de septiembre de 2017, la Sala IV resolvió no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa de Diego Lagomarsino contra la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que había confirmado el rechazo “in limine” de la recusación solicitada por esa parte respecto del juez federal Ercolini. Se recuerda que en la causa se investiga el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, quien tenía a su cargo la investigación por la voladura de la AMIA y apareció muerto en su departamento el 18 de enero de 2015, días después de haber denunciado a la presidente Cristina Kirchner, al canciller Néstor Timerman y otros funcionarios por presunto encubrimiento de los autores del atentado.

 
18-09-2017
Operativo Independencia: el tribunal calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad, condenó a diez acusados y absolvió a otros siete

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó esta tarde a cinco ex policías y a un ex militar a prisión perpetua e impuso penas de entre 4 y 18 años de prisión a dos ex policías y dos ex militares por crímenes perpetrados durante el denominado Operativo Independencia, a los cuales calificó como de lesa humanidad, en el final del histórico juicio que abordó el plan sistemático de exterminio desplegado en aquella provincia desde principios de 1975. Los jueces dictaron además la absolución de cuatro ex policías y tres ex militares. "Es importante históricamente porque se determinó que hubo delitos de lesa humanidad antes del golpe de Estado de 1976, durante el Operativo Independencia, que era buena parte de lo que nosotros planteábamos como caso. De ahí en más, respecto de las absoluciones tendríamos que leer bien los fundamentos, pero a primera vista hay varias que parece que no tienen un correlato con lo que pasó en el debate y con la posición que teníamos nosotros como acusadores", evaluó minutos después del veredicto el fiscal federal Pablo Camuña, quien intervino en el debate junto a los fiscales ad hoc Agustín Chit y Julia Vitar. El equipo del MPF había solicitado las condenas de todos los acusados, con diez pedidos de prisión perpetua y otros siete de entre 3 y 20 años de prisión. Las conclusiones fueron leídas a sala llena durante más de dos horas en las que la secretaria y el secretario del tribunal se alternaron en cada uno de los puntos, la mayoría de ellos extensos. Los jueces Juan Carlos Reynaga -quien disintió en varios aspectos con sus colegas-, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla consignaron los nombres de las víctimas en el pronunciamiento sobre cada acusado que resultó condenado. A juicio llegaron hechos contra 271 víctimas y la Fiscalía había formulado acusación por 266 de aquellos casos. Las condenas fueron, según cada imputado, por los delitos de aplicación de tormentos, privación ilegítima de la libertad, homicidios, violación de domicilio, violación sexual, abuso deshonesto y asociación ilícita. Las penas máximas correspondieron al ex jefe de la Zona Capital de la Policía tucumana y luego su jefe de Informaciones, Roberto Heriberto Albornoz; al ex oficial principal del Servicio de Informaciones (D2) de la Policía provincial, Ricardo Oscar Sánchez; al ex agente del D2, Luis Armando de Cándido; al ex oficial ayudante y jefe de la comisaría de León Rouges, Miguel Ángel Moreno; al ex supervisor militar del D2, Jorge Omar Lazarte; y al ex teniente primero del Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán, Enrique José del Pino. Las penas mensurables correspondieron al ex interventor militar de la Jefatura policial de Tucumán, Néstor Rubén Castelli, a 18 años de prisión; al ex auxiliar de la Jefatura de Operaciones del Estado Mayor del Comando de la Vta Brigada de Infantería de Tucumán, Jorge Gerónimo Capitán, a 16 años de prisión; al ex oficial ayudante del D2, Manuel Rubén Vila, a diez años de prisión; y al ex jefe del Equipo de Combate del Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero, Pedro Adolfo López, a cuatro años de prisión. Resultaron absueltos el ex jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal (Salta), Omar Edgardo Parada; el ex oficial de la comisaría de Tafi Viejo, Ramón César Jodar; el ex policía de Tucumán, Franciso Camilo Orce; el ex capitán y auxiliar de la sección jurídica del Comando de la Vta Brigada, José Roberto Abba; el ex jefe de la Compañía Comando y Servicios del Comando de la Vta Brigada, Alberto Alfredo Svendsen; el ex subcomisario del D2, José Luis del Valle Figueroa; y el ex oficial y jefe de la comisaría de Trancas, José Ernesto Cuesta. Entre las absoluciones, el tribunal distinguió las de Orce, Abba y del Valle Figueroa y explicó que fueron "por duda" y llamativamente consignó que las de Cuesta y las de Jodar, para quienes la Fiscalía había requerido 3 y 20 años de prisión, respectivamente, fueron por "exculpación por error de prohibición". Es decir que para los jueces esos acusados obraron sin conocer la ilicitud de la conducta que estaban llevando a cabo. En su resolución, el tribunal además decidió no hacer lugar al planteo de la Fiscalía de declarar nulas cinco causas seguidas durante aquella época a víctimas de este juicio por violación a la derogada ley 20.840, conocida como "ley antisubversiva", que sirvió para dotar de legalidad las detenciones arbitrarias y la persecución política. El tribunal evitó pronunciarse sobre el pedido expreso que le hicieron los fiscales para que declarara "como garantía de no repetición que en la provincia de Tucumán, durante la implementación del Operativo Independencia, no existió un conflicto armado interno". El próximo 8 de noviembre dará a conocer los fundamentos de las decisiones hechas públicas hoy.

 
13-09-2017
Un clan familiar irá a juicio por trata de personas con fines de explotación sexual

El próximo 12 de octubre comenzará el juicio oral y público contra un clan familiar acusado de explotar al menos a 12 mujeres en situación de vulnerabilidad en una serie de prostíbulos ubicados en la localidad de La Matanza, provincia de Buenos Aires. En el debate oral intervendrá el fiscal Marcelo García Berro. Dos de los imputados deberán responder en calidad de autores del delito de trata de personas, en tanto los restantes acusados como coautores del mismo delito. Todos llegan a esta instancia detenidos. La banda se encontraba liderada por una mujer que falleció durante la investigación y sus dos hijos: una mujer que se encuentra actualmente prófuga y un hombre señalado como dueño de los prostíbulos. De acuerdo a la pesquisa, integraban la organización un hombre que también sería propietario de los prostíbulos; una mujer que habría actuado como encargada de los locales, y la pareja de ésta, quien tendría a su cargo la apertura y cierre del prostíbulo y, a su vez, era el encargado de trasladar a las víctimas. A lo largo de la investigación llevada adelante por el fiscal federal de Morón Sebastián Basso se pudo desarticular esta organización que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en la región metropolitana oeste (especialmente en los Partidos de La Matanza y Morón y los barrios de Liniers y Villa Lugano), mediante la instalación de prostíbulos en locales alquilados, los cuales iban abriendo y cerrando "conforme la presión que se ejercía desde el Estado para lograr desalentar este tipo de negocio delictivo". Por otro lado, también se pudo establecer que los locales nocturnos y los imputados de la causa fueron investigados por diversas sedes judiciales durante los últimos años a partir de las innumerables denuncias que se fueron realizando, sumado a la dinámica propia del negocio sexual que implicaba que luego que los prostíbulos fueran identificados y allanados, rápidamente se abrían nuevos locales. Para el fiscal Basso, esta característica “dificultó una imputación integral sobre los principales integrantes de la asociación criminal”. Las víctimas indicaron que fueron engañadas a través de falsas ofertas laborales a partir de carteles en la vía pública que enunciaban la búsqueda de “camarera para boliches”. Las mujeres que allí se encontraban realizaban “copas” o “pases” con los denominados “clientes” quienes las elegían y las llevaban a las habitaciones que estaban contiguas al salón principal, donde eran explotadas sexualmente. Luego, recibían un porcentaje de la suma de dinero recaudado y la otra parte era retenida por una de las encargadas, que a su vez organizaba la actividad de las chicas al momento de tomar contacto con los clientes. Las jornadas eran de 10 a 22 horas pero una de las víctimas admitió que luego llegó a trabajar las 24 horas del día. Además, detalló que el dueño de los prostíbulos la hacía rotar periódicamente por los tres locales nocturnos. Una de las víctimas agregó que no contaba con el derecho de decidir si dormir o no, porque cada vez que venía un “cliente” ella se debía levantar a cumplir con su “trabajo”. Cuando la joven quería llamar a su casa, los proxenetas le daban un celular para comunicarse, con la condición de que le dijera a su familia que cuidaba chicos todo el día, trabajando en una casa de familiar. Finalmente, relató que luego de un mes y medio dejó de recibir la paga ya que los proxenetas le retenían el dinero y no la dejaban salir de ninguno de los tres prostíbulos antes indicados.

 
13-09-2017
Los jueces laborales no pueden aumentar a su arbitrio el importe de la indemnización por accidente de trabajo fijado por la ley

Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, y la disidencia del juez Horacio Rosatti, la Corte Suprema revocó un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había incrementado injustificadamente el importe de la indemnización por accidente laboral fijado por la ley. La viuda de un trabajador fallecido en un accidente laboral le reclamó a la compañía aseguradora de la empresa en la que trabajaba su esposo el pago de la indemnización prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo. Cabe recordar que esta ley establece que las indemnizaciones son tarifadas, es decir, que siempre deben determinarse empleando una fórmula matemática que toma en cuenta la edad que tenía el trabajador al momento del accidente y el salario que ganaba. Esto permite que la Ley de Riesgos del Trabajo otorgue una amplia protección a los trabajadores (amparándolos incluso en los casos de accidentes laborales provocados por su propia culpa y también cuando sufren accidentes en el trayecto entre su casa y el lugar de labor); y que las reparaciones previstas puedan ser adecuadamente cubiertas por las compañías aseguradoras que contratan las empresas sin que ello implique un costo laboral excesivo. El fallo de Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dictado por el juez Rodríguez Brunengo y la jueza Ferreiros, reconoció que por aplicación de la fórmula prevista en el artículo 15 de la Ley de Riesgos del Trabajo la indemnización ascendía a $ 435.103,50 (suma a la que debían agregarse los intereses devengados desde abril de 2011, fecha del accidente fatal). Pero, aduciendo que tal importe era insuficiente, estimó “justo” elevar la indemnización a $ 700.000. Finalmente, la Corte revocó ese fallo señalando que, mediante la sola invocación de principios genéricos vinculados con la equidad de la reparación y aludiendo a ciertas circunstancias relativas al trabajador fallecido, la cámara había determinado la indemnización apartándose injustificadamente de la ley aplicable. Circunstancia que dilató innecesariamente el pleito, pues obligó a la aseguradora a interponer un recurso para que la Corte dejara sin efecto lo decidido y ordenara el dictado de una nueva sentencia que se ajuste a la ley.

 
13-09-2017
Prevalece el interés superior de una niña en estado de vulnerabilidad frente a la detención de su mamá

El fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, Miguel Palazzani, dictaminó en favor de conceder el arresto domiciliario con vigilancia electrónica a una mujer que se encuentra detenida en la Unidad 13 de Santa Rosa, para que así pueda estar en contacto con su hija de 11 años. De acuerdo a las intervenciones de diversos especialistas, la familia atraviesa una situación “de vulnerabilidad múltiple”, que en el caso de la niña se ve agravado con la afectación a su desarrollo emocional, la integración al sistema educativo y a su bienestar físico y mental por la imposibilidad de estar con su madre. Al emitir su opinión, el representante del Ministerio Público Fiscal compartió los fundamentos de la Defensa Oficial, del Asesor de Menores y de diversos profesionales, de los que se desprende la situación que atraviesa la familia. La madre se encuentra detenida en Santa Rosa y el contacto con su hija “es virtualmente nulo”: La niña se encuentra al cuidado de su abuela, que está enferma. Las opiniones de los especialistas coincidieron en que necesita a su mamá cerca para evitar seguir sufriendo de la forma en que lo está haciendo. “Ninguna norma jurídica puede estar por encima de eso”, aseveró Palazzani. En un informe aportado por la Escuela, su directora contó que la niña “se acercaba a su docente para dar y recibir un abrazo en silencio”. “De mantenerse este estado de cosas (madre pobre, presa y lejos) hay una sola cosa de la que podemos estar seguros: se agrava el nivel de vulnerabilidad de N., se afecta su desarrollo emocional, sus potencialidades, su integración al sistema de educación formal, su bienestar físico y mental; en definitiva, estamos ante una niña en los primeros años de su vida y desarrollo que está sufriendo las consecuencias del encierro de su madre”, graficó el fiscal general. Palazzani destacó que en la ponderación de las situaciones -el cumplimiento de la pena impuesta y el derecho e interés superior de los niños- “es claro que se impone” el último, “pero en el caso, además, es perfectamente compatible la prisión domiciliaria en la modalidad de vigilancia electrónica”. En ese marco, señaló que las normas deben adecuarse “a los principios que emanan de nuestra Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales que se han incorporado a la misma, que, para el caso concreto, nos mandan tutelar y proteger por encima de cualquier otra cuestión, el interés superior de los niños y niñas”. En un informe aportado por la Escuela, su directora contó que la niña “se acercaba a su docente para dar y recibir un abrazo en silencio”. “Esa es la manifestación objetiva de un proceso de carencias y afectación muchísimo más profundo y, además, de lamentable irreparabilidad para toda su vida. Podemos interrumpirlo y aliviarlo”, concluyó el representante del MPF.

 
13-09-2017
La Corte Suprema reafirma su doctrina en materia de responsabilidad de los buscadores de internet

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Gimbutas” –con el voto de los jueces Highton de Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz- mantuvo la doctrina del fallo “Rodríguez, María Belén” en el cual se había resuelto que la actividad de los buscadores de internet se encuentra amparada por la libertad de expresión. En tal sentido, destacó que los buscadores son meros intermediarios que se limitan a mostrar contenidos ajenos (exhibidos en otras páginas web) y que su responsabilidad surge –en supuestos excepcionales- cuando no actuaran diligentemente a partir del efectivo conocimiento de la ilicitud de dichos contenidos. En particular, la Corte consideró que el servicio de búsqueda por imágenes constituye una herramienta automatizada para acceder a imágenes contenidas en páginas de terceros, con el fin de informar al usuario el sitio web en el que se encuentra la imagen original. De ese modo, entendió que cumplen una función de enlace que no difiere de la que realiza el buscador de textos. Agregó que los buscadores no “captan”, “reproducen” ni “ponen en el comercio” imágenes en el sentido empleado por los arts. 31 de la ley 11.723 y 53 del Código Civil y Comercial, sino que simplemente facilitan al público usuario de internet, el acceso a las imágenes “captadas”, “reproducidas” o “puestas en el comercio” por otros. En su ampliación de fundamentos, el doctor Rosenkrantz añadió que quien consiente mediante una manifestación de voluntad positiva que su imagen personal sea alojada en alguna página de internet y conoce que internet funciona con buscadores, consiente también que los buscadores faciliten al público usuario el acceso a dicha imagen. Por lo tanto, y en virtud del modo en que el Código Civil y Comercial regula los efectos del consentimiento, descartó que los buscadores sean responsables aun cuando –por hipótesis- se pudiese considerar que de alguna forma captan, reproducen o ponen en el comercio la imagen personal de quien se siente agraviado. Voto Lorenzetti y Maqueda Los Dres. Lorenzetti y Maqueda, mediante su disidencia parcial, remiten también a sus votos en el precedente “Rodríguez Belén”, destacando que la mera actividad de los buscadores al indexar los contenidos publicados por terceros se encuentra dentro del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la difusión de información. Consideran que su comportamiento resulta antijurídico cuando toma conocimiento efectivo de que está causando un perjuicio individualizado y no actúa con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente, haciendo cesar la situación lesiva. Con respecto al servicio de buscador de imágenes sostienen -como lo hicieran en el precedente citado- que por reproducirlas o utilizarlas resultaba estrictamente aplicable el art. 31 de la ley 11.723, que sin distinguir sobre el medio que se emplea, establece la exigencia del consentimiento del titular del derecho personalísimo para la publicación de su imagen, salvo casos de interés general. Con relación a la imagen, consideran que la Constitución protege un ámbito donde cada individuo es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea y que esa frontera no puede ser atravesada. La protección de la imagen excede el campo del derecho de propiedad, y es parte del derecho a la identidad, que resulta desfigurada cuando es insertada en un contexto diferente. Arrojar falsa luz sobre alguien es destruir una buena parte de su vida. Por último, luego de remarcar que la inviolabilidad de la persona humana se vería amenazada ante el funcionamiento de motores de búsqueda que prescindan de los principios constitucionales y de los parámetros de las normas que protegen la imagen, destacan que el Código Civil y Comercial de la Nación refuerza esa interpretación en tanto establece que la captación o reproducción de la imagen, como dos estadios diferenciados, no está permitida si no media consentimiento del titular.

 
11-09-2017
Cámara Federal confirma inhibición general de bienes en causa contra directivos de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal –integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah- resolvió este viernes las apelaciones deducidas en el marco de la causa CFP 18.368/2016/6/CA1 contra la inhibición general de bienes dispuesta por el juez Sebastián Ramos con relación a los imputados Manuel César Benítez, Adrián Leonardo Posada, Juan Martín Etcheverry e Irene Castro. Según la resolución de la Cámara, en la investigación –iniciada por la Oficina Anticorrupción e impulsada por el fiscal del caso, Gerardo Pollicita- los imputados detentaban los más altos cargos de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)- habrían intervenido en la comisión del delito de administración fraudulenta con relación a los fondos de esa sociedad. La firma cuenta con participación estatal, habiendo correspondido la designación de autoridades, durante la época de los hechos a Presidencia de la Nación, en la órbita del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido. Concretamente, se afirmó: “A través de los informes de auditoria interna y forense efectuados en ese organismo por el período comprendido entre el año 2012 y primeros meses de 2016 se detectó: a- un gran incremento en la cantidad de lingotes de oro producida y vendida por YMAD, sin que existan razones que lo justifiquen, cuyas transacciones se habrían materializado a través de procesos de licitaciones privadas mediante las cuales se adjudicaron cantidades de dicho metal -80% de las ventas- a un grupo determinado de diez sociedades vinculadas entre sí -cuyo objeto social no guardaba relación con el rubro y cuya capacidad económica resultaba insuficiente para justificar las cuantiosas adquisiciones-, generando una pérdida millonaria para la sociedad, en virtud del alto costo del refinamiento; y b- inconsistencias en los procedimientos para la adjudicación de los proveedores de cianuro de sodio -insumo vital en la industria minera-, que no habrían respetado los parámetros fijados en las políticas de compra, pagándose sobreprecios millonarios”. En la resolución se destaca también que, durante la investigación, se detectó que “algunos de los imputados, una vez advertidos sobre los allanamientos realizados en sus cajas de seguridad -oportunidad en la que se secuestraron sumas superiores al millón de dólares, gran cantidad de pesos argentinos y euros, lingotes cuyo material se presume es oro, entre otros bienes- y tras la posibilidad de que les sean incautadas otras cajas de su titularidad -que aún no habían sido informadas en la causa- habrían retirado los bienes allí guardados”. Por otro lado, se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la investigación con respecto a los supuestos compradores del oro en condiciones alegadamente fraudulentas (según información del caso, varias de las sociedades involucradas en esas operaciones tienen vinculación con empresas ligadas a los hijos de Lázaro Báez, que son investigadas en la causa el Juzgado Federal n° 7 por transferencias de dinero sospechosas). Asimismo, se indicó que deberá determinarse “la eventual participación de estamentos superiores de la administración pública de aquel entonces, disponiendo las medidas cautelares del caso, de corresponder”.

 
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