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Fecha: 14-06-2017  

Sergio Moro, juez brasileño del caso Lava Jato: "Los poderosos abusan del sistema para buscar impunidad"

Judicial Del NOA
 
Revista La columna
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¿Cuál fue para usted el momento más difícil en estos tres años que lleva la megacausa contra la corrupción Lava Jato?
Tuve varios momentos difíciles durante la investigación, por ejemplo durante el inicio, en 2014. Había una orden de prisión preventiva contra varios acusados -incluyendo profesionales de lavado, traficantes de drogas y el ex director de la Petrobras Paulo Roberto Costa, que está preso- y el encargado del caso en el Supremo Tribunal concedió esa excarcelación para todos. Pero nosotros le enviamos mucha información explicándole mejor lo que era el caso (sonríe) y él volvió atrás con esa decisión al día siguiente. Mantuvo libre a Costa, pero no a los demás.
Es decir que estuvimos a muy poco de que la pelota terminara fuera del arco.
Exactamente. Tiempo después, ese mismo ministro del Tribunal Supremo terminó entendiendo que el caso debía seguir en la primera instancia (es decir en el juzgado de Moro). Con el correr de la investigación, surgieron pruebas de que aquel director de la Petrobras tenía cuentas en Suiza, y a pedido de la fiscalía volví a ordenar su detención. Tuve varios momentos delicados.
¿Y en el plano personal?
Bueno, es un trabajo muy cansador. Trae una gran satisfacción porque se ve que tanto trabajo está generando resultados importantes. Los procesos están siendo juzgados en un tiempo razonable, las personas son absueltas o condenadas según las pruebas. Pero tuvo mucho impacto para mí revelar este cuadro de corrupción sistémica en Brasil. Independientemente de eso, hay una dosis de desgaste personal por la intensidad del trabajo. Además, aunque la opinión pública brasileña mayoritariamente esté a favor de las operaciones, hay una minoría más ruidosa y crítica que a veces también incomoda. Son críticas, entiendo, no muy procedentes. Sobre todo cuando se intenta describir a mi trabajo como si tuviera una intencionalidad política partidaria. Eso me molesta poco. Aunque no debería ocurrir, entiendo que es parte de mi trabajo exponerme a eso.
¿Cuál es el tiempo razonable para juzgar en primera instancia un hecho de corrupción?
No se puede dar una respuesta precisa. Hay dos fases, una primera, de investigación, y luego, cuando ya se recogieron las pruebas, la segunda, que es de acusación. En esta última parte es posible que haya que repetir algunas pruebas o pedir nuevos testimonios, pero los hechos están más o menos delimitados. La fase de investigación tiene un grado de imprevisibilidad, porque a veces se encuentran pruebas y a veces no. En la segunda fase es más fácil establecer una previsión. Por lo menos donde yo trabajo los procesos están llevando de seis meses a un año hasta el juicio en primera instancia. Después empieza una fase de apelaciones y recursos, que puede llevar más tiempo. Pero por ejemplo, el ex presidente de la Cámara de Diputados (Moro no quiere mencionarlo, pero se refiere a Eduardo Cunha), que fue recientemente condenado por corrupción y lavado de dinero, comenzó a ser investigado en mi juzgado en septiembre u octubre del año pasado. Y lo juzgaron la semana pasada. Claro, en la investigación ya habían sido recogidas pruebas documentales, cuentas de Suiza, flujos de dinero.
¿Cómo se logra evitar que los políticos y empresarios poderosos no se abusen de los recursos y los agujeros que permite el proceso penal, y a la vez mantener las garantías del debido proceso para esos imputados?
Los derechos de los acusados tienen que ser respetados, eso es indiscutible. El proceso penal está pensado para evitar la condena de un inocente. Ahora, por otro lado, muchas veces personas política o económicamente muy poderosas se sirven de este sistema para buscar la impunidad. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre los derechos del acusado y los de la víctima, que en estos casos es la sociedad. Por eso el proceso debe durar un tiempo razonable. Una situación interesante ocurrió durante uno de los casos de esta operación Lava Jato: había una sentencia de nuestro Supremo Tribunal según la cual sólo podría ejecutarse una condena penal a partir del momento en que no hubiese más posibilidades de interponer recursos. En la práctica eso era un desastre para la efectividad del proceso, porque las leyes brasileñas permiten muchos recursos, y las Cortes -principalmente las superiores, en Brasilia- están abarrotadas de casos. Entonces habitualmente no consiguen resolverlos en un tiempo razonable. Entonces hay causas -hasta de los delitos más comunes- que llevan más de una década sin ser juzgados, y que muchas veces se cierran por la prescripción de los delitos. En Brasil, además, los plazos de prescripción corren aún mientras se desarrolla el proceso. Tal vez un efecto colateral de la operación Lava Jato, a comienzos de 2016 el Supremo Tribunal revisó esa jurisprudencia. Ahora, a partir de una condena en segunda instancia -por una corte de apelación- ya se puede ejecutar la pena, independientemente de los recursos presentados. En la práctica, esa regla de esperar hasta el final era utilizada para buscar impunidad por parte de los delincuentes poderosos. Repito: la ley tiene que proteger al acusado -tanto culpable como inocente-, pero el sistema también tiene que permitir una respuesta institucional para estos delitos. Creo que Brasil como la Argentina tuvieron un problema similar. Durante las dictaduras militares, el proceso judicial fue utilizado como instrumento de opresión de las libertades fundamentales. Cuando volvió la democracia, eso derivó en el establecimiento de garantías con la preocupación de que eso no pudiera volver a pasar. Pero ahora estamos en democracia, y en cierta manera los hechos de corrupción constituyen un atentado a la democracia. Más cuando se trata de una corrupción sistémica, en la que personas a quienes les fueron confiados mandatos populares traicionan la confianza del pueblo para su enriquecimiento ilícito.
Usted se refirió a la importancia de la opinión pública como sostén del proceso Lava Jato. A su juicio, ¿quién debería iniciar el círculo virtuoso entre es presión positiva de la opinión pública y la acción de la dirigencia política y judicial? ¿La opinión pública moviliza a la clase dirigente, o por el contrario son el gobierno y la justicia los que deben dar ese primer paso?
Un juez no puede juzgar según lo que dice la opinión pública, sino lo que dicen las leyes y las pruebas. Pero en estos procesos que tienen como acusadas a personas política y económicamente poderosas, la opinión pública funciona como una protección contra las interferencias indebidas en la justicia. Eso posibilita que las causas avancen más. Ahora, la responsabilidad de ese cambio de paradigma es de todos, tanto del gobierno como de la sociedad civil. Y el Poder Judicial puede dar una respuesta muy limitada: la gran mayoría de los delitos de corrupción no son descubiertos. Cuando son descubiertos, es difícil probarlos, y las pruebas tienen que ser categóricas para evitar la condena de personas inocentes. Y aún cuando son descubiertos y probados, la justicia no da una respuesta por limitaciones de su funcionamiento. Entonces la principal responsabilidad no está en la justicia, sino en las otras instituciones y en la opinión pública. Ahora, si la justicia hace su parte en aquellos casos en que los delitos fueron probados, puede hacer una gran diferencia. Puede restablecer la confianza en las personas de que la ley es la misma para todos. Y eso genera un círculo virtuoso. Pero cuidado, no todo se resuelve con un caso penal bien juzgado. No alcanza para cambiar la realidad. Nosotros tenemos un problema en Brasil -no sé si también en la Argentina- de creer en salvadores de la Patria, no sólo personas sino también acontecimientos. Eso es muy infantil. Hay que construir las instituciones día a día. Este caso Lava Jato un día va a terminar. Y habrá que seguir: puede haber nuevos delitos de corrupción, y la historia no se acaba. Cuando la justicia brasileña juzgó el llamado caso Mensalao (sobresueldos de los legisladores) en 2012, la gente creyó que habría un cambio tremendo. Y fue un cambio sí, un precedente. Pero hay que seguir.
Así como puede tener la llave para hacer justicia, ¿un juez puede entorpecerla y facilitar la impunidad, aunque fuere involuntariamente?
No sólo los jueces pueden salvar o hundir una causa. Yo creo que existe una focalización excesiva sobre mi persona, cuando existe una policía que investiga, un ministerio público que acusa, y aún en el poder judicial hay otros tribunales que revisan mis decisiones. Somos todos parte de un proceso. Entonces la responsabilidad no es de una sola persona. Ahora, juez tiene que tener presente que hay casos que demandan una respuesta de las instituciones. Y es importante que los jueces enfoquen su trabajo en esos casos para intentar dar esa respuesta dentro de un plazo razonable, sea a través de una absolución o una condena. No hay que dejar que las situaciones queden pendientes.
¿Cuánto tiempo más cree usted que durará la operación Lava Jato?
No quiero hacer pronósticos, porque ya los hice en el pasado y me equivoqué (sonríe). Hay una parte sustancial del proceso que está en el Tribunal Supremo (en Brasil, a los funcionarios y legisladores nacionales los juzga la Corte Suprema), que tiene su propio tiempo. Otras partes están en manos de otros jueces, en San Pablo y Rio de Janeiro, y puede ser que las conexiones extiendan más aún los casos a otros distritos. Respecto a la parte que me tocó a mí, sobre la corrupción en los contratos de Petrobras, ya está muy avanzada. Los directores de la empresa fueron juzgados, condenados y están presos. Funcionarios políticos que perdieron el fuero privilegiado (que les permite ser juzgados en la Corte) porque sus mandatos se cumplieron, ya fueron juzgados en primera instancia. Y principalmente, las empresas y empresarios acusados por pagar las coimas en su gran mayoría también fueron juzgados. Yo tengo la copa más llena que vacía. Ya cruzamos la mitad del río. El problema es que van surgiendo pruebas de hechos nuevos -pro eso yo hablo de corrupción sistémica, no aislada- y no hay alternativa que enfrentar esas pruebas. No se pueden esconder debajo de la alfombra.
¿Usted estuvo en el momento justo en el lugar indicado, o con Lava Jato le llegó la oportunidad de desarrollar una convicción interna muy profunda? ¿Qué condiciones culturales y jurídicas permitieron este cambio?
Es muy difícil identificar las causas. A mi juicio hay una madurez institucional de Brasil desde la democratización, un fortalecimiento de la independencia del poder Judicial y de los fiscales. Además tenemos una policía federal que se fue haciendo cada vez más competente y eficaz en las investigaciones, y que fue formando una tradición de autonomía en relación al poder político. Esta investigación no cayó del cielo. Antes tuvimos el Mensalao, que con sus limitaciones demostró que la impunidad no es necesariamente una regla. Se pudo quebrar esa tradición.Entonces circunstancialmente este caso terminó llegando a mis manos como juez, pero hay toda una historia atrás. También podemos pensar que hubo algunas causas económicas: estamos en un mundo cada vez más competitivo, y la corrupción sistémica genera un impacto en la economía que no debe ser desconsiderado. ¿Los países corruptos podrán competir en condiciones de igualdad en un mundo cada vez más globalizado en que los costos adicionales hacen la diferencia? ¿La situación de Brasil, con déficits crecientes, también está afectada por los costos de la corrupción sistémica? Estas preguntas también provocaron un ambiente favorable a los cambios y a los juicios.
¿Qué condiciones y de qué modo aplica usted la herramienta de la delación premiada? ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de aplicarla? Aquí se votó hace poco una ley emparentada con ella.
En el fondo, hay delitos que son prácticamente secretos, donde los que pueden prestar testimonio para descubrirlos son los propios delincuentes. El problema es que, aunque sea un colaborador, no deja de ser un delincuente.Y una de las reglas básicas es que nunca hay que confiar en un delincuente. Sobre todo lo que dice un arrepentido, hay que buscar pruebas que lo avalen.Y muchas veces es posible hacerlo. Un funcionario público que cobró coimas y luego pasó a colaborar con la justicia, como el ex director de Petrobras, reveló dónde recibía esos pagos. En cuentas en el exterior que jamás hubieran sido descubiertas sin su colaboración. Con el levantamiento del secreto de esas cuentas, se pudo reconstruir la ruta del dinero, y llegar a los corruptores. Con eso luego pudimos llegar a otros beneficiarios de las coimas. Justamente porque se trata de corrupción sistémica. Es una corrupción serial, practicada de manera profesional y difusa.En el caso de Petrobras, se cobraron coimas por parte de varias empresas, por varios contratos. Y esas empresas no corrompieron sólo a directores de Petrobras, sino también a varios agentes públicos. Entonces, en un esquema criminal mayor, es importante hacer el sacrificio de acordar con un delincuente,por el cual él no purgará la pena que inicialmente le correspondería para alcanzar un bien mayor: encontrar pruebas contra delincuentes más importantes. Es una técnica penal antigua, pero un poco olvidada en nuestra región latina.
¿Qué alcances pueden tener los beneficios de un delator que entregue a "un pez gordo"?
Se permite hasta el perdón completo de su pena. La negociación la hace el fiscal, pero después pasa por las manos del juez, que en el momento de la sentencia puede aceptar lo que negoció el fiscal, cambiarlo -para más o menos- o negarlo.
¿Tuvo delatores cuya información no haya sido importante, o que hayan buscado aprovecharse de esta posibilidad?
Hay situaciones muy diversas. Un gerente de Petrobras propició la devolución de 98 millones de dólares, que había recibido como coimas por varios contratos. Otras fueron más frustrantes. Casos en los que teníamos expectativas que luego no fueron confirmadas.
En un grado de discreción grande que se le da al juez. ¿Cómo la ejerce usted?
Bueno, no hay reglas matemáticas. Todo tiene que ser evaluado. Mi posición es que hay que tomar como referencia lo que arreglaron el ministerio público y las partes. Siempre aplicando el control, claro.
En Argentina estamos pendientes de cómo se puede obtener la información sobre el pago de coimas en el país por parte de la constructora Odebrecht. ¿Cuál cree usted que sería el camino más eficiente?
Esos delitos pueden ser investigados por la iniciativa de los jueces argentinos o pueden pedirse las pruebas a través de la cooperación jurídica internacional. La tendencia brasileña es cooperar para enfrentar el fenómeno de la criminalidad internacional. Porque si no, el delincuente cruza las fronteras y la justicia no. Creo que hay que compartir las pruebas cuando se piden, y eventualmente hasta enviarlas de un juez a otro aún sin que mediare un pedido. Lo que no impide iniciativas locales, como la búsqueda de acuerdos con las empresas que cometieron delitos aquí. Eso puede hacerse.
Aquí el Congreso aún está discutiendo la responsabilidad penal de las empresas...
Entiendo.Pero se puede negociar con los directivos de esas empresas. Alguna de estas empresas (se refiere a Odebrecht, pero otra vez no la nombra) al comienzo tuvieron una postura muy agresiva contra la justicia y la investigación. Pero luego resolvieron reconocer sus faltas y hacer acuerdos con el poder público, para reconocer sus delitos, proveer pruebas, indemnizar con dinero al Estado. Creo que es el mejor camino. Que las empresas recuperen su reputación. Y desde el interés público, una empresa "regenerada" es mejor que una empresa extinta. El proceso es complejo: la empresa debe reconocer todos sus delitos, adoptar políticas diferentes de transparencia, eventualmente cambiar a sus ejecutivos, y principalmente indemnizar a la sociedad por sus faltas.
Usted visitó a los jueces de la Corte Suprema argentina. ¿Qué le preguntaron?
Bueno, fue más un cambio de experiencias. Yo no vine acá para darle lecciones a nadie. Tuvimos un encuentro social.
Le tocó un día difícil para estar en la Argentina: un juez federal procesó a la ex Presidenta Cristina Kirchner y a sus hijos. ¿Cómo hará usted para evitar las comparaciones con lo que ocurre en Brasil?
Por supuesto no voy a opinar sobre el proceso. Creo que Argentina y Brasil tienen mucho que aprender el uno del otro, para construir instituciones más fuertes, una economía y una democracia más saludables, con niveles menores de corrupción. En ese aspecto, estoy muy feliz de estar aquí.

Por Claudio Savoia
FTE: CLARIN




Fuente: Diario Clarin
 
 
 
 
La Corte Suprema declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en casos de lesa humanidad
 
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