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Fecha de Sentencia: 06-06-2017  | Jurisdiccion: Corte Suprema de Justicia de la Nacion   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Autos: Flores, Lorena Romina c/ Giménez, Marcelino Osvaldo y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte

Sumario: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, dispuso que resulta oponible a los terceros el límite de la cobertura pactado entre aseguradora y asegurado en el contrato de seguro obligatorio automotor autorizado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Esta decisión fue adoptada en la causa “Flores, Lorena Romina c/ Giménez, Marcelino Osvaldo y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)”. La mayoría se conformó con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y con el voto concurrente del juez Carlos Rosenkrantz.
En disidencia votaron los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, quienes declararon inadmisible, con fundamento en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, el recurso extraordinario deducido por la aseguradora citada en garantía.
Los jueces Lorenzetti y Highton de Nolasco destacaron que la función social que debe cumplir el seguro no implica que deban repararse todos los daños producidos al tercero -víctima- sin consideración de las pautas del contrato entre el asegurado y la aseguradora.
En este sentido, señalaron que si bien el acceso a una reparación integral de los daños padecidos por las víctimas constituye un principio constitucional que debe ser tutelado y que esta Corte ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes y que los damnificados revisten la condición de terceros frente a aquéllos en tanto no participaron de su realización, por lo que si pretenden invocarlo deben circunscribirse a sus términos.
Asimismo, consideraron que los contratos tienen efectos entre las partes contratantes y no pueden beneficiar ni perjudicar a terceros, excepto en los casos previstos en la ley. Por ende, no resulta aceptable fraccionar lo convenido únicamente para acatar las estipulaciones que favorecen al tercero damnificado y desechar otras que ponen límites a la obligación del asegurador.
Además, reiteraron que la obligación del asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente "contractual", y si su finalidad es indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, su origen no es el daño sino el contrato de seguro. De tal manera la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil.
El juez Rosenkrantz fundó la decisión en que la sentencia recurrida se apartó del contrato de seguro y de las disposiciones reglamentarias dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Asimismo, indicó que la Cámara soslayó las normas del Código Civil de la Nación que establecen los efectos de los contratos en general y de la ley 17.418 que regulan el contrato de seguros en particular.
Destacó que no se había demostrado en el caso que el límite de cobertura fijado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, como autoridad en materia aseguradora, fuese irrazonable para la realización de los fines previstos por la ley 24.449: más precisamente proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito y, a la vez, permitir un fácil acceso de la comunidad al seguro, en especial a los conductores de menores recursos. Precisó que la mayor contratación del seguro maximiza la probabilidad de compensación a las víctimas potenciales de los daños producidos por automotores.
Señaló que la Corte Suprema ha decidido que el principio de compensación integral no es absoluto en tanto el legislador puede optar por distintos sistemas de reparación –inclusive la indemnización limitada o tasada-, siempre dentro del límite del art. 28 de la Constitución Nacional.
El juez señaló que la determinación acerca de cuál es el modo de satisfacer en mayor extensión la finalidad social del seguro es ajena a los jueces. Ello depende de consideraciones técnicas y de política legislativa, cuya evaluación incumbe al Poder Legislativo y al organismo responsable de supervisar el funcionamiento del mercado asegurador.
Por último, sostuvo que la sentencia que obligó a la aseguradora a pagar más allá del límite de la póliza, con sustento en la supuesta desnaturalización de la función social del seguro, implica una violación de su derecho de propiedad. Ello, por cuanto la decisión avanza sobre los derechos que emergen del contrato sin justificación suficiente y, como consecuencia de ello, impone una obligación sin fuente legal.
Fte. cij.gov.ar

Vocablos: ACCIDENTE DE TRANSITO - SEGURO - CONTRATO DE SEGURO - LIMITE DE LA COBERTURA - COBERTURA - TERCEROS - CONTRATO DE SEGURO OBLIGATORIO - DAÑOS PRODUCIDOS AL TERCERO - VICTIMA - OBLIGACION DEL ASEGURADOR - RIESGO ASEGURADO - FUENTE JURIDICA - OBLIGACION CIVIL - EFECTOS DE LOS CONTRATOS - VALIDEZ DEL LIMITE DE COBERTURA

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 17-02-2017  | Jurisdiccion: Formosa   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Tribunal de Familia de Formosa

Autos: T. A. E. c/ L. C. M. s/ Violencia familiar

Sumario: Decreta la prohibición de acceso y acercamiento al hogar a un hombre denunciado por hostigar a su ex pareja mediante la publicación de fotos y videos íntimos en Facebook, a la vez que ordena a la red social de referencia la inmediata eliminación de todo contenido o dato referido a la mujer y su familia, debiendo abstenerse en el futuro de habilitar el uso de enlaces, blogs, foros, grupos, sitios de fans que injurien, ofendan, agredan, vulneren o menoscaben la intimidad personal de la denunciante. Considera que la petición formulada por la actora encuadra en los parámetros de la Ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, y dada las características de las publicaciones, las cuales son de alto contenido sexual y erótico, afectan la intimidad de la denunciante y reflejan comentarios burlescos, denigrantes, injuriosos, humillante, vil, calumniantes hacia ella y su esposo, por lo que corresponde ordenar al denunciado que se abstenga en lo sucesivo de publicar fotos de su ex pareja, de su esposo, de su hijo y todo familiar de estos, tanto en Facebook como en cualquier otra red social y/u otro medio informativo escrito o cual quiere que fuere.

Vocablos: VIOLENCIA DE GENERO - PROHIBICION DE ACCESO Y ACERCAMIENTO AL HOGAR - PUBLICACION DE FOTOS Y VIDEOS INTIMOS - FACEBOOK - RED SOCIAL - ELIMINACION DE CONTENIDOS - INTIMIDAD PERSONAL - PROTECCION INTEGRAL A LA MUJER - COMENTARIOS BURLESCOS - DENIGRANTES - INJURIOSOS - HUMILLANTES - VILES - CALUMNIANTES - VIOLENCIA FAMILIAR

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 11-05-2017  | Jurisdiccion: Corte Suprema de Justicia de la Nacion   |  Fuero: Fuero Penal   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Autos: Recurso de hechO deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa G.C.C.M y otro si robo con arma de fuego"

Sumario: Corresponde declarar la validez constitucional del art. 12 del Código Penal, en cuanto establece, como consecuencia de las condenas a penas privativas de libertad superiores a tres años, la privación de la patria potestad mientras dure la pena, dado que el art. 702 del Código Civil y Comercial establece que el ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure el plazo de la condena a reclusión o prisión por más de tres años. Cabe destacar que dicha reforma legislativa tiene entre sus finalidades primordiales propender a la adecuación de las disposiciones del derecho privado a los principios constitucionales, lo cual incluye tanto las disposiciones en materia de restricciones a la capacidad como la mejor protección del interés superior del niño.
Fuente del sumario: Id SAIJ: FA17000025

Vocablos: PATRIA POTESTAD - PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD - PENA - RESPONSABILIDAD PARENTAL - EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL - SUSPENSION DEL EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL - CONDENA - PROTECCION DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 17-05-2017  | Jurisdiccion: Cordoba   |  Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Juzgado de 1ª Instancia de .2ª Nominación en lo Civil,Comercial y Familia de Rio Cuarto

Autos: Massobrio, Jorge – Declaratoria de herederos - Testamentario

Sumario: La jueza en lo Civil, Comercial y de Familia de 2.º Nominación de Río Cuarto, Fernanda Bentancourt, reconoció el carácter de herederos de sus bienes que una persona soltera y sin hijos había conferido –por testamento, antes de morir- a dos instituciones de bien público: la Asociación Cooperadora del Instituto del Bachillerato Agrotécnico y a la Asociación Bomberos Voluntario de la ciudad de General Cabrera. Esta decisión desplazó a los herederos colaterales (no forzosos), hermanos y sobrinos del fallecido, que solicitaban que se los reconociera como herederos.

La magistrada hizo lugar al pedido del albacea testamentario, quien se oponía a que se declarara herederos a diez sobrinos y a dos hermanos del causante. El argumento del albacea era que el fallecido (soltero y sin hijos) había dispuesto de todos sus bienes por medio de un testamento labrado en 2016 ante escribano público y, por ende, había que respetar y cumplir su última voluntad.

De la lectura del testamento, la jueza concluyó que, en relación con la totalidad de su patrimonio, el causante había “instituido legados de cosas ciertas y determinadas” a favor de cuatro personas físicas (dos de ellas, sobrinos), así como de la Asociación Cooperadora del Instituto del Bachillerato Agrotécnico y de la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Cabrera y José Luis Riva.

En la resolución, la magistrada precisó que “el límite del juez, a la hora de interpretar la voluntad del causante, está dado por la necesidad de no convertirse de intérprete a disponente”. En función de esta premisa, ponderó: “En la interpretación de la voluntad del causante plasmada en el acto de última voluntad, las disposiciones testamentarias absorben en legados la universalidad de los bienes del testador, con facultad de acrecer a favor de la Asociación Cooperadora del Bachillerato Agrotécnico y de la Asociación Bomberos Voluntarios, y debe entenderse que estas últimas fueron instituidas como herederos (cfme. los arts. 2487, inc. c., y 2489 del Código Civil y Comercial (CCC); es esta, y no otra, la voluntad expresada por el testador”.

Desplazamiento
En la misma dirección, la jueza entendió que “el causante ha instituido herederos testamentarios a la Asociación Cooperadora del Bachillerato Agrotécnico y a la Asociación Bomberos Voluntario (arts. 2278; 2279, inc. d; 2488; concordantes y concurrentes del CCC) y, como tal, desplazan a los herederos colaterales, que no tienen derecho a reclamar la herencia ni porción legítima alguna”.

En el caso concreto, la cuestión en debate era si la institución de legados efectuada por el causante por testamento desplazaba la vocación hereditaria invocada por herederos colaterales legítimos no forzosos, quienes habían comparecido y solicitado que se le reconociera la condición hereditaria. En ese marco, se presentó el albacea testamentario y se opuso a la declaratoria de herederos, por entender que el causante, el 14 de julio de 2016, por medio de un testamento, había dispuesto la totalidad de su patrimonio instituyendo distintos legados.
Fte http://www.justiciacordoba.gob.ar

Vocablos: OPOSICION DEL ALBACEA TESTAMENTARIO A LA DECLARATORIA DE HEREDEROS - ALBACEA - ALBACEA TESTAMENTARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - OPOSICION - HEREDERO - ENTIDADES DE BIEN PUBLICO - CAUSANTE - TESTAMENTO - DISPOSICION TESTAMENTARIA DE LOS BIENES

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 02-2017  | Jurisdiccion: Salta   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 5ª Nominación de Salta

Autos: A., M. M.; C., P. E. vs. C., R. W. – Aumento de cuota alimentaria

Sumario: La Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial modificó una sentencia de primera instancia y elevó la cuota alimentaria que deberá pagar el padre de dos hijos llevándola al valor actualizado del Salario Mínimo Vital y Móvil. Esta cuota se reajustará automáticamente, debiendo además pagar la matrícula del hijo que asiste a una universidad privada.
Los jueces Marcelo Domínguez y Nelda Villada Valdez apuntaron que el derecho alimentario es concebido como un derecho humano.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece que la obligación de alimentos les corresponde a ambos progenitores. Y el artículo 658 establece que el derecho de alimentar a sus hijos subsiste hasta los 21 años y “quien tiene la carga de demostrar que éste no se encuentra en la situación prevista en la norma es el obligado al pago.”
En el caso, la separación de la pareja se convino de modo extrajudicial y el deber alimentario del padre se fue actualizando pero dejó de actualizarse en 2011, año en el que la madre en representación de sus dos hijos interpuso demanda para lograr el aumento de la cuota alimentaria.
“Es una incontrastable realidad que la cuota alimentaria se ha mantenido sin modificaciones durante los últimos cinco años a pesar del proceso inflacionario y los mayores gastos que implica el crecimiento de los hijos y las actividades que se suman para contribuir a su desarrollo”, apuntaron los jueces y señalaron que el caso “resulta ya superado por la realidad macro económica del país que ha tenido fortísimas modificaciones en cuanto al proceso inflacionario sufrido en los últimos tres años, y que necesariamente evidencian un desajuste temporario en relación a los montos fijados”, por lo que apuntaron la necesidad de mantener actualizada la mensualidad.
También ordenaron los jueces modificar la sentencia en cuanto a la cuota alimentaria debiendo practicarse una nueva liquidación, teniendo en cuenta los valores establecidos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil, en los distintos períodos transcurridos desde el inicio de la demanda.

Vocablos: CUOTA ALIMENTARIA- LIQUIDACION - SALARIO MINIMO VITAL Y MOVIL - INFLACION - PROCESO INFLACIONARIO - MENOR - DESARROLLO - OBLIGACION DE ALIMENTOS - DERECHO ALIMENTARIO - DERECHO HUMANO

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 14-07-2016  | Jurisdiccion: Ciudad Autónoma de Buenos Aires   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: JUZGADO NACIONAL DE 1ra INST. EN LO CIVIL Y COM. FEDERAL Nro 2

Autos: F., M. P. c/ GOOGLE INC Y OTRO s/ ACCION PREVENTIVA DE DAÑOS

Sumario: Hace lugar a la medida cautelar solicitada por una animadora de programas de televisión y ordena a dos buscadores de internet que procedan a la inmediata eliminación y bloqueo de los sitios web de contenido sexual, pornográfico y otras actividades vinculadas al tráfico de sexo, a los que se accede a través de los mencionados motores de búsqueda y en los cuales se encuentran fotografías de la actora trucadas en forma burda y grave. Afirma que la inclusión del nombre y fotografías en los sitios web que refieren sin autorización, constituye un uso indebido del nombre e imagen que su titular tiene derecho a preservar pues hace a su intimidad y tal turbación queda comprendida en la previsión del art. 1071 bis del Código Civil que da lugar a la reparación. Asimismo considera que el rechazo de la medida solicitada es susceptible de acarrear consecuencias más gravosas para la actora que los eventuales perjuicios que su admisión podría producir a su contraria, pues con relación a esta última tales derivaciones, en la mejor de las hipótesis, aparecen circunscriptas a la esfera patrimonial, mientras que en el caso de su adversaria pueden comprometer derechos de mayor jerarquía
Fte Id SAIJ: NV15356

Vocablos: MEDIDA CAUTELAR - BUSCADOR - INTERNET - BLOQUEO - SITIOS WEB - CONTENIDO SEXUAL - ELIMINACION - ELIMINAR Y BLOQUEO DE SITIOS WEB DE CONTENIDO SEXUAL - PORNOGRAFICO - PORNOGRAFIA - FOTOGRAFIAS - FOTOGRAFIAS TRUCADAS

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 30-08-2016  | Jurisdiccion: Corte Suprema de Justicia de la Nacion   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Autos: C R FE CI CAÑETE MAXIMILlANO DANIEL SI DIVORCIO ART. 214 INC. 2DO. CÓDIGO CIVIL

Sumario: En el marco de un conflicto de competencia suscitado en una causa que tiene por objeto el aumento de la cuota alimentaria -iniciado ante un Juzgado de Familia de Lanús, Provincia de Buenos Aires- de los hijos menores pactada oportunamente en el contexto del divorcio de los progenitores que tramitó ante un Juzgado Nacional en lo Civil, resuelve que es competente el tribunal provincial dado que los menores residen junto a su madre en la localidad de Lanús. Señala que ninguno de los interesados vive en la Ciudad de Buenos Aires y que, en consecuencia, adquiere virtualidad el criterio que remite al tribunal del territorio donde habita efectivamente el titular menor de edad del derecho alimentario, dada la relevancia que reviste la inmediación para la tutela de la niñez. En tal sentido destaca que el art. 716 del Código Civil y Comercial de la Nación determina que en los procesos referidos a responsabilidad parental, que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde los menores de edad tienen su centro de vida.
fTE Id SAIJ: NV15352

Vocablos: ALIMENTOS - MENORES - COMPETENTE - COMPETENCIA - JUEZ - CENTRO DE VIDA DEL MENOR - JUEZ DEL LUGAR -

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Fecha de Sentencia: 13-09-2016  | Jurisdiccion: La Plata   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL Y COMERCIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nro 4 LA PLATA

Autos: CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD Y OTROS d MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA s/AMPARO COLECTIVO

Sumario: Desestima la solicitud de suspensión de la audiencia pública por las tarifas del gas, formulada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad. Considera que le asiste razón al Estado Nacional, en tanto el proceso de amparo iniciado contra la conducta irregular de la administración, puesta de manifiesto en la sanción de los actos impugnados (Resoluciones 28 y 31/2016), agotó su contenido con la declaración judicial que determinó la privación de todo efecto de aquellos en la órbita jurídica. Asimismo señala que las pautas establecidas por la Corte resultan inequívocas en cuanto a la necesidad de implementar el referido mecanismo de participación pública, si lo que se busca es la obtención de actos estatales con plenos efectos jurídicos. A su vez, entiende que no puede concluirse que exista vinculación alguna entre la presente causa, respecto a la invalidez de las Resoluciones 28 y 31/2016, y el nuevo procedimiento impulsado actualmente por el Estado Nacional, tendiente a obtener nuevas resoluciones determinativas de la tarifa, de idéntica naturaleza, sin los vicios que determinaron la privación de efectos jurídicos respecto de las anteriores.
Fte Id SAIJ: NV15366

Vocablos: GAS - AUDIENCIA PUBLICA - TARIFAS -

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 08-08-2016  | Jurisdiccion: Cordoba   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Autos: NOVO, ENRIQUE FERNANDO c/ FACEBOOK ARGENTINA S.R.L. s/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA

Sumario: En el marco de una causa en la que se ordenó a Facebook SRL que proceda a notificar a los contactos de una cuenta apócrifa los motivos del cierre de la misma, dispone dejar sin efecto el resolutorio que da trámite al planteo de falta de legitimación pasiva formulado con posterioridad a la sentencia firme. Considera que la presentación resulta extemporánea, la cual debió oponerse como defensa al momento de conocer la existencia del proceso. A su vez, remarca que la actuación del juez posterior a la sentencia es limitada, pues con su dictado concluye su competencia respecto del objeto del juicio, resultando un exceso en su jurisdicción dar lugar a un planteo de falta de legitimación pasiva de quien ya ha sido condenado por decisión firme.
Fte- Id SAIJ: NV15361

Vocablos: LEGITIMACION PASIVA - FALTA DE LEGITIMACION PASIVA - EXTEMPORANEIDAD - EXTEMPORANEO - FACEBOOK - PERFIL FALSO - CUENTA

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Fecha de Sentencia: 28-03-2017  | Jurisdiccion: Corte Suprema de Justicia de la Nacion   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Autos: Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios

Sumario: En la causa “Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios”, se dictó una sentencia en la que el voto de la mayoría fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, mientras que los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti opinaron en disidencia.
Mediante el voto conjunto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz, la Corte Suprema concluyó que dichas reclamaciones no son imprescriptibles y que, por ende, para dar lugar a una sentencia condenatoria por la responsabilidad del Estado, las acciones están sometidas a las disposiciones que establecen el plazo de prescripción dentro del cual deben ser útilmente promovidas.
Los jueces Maqueda y Rosatti votaron en disidencia sosteniendo que esta clase de acciones eran imprescriptibles, fundando sus opiniones en mediante sendos votos individuales.

Hechos
En el caso se trataba la demanda promovida por Amelia Ana María Villamil contra el Estado Nacional, en la que reclamó el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la desaparición de su hijo y de su nuera, Jorge Ayastuy y Marta Elsa Bugnone, ocurrida en el año 1977 y que imputó al accionar de “un grupo de personas uniformadas […] que ‘prima facie’ actuaba en ejercicio de alguna forma de autoridad pública” (fs. 1/28 vta.).
El Estado Nacional contestó la demanda, planteó la excepción de prescripción de la acción y pidió el rechazo de la demanda.
Esta defensa fue rechazada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que declaró imprescriptibles a estas pretensiones. Esta resolución fue impugnada por el Estado Nacional mediante un recurso extraordinario federal que la Corte Suprema declaró admisible, para así revocar la sentencia apelada y concluir en que estas acciones están sujetas a plazo de prescripción.

Voto de la mayoría (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz)
En el caso ya existía un precedente "Larrabeiti Yáñez", dictado en 2007 y suscripto por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi y Argibay (Fallos: 330:4592)-, el que resulta de aplicación directa al caso y al que se remite. Allí se diferenciaron ambas situaciones, sobre la base de que la acción para reclamar el resarcimiento patrimonial es materia disponible y renunciable, mientras que la imprescriptibilidad de la persecución penal en materia de lesa humanidad se funda en la necesidad de que los crímenes de esa naturaleza no queden impunes, es decir, en razones que exceden el interés patrimonial de los particulares afectados En suma, se sostuvo que en un caso está en juego el interés patrimonial exclusivo de los reclamantes, mientras que en el otro está comprometido el interés de la comunidad internacional, de la que Argentina es parte, en que tales delitos no queden impunes, lo que impide cualquier asimilación de ambos tipos de casos y, por lo tanto, que se declare la imprescriptibilidad de las acciones de daños como la aquí intentada.
La opinión de la mayoría dejó en claro que no existía al momento en que la prescripción de la acción operó -16 de noviembre de 1995- ninguna norma que dispusiera esa solución. Agregó que tampoco resultaría aplicable al caso la imprescriptibilidad fijada en el artículo 2561 in fine del Código Civil y Comercial, en virtud de lo dispuesto expresamente por el artículo 2537 del mismo cuerpo legal (“Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior").
Por otro lado, sostuvo que La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas tampoco dispone la imprescriptibilidad de las acciones indemnizatorias derivadas de dicho delito, sino únicamente la de las acciones penales (artículo VII; arg. Fallos: 322:1888). Añadió que de ninguno de los restantes tratados internacionales sobre derechos humanos que, a tenor del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, gozan de jerarquía constitucional, surge norma alguna que pudiera servir de justificación a la sentencia de la cámara. Así lo señaló esta Corte expresamente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la causa “Olivares” (Fallos: 311:1490, considerando 8°).
De modo concorde, la Corte afirmó que el Estado argentino ha procurado la reparación de estos daños, no solamente mediante la habilitación de las acciones indemnizatorias correspondientes –durante el plazo de prescripción- sino también mediante el establecimiento de regímenes indemnizatorios especiales (en este caso, ley 24.411 y sus modificatorias), cuya vigencia fue prorrogada sucesivamente (leyes 24.499, 25.814, 25.985, 26.178, 26.521) hasta declararse posteriormente la ausencia de plazo de caducidad para solicitar los beneficios allí establecidos (ley 27.143).
Por último, las Corte subrayó que el hecho de que la actora –dadas sus particulares circunstancias- no pudiera reclamar la indemnización prevista por la ley 24.411 no implica en modo alguno que hubiera tenido un obstáculo para demandar aquello a que tenía derecho según su consideración, ni que las reglas generales que justifican y sustentan el instituto de la prescripción liberatoria no concurran en casos como el presente.

Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda
El deber estatal de indemnizar los daños causados por los delitos de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado no está sujeto a plazo de prescripción.

El Juez Maqueda en su voto disidente reconoció el derecho de las víctimas de delitos de lesa humanidad a obtener del Estado la reparación de los daños causados sin sujeción a plazo alguno de prescripción.
Esta declaración de imprescriptibilidad de las acciones resarcitorias tuvo fundamento en las normas y principios del sistema internacional de protección de los derechos humanos, que recepta la propia Constitución Nacional, y que fueran ya aplicados en la jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema al declarar la imposibilidad de amnistiar, indultar o declarar la prescripción penal en materia delitos de lesa humanidad. Además, y en otro orden de consideraciones, resaltó que estos postulados fueron recogidos por el legislador en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación al adecuar a ellos la legislación infraconstitucional.
En su voto, sostuvo que del derecho internacional consuetudinario, receptado por la Constitución Nacional al momento de su sanción, y de las normas del derecho convencional a las que la reforma constitucional de 1994 les dio esa misma jerarquía, se deriva que el Estado argentino ha asumido un fuerte compromiso internacional en virtud del cual la garantía de la tutela judicial efectiva de los derechos humanos comprende tanto el derecho de las víctimas y sus familiares al conocimiento de la verdad y el castigo penal de los autores de delitos de lesa humanidad como el de obtener una reparación de los daños sufridos.
De este modo, advirtió que, en los casos como el aquí examinado, tanto la acción de daños y perjuicios como la penal derivan de un mismo crimen internacional. En consecuencia, reconocida la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad desde la óptica penal, por constituir éstos serios actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, sería inadmisible sostener que la reparación económica a cargo del Estado de las consecuencias de esos crímenes pueda quedar sujeta a algún plazo de prescripción.
Finalmente destacó que la fuente de la responsabilidad en materia de delitos de lesa humanidad se encuentra en las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que persiguen la protección de un bien jurídico que se halla en un plano superior: la dignidad humana. Por lo expuesto, concluyó en que la acción indemnizatoria que puede derivarse de esos delitos tiene carácter humanitario y que, en consecuencia, por sobre los objetivos que persigue el instituto de la prescripción debe primar la obligación asumida por el Estado Argentino de garantizar la reparación a las víctimas, de forma tal que se asegure su realización como seres humanos y se restaure su dignidad.

Disidencia del Dr. Horacio Rosatti
El juez Rosatti, en su voto en disidencia, sostuvo que si es imprescriptible la persecución de los delitos de lesa humanidad (consecuencia penal), como ya lo ha sostenido la Corte en diversos precedentes, debe ser imprescriptible también el derecho de las víctimas para reclamar la reparación pecuniaria (consecuencia indemnizatoria), cuando los daños estén debidamente acreditados.
Fundamentó esta conclusión en que resulta irrazonable y absurdo que el mismo Estado (si bien no el mismo Gobierno), causante de un perjuicio de la magnitud propia de los delitos de lesa humanidad, se escude en el instituto de la prescripción liberatoria para no cumplir con una obligación única, indiscutible y de naturaleza esencialmente reparatoria, que aunque pueda ser intelectualmente separable de su aspecto penal, es moralmente indisoluble.
El juez Rosatti sustentó su voto disidente en el “principio general” que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, según el cual se “prohíbe a los ‘hombres’ perjudicar los derechos de un tercero”, principio que –como ha dicho la Corte reiteradas veces- se encuentra “entrañablemente vinculado a la idea de reparación”; y en diversas disposiciones internacionales, tales como el Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad (Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, E/CN.4/2005/102/Add.1), en el que se destaca la necesidad de adoptar medidas nacionales e internacionales para que, en interés de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, se asegure conjuntamente el respeto efectivo del derecho a saber que entraña el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener una reparación, sin los cuales no puede haber recurso eficaz contra las consecuencias nefastas de la impunidad.
Finalmente, el magistrado invocó los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 60/147, por el que se reconoce que, al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las mismas, los supervivientes y las generaciones futuras, y reafirma los principios jurídicos internacionales de responsabilidad, justicia y estado de derecho.

Vocablos: ACCION CIVIL - PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES CIVILES - IMPRESCRIPTIBILIDAD - LESA HUMANIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS - ESTADO NACIONAL - EXCEPCION DE PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVIL - PRESCRIPCION -

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 01-03-2017  | Jurisdiccion: Ciudad Autónoma de Buenos Aires   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires

Autos: Z. D. N. y otros contra GCBA y otros sobre amparo

Vocablos: AMPARO - MEDIDA CAUTELAR - EDUCACION - DERECHO A LA EDUCACIÓN - ESTADO - GARANTIA - GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACION - GASTOS - ESTABLECIMIENTO PRIVADO - VACANTE - FALTA DE VACANTES - FALTA DE VACANTES EN LA ESCUELA PUBLICA - DERECHOS DEL NIÑO

 
Fecha de Sentencia: 29-11-2016  | Jurisdiccion: Ciudad Autónoma de Buenos Aires   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Sala I

Autos: Costa Ludueña, Peter Harry c/ UBA s/ amparo ley 16.986

Vocablos: AMPARO - ARBITRARIEDAD - INGRESO UNIVERSITARIO - EXIGENCIA FORMAL - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD -

 
Fecha de Sentencia: 01-12-2016  | Jurisdiccion: Ciudad Autónoma de Buenos Aires   |  Fuero: Fuero Penal   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Cámara Federal de Casación Penal Sala I

Autos: Mazzota, Miguel Ángel y Otros s/ Recurso de casación

Vocablos: ADMINISTRACION FRAUDULENTA - CUENTA BANCARIA - TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIA DE DOLARES - DEPOSITOS EN CUENTA -

 
Fecha de Sentencia: 29-11-2016  | Jurisdiccion: Ciudad Autónoma de Buenos Aires   |  Fuero: Fuero Laboral   | Tribunal: Tribunales Nacionales   | Juzgado: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VII

Autos: Moran, Roberto Ramón c/ Asege S.A. Asesoría de Seguridad de Empresas s/ Despido

Vocablos: DESPIDO - VIGILADOR PRIVADO - VIGILADOR - EMPRESA DE SEGURIDAD - FALTA DE TRABAJO - DISMINUCION DE TRABAJO - CAUSAL SUFICIENTE - CAUSAL DE DESPIDO - CAUSALES DE DESPIDO - OBLIGACION RESARCITORIA -

 
Fecha de Sentencia: 10-08-2016  | Jurisdiccion: Cordoba   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de la 3.º Nominación de San Francisco

Autos: López, Diego Nicolás c/Municipalidad de San Francisco y Otro – Ordinario – Cobro de pesos

Vocablos: RESPONSABILIDAD - RESPONSABILIDAD PENAL - ESPECTACULO DEPORTIVO - ORGANIZACION - OBLIGACION DE SEGURIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS - DEPORTE - CICLISMO - LESIONES - INCUMPLIMIENTO DE REGLAMENTACION - RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACION -

 
Fecha de Sentencia: 11-08-2016  | Jurisdiccion: Salta   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Corte de Justicia de Salta

Autos: OVANDO, ROSALÍA VS. INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA (I.P.V.) – RECURSO DE APELACIÓN

Vocablos: INSTITUTO DE LA VIVIENDA - VIVIENDA - INMUEBLE - ADJUDICACION - NULIDAD - ACTO ADMINISTRATIVO - NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS - LEGALIDAD - PROCEDIMIENTO DE CONTROL - CAUSAL DE JUSTIFICACION - ADJUDICACION PROVISIONAL - OCUPACION DEL INMUEBLE - OCUPACION DE LA VIVIENDA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - BIEN DEL ESTADO - TENENCIA PRECARIA - UNIDAD HABITACIONAL - TITULAR DE UN DERECHO IMPERFECTO - DESADJUDICACION DE UNA VIVIENDA - DESADJUDICACION

 
Fecha de Sentencia: 26-07-2016  | Jurisdiccion: Cordoba   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Tribunal Superior de Justicia de Córdoba

Autos: Sarría, Santiago Miguel c/Provincia de Córdoba - Plena jurisdicción - Recurso de apelación

Vocablos: DIFERENCIAS SALARIALES - REMUNERACION - PROFESIONAL - MAYOR CARGO - IGUAL REMUNERACION IGUAL TAREA

 
Fecha de Sentencia: 03-2016  | Jurisdiccion: Salta   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta Sala II

Autos: T., P. I. PROCESO DE RESTRICCIÓN DE CAPACIDAD

Vocablos: SALUD MENTAL - CAPACIDAD DE HECHO - INCAPACIDAD ABSOLUTA DE HECHO - INCAPACIDAD - RESTRICCION - RESTRICCION DE CAPACIDAD DE HECHO - NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL - ACTOS DE DISPOSICION - FIRMA CONJUNTA - DESARROLLO PERSONAL - AUTODETERMINACION - DISCAPACIDAD -

 
Fecha de Sentencia: 07-2016  | Jurisdiccion: Salta   |  Fuero: Fuero Comercial   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Camara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, Sala III

Autos: Expte. Nº 493551/14/15 BBVA BANCO FRANCÉS S.A.; LANTOURS S.A

Vocablos: DAÑO PUNITIVO - PUBLICIDAD ENGAÑOSA - LETRA CHICA - PUBLICIDAD - ENTIDAD BANCARIA

 
Fecha de Sentencia: 11-08-2016  | Jurisdiccion: Azul   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Cámara Civil y Comercial de Azul

Autos: S. M. J. c/. F. J. L. F. y otro s/ daños y perjuicios.

Vocablos: MALA PRAXIS - PACIENTE - MEDICO - RESPONSABILIDAD DEL CIRUJANO - RESPONSABILIDAD MEDICA - CONSENTIMIENTO - CICATRIZ - DAÑO ESTETICO - OBLIGACION MEDICA - INFORMACION - HISTORIA CLINICA - SALUD

 
Judicial del NOA
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La Corte Suprema declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en casos de lesa humanidad
 
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