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Fecha de Sentencia: 12-09-2017  | Jurisdiccion: Corte Suprema de Justicia de la Nacion   |  Fuero: Fuero Laboral   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Autos: Marando, Catalina Graciela el QBE Argentina ART S.A. si accidente - ley especial.

Sumario: Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, y la disidencia del juez Horacio Rosatti, la Corte Suprema revocó un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había incrementado injustificadamente el importe de la indemnización por accidente laboral fijado por la ley. La viuda de un trabajador fallecido en un accidente laboral le reclamó a la compañía aseguradora de la empresa en la que trabajaba su esposo el pago de la indemnización prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo. Cabe recordar que esta ley establece que las indemnizaciones son tarifadas, es decir, que siempre deben determinarse empleando una fórmula matemática que toma en cuenta la edad que tenía el trabajador al momento del accidente y el salario que ganaba. Esto permite que la Ley de Riesgos del Trabajo otorgue una amplia protección a los trabajadores (amparándolos incluso en los casos de accidentes laborales provocados por su propia culpa y también cuando sufren accidentes en el trayecto entre su casa y el lugar de labor); y que las reparaciones previstas puedan ser adecuadamente cubiertas por las compañías aseguradoras que contratan las empresas sin que ello implique un costo laboral excesivo. El fallo de Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dictado por el juez Rodríguez Brunengo y la jueza Ferreiros, reconoció que por aplicación de la fórmula prevista en el artículo 15 de la Ley de Riesgos del Trabajo la indemnización ascendía a $ 435.103,50 (suma a la que debían agregarse los intereses devengados desde abril de 2011, fecha del accidente fatal). Pero, aduciendo que tal importe era insuficiente, estimó “justo” elevar la indemnización a $ 700.000. Finalmente, la Corte revocó ese fallo señalando que, mediante la sola invocación de principios genéricos vinculados con la equidad de la reparación y aludiendo a ciertas circunstancias relativas al trabajador fallecido, la cámara había determinado la indemnización apartándose injustificadamente de la ley aplicable. Circunstancia que dilató innecesariamente el pleito, pues obligó a la aseguradora a interponer un recurso para que la Corte dejara sin efecto lo decidido y ordenara el dictado de una nueva sentencia que se ajuste a la ley.

Vocablos: INDEMNIZACION - INDEMNIZACION POR ACCIDENTE LABORAL - INCREMENTO - INDEMNIZACION FIJADA POR LEY - JUEZ - ART - COMPAÑIA ASEGURADORA - PAGO DE LA INDEMNIZACION - INDEMNIZACIONS TARIFADAS - FORMULA MATEMATICA - INCREMENTO DE LA INDEMNIZACION - ACCIDENTE LABORAL -

 
Fecha de Sentencia: 12-09-2017  | Jurisdiccion: Corte Suprema de Justicia de la Nacion   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Autos: Gimbutas, Carolina Valeria el Google Ine. si daños y perjuicios.

Sumario: La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Gimbutas” –con el voto de los jueces Highton de Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz- mantuvo la doctrina del fallo “Rodríguez, María Belén” en el cual se había resuelto que la actividad de los buscadores de internet se encuentra amparada por la libertad de expresión. En tal sentido, destacó que los buscadores son meros intermediarios que se limitan a mostrar contenidos ajenos (exhibidos en otras páginas web) y que su responsabilidad surge –en supuestos excepcionales- cuando no actuaran diligentemente a partir del efectivo conocimiento de la ilicitud de dichos contenidos. En particular, la Corte consideró que el servicio de búsqueda por imágenes constituye una herramienta automatizada para acceder a imágenes contenidas en páginas de terceros, con el fin de informar al usuario el sitio web en el que se encuentra la imagen original. De ese modo, entendió que cumplen una función de enlace que no difiere de la que realiza el buscador de textos. Agregó que los buscadores no “captan”, “reproducen” ni “ponen en el comercio” imágenes en el sentido empleado por los arts. 31 de la ley 11.723 y 53 del Código Civil y Comercial, sino que simplemente facilitan al público usuario de internet, el acceso a las imágenes “captadas”, “reproducidas” o “puestas en el comercio” por otros. En su ampliación de fundamentos, el doctor Rosenkrantz añadió que quien consiente mediante una manifestación de voluntad positiva que su imagen personal sea alojada en alguna página de internet y conoce que internet funciona con buscadores, consiente también que los buscadores faciliten al público usuario el acceso a dicha imagen. Por lo tanto, y en virtud del modo en que el Código Civil y Comercial regula los efectos del consentimiento, descartó que los buscadores sean responsables aun cuando –por hipótesis- se pudiese considerar que de alguna forma captan, reproducen o ponen en el comercio la imagen personal de quien se siente agraviado. Voto Lorenzetti y Maqueda Los Dres. Lorenzetti y Maqueda, mediante su disidencia parcial, remiten también a sus votos en el precedente “Rodríguez Belén”, destacando que la mera actividad de los buscadores al indexar los contenidos publicados por terceros se encuentra dentro del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la difusión de información. Consideran que su comportamiento resulta antijurídico cuando toma conocimiento efectivo de que está causando un perjuicio individualizado y no actúa con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente, haciendo cesar la situación lesiva. Con respecto al servicio de buscador de imágenes sostienen -como lo hicieran en el precedente citado- que por reproducirlas o utilizarlas resultaba estrictamente aplicable el art. 31 de la ley 11.723, que sin distinguir sobre el medio que se emplea, establece la exigencia del consentimiento del titular del derecho personalísimo para la publicación de su imagen, salvo casos de interés general. Con relación a la imagen, consideran que la Constitución protege un ámbito donde cada individuo es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea y que esa frontera no puede ser atravesada. La protección de la imagen excede el campo del derecho de propiedad, y es parte del derecho a la identidad, que resulta desfigurada cuando es insertada en un contexto diferente. Arrojar falsa luz sobre alguien es destruir una buena parte de su vida. Por último, luego de remarcar que la inviolabilidad de la persona humana se vería amenazada ante el funcionamiento de motores de búsqueda que prescindan de los principios constitucionales y de los parámetros de las normas que protegen la imagen, destacan que el Código Civil y Comercial de la Nación refuerza esa interpretación en tanto establece que la captación o reproducción de la imagen, como dos estadios diferenciados, no está permitida si no media consentimiento del titular.

Vocablos: INTERNET - BUSCADOR - BUSCADORES DE INTERNET - RESPONSABILIDAD - RESPONSABILIDAD DE LOS BUSCADORES DE INTERNET - LIBERTAD DE EXPRESION - INTERMEDIACION - CONTENIDOS AJENOS - HERRAMIENTA - HERRAMIENTA AUTOMATIZADA - IMAGEN - SITIO WEB - WEB - USUARIO -

 
Fecha de Sentencia: 30-06-2017  | Jurisdiccion: Cordoba   |  Fuero: Fuero Penal   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Juzgado de Control y Faltas n.° 7 de Córdoba

Autos: Habeas corpus presentado por Ludueña, Hugo Emmanuel, Mollica Figueroa César Mariano, Aguirre Lucas y otros a su favor

Sumario: El juez de Control y Faltas n.° 7, Esteban Díaz, declaró “arbitrarios” los procedimientos policiales realizados los días 22 y 23 de mayo de 2015 y exhortó al Jefe de Policía de Córdoba para que haga conocer a todo el personal policial que “una vez producida la detención preventiva de un ciudadano (en las circunstancias que se autoriza) debe ser puesto a disposición inmediata de la autoridad pertinente (Ayudante Fiscal o Juez de Paz)” y que “la privación de la libertad solo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria”. El magistrado adoptó esta decisión en un habeas corpus colectivo presentado en favor de los ciudadanos que habitan algunos barrios de la ciudad de Córdoba (Yapeyú, Bella Vista, Güemes, Cáceres, Acosta, Renacimiento, Colonia Lola, Villa la Tela, Parque Liceo Segunda Sección, Los Cortaderos, Villa Bustos), donde se realizaron “operativos de saturación”, con fuerte ocupación territorial por parte de las fuerzas policiales. En la resolución, el juez Díaz consideró que los 128 procedimientos policiales realizados esos fueron “arbitrarios”, según los indicios que surgen de los informes recibidos. Expuso que los aprehendidos fueron hombres jóvenes provenientes de barrios periféricos del sector suroeste y que la infracción predominante atribuida a estas personas fue la figura de escándalo público, prevista en el artículo 52 del viejo Código de Faltas, vigente en aquel momento. “Surge que la mayoría recupera su libertad pocas horas después, sin constancias de sus antecedentes penales (planillas prontuariales) sin imponérseles sanción administrativa alguna (…). Además, todas las causas contravencionales prescribieron por una falencia que la autoridad policial calificó como ‘razones administrativas’”, expresa la resolución. El magistrado añadió que la autoridad administrativa realiza operativos en sectores sociales “altamente frágiles en lo económico y social”, como por ejemplo, en los barrios Yapéyu, Guiñazu, Villa Azálais, Pueyrredón, Villa Urquiza, Campo de la Rivera, Ciudad de Los Cuartetos, Villa Retiro, Ciudad de los Niños, Remedios de Escalada, José Ignacio Díaz, entre otros, “sin advertirse la aprehensión de ningún ciudadano perteneciente a barrios de clase media o alta de la ciudad”. “Los insumos probatorios colectados, analizados en su conjunto, tornan verosímil la denuncia formulada por los accionantes y, por consiguiente, puede razonablemente reputarse que los procedimientos policiales que tuvieron lugar los días 22 y 23 de mayo 2015 lesionaron el derecho a la libertad de las personas que fueron aprehendidas por falta de causa, conducta o circunstancia previa que viabilizaran la medida restrictiva o bien, de haber existido esos motivos, no surgieron claros de las actuaciones que se labraron”, concluyó el juez. Asimismo, el magistrado detalló que los procedimientos policiales del 23 y 24 de mayo se realizaron desatendiendo los lineamientos dados por el juez de Control Gustavo Reinaldi, en una resolución dictada unos días antes a propósito de otro habeas corpus presentado por detenciones realizadas los días 2 y 3 de mayo. La resolución del Juzgado Control y Faltas n. 7, finalmente, recomienda al Jefe de Policía de Córdoba que el personal superior de la fuerza se interiorice del contenido de la presente resolución y al Gobierno de la Provincia de Córdoba que considere la previsión de mecanismos que garanticen el cumplimiento de la Ley de Seguridad n.° 9235.

Vocablos: HABEAS CORPUS CORRECTIVO - ARBITRARIEDAD - PROCEDIMIENTO POLICIAL - PRIVACION DE LA LIBERTAD - DERECHO A LA LIBERTAD - APREHENSION - FALTA DE CAUSA -

 
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