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Fecha de Sentencia: 28-03-2017  | Jurisdiccion: Corte Suprema de Justicia de la Nacion   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Autos: Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios

Sumario: En la causa “Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios”, se dictó una sentencia en la que el voto de la mayoría fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, mientras que los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti opinaron en disidencia. Mediante el voto conjunto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz, la Corte Suprema concluyó que dichas reclamaciones no son imprescriptibles y que, por ende, para dar lugar a una sentencia condenatoria por la responsabilidad del Estado, las acciones están sometidas a las disposiciones que establecen el plazo de prescripción dentro del cual deben ser útilmente promovidas. Los jueces Maqueda y Rosatti votaron en disidencia sosteniendo que esta clase de acciones eran imprescriptibles, fundando sus opiniones en mediante sendos votos individuales. Hechos En el caso se trataba la demanda promovida por Amelia Ana María Villamil contra el Estado Nacional, en la que reclamó el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la desaparición de su hijo y de su nuera, Jorge Ayastuy y Marta Elsa Bugnone, ocurrida en el año 1977 y que imputó al accionar de “un grupo de personas uniformadas […] que ‘prima facie’ actuaba en ejercicio de alguna forma de autoridad pública” (fs. 1/28 vta.). El Estado Nacional contestó la demanda, planteó la excepción de prescripción de la acción y pidió el rechazo de la demanda. Esta defensa fue rechazada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que declaró imprescriptibles a estas pretensiones. Esta resolución fue impugnada por el Estado Nacional mediante un recurso extraordinario federal que la Corte Suprema declaró admisible, para así revocar la sentencia apelada y concluir en que estas acciones están sujetas a plazo de prescripción. Voto de la mayoría (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz) En el caso ya existía un precedente "Larrabeiti Yáñez", dictado en 2007 y suscripto por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi y Argibay (Fallos: 330:4592)-, el que resulta de aplicación directa al caso y al que se remite. Allí se diferenciaron ambas situaciones, sobre la base de que la acción para reclamar el resarcimiento patrimonial es materia disponible y renunciable, mientras que la imprescriptibilidad de la persecución penal en materia de lesa humanidad se funda en la necesidad de que los crímenes de esa naturaleza no queden impunes, es decir, en razones que exceden el interés patrimonial de los particulares afectados En suma, se sostuvo que en un caso está en juego el interés patrimonial exclusivo de los reclamantes, mientras que en el otro está comprometido el interés de la comunidad internacional, de la que Argentina es parte, en que tales delitos no queden impunes, lo que impide cualquier asimilación de ambos tipos de casos y, por lo tanto, que se declare la imprescriptibilidad de las acciones de daños como la aquí intentada. La opinión de la mayoría dejó en claro que no existía al momento en que la prescripción de la acción operó -16 de noviembre de 1995- ninguna norma que dispusiera esa solución. Agregó que tampoco resultaría aplicable al caso la imprescriptibilidad fijada en el artículo 2561 in fine del Código Civil y Comercial, en virtud de lo dispuesto expresamente por el artículo 2537 del mismo cuerpo legal (“Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior"). Por otro lado, sostuvo que La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas tampoco dispone la imprescriptibilidad de las acciones indemnizatorias derivadas de dicho delito, sino únicamente la de las acciones penales (artículo VII; arg. Fallos: 322:1888). Añadió que de ninguno de los restantes tratados internacionales sobre derechos humanos que, a tenor del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, gozan de jerarquía constitucional, surge norma alguna que pudiera servir de justificación a la sentencia de la cámara. Así lo señaló esta Corte expresamente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la causa “Olivares” (Fallos: 311:1490, considerando 8°). De modo concorde, la Corte afirmó que el Estado argentino ha procurado la reparación de estos daños, no solamente mediante la habilitación de las acciones indemnizatorias correspondientes –durante el plazo de prescripción- sino también mediante el establecimiento de regímenes indemnizatorios especiales (en este caso, ley 24.411 y sus modificatorias), cuya vigencia fue prorrogada sucesivamente (leyes 24.499, 25.814, 25.985, 26.178, 26.521) hasta declararse posteriormente la ausencia de plazo de caducidad para solicitar los beneficios allí establecidos (ley 27.143). Por último, las Corte subrayó que el hecho de que la actora –dadas sus particulares circunstancias- no pudiera reclamar la indemnización prevista por la ley 24.411 no implica en modo alguno que hubiera tenido un obstáculo para demandar aquello a que tenía derecho según su consideración, ni que las reglas generales que justifican y sustentan el instituto de la prescripción liberatoria no concurran en casos como el presente. Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda El deber estatal de indemnizar los daños causados por los delitos de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado no está sujeto a plazo de prescripción. El Juez Maqueda en su voto disidente reconoció el derecho de las víctimas de delitos de lesa humanidad a obtener del Estado la reparación de los daños causados sin sujeción a plazo alguno de prescripción. Esta declaración de imprescriptibilidad de las acciones resarcitorias tuvo fundamento en las normas y principios del sistema internacional de protección de los derechos humanos, que recepta la propia Constitución Nacional, y que fueran ya aplicados en la jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema al declarar la imposibilidad de amnistiar, indultar o declarar la prescripción penal en materia delitos de lesa humanidad. Además, y en otro orden de consideraciones, resaltó que estos postulados fueron recogidos por el legislador en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación al adecuar a ellos la legislación infraconstitucional. En su voto, sostuvo que del derecho internacional consuetudinario, receptado por la Constitución Nacional al momento de su sanción, y de las normas del derecho convencional a las que la reforma constitucional de 1994 les dio esa misma jerarquía, se deriva que el Estado argentino ha asumido un fuerte compromiso internacional en virtud del cual la garantía de la tutela judicial efectiva de los derechos humanos comprende tanto el derecho de las víctimas y sus familiares al conocimiento de la verdad y el castigo penal de los autores de delitos de lesa humanidad como el de obtener una reparación de los daños sufridos. De este modo, advirtió que, en los casos como el aquí examinado, tanto la acción de daños y perjuicios como la penal derivan de un mismo crimen internacional. En consecuencia, reconocida la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad desde la óptica penal, por constituir éstos serios actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, sería inadmisible sostener que la reparación económica a cargo del Estado de las consecuencias de esos crímenes pueda quedar sujeta a algún plazo de prescripción. Finalmente destacó que la fuente de la responsabilidad en materia de delitos de lesa humanidad se encuentra en las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que persiguen la protección de un bien jurídico que se halla en un plano superior: la dignidad humana. Por lo expuesto, concluyó en que la acción indemnizatoria que puede derivarse de esos delitos tiene carácter humanitario y que, en consecuencia, por sobre los objetivos que persigue el instituto de la prescripción debe primar la obligación asumida por el Estado Argentino de garantizar la reparación a las víctimas, de forma tal que se asegure su realización como seres humanos y se restaure su dignidad. Disidencia del Dr. Horacio Rosatti El juez Rosatti, en su voto en disidencia, sostuvo que si es imprescriptible la persecución de los delitos de lesa humanidad (consecuencia penal), como ya lo ha sostenido la Corte en diversos precedentes, debe ser imprescriptible también el derecho de las víctimas para reclamar la reparación pecuniaria (consecuencia indemnizatoria), cuando los daños estén debidamente acreditados. Fundamentó esta conclusión en que resulta irrazonable y absurdo que el mismo Estado (si bien no el mismo Gobierno), causante de un perjuicio de la magnitud propia de los delitos de lesa humanidad, se escude en el instituto de la prescripción liberatoria para no cumplir con una obligación única, indiscutible y de naturaleza esencialmente reparatoria, que aunque pueda ser intelectualmente separable de su aspecto penal, es moralmente indisoluble. El juez Rosatti sustentó su voto disidente en el “principio general” que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, según el cual se “prohíbe a los ‘hombres’ perjudicar los derechos de un tercero”, principio que –como ha dicho la Corte reiteradas veces- se encuentra “entrañablemente vinculado a la idea de reparación”; y en diversas disposiciones internacionales, tales como el Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad (Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, E/CN.4/2005/102/Add.1), en el que se destaca la necesidad de adoptar medidas nacionales e internacionales para que, en interés de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, se asegure conjuntamente el respeto efectivo del derecho a saber que entraña el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener una reparación, sin los cuales no puede haber recurso eficaz contra las consecuencias nefastas de la impunidad. Finalmente, el magistrado invocó los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 60/147, por el que se reconoce que, al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las mismas, los supervivientes y las generaciones futuras, y reafirma los principios jurídicos internacionales de responsabilidad, justicia y estado de derecho.

Vocablos: ACCION CIVIL - PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES CIVILES - IMPRESCRIPTIBILIDAD - LESA HUMANIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS - ESTADO NACIONAL - EXCEPCION DE PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVIL - PRESCRIPCION -

 
Fecha de Sentencia: 01-03-2017  | Jurisdiccion: Ciudad Autónoma de Buenos Aires   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires

Autos: Z. D. N. y otros contra GCBA y otros sobre amparo

Sumario: El juez Víctor Trionfetti, titular del juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, concedió la medida cautelar solicitada por los padres de un menor aspirante a ingresar al nivel inicial que se encuentra en el lugar 30 de la lista de espera para acceder a una vacante en el Jardín Maternal N° 5 Distrito Escolar N° 12 “Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez”, y resolvió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantice el derecho a la educación cubriendo los gastos en un establecimiento privado. Ante la admisión por parte de representantes del Ministerio de Educación del GCBA y de la Procuración General, de la imposibilidad de brindar solución al reclamo de una vacante próxima al domicilio de los amparistas, y frente a la solicitud de la Asesora Tutelar interviniente, de que se garantice el derecho a la educación del niño obligando a la demanda a solventar una escuela privada, el magistrado ordenó a la administración comunal que “otorgue a la actora, mediante depósito judicial, la suma de cuarenta y dos mil seiscientos pesos” para que el menor de un año y ocho meses de edad, “acceda a una vacante en el establecimiento de gestión privada ‘Había una vez…’, y asimismo, sufrague todos aquellos gastos ordinarios y corrientes que la institución demande a esos fines y sean debidamente acreditados en el expediente”. En la sentencia firmada el 1° de marzo en la causa caratulada “Z. D. N. y otros contra GCBA y otros sobre amparo”, se cita el texto del artículo 24 de la Constitución local, el cual dispone que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”. “Esta norma constitucional, en el contexto de la causa, resulta dirimente para definir la situación de la cautelar solicitada”, afirmó Trionfetti. En los fundamentos de su resolución el titular del juzgado N° 15 afirmó que “el peligro en la demora en atender la situación y la necesidad de garantizar cautelarmente el derecho a la educación del niño son manifiestos: el día 6 de marzo comienza la actividad educativa y hay un reconocimiento expreso del GCBA de que no puede dar una solución a los derechos del niño”. “Entiendo que la afectación de fondos públicos resulta exclusiva para el caso y se pondera que, frente a los derechos amenazados y el interés superior del niño el interés público no se encuentra comprometido, no sólo por el monto del embargo que se dispone, sino también porque no puede haber interés público mayor que el de garantizar los derechos humanos, aun el marco de un proceso cautelar, en donde esos derechos lucen verosímiles. […] Tal como señaló la Corte Suprema de Justicia, los niños -máxime en circunstancias en que se encuentra comprometida su salud y normal desarrollo- además de la especial atención que necesitan de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda”, concluyó Trionfetti

Vocablos: AMPARO - MEDIDA CAUTELAR - EDUCACION - DERECHO A LA EDUCACIÓN - ESTADO - GARANTIA - GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACION - GASTOS - ESTABLECIMIENTO PRIVADO - VACANTE - FALTA DE VACANTES - FALTA DE VACANTES EN LA ESCUELA PUBLICA - DERECHOS DEL NIÑO

 
Fecha de Sentencia: 29-11-2016  | Jurisdiccion: Ciudad Autónoma de Buenos Aires   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Sala I

Autos: Costa Ludueña, Peter Harry c/ UBA s/ amparo ley 16.986

Sumario: Un ciudadano privado de su libertad, aprobó materias del CBC e intento a ingresar a cursar el primer año de la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires por medio del programa UBA XXI. La Universidad no le permitió iniciar la carrera por carecer de documento nacional de identidad. La justicia ordenó a la UBA a que le permita ingresar a la carrera dado que la negativa fue considerada arbitraria atento que se le estaba solicitando “un requisito de imposible cumplimiento" porque "no hay forma de que un extranjero privado de la libertad pueda gestionar un DNI", según el dictamen fiscal se trata de una “exigencia formal excesiva e injustificada” y que la conducta de la demandada de negar la inscripción al amparista -que había acreditado su identidad mediante su pasaporte, que aprobó el Ciclo Básico Común (CBC) – “constituye un supuesto de arbitrariedad manifiesta". El dictamen recalcó que la finalidad de comprobar la identidad se tenía por satisfecha en el caso “mediante la presentación del documento que las autoridades públicas consideraron idóneo para tener por acreditada fehacientemente su identidad en el marco del proceso penal realizado en su contra y de la ejecución de la condena a prisión dispuesta, es decir, su pasaporte”. De otra forma se "frustraría el derecho constitucional a la educación del amparista”

Vocablos: AMPARO - ARBITRARIEDAD - INGRESO UNIVERSITARIO - EXIGENCIA FORMAL - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD -

 
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