Ingreso Usuarios ¿ Quienes Somos ? Publicidad Contacto
Inicio Jurisprudencia Normativa Doctrina Noticias
 
Jurisprudencia
"JUDICIALDELNOA no asume ningún tipo de responsabilidad por las conclusiones a las que arribe el usuario, al momento de ser orientado en la búsqueda de información, ya que el servicio prestado no importa evacuación de consulta jurídica alguna"
 
Mejore sus busquedas con los simbolos + y - en el campo palabras clave
Ejemplo + : si busca daño moral + Accion civil : solo buscara aquellas jurisprudencias que tengan ambos vocablos
Ejemplo - : si busca daño moral - Accion civil : buscara aquellas jurisprudencias que tenga alguno de los vocablos
 
Filtros de Busqueda:
Palabras clave:
Por Jurisdiccion:   
Por Tribunales:   
Por Juzgado:   
Por Fuero:   
Por Categoria del Fuero: Seleccione un fuero   
Por Sub Categoria del Fuero: Seleccione una categoria de un fuero   
 
Eliminar todos los filtros Seleccionados
 
 

Cantidad de Resultados: 59830
 
Fecha de Sentencia: 28-03-2017  | Jurisdiccion: Corte Suprema de Justicia de la Nacion   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Autos: Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios

Sumario: En la causa “Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios”, se dictó una sentencia en la que el voto de la mayoría fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, mientras que los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti opinaron en disidencia.
Mediante el voto conjunto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz, la Corte Suprema concluyó que dichas reclamaciones no son imprescriptibles y que, por ende, para dar lugar a una sentencia condenatoria por la responsabilidad del Estado, las acciones están sometidas a las disposiciones que establecen el plazo de prescripción dentro del cual deben ser útilmente promovidas.
Los jueces Maqueda y Rosatti votaron en disidencia sosteniendo que esta clase de acciones eran imprescriptibles, fundando sus opiniones en mediante sendos votos individuales.

Hechos
En el caso se trataba la demanda promovida por Amelia Ana María Villamil contra el Estado Nacional, en la que reclamó el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la desaparición de su hijo y de su nuera, Jorge Ayastuy y Marta Elsa Bugnone, ocurrida en el año 1977 y que imputó al accionar de “un grupo de personas uniformadas […] que ‘prima facie’ actuaba en ejercicio de alguna forma de autoridad pública” (fs. 1/28 vta.).
El Estado Nacional contestó la demanda, planteó la excepción de prescripción de la acción y pidió el rechazo de la demanda.
Esta defensa fue rechazada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que declaró imprescriptibles a estas pretensiones. Esta resolución fue impugnada por el Estado Nacional mediante un recurso extraordinario federal que la Corte Suprema declaró admisible, para así revocar la sentencia apelada y concluir en que estas acciones están sujetas a plazo de prescripción.

Voto de la mayoría (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz)
En el caso ya existía un precedente "Larrabeiti Yáñez", dictado en 2007 y suscripto por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi y Argibay (Fallos: 330:4592)-, el que resulta de aplicación directa al caso y al que se remite. Allí se diferenciaron ambas situaciones, sobre la base de que la acción para reclamar el resarcimiento patrimonial es materia disponible y renunciable, mientras que la imprescriptibilidad de la persecución penal en materia de lesa humanidad se funda en la necesidad de que los crímenes de esa naturaleza no queden impunes, es decir, en razones que exceden el interés patrimonial de los particulares afectados En suma, se sostuvo que en un caso está en juego el interés patrimonial exclusivo de los reclamantes, mientras que en el otro está comprometido el interés de la comunidad internacional, de la que Argentina es parte, en que tales delitos no queden impunes, lo que impide cualquier asimilación de ambos tipos de casos y, por lo tanto, que se declare la imprescriptibilidad de las acciones de daños como la aquí intentada.
La opinión de la mayoría dejó en claro que no existía al momento en que la prescripción de la acción operó -16 de noviembre de 1995- ninguna norma que dispusiera esa solución. Agregó que tampoco resultaría aplicable al caso la imprescriptibilidad fijada en el artículo 2561 in fine del Código Civil y Comercial, en virtud de lo dispuesto expresamente por el artículo 2537 del mismo cuerpo legal (“Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior").
Por otro lado, sostuvo que La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas tampoco dispone la imprescriptibilidad de las acciones indemnizatorias derivadas de dicho delito, sino únicamente la de las acciones penales (artículo VII; arg. Fallos: 322:1888). Añadió que de ninguno de los restantes tratados internacionales sobre derechos humanos que, a tenor del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, gozan de jerarquía constitucional, surge norma alguna que pudiera servir de justificación a la sentencia de la cámara. Así lo señaló esta Corte expresamente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la causa “Olivares” (Fallos: 311:1490, considerando 8°).
De modo concorde, la Corte afirmó que el Estado argentino ha procurado la reparación de estos daños, no solamente mediante la habilitación de las acciones indemnizatorias correspondientes –durante el plazo de prescripción- sino también mediante el establecimiento de regímenes indemnizatorios especiales (en este caso, ley 24.411 y sus modificatorias), cuya vigencia fue prorrogada sucesivamente (leyes 24.499, 25.814, 25.985, 26.178, 26.521) hasta declararse posteriormente la ausencia de plazo de caducidad para solicitar los beneficios allí establecidos (ley 27.143).
Por último, las Corte subrayó que el hecho de que la actora –dadas sus particulares circunstancias- no pudiera reclamar la indemnización prevista por la ley 24.411 no implica en modo alguno que hubiera tenido un obstáculo para demandar aquello a que tenía derecho según su consideración, ni que las reglas generales que justifican y sustentan el instituto de la prescripción liberatoria no concurran en casos como el presente.

Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda
El deber estatal de indemnizar los daños causados por los delitos de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado no está sujeto a plazo de prescripción.

El Juez Maqueda en su voto disidente reconoció el derecho de las víctimas de delitos de lesa humanidad a obtener del Estado la reparación de los daños causados sin sujeción a plazo alguno de prescripción.
Esta declaración de imprescriptibilidad de las acciones resarcitorias tuvo fundamento en las normas y principios del sistema internacional de protección de los derechos humanos, que recepta la propia Constitución Nacional, y que fueran ya aplicados en la jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema al declarar la imposibilidad de amnistiar, indultar o declarar la prescripción penal en materia delitos de lesa humanidad. Además, y en otro orden de consideraciones, resaltó que estos postulados fueron recogidos por el legislador en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación al adecuar a ellos la legislación infraconstitucional.
En su voto, sostuvo que del derecho internacional consuetudinario, receptado por la Constitución Nacional al momento de su sanción, y de las normas del derecho convencional a las que la reforma constitucional de 1994 les dio esa misma jerarquía, se deriva que el Estado argentino ha asumido un fuerte compromiso internacional en virtud del cual la garantía de la tutela judicial efectiva de los derechos humanos comprende tanto el derecho de las víctimas y sus familiares al conocimiento de la verdad y el castigo penal de los autores de delitos de lesa humanidad como el de obtener una reparación de los daños sufridos.
De este modo, advirtió que, en los casos como el aquí examinado, tanto la acción de daños y perjuicios como la penal derivan de un mismo crimen internacional. En consecuencia, reconocida la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad desde la óptica penal, por constituir éstos serios actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, sería inadmisible sostener que la reparación económica a cargo del Estado de las consecuencias de esos crímenes pueda quedar sujeta a algún plazo de prescripción.
Finalmente destacó que la fuente de la responsabilidad en materia de delitos de lesa humanidad se encuentra en las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que persiguen la protección de un bien jurídico que se halla en un plano superior: la dignidad humana. Por lo expuesto, concluyó en que la acción indemnizatoria que puede derivarse de esos delitos tiene carácter humanitario y que, en consecuencia, por sobre los objetivos que persigue el instituto de la prescripción debe primar la obligación asumida por el Estado Argentino de garantizar la reparación a las víctimas, de forma tal que se asegure su realización como seres humanos y se restaure su dignidad.

Disidencia del Dr. Horacio Rosatti
El juez Rosatti, en su voto en disidencia, sostuvo que si es imprescriptible la persecución de los delitos de lesa humanidad (consecuencia penal), como ya lo ha sostenido la Corte en diversos precedentes, debe ser imprescriptible también el derecho de las víctimas para reclamar la reparación pecuniaria (consecuencia indemnizatoria), cuando los daños estén debidamente acreditados.
Fundamentó esta conclusión en que resulta irrazonable y absurdo que el mismo Estado (si bien no el mismo Gobierno), causante de un perjuicio de la magnitud propia de los delitos de lesa humanidad, se escude en el instituto de la prescripción liberatoria para no cumplir con una obligación única, indiscutible y de naturaleza esencialmente reparatoria, que aunque pueda ser intelectualmente separable de su aspecto penal, es moralmente indisoluble.
El juez Rosatti sustentó su voto disidente en el “principio general” que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, según el cual se “prohíbe a los ‘hombres’ perjudicar los derechos de un tercero”, principio que –como ha dicho la Corte reiteradas veces- se encuentra “entrañablemente vinculado a la idea de reparación”; y en diversas disposiciones internacionales, tales como el Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad (Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, E/CN.4/2005/102/Add.1), en el que se destaca la necesidad de adoptar medidas nacionales e internacionales para que, en interés de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, se asegure conjuntamente el respeto efectivo del derecho a saber que entraña el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener una reparación, sin los cuales no puede haber recurso eficaz contra las consecuencias nefastas de la impunidad.
Finalmente, el magistrado invocó los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 60/147, por el que se reconoce que, al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las mismas, los supervivientes y las generaciones futuras, y reafirma los principios jurídicos internacionales de responsabilidad, justicia y estado de derecho.

Vocablos: ACCION CIVIL - PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES CIVILES - IMPRESCRIPTIBILIDAD - LESA HUMANIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS - ESTADO NACIONAL - EXCEPCION DE PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVIL - PRESCRIPCION -

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 01-03-2017  | Jurisdiccion: Ciudad Autónoma de Buenos Aires   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires

Autos: Z. D. N. y otros contra GCBA y otros sobre amparo

Sumario: El juez Víctor Trionfetti, titular del juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, concedió la medida cautelar solicitada por los padres de un menor aspirante a ingresar al nivel inicial que se encuentra en el lugar 30 de la lista de espera para acceder a una vacante en el Jardín Maternal N° 5 Distrito Escolar N° 12 “Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez”, y resolvió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantice el derecho a la educación cubriendo los gastos en un establecimiento privado.

Ante la admisión por parte de representantes del Ministerio de Educación del GCBA y de la Procuración General, de la imposibilidad de brindar solución al reclamo de una vacante próxima al domicilio de los amparistas, y frente a la solicitud de la Asesora Tutelar interviniente, de que se garantice el derecho a la educación del niño obligando a la demanda a solventar una escuela privada, el magistrado ordenó a la administración comunal que “otorgue a la actora, mediante depósito judicial, la suma de cuarenta y dos mil seiscientos pesos” para que el menor de un año y ocho meses de edad, “acceda a una vacante en el establecimiento de gestión privada ‘Había una vez…’, y asimismo, sufrague todos aquellos gastos ordinarios y corrientes que la institución demande a esos fines y sean debidamente acreditados en el expediente”.

En la sentencia firmada el 1° de marzo en la causa caratulada “Z. D. N. y otros contra GCBA y otros sobre amparo”, se cita el texto del artículo 24 de la Constitución local, el cual dispone que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”. “Esta norma constitucional, en el contexto de la causa, resulta dirimente para definir la situación de la cautelar solicitada”, afirmó Trionfetti.

En los fundamentos de su resolución el titular del juzgado N° 15 afirmó que “el peligro en la demora en atender la situación y la necesidad de garantizar cautelarmente el derecho a la educación del niño son manifiestos: el día 6 de marzo comienza la actividad educativa y hay un reconocimiento expreso del GCBA de que no puede dar una solución a los derechos del niño”.

“Entiendo que la afectación de fondos públicos resulta exclusiva para el caso y se pondera que, frente a los derechos amenazados y el interés superior del niño el interés público no se encuentra comprometido, no sólo por el monto del embargo que se dispone, sino también porque no puede haber interés público mayor que el de garantizar los derechos humanos, aun el marco de un proceso cautelar, en donde esos derechos lucen verosímiles. […] Tal como señaló la Corte Suprema de Justicia, los niños -máxime en circunstancias en que se encuentra comprometida su salud y normal desarrollo- además de la especial atención que necesitan de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda”, concluyó Trionfetti

Vocablos: AMPARO - MEDIDA CAUTELAR - EDUCACION - DERECHO A LA EDUCACIÓN - ESTADO - GARANTIA - GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACION - GASTOS - ESTABLECIMIENTO PRIVADO - VACANTE - FALTA DE VACANTES - FALTA DE VACANTES EN LA ESCUELA PUBLICA - DERECHOS DEL NIÑO

 
Fecha de Sentencia: 29-11-2016  | Jurisdiccion: Ciudad Autónoma de Buenos Aires   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Sala I

Autos: Costa Ludueña, Peter Harry c/ UBA s/ amparo ley 16.986

Sumario: Un ciudadano privado de su libertad, aprobó materias del CBC e intento a ingresar a cursar el primer año de la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires por medio del programa UBA XXI. La Universidad no le permitió iniciar la carrera por carecer de documento nacional de identidad.
La justicia ordenó a la UBA a que le permita ingresar a la carrera dado que la negativa fue considerada arbitraria atento que se le estaba solicitando “un requisito de imposible cumplimiento" porque "no hay forma de que un extranjero privado de la libertad pueda gestionar un DNI", según el dictamen fiscal se trata de una “exigencia formal excesiva e injustificada” y que la conducta de la demandada de negar la inscripción al amparista -que había acreditado su identidad mediante su pasaporte, que aprobó el Ciclo Básico Común (CBC) – “constituye un supuesto de arbitrariedad manifiesta".
El dictamen recalcó que la finalidad de comprobar la identidad se tenía por satisfecha en el caso “mediante la presentación del documento que las autoridades públicas consideraron idóneo para tener por acreditada fehacientemente su identidad en el marco del proceso penal realizado en su contra y de la ejecución de la condena a prisión dispuesta, es decir, su pasaporte”.
De otra forma se "frustraría el derecho constitucional a la educación del amparista”

Vocablos: AMPARO - ARBITRARIEDAD - INGRESO UNIVERSITARIO - EXIGENCIA FORMAL - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD -

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 01-12-2016  | Jurisdiccion: Ciudad Autónoma de Buenos Aires   |  Fuero: Fuero Penal   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Cámara Federal de Casación Penal Sala I

Autos: Mazzota, Miguel Ángel y Otros s/ Recurso de casación

Sumario: Corresponde que se condene a un supervisor en una gerencia de comercio exterior, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de una entidad bancaria, que desde una cuenta, creó otras a nombre de su padre, su madre y amigos, y realizó transferencias en dólares, toda vez que se acreditó que el denunciado se aprovechó de su calidad de "Supervisor Operador Semisenior" en la Gerencia de Comercio Exterior del banco, para desviar injustificadamente diversas sumas de dinero que se encontraban depositados en una cuenta interna de la empresa.
Fte: SAIJ: FA16260612

Vocablos: ADMINISTRACION FRAUDULENTA - CUENTA BANCARIA - TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIA DE DOLARES - DEPOSITOS EN CUENTA -

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 29-11-2016  | Jurisdiccion: Ciudad Autónoma de Buenos Aires   |  Fuero: Fuero Laboral   | Tribunal: Tribunales Nacionales   | Juzgado: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VII

Autos: Moran, Roberto Ramón c/ Asege S.A. Asesoría de Seguridad de Empresas s/ Despido

Sumario: Corresponde hacer lugar a una demanda por despido incoada por un vigilador general contra una empresa de seguridad privada que lo desvinculó invocando falta y disminución de trabajo, toda vez que la disminución de trabajo, no constituye, de por sí causal suficiente para liberar a la patronal de su obligación resarcitoria, por lo tanto, es preciso que quien invoca tal circunstancia, demuestre en forma fehaciente que se han tomado todas las medidas necesarias para paliar dichas consecuencias.
Fte. SAIJ

Vocablos: DESPIDO - VIGILADOR PRIVADO - VIGILADOR - EMPRESA DE SEGURIDAD - FALTA DE TRABAJO - DISMINUCION DE TRABAJO - CAUSAL SUFICIENTE - CAUSAL DE DESPIDO - CAUSALES DE DESPIDO - OBLIGACION RESARCITORIA -

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 10-08-2016  | Jurisdiccion: Cordoba   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de la 3.º Nominación de San Francisco

Autos: López, Diego Nicolás c/Municipalidad de San Francisco y Otro – Ordinario – Cobro de pesos

Sumario: Con fundamento en la Ley de Espectáculos Deportivos (Ley 23184, modificada por la Ley 24192), la asociación civil Cicles Moto Club deberá indemnizar con 142.252 pesos (más intereses) a un fotógrafo por los daños que este sufrió en septiembre de 2010, cuando se desarrollaba la competencia “Doble San Francisco-Miramar”, ocasión en la que uno de los ciclistas, tras haber cruzado la meta, perdió el control del rodado e impactó contra el reportero, que sufrió lesiones y heridas. La decisión fue adoptada por el juez en lo Civil, Comercial y Familia de la 3.º Nominación de San Francisco, Carlos Viramonte.

El magistrado hizo lugar a la acción por daños y perjuicios promovida por el fotógrafo contra la asociación organizadora, aunque rechazó la demanda en cuanto esta también estaba dirigida contra la Municipalidad de San Francisco. Al mismo tiempo, acogió la declinación de cobertura articulada por la firma Río Uruguay Seguros, a la que Cicles Moto Club había citado en garantía.

En la resolución, el juez esgrimió que la demandada, “Cicles Moto Club”, en su carácter de organizadora del espectáculo deportivo, “asumió una obligación de seguridad –impuesta legalmente- frente al demandante, en su carácter de asistente o concurrente al evento, de conformidad con lo dispuesto por el art. 51 de la Ley de Espectáculos Deportivos”.

Teniendo en cuenta que “la responsabilidad que pesa sobre las entidad organizadora es objetiva, derivada de la obligación de seguridad que pesa sobre ella”, el magistrado procedió a analizar si la ubicación que se había concedido a la prensa era la establecida por Reglamento de la Asociación Argentina de Ciclismo (FAC). En efecto, la carrera formaba parte del calendario oficial de la FAC.

En ese sentido, el magistrado constató que “el sector de prensa establecido y diagramado por la organizadora del evento contravenía las normas del reglamento, ya que se ubicaba a un metro de la línea de llegada, cuando el reglamento dispone que debe emplazarse a una distancia de quince metros como mínimo de la línea de llegada”.

Como consecuencia, de acuerdo con la resolución, la conducta de la asociación organizadora, evidentemente, “facilitó la producción del evento dañoso”, en la medida en que hubo “un claro incumplimiento de las normas reglamentarias de seguridad necesarias para la organización”. “Así, ante una clara disposición reglamentaria relativa a la seguridad de los fotógrafos, que en la especie era obligatoria, la entidad habilitó incorrectamente o, al menos, permitió que el fotógrafo lesionado se ubicara a tan solo un metro de la línea de llegada”, destacó el juez. En la misma dirección, agregó: “el accidente, tal como ocurrió conforme a la plataforma fáctica fijada, no fue inevitable, pues pudo haberse evitado de cumplirse acabadamente con las normas reglamentarias relativas al emplazamiento de la prensa”.

El Municipio no tiene responsabilidad
Por otra parte, el magistrado consideró que no podía hacerse extensiva la responsabilidad a la Municipalidad de San Francisco en los términos de la Ley de Espectáculos Deportivos. Esto, en la medida en que el municipio no fue organizador del evento, sino que solo actuó como auspiciante de la carrera y concedió a la asociación organizadora un subsidio “por intermedio de la Dirección de Deportes y de Economía”. Asimismo, “en obvio cumplimiento del poder de policía, habilitó el evento y dispuso las medidas pertinentes en relación con las calles por donde pasaba la carrera, pero ello no la torna en organizadora”.

En la misma línea, el juez recalcó que tampoco podía atribuirse responsabilidad al municipio en los términos del régimen común, pues no podía “reprocharse a la Municipalidad de San Francisco omisión alguna en el poder de policía, atento a que la disposición de los diferentes sectores de la carrera –como el sector de prensa- depende de una reglamentación de la actividad deportiva y del organizador del evento, lo que claramente excede el deber de custodia y seguridad ciudadana exigible al municipio”.

Exclusión de cobertura
Finalmente, se hizo lugar al pedido de la aseguradora de que se la excluyera de brindar cobertura, teniendo en cuenta que la póliza suscripta con la asociación organizadora de la carrera aclaraba que no serían cubiertos los accidentes en los que se observara “la falta de cumplimiento a normas y reglamentos dictados por autoridad nacional, provincial, municipal o de policía”.

En ese sentido, el juez entendió que asistía razón “a la citada en garantía cuando en los alegatos afirmaba que la organizadora del evento ha violado la reglamentación a la cual se encuentra sometida la disciplina deportiva, al haber emplazado antirreglamentariamente el sector de prensa donde se ubicaba el demandante”.

Como consecuencia, el Dr. Viramonte condenó a la asociación civil a que indemnice al fotógrafo, con la suma de 142.252 pesos (más intereses), que comprende los siguientes rubros: daño emergente (2.880 pesos), pérdida de chance pasada (17.889 pesos), pérdida de chance futura (81.483 pesos) y daño moral (40.000 pesos).

Vocablos: RESPONSABILIDAD - RESPONSABILIDAD PENAL - ESPECTACULO DEPORTIVO - ORGANIZACION - OBLIGACION DE SEGURIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS - DEPORTE - CICLISMO - LESIONES - INCUMPLIMIENTO DE REGLAMENTACION - RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACION -

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 11-08-2016  | Jurisdiccion: Salta   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Corte de Justicia de Salta

Autos: OVANDO, ROSALÍA VS. INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA (I.P.V.) – RECURSO DE APELACIÓN

Sumario: La Corte de Justicia de Salta confirmó la sentencia de primera instancia que le desadjudicó una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda en el barrio Los Pinares de Cerrillos.
R.O. pretendía la nulidad de los actos administrativos del IPV. El recurso de apelación planteado ante el Alto Tribunal de la provincia tenía un “notable déficit de fundamentación lo que conduce a su descalificación; máxime cuando dicha actividad procesal en sí misma connota la expresión de un imperativo del propio interés del apelante.”
R.O no habitaba la vivienda entregada por el organismo provincial por lo que no cumplía con la carga legal y contractual de habitar el inmueble. “La actora no aportó ninguna prueba tendiente a cuestionar la legalidad de los procedimientos de control efectuados por la autoridad administrativa, o que acreditase una causal de justificación razonable que la eximiera de cumplir con esa carga, pese haber tenido plena oportunidad de hacerlo, tanto en sede administrativa como en sede judicial”, apuntaron los jueces.
La adjudicación provisional se produjo en 2009. En esa oportunidad R.O se comprometió “entre otras exigencias, a ocupar la vivienda adjudicada en forma inmediata a partir de su suscripción”. Pero en las inspecciones de habitabilidad se comprobó que la vivienda estaba desocupada. Por ello el IPV dictó una resolución revocando la adjudicación por incumplimiento de lo establecido en las disposiciones de la Ley Nacional 21581 y Ley Provincial 5167 y su modificatoria Ley 5963, relativas a la habitabilidad normal y permanente por parte del grupo familiar adjudicado.
R.O. suscribió con el IPV un contrato administrativo enmarcado en el ámbito de un servicio de utilidad pública e interés general cuya prestación supone el traspaso del dominio de un bien del Estado a un particular, por razones de índole social. Entonces R.O. era tenedora precaria de la unidad habitacional asignada y su obligación preponderante era ocupar esa casa. R.O. en su carácter de adjudicataria provisoria en tenencia precaria era “titular de un derecho imperfecto, una simple situación precaria, que puede ser extinguida por la administración cuando exista una causa justa para ello”.
R.O. cuestionó, entre otras cosas, que las notificaciones hubieran sido enviadas a la vivienda. Allí había constituido domicilio legal, por lo que dicha objeción fue desestimada de plano. “El planteo intentado resulta contrario a los propios actos realizados en las actuaciones administrativas, y es sabido que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios”, dijeron los jueces de la Corte de Justicia.
La manifestación de disconformidad es “insuficiente por sí misma para desvirtuar los argumentos expuestos en la sentencia que tuvo por acreditado el incumplimiento de la obligación de habitabilidad, como causa justificante de la decisión administrativa objetada”.

Vocablos: INSTITUTO DE LA VIVIENDA - VIVIENDA - INMUEBLE - ADJUDICACION - NULIDAD - ACTO ADMINISTRATIVO - NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS - LEGALIDAD - PROCEDIMIENTO DE CONTROL - CAUSAL DE JUSTIFICACION - ADJUDICACION PROVISIONAL - OCUPACION DEL INMUEBLE - OCUPACION DE LA VIVIENDA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - BIEN DEL ESTADO - TENENCIA PRECARIA - UNIDAD HABITACIONAL - TITULAR DE UN DERECHO IMPERFECTO - DESADJUDICACION DE UNA VIVIENDA - DESADJUDICACION

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 26-07-2016  | Jurisdiccion: Cordoba   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Tribunal Superior de Justicia de Córdoba

Autos: Sarría, Santiago Miguel c/Provincia de Córdoba - Plena jurisdicción - Recurso de apelación

Sumario: El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó que corresponde que la Provincia de Córdoba le abone las diferencias salariales adeudadas (más intereses) desde 2004 a un profesional por considerar que efectivamente se desempeñaba como jefe de departamento (en la Secretaría de Ganadería), pese a que formalmente revestía en un cargo de menor jerarquía. El Alto Cuerpo concluyó que resultaba aplicable la cláusula constitucional que establece “igual remuneración por igual tarea”.

La Sala Contencioso Administrativa del TSJ rechazó el recurso de apelación promovido por el Gobierno (la parte demandada) contra la sentencia de la Cámara de 2.º Nominación del mismo fuero, que había declarado la nulidad de los actos administrativos impugnados por el demandante y que había condenado a la Provincia a pagar las diferencias adeudadas en el plazo de cuatro meses desde la aprobación de la liquidación. Esta resolución ahora ha sido confirmada.

En su voto, el presidente de la sala, Domingo Sesin, destacó que, según las constancias de la causa, se encontraba acreditado que el demandante, “desde junio de 2002, cumple las mayores funciones correspondientes al cargo de ‘jefe del Departamento Lechería’”, que había quedado vacante por la jubilación de su anterior titular. En la misma línea, afirmó que tales tareas han sido desempeñadas “con la aquiescencia de las autoridades superiores”.

En definitiva, de acuerdo con el vocal, se han acreditado de forma “fehaciente” las tareas desarrolladas por el demandante como jefe de departamento, “aun cuando no haya mediado un acto de designación dictado por la autoridad competente conforme a la normativa que regulaba la cuestión”.

Protección constitucional
Asimismo, según el Dr. Sesin, al caso resultaba aplicable directa e inmediatamente, por “su carácter operativo”, el artículo 14 bis de la Constitución nacional, cuya “protección alcanza tanto a los trabajadores libres como a los del Estado”. “Esta norma otorga a quien presta servicios el derecho a una retribución justa, compensatoria del esfuerzo realizado y del rendimiento obtenido, o sea, de la utilidad o provecho logrado con el esfuerzo del empleado”, esgrimió el vocal, a cuyo voto se adhirieron sus pares (Carlos García Allocco y María Marta Cáceres de Bollati).

Seguidamente, en la sentencia fueron enumeradas las normas de los tratados internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional y que prevén disposiciones similares a las del artículo 14 bis. Por esta vía, el TSJ concluyó que, teniendo en cuenta que el demandante ha desempeñado efectivamente las funciones inherentes al cargo de jefe del Departamento Lechería, de la Dirección de Ganadería, pero no percibió las remuneraciones correspondientes a los servicios prestados, “la garantía constitucional sería transgredida por el obrar de la Administración si no se le reconociera el pago de las diferencias que reclama”.

Como consecuencia, el Alto Cuerpo consideró “ajustada a derecho la decisión de la Cámara de declarar la ilegitimidad del obrar administrativo impugnado, con el consiguiente reconocimiento de la procedencia del reclamo de diferencia de haberes del demandante por el período de prescripción, previa deducción de los aportes personales y a la Apross”.

Vocablos: DIFERENCIAS SALARIALES - REMUNERACION - PROFESIONAL - MAYOR CARGO - IGUAL REMUNERACION IGUAL TAREA

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 03-2016  | Jurisdiccion: Salta   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta Sala II

Autos: T., P. I. PROCESO DE RESTRICCIÓN DE CAPACIDAD

Sumario: La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hizo lugar a un recurso de apelación y ordenó modificar una sentencia de primera instancia aplicando los nuevos paradigmas sobre salud mental.
Ordenaron las juezas Verónica Gómez Naar y Hebe Alicia Samsón declarar la restricción de capacidad de hecho de un hombre a quien la sentencia de primera instancia declaró “incapaz absoluto de hecho”. La restricción de capacidad de hecho en los términos de los artículos 32 y 38 del Código Civil y Comercial lo será para “realizar actos de disposición de bienes inmuebles o muebles registrables y administración extraordinaria, actos jurídicos por valores económicos significativos - con excepción de los que fueren concernientes a su actividad laboral, oficio o asuntos de administración corriente de su negocio o actividad comercial.”
Establecieron que para la validez de los actos habilitados se requerirá la intervención y firma conjunta del afectado y la persona de apoyo. Para ello se designó como persona de apoyo a su madre aclarando que “a los fines del cumplimiento de su cargo deberá tener en cuenta en todo momento los intereses del señor P.I.T., respetar sus preferencias y voluntad, posibilitando su digno desarrollo personal en el marco de la autodeterminación, así como asistirlo en la administración de la medicación y realización del tratamiento médico y psicológico que le sean indicados”.
Las juezas aplicaron el nuevo Código Civil y Comercial que contiene las normas que ya se encontraban vigentes desde que la ley 26.378 ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 2006 y la ley 26.657 de Derecho de la Protección de la Salud Mental.
“El nuevo paradigma que introduce la citada convención internacional radica en el reconocimiento de la capacidad de la persona con padecimiento psíquico para ejercer por sí sus derechos en la medida de sus posibilidades, con un sistema de apoyos y salvaguardias adecuados que, a la par de proteger sus intereses, respete su voluntad, preferencias, y procure la mayor autonomía y libertad de la persona en la toma de decisiones sobre su persona y bienes”, acota la sentencia.
Al hombre se le diagnosticó “psicosis esquizofrénica paranoide” y se le brindó un tratamiento farmacológico con buena respuesta complementado por el apoyo familiar a través de su madre.
Del análisis de los antecedentes surgió que el hombre “conserva un margen amplio de capacidad de ejercicio de sus derechos, que le permite adoptar decisiones sobre su vida personal y laboral, siempre que no impliquen la asunción de obligaciones de gran significación que comprometan su responsabilidad y situación patrimonial; puede celebrar actos jurídicos por montos que no impliquen grandes sumas de dinero o valores de muy alta significación; puede concertar contrato de trabajo, administrar y disponer del dinero que obtenga con su trabajo o actividad comercial.”
Advirtieron incluso que la capacidad jurídica pueda ampliarse según continúe siendo favorable el tratamiento médico psiquiátrico y psicológico iniciado y en respuesta a la ayuda y contención de su círculo familiar para lo cual se deberán reiterar los exámenes en tres años.
“La prudencia que debe contener todo acto jurisdiccional se torna aún más exigente con relación al lenguaje y los términos de una decisión que implica referirse a aspectos que se relacionan con la dignidad misma del ser humano”, señalaron las juezas de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. “Los nuevos paradigmas exigen extremar el cuidado no sólo al momento de ponderar las limitaciones de la capacidad de la persona procurando no coartar indebidamente su autonomía y autodeterminación, sino también en lo que respecta al lenguaje empleado, en la inteligencia de que se debe evitar la estigmatización” considerando seguidamente que va en desmedro de ese objetivo el uso de del término “incapaz absoluto de hecho” o la mención genérica de no poder “comprender la naturaleza de un valor jurídico”, respecto de una persona que goza de un importante grado de capacidad para ejercer por sí sus derechos.

Vocablos: SALUD MENTAL - CAPACIDAD DE HECHO - INCAPACIDAD ABSOLUTA DE HECHO - INCAPACIDAD - RESTRICCION - RESTRICCION DE CAPACIDAD DE HECHO - NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL - ACTOS DE DISPOSICION - FIRMA CONJUNTA - DESARROLLO PERSONAL - AUTODETERMINACION - DISCAPACIDAD -

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 07-2016  | Jurisdiccion: Salta   |  Fuero: Fuero Comercial   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Camara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, Sala III

Autos: Expte. Nº 493551/14/15 BBVA BANCO FRANCÉS S.A.; LANTOURS S.A

Sumario: Los jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hicieron lugar a un recurso de apelación y modificaron parcialmente la sentencia de primera instancia condenando a una entidad bancaria y a un comercio a pagar en concepto de daño punitivo 6.043 pesos a un particular.
En primera instancia había sido rechazada la pretensión del particular de daño punitivo, pero los jueces Marcelo Domínguez y Nelda Villada Valdez consideraron que la publicidad realizada por las demandadas “fue, cuanto menos, engañoso” y “en tanto lesivo a la buena fe que debe imperar en particular en las relaciones de consumo, corresponde que el contrato celebrado -ante al falta de información adecuada y veraz por parte de los proveedores-, sea interpretado en favor del actor, cuestión que además han consentido los apelados al quedar firme para ellos la sentencia de la instancia
de origen, que les manda reintegrar el 20% promocionado de descuento, resultando la conducta publicitaria y negocial desplegada reprochable por ser evidente su desapego a las reglas protectorias del consumo, por lo que se admite el reclamo de daño punitivo con finalidad ejemplificadora respecto de conductas que no deben concretarse en el comercio.
El principio de la buena fe –dijeron los jueces- exige transparencia y una clara determinación de las pautas contractuales” y la duda está a favor del consumidor.
El hombre entró al comercio buscando la promoción que le ofrecía la entidad bancaria en la compra de pasajes. Hubo una defectuosa información sobre la promoción de venta de pasajes aéreos, recordaron los jueces ya que las firmas ofrecían una financiación en 18 cuotas sin interés y un 20 por ciento adicional de descuento: “20% off” decía la promoción sin especificar la clase tarifaria.
Los jueces advirtieron además la existencia de diferencias entre la “letra chica” y el texto de la publicidad. Y detallaron que el detalle de las clases tarifarias no se incluyó en las facturas y documentación extendidas a favor del demandante: las “cuestiones internas de la línea aérea que no se deben considerar conocidas por los interesados y cuya precisión debe ser plenamente informada y consentida de parte del adquirente del pasaje o del paquete que se ofrece”.

Vocablos: DAÑO PUNITIVO - PUBLICIDAD ENGAÑOSA - LETRA CHICA - PUBLICIDAD - ENTIDAD BANCARIA

Judicial del Noa

 
Fecha de Sentencia: 11-08-2016  | Jurisdiccion: Azul   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Cámara Civil y Comercial de Azul

Autos: S. M. J. c/. F. J. L. F. y otro s/ daños y perjuicios.

Vocablos: MALA PRAXIS - PACIENTE - MEDICO - RESPONSABILIDAD DEL CIRUJANO - RESPONSABILIDAD MEDICA - CONSENTIMIENTO - CICATRIZ - DAÑO ESTETICO - OBLIGACION MEDICA - INFORMACION - HISTORIA CLINICA - SALUD

 
Fecha de Sentencia: 22-07-2016  | Jurisdiccion: Cordoba   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Juzgado de Conciliación Nº 5 de Córdoba

Autos: G. (hoy R.), K. V. c/Colegio Gabriel Taborín – Amparo (Ley 4915).

Vocablos: ACCION AMPARO - ALUMNA - EXAMEN - EXAMANES - COLEGIO SECUNDARIO - DOCENTE - ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SUPERVISION JUDICIAL - ARBITRARIEDAD - DERECHO DE APRENDER - EDUCACION

 
Fecha de Sentencia: 08-08-2016  | Jurisdiccion: Cordoba   |  Fuero: Fuero Penal   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Cámara del Crimen de 3° Nominación de Córdoba

Autos: Farías, Joni Hugo y otros p.ss.aa. homicidio agravado por el art. 41 bis

Vocablos: FEMICIDIO - RELACION DE PAREJA - SICARIOS - AUTOR INTELECTUAL -PARTICIPE NECESARIO - PRISION PERPETUA - AUTORIA

 
Fecha de Sentencia: 19-07-2016  | Jurisdiccion: Ciudad Autónoma de Buenos Aires   |  Fuero: Fuero Comercial   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Autos: TORRAS, CELIA FABIANA C. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S. AMPARO

Vocablos: AEROLINEA - MEDIDA CAUTELAR - LINEA AEREA - CONTRATO DE TRANSPORTE - PASAJE AEREO - INTERNET - COMPRA POR INTERNET - PAGO CON TARJETA DE CREDITO - TICKET - DEUDA -

 
Fecha de Sentencia: 13-07-2016  | Jurisdiccion: Ciudad Autónoma de Buenos Aires   |  Fuero: Fuero Laboral   | Tribunal: Tribunales Nacionales   | Juzgado: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VII

Autos: P., J. A. c/ C., E. F. s/ Despido”

Vocablos: DISCRIMINACION LABORAL - SABER LEER Y ESCRIBIR - ALTA MEDICA - TAREAS LIVIANAS - ACCIDENTE LABORAL

 
Fecha de Sentencia: 04-08-2016  | Jurisdiccion: La Plata   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Autos: Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo

Vocablos: RECURSO EXTRAORDINARIO - NULIDAD - RESOLUCIONES - CUADRO TARIFARIO - TARIFAS - SERVICIO PUBLICO - GAS NATURAL - AUDIENCIA PUBLICA - EFECTO DEVOLUTIVO -

 
Fecha de Sentencia: 03-08-2016  | Jurisdiccion: Salta   |  Fuero: Fuero Penal   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Tribunal de Juicio de Salta

Autos: PLAZA, CARLOS; DEL VALLE, JUAN JOSE POR HOMICIDIO AGRAVADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MAS PERSONAS; CRIMINIS CAUSA y POR VIOLENCIA DE GENERO EN PERJUICIO DE ALVAREZ, GIMENA

Vocablos: HOMICIDIO - VICTIMA - TRANS - PRISION PERPETUA

 
Fecha de Sentencia: 06-04-2016  | Jurisdiccion: Salta   |  Fuero: Fuero Seguridad Social   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Corte de Justicia de Salta

Autos: P.D., N.M.H. VS. CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA AGRIMENSORES, ARQUITECTOS, INGENIEROS Y PROFESIONES AFINES – RECURSO DE APELACIÓN”

Vocablos: INCONSTITUCIONALIDAD - CAJA DE PREVISION SOCIAL - NULIDAD - RESOLUCION - RECONOCIMIENTO - BENEFICIO - PENSION - PROTECCION INTEGRAL DE LA FAMILIA - APORTES PREVISIONALES - DEUDA - APORTES PREVISIONALES IMPAGOS - OTORGAMIENTO DE PENSION -

 
Fecha de Sentencia: 14-04-2016  | Jurisdiccion: Cordoba   |  Fuero: Fuero Comercial   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Cámara 6º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Autos: “Ahumada, Mariela Florencia c/Oliver Group S.A. y Otro – Ordinarios – Otros – Recurso de apelación”.

Vocablos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO - LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - DEPARTAMENTO - FECHA - DEPARTAMENTO NO ENTREGADO EN LA FECHA ESTIPULADA - VIOLACION DE LA PROVEEDORA DE LA OBLIGACION DE INFORMAR - OBLIGACION DE INFORMAR -

 
Fecha de Sentencia: 09-06-2016  | Jurisdiccion: La Plata   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Juzgado Federal Nº 2 de La Plata

Autos: Abarca, Walter José y otros c/ Estado Nacional - Ministerio Energía y Minería y otro s/ Amparo Ley 16.986

Vocablos: MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR - ACCION DE AMPARO - ENERGIA - AUMENTOS - ENRE -ELECTRICIDAD - PRINCIPIOS - DIVISION DE PODERES - INSUFICIENCIA PROBATORIA - PRUEBA - CONTROL DE LEGALIDAD - ACTOS ESTATALES - PRUDENCIA - INFORMACION TECNICA

 
Judicial del NOA
 1     2     3     4     5     6     7     8     9     ...      1492    
Judicial del NOA

 
 
 
 
La Corte Suprema declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en casos de lesa humanidad
 
Me Parece Correcto
Estoy En Desacuerdo
Ver Los Resultados Ver Todas Las Encuestas