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Fecha: 04-01-2018  

LAZARO BAEZ A JUICIO ORAL POR LAVADO DE DINERO

Judicial Del NOA
 
Revista La columna
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El juez Casanello elevó a juicio oral la causa contra Lázaro Báez y otros imputados por lavado de dinero. Se trata de 25 personas que habían sido procesadas por lavado de dinero agravado y respeto de las cuales se fijaron embargos que llegan a los 10.500 millones de pesos.
En sus considerandos el juez sostuvo que "producto de un denso trabajo de investigación por parte del tribunal y la fiscalía, la hipótesis terminó por afianzarce en la siguiente intimación: “haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años 2010 y 2013. La maniobra, tal como lo señaló el Sr. Fiscal en el dictamen de fs. 30.561/30.586, se habría llevado a cabo tanto a partir de la aplicación de fondos en la adquisición de bienes en el país y en el extranjero, como mediante complejos procedimientos financieros para expatriar, cuanto menos y tomando en cuenta el período 2010-2011, una suma cercana a los sesenta millones de dólares, para su posterior reintroducción en el mercado local mediante operaciones financieras, entre las que se destaca la transacción de bonos de deuda pública Argentina y su posterior liquidación en el Mercado de Valores de Rosario, activos que terminaron en las arcas de Austral Construcciones S.A. “Los fondos habrían tenido origen en una ganancia ilegítimamente obtenida por el grupo empresario de Lázaro Antonio Báez en el marco de un amplio escenario de corrupción institucional descripto y desarrollado en la resolución dictada el 27/12/2016 en los autos n° 5.048/2016 del registro del Juzgado n° 10 del fuero -conexos con los autos n° 15.734/2008-, donde se tuvo por probada la existencia de una asociación ilícita integrada por los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el ex Ministro de Planificación Federal Julio Miguel De Vido, el ex Secretario de Obras Públicas José Francisco López, el ex Director Nacional de Vialidad Nelson Periotti, el ex Secretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Antonio Báez, entre otros, que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos del Estado Nacional asignados a la obra pública vial. Conforme surge de ese auto de mérito, Lázaro Báez habría montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en ella los fondos del Estado Nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado, mientras que los funcionarios, a su vez, le habrían procurado un lucro indebido al asignarle -de forma irregular- la mayoría de las obras viales contratadas en la provincia de Santa Cruz. “Con relación a la generación de los fondos negros, la prueba incorporada a la causa n° 3.215/2015 del registro de este tribunal y el informe remitido recientemente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (actuaciones n° 10023-3959-2017) permiten suponer que, al menos entre los años 2009 y 2012, parte de los costos declarados por Austral Construcciones S.A. en las obras eran falsos y se encontraban respaldados mediante facturas apócrifas expedidas por las firmas: Grupo Penta & Cia S.A., Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Terrafari S.A. Dicho ardid habría permitido no sólo ocultar sobreprecios en las obras públicas asignadas, a la par de reducir fraudulentamente la carga tributaria de la empresa, sino también generar la disposición de sumas de dinero no declarado, es decir en negro, que serían sometidas al circuito de lavado mencionado. “Entre mediados y fines de 2010 habría comenzado la aplicación de dinero en bienes y servicios, y la expatriación de capitales con la participación de Jorge Leonardo Fariña y Santiago Walter Carradori, con el fin de canalizar aquellos fondos de origen corrupto. El primero habría obtenido la confianza de Lázaro Báez a raíz de su gestión en la estructuración de los fideicomisos financieros de A.C.S.A. en “Nación Fideicomisos”, y habría contactado al segundo quien habría servido de nexo para operar con distintas instituciones financieras a dichos fines. Posteriormente Fariña habría intervenido en el acercamiento de Báez a la “cueva” financiera S.G.I. Argentina SA -en adelante S.G.I.- sita en la calle Juana Manso 555 -Edificio Madero Center-, 7° C, de esta ciudad, mediante la cual se ocultó y disimuló el dinero ilícito. S.G.I. era, en un comienzo, propiedad de Federico Elaskar hasta que hacia mediados de 2011 se desvinculó definitivamente de su manejo renunciando a la presidencia de la firma, y fue adquirida por Lázaro Antonio Báez, aunque nunca fue registrada a su nombre. Así fue como Elaskar cedió la mitad de sus acciones en favor de la empresa Sernorte Holding SA, integrada por: Jorge Oscar Chueco y Christian Martín Delli Quadri. En su lugar asumió César Gustavo Fernández, quien antes era director titular, a la par que Alejandro Ons Costa continúa como vicepresidente y se incorporan a la compañía como directores titulares: Jorge Norberto Cerrota y Eduardo Guillermo Castro, mientras que Juan Ignacio Pisano Costa asumió como director suplente. Luego de ello, Chueco y Delli Quadri, como accionistas de Sernorte Holding, cedieron su participación accionaria a la sociedad Suiza Helvetic Services Group, representada por Néstor Marcelo Ramos, y lo mismo hizo Federico Elaskar con la porción accionaria que conservaba. Se sospecha que posteriormente a aquél traspaso S.G.I. era manejada en los hechos por Daniel Pérez Gadín, quien habría reemplazado a Fariña en la dirección de los intereses de Lázaro Báez y actuaba bajo las órdenes de éste, además de ser el titular de la firma O.A.C.I., la cual mudó sus oficinas al inmueble contiguo a S.G.I., funcionando ambas como una misma unidad de negocios. “En el procesamiento de fecha 18/4/2016 se exhibió la mecánica de disimulo de los fondos a través de S.G.I., con la cual se habría facilitado la fuga al exterior de parte de esos activos de la siguiente manera: el dinero era llevado dentro de bolsos por personas de confianza de Lázaro Báez en compañía de su hijo Martín Antonio Báez a las oficinas de S.G.I., que en ocasiones eran trasladados hacia la ciudad de Buenos Aires desde el asiento principal de los negocios del grupo Báez en Río Gallegos a bordo de aviones pertenecientes a la empresa Top Air S.A. –cuya propiedad compartían Walter Adriano Zanzot y Austral Construcciones-. Una vez dentro de dicha financiera se iniciaba un proceso de ocultamiento de ese dinero para luego, con intervención de otras instituciones financieras, remitirlo al exterior. En este escenario sucedieron los hechos relatados en el auto de mérito mencionado, en el cual se detalló el ocultamiento de la fuente real de aproximadamente U$S 5.100.000 ingresados por Martín Báez el día 02/11/2012 y en otra fecha aún no determinada, pero presumiblemente en los últimos meses del año 2012, los cuales fueron contados en el lugar en presencia del nombrado, César Gustavo Fernández, Walter Adriano Zanzot, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Sebastián Ariel Pérez Gadín y bajo la supervisión de Fabián Virgilio Rossi, junto con otros sujetos no identificados al día de la fecha. “A su vez, gran parte de los fondos expatriados habrían terminado depositados en cuentas bancarias de la Confederación Suiza. Para confluir el dinero hacia allí, se habrían creado, adquirido y utilizado personas jurídicas e instrumentos financieros radicados en distintos Estados. De la conformación de esta estructura habrían participado, al menos, las personas vinculadas a S.G.I. y Santiago Walter Carradori, quien no sólo habría colaborado en su creación sino que habría facilitado cuentas propias a esos fines. Parte de esta estructura puede localizarse, entre otros países, en: Uruguay, Belice, Panamá, España, Estados Unidos, Suiza y posiblemente Liechtenstein, donde se asentarían las principales personas jurídicas y productos bancarios a través de los cuales se canalizaron fondos




 
 
 
 
 
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