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22-03-2017
Casación confirmó la condena a un obstetra por mala praxis

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por la defensa del obstetra Carlos Fabián Psevoznik contra la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional N°4, Francisco Ponte, quien lo condenó a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial de cuatro años para el ejercicio de la medicina, por actuar con negligencia en un parto y causarle graves daños neurológicos al bebé. El caso El 15 de marzo de 2007, aproximadamente a las 9:27, una paciente dio a luz a su hijo en la Maternidad Suizo Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. Había ingresado al lugar a las 4:30, aunque en un primer momento le habían dicho que no tenían camas disponibles. Mientras las enfermeras y el médico de guardia monitoreaban a la paciente, la partera intentaba comunicarse con el obstetra Psevoznik, quien recién llegó entre las 8:00 y las 8:30 y dijo que “tenía para media hora o más” y se fue. Sin embargo, instantes después la partera fue a buscarlo. A las 8:50, Psevoznik constató que el bebé presentaba una “bradicardia fetal sostenida”, es decir, una disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de los valores normales. No obstante ello, el obstetra no adelantó el parto, sino que demoró 37 minutos en concretar el nacimiento por vía natural. El Cuerpo Médico Forense dictaminó que como resultado de esa demora, el niño sufre actualmente una “encefalopatía hipóxica isquémica perinatal grave”, lo que afecta en forma severa y permanente las funciones neurológicas y tiene “una inutilidad para el trabajo de por vida”. En el debate oral y público, en el que intervino el fiscal Ariel Yapur, el juez Ponte concordó con el representante del Ministerio Público Fiscal, en cuanto a que Psevoznik actuó de manera negligente, “demorando injustificadamente la extracción del feto transcurridos los diez minutos desde el inicio de la reanimación”. Para ambos, la tardanza resultó “irremediable”. Ponte sostuvo, además, que el cuadro clínico que actualmente presenta el niño está “directamente relacionado” con el episodio y agregó que el imputado “conoció en forma efectiva el peligro que su inacción acarreaba”. En virtud de ello, el juez Ponte condenó a Psevoznik a la pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial de cuatro años para el ejercicio de la medicina, tras hallarlo autor del lesiones culposas en perjuicio del niño. Ante ello, la defensa del obstetra interpuso un recurso de Casación contra la sentencia que lo condenó, al considerar que la misma era arbitraria y que no lograba definir en forma concreta cuál fue la conducta omitida. Por otra parte, sostuvo que debía entenderse prescripta la acción y excedido el plazo razonable, por haberse citado su pupilo a prestar declaración indagatoria seis días antes de que se cumpliera el plazo de prescripción, a pesar de que el avance de la investigación no permitía la realización del acto. Al opinar sobre la cuestión, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Ricardo Wechsler, postuló el rechazo del recurso. Al resolver la cuestión, los jueces de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, Ángela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar, resolvieron rechazar los planteos de la defensa y confirmar la sentencia condenatoria. En su voto, al que adhirieron sus colegas, el juez Slokar consideró que la cuestión de la prescripción debía rechazarse por cuanto “es la propia defensa la que reconoce que en ningún momento se cumplió el plazo de prescripción y, por ello, reconduce su reclamo a la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Empero, no fundamenta siquiera mínimamente su pretensión, ni señala dilaciones indebidas”. Por otra parte señaló que el argumento de la defensa se dirige “a negar la existencia de una violación al deber de cuidado y, de otro lado que, aún sí se considera negligente la conducta, no se comprobó que la patología padecida por el damnificado fuera causada por aquella conducta, toda vez que existía una anomalía previa que habría causado los daños”. En tal sentido, el juez Slokar señaló que siendo probable que “las condiciones de la placenta y el cordón umbilical hubieran generado la bradicardia, también se comprobó que si el obstetra hubiera actuado en forma prudente, la hipoxia hubiera tenido una menor duración, lo que habría evitado los daños o, cuanto menos, hubiera provocado su disminución” y agregó que “la defensa no demuestra más que su mera discrepancia en punto a la valoración probatoria efectuada”. Por todo ello, el camarista propuso rechazar el acuerdo sobre el argumento de que “no se evidencia arbitraria la imposición de la pena de dos años de prisión en suspenso a Carlos Fabián Psevoznik, toda vez que, aun teniendo en cuenta que no posee antecedentes condenatorios previos, aparece como adecuada la sanción en orden al delito por el que fuera condenado”.

 
22-03-2017
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena de 15 años de prisión contra Julio César Grassi

En el acuerdo del día de la fecha, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó, por unanimidad, los recursos presentados en la causa que tiene como imputado al sacerdote Julio César Grassi, convalidando lo decidido por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. De este modo, quedó firme la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n°1 de Morón, Provincia de Buenos Aires, que condenó a Grassi de 15 años de prisión como autor reiterado de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y guarda del menor-víctima en concurso real entre sí, que a su vez concurren idealmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda, cometidos en perjuicio de O.A.A. El sacerdote está actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Nro. 41 de Campana, Provincia de Buenos Aires. La decisión desestimó tanto los recursos presentados por la defensa como los presentados por la querella

 
22-03-2017
Condenaron a un hombre por causarle un aborto a su pareja, quien cursaba un embarazo de 36 semanas

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº5 condenó ayer a seis años de prisión a un hombre que le causó un aborto a su pareja, en enero de 2012. La víctima cursaba un embarazo de 36 semanas de gestación. En su alegato, el fiscal Ariel Yapur había considerado que Jorge Prieto intentó matar a su novia en el hecho y había solicitado 15 años de cárcel. Los fundamentos se conocerán el próximo 28 de marzo. Los jueces Rafael Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián Pérez Lance establecieron una prohibición de acercamiento para Prieto, quién no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima o de sus familiares ni contactarlos de ninguna forma. Además, le decretaron al acusado una prohibición de salida del país y la obligación de presentarse cada 15 días en el tribunal. El alegato Según la exposición del representante del Ministerio Público Fiscal, en la madrugada del 13 de enero de 2012, la víctima le dijo a Prieto que quería separarse y que iba a abandonar la casa donde convivían, en el barrio de Saavedra. Según relató la joven en el juicio, quería terminar con tranquilidad su embarazo, ya que no quería verse sometida al maltrato físico y psicológico que le infligía su pareja. La decisión fue comunicada “con prudencia y temor” resaltó el fiscal, ante la posibilidad de que Prieto reaccionara violentamente, lo que finalmente sucedió. El hombre la golpeó, la agarró de los pelos y la arrojó sobre la cama. Se puso arriba de la panza de la víctima, le sujetó las piernas y comenzó a ahorcarla mientras le repetía: “Hoy, morís”. La joven, quien no pudo terminar con su declaración en el juicio, intentó ponerse de costado para frenar el ataque. Prieto la tiró al suelo y se sentó nuevamente sobre ella. “Por favor, mi bebé”, le pidió la víctima a su pareja pero las agresiones no cesaron. El hombre volvió a tomarla del cuelo y a ahogarla, hasta que la víctima perdió el conocimiento. Cuando despertó, notó que tenía cortes en las muñecas y en cuello. “Esto lo hago por vos”, le manifestó Prieto tras sentarse otra vez sobre su abdomen. Instantes después, se cortó también las muñecas y el cuello y se desvaneció. La joven aprovechó para acercarse a la ventana para pedir ayuda a sus vecinos. Como pudo, bajó las escaleras hacia el departamento de abajo. Según los testigos, tenía pérdidas de sangre vaginales. Un matrimonio de vecinos la auxilió mientras llamaba a la policía y a una ambulancia. La víctima fue trasladada al Hospital Pirovano, donde se constató la muerte del bebé. Pietro permaneció internado en el Sanatorio Dupuytren a causa de las heridas que se autoinfligió. Para Yapur, el relato de la joven fue “devastador” y coincidía con lo que había manifestado cinco años atrás durante la instrucción y que se vio reflejado en el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Jose María Campagnoli. En su declaración, había contado que Prieto era muy celoso, que trataba de que ella no se viera con otras personas y que incluso presentó una denuncia contra él cuando le arrojó un cargador de computadora directamente hacia su panza. Eso ocasionó una separación aunque luego volvieron a convivir. El fiscal explicó que en este tipo de casos se enmarcan en el denominado “círculo de violencia”. Tras los episodios violentos, se suceden los períodos de disculpas, el compromiso de que las cosas van a mejorar para volver nuevamente a las expresiones de furia. “La declaración de la víctima fue completa no sólo en la narración de los hechos sino en el panorama de cómo se llegó a esa noche”, consideró. El representante del Ministerio Público tuvo en cuenta también la declaración del matrimonio que vivía debajo de Prieto, a los que acudió Araujo en busca de ayuda luego del ataque. Ambos la vieron en shock y ensangrentada. Incluso, el hombre vio como tenía pérdidas de sangre. Cabe resaltar que el último momento en el cual la joven sintió a su bebé moverse dentro de su vientre fue justo antes de que la auxiliaran, cuando bajaba por las escaleras del departamento. En esa misma línea, el fiscal explicó que el aborto se dio por hipoxia intrauterina. Según la autopsia, esto podía deberse a algo traumático o a la circular de cordón umbilical que tenía el feto. En una de las audiencias, declaró una de las peritos, quién explicó que en situaciones de estrés traumático, podían generarse contracciones similares a las de parto, que es cuando se notan la mayoría de las circulares de cordón. “El aborto que sufrió la víctima está directamente relacionado con el brutal ataque que le propinó su pareja”, aseguró Yapur. Adjuntó la planilla de control del embarazo, en dónde el 29 de diciembre la obstetra había visto a la joven y había asegurado que todo iba bien. Además, hizo hincapié en que hubo un pequeño desprendimiento de placenta, compatible con las pérdidas. Al momento de considerar la calificación legal, el fiscal aseveró que se trataba de una tentativa de homicidio simple en concurso ideal con aborto. Criticó al magistrado de instrucción Gustavo Pierretti que declaró inimputable a Prieto y que luego de la intervención de la Cámara de Apelaciones, caratuló el caso como “lesiones leves”. “Prieto intentó matar de diferentes formas a su pareja: la golpeó la estranguló y cuando ella se desmayó, la cortó en las muñecas y el cuello”, detalló el fiscal. “¿Qué puede pretender alguien que se comporta así sino es matar a otro?”, se preguntó. Agregó que Prieto, al notar que la víctima no había muerto, se cortó el cuello por la desesperación de haber fracasado. Aclaró que el acusado era consciente de lo que hacía al momento de los hechos y que no tuvo ninguna “alteración morbosa de sus facultades”, como para ser catalogado como inimputable de acuerdo a lo establecido en el artículos 34 del Código Penal. Aseveró que un enojo o un ataque de furia no puede ser la pauta para considerar que no comprende sus actos. “Si uno se enoja porque la esposa lo quiere dejar, no es una circunstancia excusable para matar”, recalcó. Si bien el fiscal consideró que se trataba de un caso de violencia de género, recordó que al momento de los hechos no estaban vigentes las reformas del artículo 80 del Código Penal a los homicidios en los que hubo violencia de género o que se dieron en el marco de una relación de pareja. Sí consideró que era un agravante de la pena el contexto en el que se produjeron los hechos: el comportamiento violento sistemático vinculado al carácter posesivo y celoso de Prieto. “Su pareja debía ceñirse y ajustarse a sus demandas y requerimiento”, aclaró Yapur. Citó a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belém do Pará” y a la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También, consideró como agravantes el empleo de un arma y las consecuencias que le generó a la víctima este ataque. “La joven sólo quería una vida libre de violencia, por eso iba a irse de la casa, quería salir del círculo de violencia y cuando vino a declarar le temblaba todo el cuerpo con sólo recordar lo sucedido”, recordó. Por su parte, la defensa había solicitado la absolución de Prieto por considerar que no se podía probar la secuencia de los hechos e incluso pidió que no se tenga en cuenta el testimonio de la víctima.

 
21-03-2017
Casación revocó sobreseimiento por defraudación al Banco Nación

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa (presidenta), Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos (vocales), hizo lugar al recurso fiscal en una causa por sustracción de depósitos de la Justicia Federal de la Provincia de Tucumán, cuando funcionarios y empleados del Banco de la Nación Argentina tramitaron un oficio judicial apócrifo que presentaba evidentes inconsistencias, y transfirieron una elevada suma dineraria a una cuenta abierta de modo fraudulento en el Banco Francés, de donde fue extraída por una persona con identidad falsa. En el hecho habrían intervenido, además, funcionarios del Registro Civil y Capacidad de las Personas que entregaron el DNI utilizado en el fraude a quien no era su titular, en incumplimiento del procedimiento normativo del caso. En la sentencia, con voto unánime, se consideró que el sobreseimiento se sustentó en un análisis fragmentario de la prueba producida, que no permite descartar la imputación realizada por el fiscal respecto de la participación de los encausados en la operación global cometida en fraude del Banco de la Nación Argentina.

 
21-03-2017
El próximo jueves, indagarán al jefe del Servicio Penitenciario Federal por compras irregulares de alimentos que generaban un "régimen de hambre" en Salta

El próximo jueves, indagarán al director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, ante el Juzgado Federal N°2 de Salta a cargo de Miguel Antonio Medina. El jefe penitenciario señalado como coautor de la comisión del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de vejaciones”. La investigación, a cargo de la Fiscalía Federal de Salta N°2 con la colaboración del Área de Corrupción de Fuerzas de Seguridad de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), abarca hechos sucedidos desde el año 2012 a enero de 2016, y tiene por eje el “régimen de hambre” que generaba graves padecimientos en los detenidos del Complejo Penitenciario Federal de NOA producto de la deficiente alimentación, y que tenía como causa la mala prestación del servicio de catering por parte de la firma Servicios Integrales de Alimentación S.A. El mal servicio se dio en el marco de un régimen “irregular y excepcionalísimo” de contratación pública denominado legítimo abono, por el que se pagó, en ese período, la suma de $42.799.317,87 a Servicios Integrales de Alimentación S.A Ese mecanismo irregular de contratación ocupó el 68% de lo gastado para las compras de alimentos facturadas para ese establecimiento durante el año 2015. Los investigadores consideraron también que está demostrado que existió una maniobra para demorar los trámites licitatorios y así dar paso a esa forma paralegal de contratación, que se habría ejercido de forma encriptada en el interior del Servicio Penitenciario Federal en beneficio de la empresa. Por ejemplo, un proceso licitatorio destinado a la adquisición de alimentos para cubrir sólo tres meses, demoró más de 18 meses, intencionalmente y por medio de diversas maniobras evidentemente dolosas, lo que permitió contratar con la empresa SIAL de manera irregular, con sobre-precios, en perjuicio de la administración pública. Al cotejar las raciones facturadas durante septiembre de 2013 a diciembre de 2015 con la cantidad de población que poseía el Complejo Penitenciario, se advirtió que existió sobrefacturación por $1.957.725,5 en beneficio de SIAL: las raciones facturadas superaban a la cantidad de internos que había en esa institución penitenciaria. Además, los costos del servicio se actualizaban “arbitrariamente”, incluso por encima de todos los índices de inflación.

 
21-03-2017
Reprograman el inicio del juicio oral contra Guillermo Moreno por el cotillón “anti-Clarín”

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 difirió para el 4 de abril próximo, a las 10, el inicio del juicio oral contra Guillermo Moreno y otros imputados en una causa en la que se investiga la utilización de fondos de origen público para solventar la generación de “cotillón anti-Clarín”, que luego fuera exhibido por el ex secretario de Comercio en diferentes lugares como el Congreso de la Nación, el INDEC, en aviones empleados para viajes de comitivas oficiales al exterior y en locales partidarios, entre otros. Según la resolución, la decisión se debe a que “aún no se ha producido la totalidad de la instrucción suplementaria ordenada”. El proceso, cuyo inicio estaba previsto para este mes, será encabezado por los jueces Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y Oscar Alberto Hergott.

 
20-03-2017
DENUNCIAN AL INTENDENTE DE FRIAS POR DIFUNDIR ESTUPEFACIENTES

El Intendente Municipal de la Ciudad de Frías Luis Lecuona y el Secretario de Gobierno de la misma ciudad Aníbal Padula, fueron denunciados penalmente ante la Justicia Federal de Santiago del Estero porque habrían infringido el art. 12 de la ley de estupefacientes que reprime a quién preconice, difunda o propague el consumo de estupefacientes. El arquitecto Luis Lecuona como Intendente de la ciudad de Frías entregó mochilas a niños que concurren a establecimientos escolares de esa jurisdicción, escuela 1079 del barrio Las Violetas, el Jardín Escuela N° 30, en el barrio Rivadavia en Choya y la escuela 130, de El Desmonte, también en Choya, junto al Dr. Anibal Padula, secretario de gobierno, mochilas que se encontraban estampadas con un dibujo de “hojas de marihuana”. Según la denuncia efectuada por el abogado Juan Manuel Baracat la entrega de las mochilas con el dibujo de hojas de marihuana en su exterior fue realizado en persona por el Sr. Lecuona, pero “lo que realmente es sumamente grave es que la misma se hizo respecto de menores de edad, que como se sabe son las personas más influenciables y donde el Estado debe tener mayor cuidado y énfasis en su lucha contra este flagelo del consumo y tráfico de estupefacientes”. Según Baracat este delito no requiere “ningún resultado concreto, habida cuenta que es un delito de peligro abstracto donde la acción ilícita es el poner en peligro el bien jurídico, en nuestro caso la salud pública, sin necesidad que este se haya efectivizado en concreto algún resultado o perjuicio, aunque en el caso se agrava la situación porque la preconización, difusión y divulgación de la marihuana se hizo para con niños en edad escolar…No es posible tolerar o admitir que desde el propio Estado se preconice, difunda o divulgue cualquier hecho o situación relacionada a lo que hoy es un flagelo para toda la comunidad, el consumo de estupefacientes que lacera y provoca mucho daño a amplios sectores de la sociedad, puntualmente en las franjas etarias más jóvenes”. Ahora resta que la justicia federal de Santiago del Estero proceda a dar trámite a la denuncia interpuesta por el letrado friense, esperándose en los próximos días que se impute a los funcionarios quiénes deberán declarar ante los estrados judiciales dando explicación del porqué de esta peculiar acción.

 
20-03-2017
Comodoro Rivadavia: confirmaron el procesamiento de tres militares, un gendarme y un penitenciario

Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de tres ex militares, un ex gendarme y un ex penitenciario federal como coautores del delito de privación ilegal de la libertad -en varios casos agravada por haber durado más de un mes- de un grupo de 29 prisioneros, entre ellos el ex presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, que fueron confinados en la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos entre 1976 y 1978 para ser "sometidos a interrogatorios relacionados con actividades políticas y gremiales". El fallo, firmado el 7 de marzo por los camaristas Aldo Suárez y Javier Leal de Ibarra, ratificó los embargos de 50 mil pesos para los imputados y rechazó el pedido del fiscal ad hoc Pablo Mansilla para que se les dicte la prisión preventiva, pues los magistrados consideraron que no existe el peligro de fuga ni de entorpecimiento del proceso por parte de los imputados. Los procesados, que con esta confirmación de la decisión adoptada en primera instancia se encaminan a juicio oral y público, son el ex jefe de la Sección de Inteligencia 183, Eduardo Jorge Sarmiento, entonces mayor del Ejército; el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 183, Humberto Esteban Pompilio Ferrucci; y el jefe de Grupo de la Sección Inteligencia 183, Enrique Gentiluomo, entonces capitán, a quienes se les imputan nueve casos, entre ellos el de Kirchner. Las víctimas fueron detenidas por militares y fuerzas de seguridad y alojadas en la Unidad Penitenciaria n° 15 del Servicio Penitenciario Federal, por orden de la Jefatura de Área 533. La resolución también comprende las situaciones del ex jefe de inteligencia del Escuadron 43 "Río Turbio" de la Gendarmería Nacional, Benito Palomo, en siete casos, y el ex alcaide y jefe de División Seguridad Interna de la UP 15, Juan Ferruccelli, por los 29 hechos que consideró acreditados el tribunal, aunque la Fiscalía impulsa 36. El objeto procesal de la causa son las privaciones ilegales de la libertad de las 36 víctimas y la aplicación de tormentos a dos de ellas. Se trata de personas que fueron detenidas y trasladadas por diferentes fuerzas de seguridad para ser alojadas en la Unidad Penitenciaria n° 15 del Servicio Penitenciario Federal, por orden de la Jefatura de Área 533 del Ejército Argentino. El Área 533 tenía su jefatura en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindado 181 de Esquel, Chubut. Estaba dentro de la denominada Subzona 53, con asiento en la IX Brigada de Infantería, en Comodoro Rivadavia. El órgano de inteligencia castrense que le reportaba a esa unidad era el Destacamento 181, con sede en la misma ciudad, del que dependían los grupos de Inteligencia de Rawson y Trelew (Chubut), y la Sección Inteligencia 183 de Río Gallegos. Todas estas dependencias se enmarcaban en el V Cuerpo del Ejército, con sede en Bahía Blanca. Según se estableció en la causa, las órdenes de detención de las víctimas fueron firmadas en el Área 533 por triplicado y remitidas a la Sección de Inteligencia 183 y a la UP 15. Las víctimas cuyo casos conforma en el objeto de la investigación corresponden a diferentes grupos: varios fueron secuestrados el día del golpe de Estado o en las jornadas siguientes, la mayoría dirigentes sindicales; otros grupos fueron detenidos entre marzo y abril 1977 en Río Turbio por la Gendarmería; y los restantes por militares del área 533, la Policía Federal, la Policía provincial y la Prefectura Naval en diferentes momentos, de acuerdo a las órdenes emanadas de las autoridades castrenses. En el caso del ex presidente, la Fiscalía describió en su requerimiento de instrucción -de 2013- que estuvo privado ilegalmente de la libertad entre el 15 y el 18 de marzo de 1977 en la UP 15. Kirchner, junto a otras personas, fue citado al Distrito Militar, donde se presentó el 15 y le fue impuesta la detención en carácter de incomunicado. Días antes, el 28 febrero de 1977, Humberto Jacinto Quiñonez fue secuestrado en su domicilio de Río Gallegos por personal de la Sección de Inteligencia y fue llevado a la UP15, donde -según declaró- fue interrogado por miembros de la inteligencia castrense sobre su actividad política y los participantes de la Juventud Peronista, "tales como Cacho Vásquez, Néstor Kirchner, Pertierra, Alberto Maruco, César Vivar y si se vinculaba con la organización Montoneros", indicó la Fiscalía en su requerimiento. Kirchner y otras personas fueron detenidas el 15 de marzo de 1976, luego de comparecer a una citación en el Casino de Oficiales del Distrito Militar de Río Gallegos. La detención ilegal de Kirchner fue narrada por Rafael Horacio Flores, detenido en las mismas circunstancias que el ex jefe de Estado cuando -a raíz de una citación- se presentó en el Casino de Oficiales del Distrito Militar de Río Gallegos. A los pocos minutos llegó Kirchner. "Lo interrogaron [a Flores] sobre su militancia política. Particularmente, le preguntaron si conocía determinadas personas y si había militado con individuos que tuvieran participación en la Universidad Nacional de La Plata o en la Juventud Peronista de La Plata. Al finalizar el interrogatorio, le comunicaron que iba a permanecer detenido por unos pocos días, pero que antes lo llevarían a su domicilio para que le avise a su familia y se cambie de ropa", señaló la Fiscalía . Y continuó: "durante su detención, fue nuevamente interrogado. El 18 de ese mismo mes fue liberado y llevado al regimiento donde lo recibió el Coronel [Alberto Horacio] Calloni, quien le dijo que no había nada para inculparlo y que se cuidara de no realizar actividades políticas porque estaban prohibidas. La tía de la víctima los recogió a él y a Néstor Kirchner en auto". Los procesamientos de esta causa en la primera instancia fueron dictados por la jueza a cargo del Juzgado Federal de Río Gallegos, Andrea Belinda Askenazi Vera, ante quien actúa el fiscal subrogante Julio Gonzalo Miranda. La Fiscalía también investiga en este expediente al ex 2° jefe del Escuadrón 43 Río Turbio, Luis María del Castillo; el Jefe de la 1° Seccional del Destacamento de Inteligencia 183, Eduardo Álvarez; los ex 2° jefe de la Delegación Río Gallegos de la Policía Federal, Afrosidio Nicolás Chacoma y Carlos Oscar Colombo, y el subcomisario de esa fuerza, Miguel Bomparola; los ex comisario a cargo de la seccional 1° de Río Gallegos, Juan Manuel Matulich y Héctor Armando Marzzan; y al entonces jefe de Policía de Santa Cruz, Mario Enrique Pérez. Todos ellos también se encuentran procesados sin prisión preventiva, decisión que el fiscal Miranda también apeló y se encuentra pendiente de resolución.

 
17-03-2017
La Cámara Federal de Casación rechazó recursos de Julio De Vido y Lázaro Baéz

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (en carácter de presidente del tribunal) y Mariano Hernán Borinsky, no hizo lugar a dos quejas deducidas por Adrián Maloney, defensor de Julio Miguel De Vido, y por Maximiliano Rusconi y Gabriela Palmeiro, defensores de Lázaro Báez. La defensa del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, mediante la queja interpuesta, pretendía que la Cámara Federal de Casación Penal revisara la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones que había confirmado el rechazo a los planteos de excepción de falta de acción y de nulidad de los dictámenes fiscales y del llamado a prestar declaración indagatoria. En tanto, la defensa del empresario Báez a igual que su consorte de causa solicitaba que la Sala IV revisara el decisorio de la Cámara Federal de Apelaciones que confirmó el rechazo de la nulidad de los dictámenes fiscales y de auto que convocó a declaración indagatoria al imputado

 
17-03-2017
La Procuvin dictaminó que debe investigarse la responsabilidad de la Policía por la represión tras la marcha por el Día Internacional de las Mujeres

La Procuraduría de Violencia Institucional presentó un dictamen en el que concluye que los hechos ocurridos tras la marcha a Plaza de Mayo por el Día Internacional de la Mujer constituyen hechos de violencia institucional que deberán ser investigados a fin de determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad que intervinieron. Este mediodía, un grupo de víctimas fue recibido por funcionarios de la Procuvin, UFEM y DOVIC, para informar sobre el avance de la investigación. El documento presentado en el marco del expediente que lleva adelante la titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N°59, Laura Belloqui, plasma las declaraciones de víctimas y testigos de la represión ocurrida el 8 de marzo, pasadas las 20:00, en plena desconcentración, y presenta las conclusiones preliminares de la Procuvin sobre el carácter delictivo de la acción policial. El primer hecho que deberá investigarse, según la Procuvin, son los sucesos ocurridos en la zona de la Catedral metropolitana, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad arrojaron gases lacrimógenos, gas pimienta y proyectiles antitumulto –desde corta distancia- que lesionaron a varios de los presentes. Asimismo, se produjeron detenciones arbitrarias, violentas e irregulares, ya que los efectivos intervinientes no se identificaban o apresaban, entre varios, a gente que no estaba relacionada con el principio de incendio que se había iniciado en la puerta de la Catedral. En tal sentido, el texto señala que “los elementos hasta ahora incorporados permitieron inferir la ausencia de recaudos especiales por parte aquellos funcionarios encargados de diagramar y coordinar el operativo policial, a fin de resguardar la integridad física y garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de aquellas personas que se encontraban manifestándose en forma pacífica”. El dictamen señala también que se deberán investigar los sucesos ocurridos en las inmediaciones de las calles Bolívar y Diagonal Sur, donde un camión hidrante comenzó a dispersar a la gente que aún quedaba en el lugar. Allí, además, se produjeron detenciones violentas e ilegales y algunas de las víctimas fueron rociadas con gas pimienta o llevadas a la rastra entre varios efectivos policiales. El tercer eje del dictamen de la Procuraduría especializada a cargo del fiscal Félix Crous se centra en los sucesos ocurridos, alrededor de las 22:00, cuando un grupo de mujeres que cenaba en una pizzería de la calle Perú, fue increpado por la Policía para abandonar el lugar. Al preguntar las razones, muchas de las presentes fueron agredidas por los efectivos, detenidas e introducidas en un camión de traslado. Apremios Ilegales y requisas vejatorias en las Comisarías 1ª y 30ª y en la Comuna 4ª Según los testimonios de las víctimas, tras las detenciones fueron llevadas en un primer momento a la Comisaría 1ª. Luego se las trasladó, de a una, a una sala aparte, donde personal policial femenino las hizo desnudarse y, en algunos casos, las manosearon. Tras ello, fueron trasladadas a la Comuna 4ª, donde volvieron a ser requisadas, a pesar de que les manifestaron que ya las habían revisado en la Comisaría 1ª. Las requisas fueron realizadas por personal policial sin identificación, procedimientos que incluyó la desnudez forzosa en algunas situaciones con puertas abiertas que no resguardaban su intimidad, reza el informe. Asimismo, las victimas denunciaron que todas las detenidas en la Comisaría 30ª eran mujeres lesbianas y de tez morocha, por lo que la Procuvin concluyó que “la presente investigación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la particularidad del caso, pues más allá de que los hechos puedan ser subsumidos en los tipos penales vinculados a la violencia institucional, debe sumarse que, dicha violencia fue motivada por razones de género y odio hacia la orientación sexual de las víctimas”.

 
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