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Fecha: 03-01-2018  

Santiago del Estero: Siete condenados y tres absueltos por crímenes de lesa humanidad

Judicial Del NOA
 
Revista La columna
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero impuso dos penas de prisión perpetua y otras cinco que van desde los 6 hasta los 22 años de prisión a un grupo de ex militares y ex policías por crímenes de lesa humanidad cometidos en Santiago del Estero, en el marco de la denominada "Megacausa III". En el debate oral y público intervinieron la fiscal general ante el TOF de dicha jurisdicción, Indiana Garzón, y sus colegas ante los TOF de Córdoba y Resistencia –respectivamente- Federico Carniel y Carlos Gonella.



De esta manera, el Tribunal impuso prisión perpetua para el ex jefe de compañía del Batallón de Ingenieros de Combate 141, Jorge Alberto D ´Amico, y ex interventor militar en la Policía provincial, Ramón Warfi Herrera, en calidad de autores mediatos de los delitos de homicidio agravado, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político.



Asimismo, condenó a la pena de 22 años de prisión al ex jefe de los grupos de tareas policiales y ex jefe de la SIDE local, Muza Azar Curi, y a su segundo al mando Tomás Garbi, tras considerarlos coautores mediatos de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político, abuso sexual agravado, violación de domicilio y privación ilegítima de libertad. Cabe destacar que Musa Azar resultó beneficiado con la prisión domiciliaria, la cual fue denegada a Garbi.



Además, el fallo condenó a los ex integrantes del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial, Roberto Díaz Cura y Ramiro López Veloso, a las penas de 16 y 15 años de prisión -respectivamente- en calidad en autores mediatos de tormentos agravados. Por su parte, el ex agente de dicha dependencia policial, Juan Felipe Bustamante, fue condenado a 6 años de prisión por el mismo delito.



Finalmente, se resolvió la absolución del ex fiscal Santiago David Olmedo de Arzuaga, el ex funcionario judicial Raúl Alberto Silva y el ex efectivo policial Pedro Ledesma.



Por otro lado, el tribunal coincidió, en forma parcial con la fiscalía, y ordenó que notifique a la ANSES que la renuncia de una de las víctimas, ocurrida en 1978, fue forzada, por lo que instruyó a la dependencia estatal para que disponga de los beneficios jubilatorios que le hubiesen correspondido a la víctima de haber continuado trabajando allí.



Además, se ordenó que se provea a la víctima del acompañamiento terapéutico psicológico correspondiente, tal como lo solicitó la fiscal Garzón en su alegato, al requerir las medidas reparatorias "en concepto de reposición, restitución y cese de los daños, conforme el artículo 29 del Código Penal y los principios internacionales" y en compensación "del daño sufrido por las víctimas de delitos de lesa humanidad".




 
 
 
 
 
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