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Fecha: 09-11-2017  

Rechazaron pedido de probation presentado por Gustavo Cordera en causa por violencia de género

Judicial Del NOA
 
Revista La columna
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Ante el pedido de probation por parte de Gustavo Cordera por sus dichos que habrían infringido la normativa sobre violencia de género el juez Canicota Corral entendió que no corresponde conceder la suspensión del juicio a prueba, pues actuar de esa manera implicaría no solo un atentado contra la seguridad jurídica, sino también una inconsistencia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional
Para el juez las manifestaciones de Gustavo Cordera “posicionan a la mujer en una evidente desigualdad frente al sexo masculino, incitando a someterla a denigrantes situaciones de violencia y discriminación, en clara contraposición a la política de Estado que pregona nuestro país en resguardo de las mujeres, recordando a la comunidad que
nuestro país es Estado Parte en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como así también de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
En similares términos se expidió el Dr. Leopoldo Bruglia al confirmar el auto de procesamiento recién aludido. Sostuvo en esa oportunidad que “ Los dichos de Cordera que conforman la imputación, traslucen una actitud irreverente y de desprecio frente a la ley, así como de descrédito con respecto a los derechos y dignidad de las mujeres y niñas, todo ello sumado al tono provocador e imperativo de las alocuciones que fueron, a su vez, expresadas en tercera persona y claramente dirigidas al público presente. (...)”
Por tanto considera que es de aplicación en el caso “ el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re Góngora, Gabriel Arnaldo s/ causa n° 14.092”
, donde sostuvo que la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba en casos de violencia contra la mujer resultaba contraria a lo establecido en el art. 7 de la
Convención de Belém do Pará. Consideró allí que “ este impedimento, surge en primer lugar de considerar que el sentido del término “juicio” expresado en la cláusula en examen resulta congruente con el significado que en los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal, en tanto únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención.”
Para agregar que la “concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquel estadio procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la
determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle.” (CSJN, “Góngora, G. A. s/ causa n° 14.092”, rta. el 23 de abril de 2013, G.61.XLVIII, voto mayoritario).




 
 
 
 
 
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