Ingreso Usuarios ¿ Quienes Somos ? Publicidad Contacto
Inicio Jurisprudencia Normativa Doctrina Noticias
 
Entrevistas
 
14-06-2017
Sergio Moro, juez brasileño del caso Lava Jato: "Los poderosos abusan del sistema para buscar impunidad"

¿Cuál fue para usted el momento más difícil en estos tres años que lleva la megacausa contra la corrupción Lava Jato? Tuve varios momentos difíciles durante la investigación, por ejemplo durante el inicio, en 2014. Había una orden de prisión preventiva contra varios acusados -incluyendo profesionales de lavado, traficantes de drogas y el ex director de la Petrobras Paulo Roberto Costa, que está preso- y el encargado del caso en el Supremo Tribunal concedió esa excarcelación para todos. Pero nosotros le enviamos mucha información explicándole mejor lo que era el caso (sonríe) y él volvió atrás con esa decisión al día siguiente. Mantuvo libre a Costa, pero no a los demás. Es decir que estuvimos a muy poco de que la pelota terminara fuera del arco. Exactamente. Tiempo después, ese mismo ministro del Tribunal Supremo terminó entendiendo que el caso debía seguir en la primera instancia (es decir en el juzgado de Moro). Con el correr de la investigación, surgieron pruebas de que aquel director de la Petrobras tenía cuentas en Suiza, y a pedido de la fiscalía volví a ordenar su detención. Tuve varios momentos delicados. ¿Y en el plano personal? Bueno, es un trabajo muy cansador. Trae una gran satisfacción porque se ve que tanto trabajo está generando resultados importantes. Los procesos están siendo juzgados en un tiempo razonable, las personas son absueltas o condenadas según las pruebas. Pero tuvo mucho impacto para mí revelar este cuadro de corrupción sistémica en Brasil. Independientemente de eso, hay una dosis de desgaste personal por la intensidad del trabajo. Además, aunque la opinión pública brasileña mayoritariamente esté a favor de las operaciones, hay una minoría más ruidosa y crítica que a veces también incomoda. Son críticas, entiendo, no muy procedentes. Sobre todo cuando se intenta describir a mi trabajo como si tuviera una intencionalidad política partidaria. Eso me molesta poco. Aunque no debería ocurrir, entiendo que es parte de mi trabajo exponerme a eso. ¿Cuál es el tiempo razonable para juzgar en primera instancia un hecho de corrupción? No se puede dar una respuesta precisa. Hay dos fases, una primera, de investigación, y luego, cuando ya se recogieron las pruebas, la segunda, que es de acusación. En esta última parte es posible que haya que repetir algunas pruebas o pedir nuevos testimonios, pero los hechos están más o menos delimitados. La fase de investigación tiene un grado de imprevisibilidad, porque a veces se encuentran pruebas y a veces no. En la segunda fase es más fácil establecer una previsión. Por lo menos donde yo trabajo los procesos están llevando de seis meses a un año hasta el juicio en primera instancia. Después empieza una fase de apelaciones y recursos, que puede llevar más tiempo. Pero por ejemplo, el ex presidente de la Cámara de Diputados (Moro no quiere mencionarlo, pero se refiere a Eduardo Cunha), que fue recientemente condenado por corrupción y lavado de dinero, comenzó a ser investigado en mi juzgado en septiembre u octubre del año pasado. Y lo juzgaron la semana pasada. Claro, en la investigación ya habían sido recogidas pruebas documentales, cuentas de Suiza, flujos de dinero. ¿Cómo se logra evitar que los políticos y empresarios poderosos no se abusen de los recursos y los agujeros que permite el proceso penal, y a la vez mantener las garantías del debido proceso para esos imputados? Los derechos de los acusados tienen que ser respetados, eso es indiscutible. El proceso penal está pensado para evitar la condena de un inocente. Ahora, por otro lado, muchas veces personas política o económicamente muy poderosas se sirven de este sistema para buscar la impunidad. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre los derechos del acusado y los de la víctima, que en estos casos es la sociedad. Por eso el proceso debe durar un tiempo razonable. Una situación interesante ocurrió durante uno de los casos de esta operación Lava Jato: había una sentencia de nuestro Supremo Tribunal según la cual sólo podría ejecutarse una condena penal a partir del momento en que no hubiese más posibilidades de interponer recursos. En la práctica eso era un desastre para la efectividad del proceso, porque las leyes brasileñas permiten muchos recursos, y las Cortes -principalmente las superiores, en Brasilia- están abarrotadas de casos. Entonces habitualmente no consiguen resolverlos en un tiempo razonable. Entonces hay causas -hasta de los delitos más comunes- que llevan más de una década sin ser juzgados, y que muchas veces se cierran por la prescripción de los delitos. En Brasil, además, los plazos de prescripción corren aún mientras se desarrolla el proceso. Tal vez un efecto colateral de la operación Lava Jato, a comienzos de 2016 el Supremo Tribunal revisó esa jurisprudencia. Ahora, a partir de una condena en segunda instancia -por una corte de apelación- ya se puede ejecutar la pena, independientemente de los recursos presentados. En la práctica, esa regla de esperar hasta el final era utilizada para buscar impunidad por parte de los delincuentes poderosos. Repito: la ley tiene que proteger al acusado -tanto culpable como inocente-, pero el sistema también tiene que permitir una respuesta institucional para estos delitos. Creo que Brasil como la Argentina tuvieron un problema similar. Durante las dictaduras militares, el proceso judicial fue utilizado como instrumento de opresión de las libertades fundamentales. Cuando volvió la democracia, eso derivó en el establecimiento de garantías con la preocupación de que eso no pudiera volver a pasar. Pero ahora estamos en democracia, y en cierta manera los hechos de corrupción constituyen un atentado a la democracia. Más cuando se trata de una corrupción sistémica, en la que personas a quienes les fueron confiados mandatos populares traicionan la confianza del pueblo para su enriquecimiento ilícito. Usted se refirió a la importancia de la opinión pública como sostén del proceso Lava Jato. A su juicio, ¿quién debería iniciar el círculo virtuoso entre es presión positiva de la opinión pública y la acción de la dirigencia política y judicial? ¿La opinión pública moviliza a la clase dirigente, o por el contrario son el gobierno y la justicia los que deben dar ese primer paso? Un juez no puede juzgar según lo que dice la opinión pública, sino lo que dicen las leyes y las pruebas. Pero en estos procesos que tienen como acusadas a personas política y económicamente poderosas, la opinión pública funciona como una protección contra las interferencias indebidas en la justicia. Eso posibilita que las causas avancen más. Ahora, la responsabilidad de ese cambio de paradigma es de todos, tanto del gobierno como de la sociedad civil. Y el Poder Judicial puede dar una respuesta muy limitada: la gran mayoría de los delitos de corrupción no son descubiertos. Cuando son descubiertos, es difícil probarlos, y las pruebas tienen que ser categóricas para evitar la condena de personas inocentes. Y aún cuando son descubiertos y probados, la justicia no da una respuesta por limitaciones de su funcionamiento. Entonces la principal responsabilidad no está en la justicia, sino en las otras instituciones y en la opinión pública. Ahora, si la justicia hace su parte en aquellos casos en que los delitos fueron probados, puede hacer una gran diferencia. Puede restablecer la confianza en las personas de que la ley es la misma para todos. Y eso genera un círculo virtuoso. Pero cuidado, no todo se resuelve con un caso penal bien juzgado. No alcanza para cambiar la realidad. Nosotros tenemos un problema en Brasil -no sé si también en la Argentina- de creer en salvadores de la Patria, no sólo personas sino también acontecimientos. Eso es muy infantil. Hay que construir las instituciones día a día. Este caso Lava Jato un día va a terminar. Y habrá que seguir: puede haber nuevos delitos de corrupción, y la historia no se acaba. Cuando la justicia brasileña juzgó el llamado caso Mensalao (sobresueldos de los legisladores) en 2012, la gente creyó que habría un cambio tremendo. Y fue un cambio sí, un precedente. Pero hay que seguir. Así como puede tener la llave para hacer justicia, ¿un juez puede entorpecerla y facilitar la impunidad, aunque fuere involuntariamente? No sólo los jueces pueden salvar o hundir una causa. Yo creo que existe una focalización excesiva sobre mi persona, cuando existe una policía que investiga, un ministerio público que acusa, y aún en el poder judicial hay otros tribunales que revisan mis decisiones. Somos todos parte de un proceso. Entonces la responsabilidad no es de una sola persona. Ahora, juez tiene que tener presente que hay casos que demandan una respuesta de las instituciones. Y es importante que los jueces enfoquen su trabajo en esos casos para intentar dar esa respuesta dentro de un plazo razonable, sea a través de una absolución o una condena. No hay que dejar que las situaciones queden pendientes. ¿Cuánto tiempo más cree usted que durará la operación Lava Jato? No quiero hacer pronósticos, porque ya los hice en el pasado y me equivoqué (sonríe). Hay una parte sustancial del proceso que está en el Tribunal Supremo (en Brasil, a los funcionarios y legisladores nacionales los juzga la Corte Suprema), que tiene su propio tiempo. Otras partes están en manos de otros jueces, en San Pablo y Rio de Janeiro, y puede ser que las conexiones extiendan más aún los casos a otros distritos. Respecto a la parte que me tocó a mí, sobre la corrupción en los contratos de Petrobras, ya está muy avanzada. Los directores de la empresa fueron juzgados, condenados y están presos. Funcionarios políticos que perdieron el fuero privilegiado (que les permite ser juzgados en la Corte) porque sus mandatos se cumplieron, ya fueron juzgados en primera instancia. Y principalmente, las empresas y empresarios acusados por pagar las coimas en su gran mayoría también fueron juzgados. Yo tengo la copa más llena que vacía. Ya cruzamos la mitad del río. El problema es que van surgiendo pruebas de hechos nuevos -pro eso yo hablo de corrupción sistémica, no aislada- y no hay alternativa que enfrentar esas pruebas. No se pueden esconder debajo de la alfombra. ¿Usted estuvo en el momento justo en el lugar indicado, o con Lava Jato le llegó la oportunidad de desarrollar una convicción interna muy profunda? ¿Qué condiciones culturales y jurídicas permitieron este cambio? Es muy difícil identificar las causas. A mi juicio hay una madurez institucional de Brasil desde la democratización, un fortalecimiento de la independencia del poder Judicial y de los fiscales. Además tenemos una policía federal que se fue haciendo cada vez más competente y eficaz en las investigaciones, y que fue formando una tradición de autonomía en relación al poder político. Esta investigación no cayó del cielo. Antes tuvimos el Mensalao, que con sus limitaciones demostró que la impunidad no es necesariamente una regla. Se pudo quebrar esa tradición.Entonces circunstancialmente este caso terminó llegando a mis manos como juez, pero hay toda una historia atrás. También podemos pensar que hubo algunas causas económicas: estamos en un mundo cada vez más competitivo, y la corrupción sistémica genera un impacto en la economía que no debe ser desconsiderado. ¿Los países corruptos podrán competir en condiciones de igualdad en un mundo cada vez más globalizado en que los costos adicionales hacen la diferencia? ¿La situación de Brasil, con déficits crecientes, también está afectada por los costos de la corrupción sistémica? Estas preguntas también provocaron un ambiente favorable a los cambios y a los juicios. ¿Qué condiciones y de qué modo aplica usted la herramienta de la delación premiada? ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de aplicarla? Aquí se votó hace poco una ley emparentada con ella. En el fondo, hay delitos que son prácticamente secretos, donde los que pueden prestar testimonio para descubrirlos son los propios delincuentes. El problema es que, aunque sea un colaborador, no deja de ser un delincuente.Y una de las reglas básicas es que nunca hay que confiar en un delincuente. Sobre todo lo que dice un arrepentido, hay que buscar pruebas que lo avalen.Y muchas veces es posible hacerlo. Un funcionario público que cobró coimas y luego pasó a colaborar con la justicia, como el ex director de Petrobras, reveló dónde recibía esos pagos. En cuentas en el exterior que jamás hubieran sido descubiertas sin su colaboración. Con el levantamiento del secreto de esas cuentas, se pudo reconstruir la ruta del dinero, y llegar a los corruptores. Con eso luego pudimos llegar a otros beneficiarios de las coimas. Justamente porque se trata de corrupción sistémica. Es una corrupción serial, practicada de manera profesional y difusa.En el caso de Petrobras, se cobraron coimas por parte de varias empresas, por varios contratos. Y esas empresas no corrompieron sólo a directores de Petrobras, sino también a varios agentes públicos. Entonces, en un esquema criminal mayor, es importante hacer el sacrificio de acordar con un delincuente,por el cual él no purgará la pena que inicialmente le correspondería para alcanzar un bien mayor: encontrar pruebas contra delincuentes más importantes. Es una técnica penal antigua, pero un poco olvidada en nuestra región latina. ¿Qué alcances pueden tener los beneficios de un delator que entregue a "un pez gordo"? Se permite hasta el perdón completo de su pena. La negociación la hace el fiscal, pero después pasa por las manos del juez, que en el momento de la sentencia puede aceptar lo que negoció el fiscal, cambiarlo -para más o menos- o negarlo. ¿Tuvo delatores cuya información no haya sido importante, o que hayan buscado aprovecharse de esta posibilidad? Hay situaciones muy diversas. Un gerente de Petrobras propició la devolución de 98 millones de dólares, que había recibido como coimas por varios contratos. Otras fueron más frustrantes. Casos en los que teníamos expectativas que luego no fueron confirmadas. En un grado de discreción grande que se le da al juez. ¿Cómo la ejerce usted? Bueno, no hay reglas matemáticas. Todo tiene que ser evaluado. Mi posición es que hay que tomar como referencia lo que arreglaron el ministerio público y las partes. Siempre aplicando el control, claro. En Argentina estamos pendientes de cómo se puede obtener la información sobre el pago de coimas en el país por parte de la constructora Odebrecht. ¿Cuál cree usted que sería el camino más eficiente? Esos delitos pueden ser investigados por la iniciativa de los jueces argentinos o pueden pedirse las pruebas a través de la cooperación jurídica internacional. La tendencia brasileña es cooperar para enfrentar el fenómeno de la criminalidad internacional. Porque si no, el delincuente cruza las fronteras y la justicia no. Creo que hay que compartir las pruebas cuando se piden, y eventualmente hasta enviarlas de un juez a otro aún sin que mediare un pedido. Lo que no impide iniciativas locales, como la búsqueda de acuerdos con las empresas que cometieron delitos aquí. Eso puede hacerse. Aquí el Congreso aún está discutiendo la responsabilidad penal de las empresas... Entiendo.Pero se puede negociar con los directivos de esas empresas. Alguna de estas empresas (se refiere a Odebrecht, pero otra vez no la nombra) al comienzo tuvieron una postura muy agresiva contra la justicia y la investigación. Pero luego resolvieron reconocer sus faltas y hacer acuerdos con el poder público, para reconocer sus delitos, proveer pruebas, indemnizar con dinero al Estado. Creo que es el mejor camino. Que las empresas recuperen su reputación. Y desde el interés público, una empresa "regenerada" es mejor que una empresa extinta. El proceso es complejo: la empresa debe reconocer todos sus delitos, adoptar políticas diferentes de transparencia, eventualmente cambiar a sus ejecutivos, y principalmente indemnizar a la sociedad por sus faltas. Usted visitó a los jueces de la Corte Suprema argentina. ¿Qué le preguntaron? Bueno, fue más un cambio de experiencias. Yo no vine acá para darle lecciones a nadie. Tuvimos un encuentro social. Le tocó un día difícil para estar en la Argentina: un juez federal procesó a la ex Presidenta Cristina Kirchner y a sus hijos. ¿Cómo hará usted para evitar las comparaciones con lo que ocurre en Brasil? Por supuesto no voy a opinar sobre el proceso. Creo que Argentina y Brasil tienen mucho que aprender el uno del otro, para construir instituciones más fuertes, una economía y una democracia más saludables, con niveles menores de corrupción. En ese aspecto, estoy muy feliz de estar aquí. Por Claudio Savoia FTE: CLARIN

 
01-11-2016
Horacio Rosatti "La verdadera grieta judicial es entre el juez honesto y el juez corrupto"

Se recibió de abogado a los 19. En ese momento, ¿pensaba en defender a alguien o alguna causa en particular? -La verdad es que yo venía estudiando una carrera técnica, en la secundaria, y eso me permitió tener una mentalidad muy concentrada. Por eso la carrera de abogacía se me hizo fácil, no recuerdo por qué cambié. -¿ Cuando arrancó los estudios ya tenía clara la idea del bien y el mal? -Sí, sí, y siempre ponerse del costado del más débil, es algo que se tiene o no se tiene. Yo estuve en el municipio, en la provincia (ambos de Santa Fe) y en la Nación. Y nunca litigué contra ellos, porque el Estado tiene el rol de defender a los más desprotegidos. -¿Y en la Corte se puede aplicar esa idea? -Sí, claro. La Constitución argentina tiene una orientación específica. Hay cláusulas que se incorporaron en la reforma de 1994 que expresan el constitucionalismo social, un Estado proactivo por la igualdad de oportunidades. -¿El fallo de la tarifa de gas tuvo algo de eso? -Sí. Básicamente en la participación popular, para entender un tema que tiene un costado técnico y uno prudencial. El técnico, que uno lo entiende, es lo complejo de generar el gas, llevarlo de un lado a otro. Y el otro, es que tiene que haber una cierta posibilidad de pago. Resolver eso ... En realidad quien debe hacerlo es la política. -Hubo algunos macristas que mostraron decepción. Decían “es un juez que propusimos nosotros y en esto nos falla en contra”. -A mí me resulta ... En realidad, yo debo decir que estoy reconocido por el presidente de la Nación, a quien no conozco. El me propuso sin que yo lo conociera, yo nunca lo vi en mi vida, nunca le di la mano, nunca hablé por teléfono con él. Nunca estuve a cinco metros de distancia. Este proceso nuestro fue largo, nunca lo vi en ese interregno. Nunca lo vi después. Y esto habla para mí muy bien de él, que ha propuesto a una persona que le parecía idónea. Yo creo que en ese caso lo que uno debe pensar es que se buscaba un juez independiente. Entonces no tiene que haber ninguna decepción. -En 2005, como ministro de Justicia de Kirchner, usted se negó a avalar sobreprecios en la construcción de cárceles, ¿qué sensación tiene hoy de su paso por el kirchnerismo y de ver todas las causas por corrupción que hay? -Mi experiencia de dos años y medio fue muy intensa y yo recuerdo que trabajábamos con mucha mística. Hay que remontarse de lo que era nuestro país en 2003. Estábamos saliendo de una situación muy complicada y difícil. Trabajábamos muchísimas horas por día, en la Procuración primero y en Justicia después. Y yo lo hacía en conjunción con los ministerios de Relaciones Exteriores y Economía, para mí con dos grandes ministros que fueron Rafael Bielsa y Roberto Lavagna. Trabajábamos en conjunto porque teníamos todo el conflicto internacional por la deuda. Yo tengo un buen recuerdo de esa etapa. Luego yo me fui, en el año 2005. Cuando hoy veo lo que veo, lo veo con la mente en blanco, porque probablemente yo tenga que intervenir o fallar, entonces no me gusta ni prejuzgar ni preopinar. -Con el cambio de Gobierno, los fallos de algunos jueces se acomodaron a la nueva etapa. ¿Qué opina de eso? -Que es incomprensible. -¿Usted vio ese cambio? -Por ahí algunos cambios ... Uno se pregunta, ¿o ahora se actúa de más o antes se actuó menos? Y la verdad que si así fuera, no tiene disculpas, no tiene justificativo. -Cuando usted habla de liderazgo moral en la Justicia, ¿eso incluye el pago de Ganancias y más transparencia en la difusión del patrimonio de los jueces? -Sí, pero tal vez no sea lo más relevante. Se habla mucho de democratizar la Justicia. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero no en los términos en que se lo planteó. Democratizar la Justicia es hacer sentir cada vez más al juez que es un servidor del pueblo. Que a nosotros nos paga un sueldo, un alto sueldo, el pueblo, y que tenemos que rendir cuentas. Con nuestros fallos y con nuestra conducta. El tema de las declaraciones juradas tiene un costado problemático, que debe ser resuelto sobre la base del sentido común. La gente lo que quiere saber es si el funcionario se ha enriquecido, más allá de la cuantía de su patrimonio. Entonces, lo importante es que se sepa bien qué tiene cada persona. Sería bueno que se sepa todos los años. Hay cosas que son inexplicables a simple vista. Y el tema de Ganancias, también. Cuando fui conjuez de la Corte, yo opiné en ese sentido. Me hago cargo de que no se le puede bajar el sueldo a un juez, de la noche a la mañana, un 30% o 35%. Pero sí establecer un mecanismo, se está trabajando en eso. -¿Y cuál sería el paso más importante para democratizar la Justicia? -Sobre todo en la Justicia penal, la implementación del juicio por jurados. Eso es democratizar en serio. El pueblo involucrado en la toma de decisiones penales. Está en la Constitución en tres artículos. -¿A usted le parece que la sociedad argentina, hoy, está preparada para eso? -Sí, sí. Claramente, sí. Si no está preparada la sociedad, no están preparados los jueces, que provienen de la sociedad. -La sensación del ciclo final del kirchnerismo es que se dividieron los funcionarios judiciales y fallan según sus gustos políticos. -Yo conozco fiscales y jueces que participan de los dos sectores (Justicia Legítima y la Asociación de Magistrados), y les he dicho lo mismo. El sueldo nos lo paga el pueblo. Y hay que responder fallando conforme a la ley y teniendo el Tribunal al día. Y creo que hay muy buenos fiscales y muy buenos jueces, tanto en una asociación como en la otra. Y en materia penal, la división es entre las perspectivas más garantista y las menos garantistas. -¿Usted qué postura tiene en el debate por el garantismo? -Me parece que las garantías están en la Constitución, que hay que ir por un camino intermedio. El victimario tiene que tener el castigo, pero en las cárceles sanas y limpias, porque si no es un doble castigo. Acá el problema no es el grado de la sanción, sino que se cumplan, que los procesos terminen. -¿Cuando asumió lo vinieron a ver de diferentes sectores, como Justicia Legítima? -Sí. Y no hay problema. Acá la verdadera grieta es entre el juez honesto y el corrupto. -Otro fallo importante del que participó y llegó a los medios fue el de Fernando Carrera (a quien habían condenado por un homicidio y luego se probó que había sido un error para tapar otro error policial). -Bueno, eso me hizo acordar al tema de la Justicia, la injusticia, de qué lado uno está. -¿Lo vio como una reparación del pasado o ... (interrumpe) -También es una advertencia a futuro. Con una sospecha que surge de las actuaciones. Nosotros vemos los expedientes años después de que los hechos ocurrieron, pero terminamos fallando la mayoría de que cabía la presunción de inocencia y por eso quedó absuelto Carrera. La percepción de que se arma una causa involucrando a un inocente para cubrir un error, es de la mayor gravedad. -¿Puso bajo llave los expedientes de ese caso y dejó un policía de custodia? -Sí, sí ... -¿Por qué temor en particular? -Porque esto venía tan mal que yo dije “lo único que falta es que cuando este expediente esté en mi vocalía ‘se pierda’, entre comillas. Y pensé en filmar también, porque yo necesitaba un día más el expediente. Esto venía tan complicado ... -¿Pero usted suponía que una parte involucrada podría intentar algo? -Sí, sí, a lo mejor pudo haber sido exagerado, pero bueno ... el expediente lo tenía yo. Sentí un gran alivio cuando una vez firmado el voto, había salido de mi vocalía. -¿A la cancha dejó de ir desde que es juez de la Corte? -Sí, no he ido. La verdad es que me han invitado y no he podido decir que sí, porque no he podido (hace una pausa) ... -Bueno, Boca tiene una comisión directiva ... Daniel Angelici (presidente y a quien sindican como operador en la Justicia), Gustavo Ferrari (ministro de Justicia bonaerense) ... (Se ríe) -Claro, no he querido ser malinterpretado ni que sean malinterpretadas las personas que han tenido la gentileza de invitarme. Con lo cual, cuando vuelva, seguiré viniendo con la peña, que integran mis hijos, el peluquero del barrio ... -¿Cambió el trato de la gente hacia usted desde que es juez? -Mmmm ... Mi vida en Santa Fe es la misma, salgo con mi mujer, converso con el diariero, vamos a cenar algunas noches. No cambió nada. Acá tengo una vida bastante más artificial. No cultivo amistades, trabajo todo el día y ceno con ella. No soy muy afecto al cóctel, a la salida. -¿Y con sus compañeros de la Corte qué relación tiene? -Es de respeto, de aprecio y de respeto. Venimos de formaciones e historias de vida diferentes, y personalidades muy definidas. Y hace que hagamos un esfuerzo muy grande para lograr consenso, y a veces no se logra. Pero no tengo una relación social con ellos, y hay muy poco tiempo para tenerla. Por Eduardo Paladini (Clarin.com)

 
19-09-2016
Antonio Estofan "los jueces se diferencian de otros ciudadanos en que "nunca se sacan la toga"

Para el juez de la Corte Suprema de Tucumán, Antonio Estofán, los jueces se diferencian de otros ciudadanos en que "nunca se sacan la toga". Entrevista realizada por Marcela Losardo, en el ciclo Justicia Abierta de InfobaeTV. ¿Cuáles son los factores que afectan la independencia del Poder Judicial?¿La relación con el poder político, con los medios o con otros sectores? El Poder Judicial no puede hablar de independencia absoluta. Tenemos que hablar de interdependencia con los otros poderes. El juez independiente es el que decide de acuerdo a la ley, aplicada a cada caso, con su voluntad, sin ningún tipo de injerencia de otro poder ni de ninguna ONG, ni factores externos que siempre tratan de llegar. Esa es la decisión independiente, la decisión propia, la voluntad apoyada en la ley del juez. ¿Pero no existen presiones sobre los jueces? Existen presiones. Ahora, que yo me sienta presionado es otra cosa. Yo nunca me sentí presionado. El día que yo acepté ser juez dije: ni mis amigos. Es importante resaltar que hay un instituto que hay que valorizarlo mucho en los Códigos Procesales. Es un instituto que está en todos los Códigos, que es la excusación con causa. Las causas las enumera el Código y si yo me siento que estoy en curso de algunas de todas esas causas, yo me puedo excusar y no hace falta que alguien me tenga que recusar. ¿Usted se ha excusado muchas veces? Sí. Cuando el abogado de la otra parte es muy amigo mío -imagínese en 36 años de ejercicio de profesión debe tener muchos amigos-, pero también me excuso en los pleitos que maneja mi hija. Me excuso en las oportunidades en que el gobernador que me designó a mí y me propuso a mí actúa personalmente o con sus empresas particulares, también. Eso es un elemento muy importante que el juez lo tiene a mano. Sobre el narcotráfico: ¿En Tucumán ha crecido este fenómeno? Sí, ha crecido el narcotráfico. Las fuerzas están desperdigadas y no hay un trabajo consciente y conjunto muy apretadito para combatir este flagelo. En la provincia teníamos la lucha contra el menudeo de la droga que nos habían delegado a la provincia. Una cautelar que solicitó nuestro fiscal y le hicieron lugar lo puso en stand by. Para mí, lo tiene que manejar la justicia federal a todo. Creo que ha crecido el narcotráfico porque no está bien controlado y no hay un protocolo para que trabajen todos juntos: la Policía de la Provincia, la Federal, la Justicia Federal e, incluso, que colabore la justicia provincial. ¿Ayudaría para combatir esto y otras demandas una Policía Judicial? Nosotros venimos peleando por la Policía judicial hace mucho tiempo, que es una policía técnica, los laboratorios y la guardia personal y de los edificios del Poder Judicial. Nosotros no podemos desde el Poder Judicial hacer prevención, eso es del Poder Ejecutivo. Igual, lo que nosotros podemos hacer es colaborar, capacitando, con los conocimientos de nuestros operadores penales, capacitando a las personas del Ejecutivo. Las Cortes de las provincias hoy tienen mucha actividad vinculada a políticas judiciales y políticas públicas ¿cómo lo manejan ustedes? Trabajamos para arrimarle y acercale al habitante tucumano la Justicia. Comenzamos en 2009 enviando los defensores oficiales, civiles y laborales, los viejos defensores de pobres, al interior. Enviamos a cinco localidades donde los defensores oficiales instalan sus despachos y atienden a la gente. Esto fue un éxito rotundo, sobre todo en materia de familia, régimen alimentario, reconocimiento de los chicos. Hubo conciliación y muy pocos juicios. Además, hemos creado la figura del defensor oficial itinerante. Lo otro es la justicia de paz letrada, que es otra forma de llevar la Justicia a la gente. Y con respecto a la violencia doméstica ¿qué características especiales tiene en Tucumán este drama? En intensidad, el tema es más grave que algunas provincias y menos grave que en otras, pero hace falta una muy apretada tarea conjunta con el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, ante la más mínima denuncia, el gobierno debe tener dónde alojar a la víctima, alejarla del victimario. Las mujeres hacen la denuncia, pasa el momento, y vuelven con los agresores y ahí debe estar el Estado controlando, para que no haya una víctima de consecuencias graves. ¿Para usted cuáles son las debilidades que tiene la Justicia tucumana? Mis jueces trabajan mucho, no se les puede pedir más. En el fuero Civil y Comercial están dictando casi una sentencia por día hábil. En Familia dos sentencia de fondo por día hábil. Los problemas nuestros son que necesitamos más juzgados: apartando el fuero penal, todos los fueros restantes están con la misma cantidad de jueces, magistrados y funcionarios desde el año 1976, donde hay mucha más gente y más litigiosidad. ¿Llega la Justicia llega a tiempo a la gente? Mencioné el trabajo que hace cada juez y que es insuficiente el número de jueces. Tratamos en lo posible de brindar un servicio de Justicia adecuado y razonable, aunque sabemos que no lo hemos logrado todavía. hacemos lo que se puede, aunque está mejorando… Por Marcela Losardo www.infobae.com

 
09-08-2016
Alejandro Slokar, “Justicia Legítima es una asociación civil, no es una asociación ilícita”

—¿Qué opinión le merece la detención de una secretaria judicial por orden de un juez de la Cámara? —Es inaceptable tanto más desde el orden institucional, sobre todo en el Poder Judicial, que tengan lugar hechos como los denunciados. No puedo valorar la decisión del juez. Lo que creo es que no son aceptables afectaciones a principios que resguardan al género de las trabajadoras dentro del Poder Judicial. —Había material de un plan del Ministerio de Planificación en una sala de la Cámara, aceptado por Ana María Figueroa. ¿Le parece bien? —Eso está judicializado. Tiene intervención de un juez y del Consejo de la Magistratura. Ese material estaba reservado en la Sala E en la Sala de Audiencia. Lo único que yo pude hacer es poner a resguardo ese material. Se tiene que investigar. —¿Usted impidió que se inventariara ese material? —De ningún modo. —Hay cuestionamientos y una auditoría en curso sobre Ana María Figueroa y críticas hacia los jueces de Justicia Legítima. ¿Se trata de una embestida o realmente hay irregularidades? —Soy miembro fundador de Justicia Legítima y orgulloso estoy de serlo. Justicia Legítima es una asociación civil, no es una asociación ilícita. —Macri cuestionó a Justicia Legítima. —Satanizar o demonizar bajo el rótulo de Justicia Legítima como si fuera la suma de todos los males no es bueno. Habrá cuestionamientos puntuales que se hacen por recursos e impugnaciones. —La crítica es que muchos de los jueces de Justicia Legítima comulgan con ideas del kirchnerismo y difícilmente puedan tener objetividad para pronunciarse en causas que involucren a esa fuerza. —Justicia Legítima engloba a múltiples actores: hay peronistas, kirchneristas, radicales. La identificación con un solo sector es errónea. Un juez que no tiene ideología en verdad es un eunuco. Cualquier juez tiene ideología. Lo que no puede hacer un juez es política partidaria ni transmitirla en sus decisiones. —Hay una crítica de la sociedad que dice que durante diez años no investigaron y ahora descubrieron todos los casos de corrupción. —Comodoro Py no puede resultar el único anclaje institucional en la Argentina de hoy. El Poder Judicial no puede suplir las funciones que son de esas instancias. Cuando viene a ocupar la centralidad de lo público hay una perversión. En el mani pulite italiano, el juez ocupó un vacío de poder. —¿Quiere decir que hoy en Comodoro Py pasa eso? —¿Acaso no es más conocido el nombre de un juez que el de un ministro? Lo que denota esto es afán de protagonismo personal, y en términos institucionales el problema que se advierte es que transcurrida alguna etapa opera una reacción fruto de la recomposición del mapa político. —¿Qué le parece que se le pida la renuncia a (la procuradora) Alejandra Gils Carbó? —Veo grave que le pidan la renuncia permanentemente. Ese hostigamiento que forma parte de una invitación coactiva para que un funcionario deje sus funciones es inaceptable. —¿Qué piensa sobre el pedido de detención a Bonafini? —Las madres son Antígona. Cualquier injerencia debe estar precedida del cómputo de necesidad y proporcionalidad. “Carrió le da crédito a la patraña de un pollerudo” La diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió le pidió a Alejandro Slokar el juicio político por encubrir a José López, por un fallo de la Cámara de Casación. —Elisa Carrió le pide a usted un juicio por encubrimiento por demorar causas contra José López. —No puedo aceptar que digan que yo tengo la intención de encubrir. En este caso, la diputada no está suficientemente bien informada. Le da crédito a la patraña de algún pollerudo que le acerca información y ella no conoce en detalle el trámite de la causa ni el del recurso. Si reparara en eso, no habría actuado con tanta ligereza. La Sala decidió oportunamente la situación de López en un incidente que es colateral y no la investigación principal, en contra de los intereses de López. Nada de lo que se generó en este expediente podía incidir en la investigación que nunca tuvimos a cargo ni hacer prescribir la causa. Por Mariano Confalonieri. www.perfil.com.ar

 
19-07-2016
Pagani "No hay manera de pensar la existencia y el debate del FOFECMA si no se encuentra presente el Consejo de la Nación"

¿Cuál es la importancia de éstas XVII Jornadas Nacionales del FOFECMA en la provincia de Tucumán, en vísperas a la celebración del Bicentenario de la Nación? Claramente la decisión de todo el FOFECMA de estar presentes en San Miguel de Tucumán en este momento del país tiene que ver con conmemorar y celebrar los 200 años de nuestra Independencia. Pero también con resignificar, de alguna manera, aquellos valores y principios que inspiraron a todos los representantes de nuestro país, que celebraron y labraron el Acta de 1816. De alguna manera, la idea del Foro es plantearnos, desde los poderes judiciales provinciales, cuantas cosas nos quedaron pendientes y cuantas cosas no lograron concretarse hace tantos años. También, en un esquema más reciente, rediscutir el rol de los Consejos de la Magistratura para replantearnos y analizar pros y contras, a la hora de ver lo que estamos logrando hoy en la práctica de Justicia. En Noviembre fue designado como Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Cómo encontró dicho Consejo y cuales son los proyectos de cara a los próximos años de su gestión? El Consejo de la Ciudad funciona muy bien. Es un Consejo que tiene una concepción constitucional muy moderna, muy aggiornada a una Ciudad moderna como es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una Constitución de veinte años que la concibió de esa manera. Si a eso le sumamos una historia muy rica, habiendo sido el motor del nacimiento de la República. Lo que nosotros tenemos es el privilegio de administrar un lugar donde hay mayor nivel de exigencia y responsabilidades para brindar el servicio de Justicia a todos los habitantes de la Ciudad sino también ir un poco más allá y proyectar de qué manera creemos que podemos colaborar con todo el resto de las jurisdicciones. En síntesis, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad funciona muy bien, está muy bien organizado, está en un proceso de crecimiento y expansión, consolidando su modernización. Básicamente, creo que el gran desafío nuestro es prepararnos para el traspaso de competencias, que la Ley que hoy está en el Congreso esperemos se sancione lo más rápido posible. Ojalá que, en ese contexto, podamos tener la plena administración de nuestro Poder Judicial de todo lo que son los fueros ordinarios, cosa que aún no sucede porque se encuentran en el ámbito nacional. Claramente es un Derecho que nos corresponde constitucionalmente y que la propia Corte Suprema reconoció, hace unos meses, que debe ser ejercida por la Ciudad. Ligada a la transferencia ¿Cómo ve Ud. que las otras provincias toman este pedido de la Ciudad de Buenos Aires de contar con su plena administración del Poder Judicial? Yo creo que lo que se percibe es un apoyo mayoritario. La mayoría de nuestros colegas de los integrantes de los poderes judiciales, de los Consejos de la Magistratura e incluso con la lógica contraparte política que hay en cada uno de los Consejos, hay un apoyo muy claro a nuestro Derecho, a que la Ciudad pueda ejercer y tener la plena autonomía en materia del Poder Judicial. La realidad es que el gran desafío político que tenemos es lograr que ese mensaje sea sostenido por sus representantes en el Congreso Nacional. Básicamente que los senadores, en primera medida y también los Diputados, sean los que le den el Sí definitivo a ese traspaso de competencias, entendiendo que esto no va a implicar ninguna afectación presupuestaria. Hay que dejar de lado ese mito o prejuicio que se genera en las discusiones políticas. El dinero que se gasta actualmente es el mismo que se va a gastar en el traspaso y los fondos que se transmitan de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires tendrán que ver con los recursos, los bienes muebles e inmuebles que se vean afectados a la prestación del servicio traspasado. Confiamos en que ese apoyo político se manifieste en las votaciones en ambas cámaras. Hablaba en el Acto de Apertura de que la Ciudad de Buenos Aires pone a disposición recursos humanos e infraestructura para el resto de las provincias con una visión más amplia y federal, vinculada a la labor que realiza el FOFECMA. Concretamente ¿en qué aspectos la Ciudad efectúa o efectuará este apoyo? Desde hace un tiempo a esta parte, la Ciudad de Buenos Aires viene aportando nuestra infraestructura, otorgándole una sede (N. de R.: Las oficinas del FOFECMA están ubicadas en el edificio del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Bolivar 177, 7°) al FOFECMA para que, al mismo tiempo que la Ciudad es accesible para que todos los representantes de las provincias, que tiene que viajar a la Capital Federal a lo largo del año, tenga ahí un ámbito de trabajo, de reunión. Esa oficina es un espacio donde cuentan con los elementos para desenvolverse, por lo cual allí tenemos un aporte concreto. También, conversamos sobre la posibilidad que la Editorial Jusbaires también preste un servicio de colaboración para avanzar con algunas publicaciones importantes, tanto del FOFECMA como eventualmente alguno de los otros Consejos del país. Nosotros tratamos siempre de tener una visión amplia a la hora de pensar en las herramientas de capacitación que tiene nuestro Consejo, como pueden ser cursos que tenemos firmados con organizaciones académicas como Universidades del Interior y sobre todo del Exterior. En todos los casos, tratamos de reservar y respetar un cupo para ofrecer en este ámbito del FOFECMA, entendiendo que esa concepción moderna y lógica diferente de los Consejos de la Magistratura, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser entendida en el devenir histórico. Si estamos en condiciones de hacerlo, creo que debemos aportar y colaborar recíprocamente entre todos y sobre todo con el FOFECMA, en la lógica de que esa construcción federal vamos a poder recuperar y tener la Argentina que soñaron nuestros abuelos cuando pensaron en una Patria Grande. Por último ¿Qué opina de la labor que viene realizando el FOFECMA en los últimos años? Creo que es muy valioso. Todavía tenemos un desafío más grande para el Foro, que es el darle un mayor nivel de entidad y de presencia institucional. Tenemos la necesidad que el Consejo de la Magistratura de la Nación forme parte de este Foro y eso es algo absolutamente imprescindible. No hay manera de pensar la existencia y el debate del FOFECMA si no se encuentra presente el Consejo de la Nación. La visión del Consejo de la Magistratura de Nación en términos de diseño de la política judicial de todo el país tiene un espacio aquí y que debe ser reconocido e implementado y puesto en práctica. Todo este tipo de organizaciones de debate y de federalización de nuestras políticas son valiosas. Este espacio me recuerda a aquellos momentos que yo colaboraba en la FACA (Federación Argentina de Colegio de Abogados), que nos permitía generar este mismo intercambio en otra escala y en un ámbito menos público e institucional. En ese caso nos enriquecía el debate y el conocimiento de las experiencias de nuestros compañeros del resto del país. En aquel momento era para imaginar la práctica del deber profesional y en este caso, para algo que es más relevante e importante para el resto de los argentinos que es una eficaz y eficiente aplicación del servicio de Justicia. Fte. Fofecma.org

 
21-06-2016
Piedecasas : Las vacantes judiciales plantean a la Justicia la problemática de las subrogaciones

Los Juzgados nacionales y federales vacantes plantean a la Justicia la problemática de las subrogaciones o sus coberturas. Actualmente nuestros sistema tiene un alto número de vacantes, por lo que es imperativo acelerar los procedimientos de selección, designación y acuerdo de los jueces naturales o titulares y en paralelo adoptar un régimen de subrogaciones que otorgue un marco normativo adecuado a este remedio de excepción. Las vacantes breves en el tiempo son cubiertas por la decisión de las Cámaras respectivas y las prolongadas por el Consejo de la Magistratura de la Nación, previo dictamen de su Comisión de Selección. El principal inconveniente que existe en la actualidad es la carencia de una ley que regule las subrogaciones en el ámbito de la justicia Nacional y Federal. La ley 27.145 aprobada en 2015 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ello nos ha dejado sin un marco legal claro y preciso y el debate se encuentra abierto. La Corte fijó, con carácter provisorio, pautas para la designación de subrogantes a fin de garantizar parámetros básicos de objetividad y razonabilidad. Existe por lo tanto, la necesidad de establecer un régimen legal que respete las garantías y principios constitucionales y convencionales internacionales que se encuentran en juego. En consecuencia podemos intentar trazar una línea argumental posible y para el debate, de carácter personal y no institucional, sobre las diversas cuestiones que se plantean; principios establecidos por la Corte Nacional y por la Corte Interamericana e intentar bosquejar un "sistema" para sentar las bases de una normativa hipotética. El sistema que se establezca debe ser claro, preciso, y eficaz en tiempo y efectos. La primera cuestión que debe quedar en claro es que las vacantes deben cubrirse con jueces titulares, aquellos que se encuentra designados como tales a través del procedimiento constitucional y solo en ausencia de estos por conjueces (secretarios o abogados en ejercicio libre de la profesión que no tienen tal calidad de jueces naturales o titulares, a pesar de conformar listas que hayan tenido la participación del Consejo, del Poder Ejecutivo y del Senado). En este sentido, la prelación debe ser a favor de un Juez natural u ordinario, debiendo agotarse todas las posibilidades para que las vacantes sean cubiertas, en primer término, por quienes accedieron a un cargo en la magistratura de acuerdo con el especial mecanismo establecido en la Constitución Nacional. El Juez, en principio, debe ser de la misma jurisdicción, competencia y grado. Si no existiere Juez que reúna tales condiciones debe poder seleccionarse otro que puede no ser de la misma jurisdicción o de igual grado, pero siempre de la misma competencia, porque no fue seleccionado por su idoneidad en esa materia para las cuales posee facultades, funciones y atribuciones. Si esta selección no fuere posible podría optarse por un magistrado jubilado que se encuentre en condiciones de subrogar, a cuyos fines las Cámaras respectivas deberán poseer listados actualizados de los mismos. Agotadas estas posibilidades debería recurrirse a la lista de conjueces. Estas, según nuestra interpretación personal, deberían estar conformadas por abogados en ejercicio libre de la profesión o secretarios Judiciales que hayan sido incorporados a las mismas a través de un procedimiento que garantice parámetros objetivos de Selección. Para ello, el Consejo a través de su Comisión de Selección debería conformar los listados en base a los abogados y secretarios que se hubieren presentado a concurso en los últimos diez años y que han superado los puntajes mínimos en antecedentes y oposición. Estos serán considerados y aprobados por el Plenario del Cuerpo, que debería elevarlos al Poder Ejecutivo Nacional para su designación y este al Senado para su acuerdo. En caso que no existan postulantes con la misma jurisdicción, competencia y grado, la Comisión de Selección debería solicitar a la Cámara respectiva y Colegio de Abogados de la jurisdicción, que eleven una nómina a los fines de completar las listas referidas. Estos antecedentes deberían ser evaluados y calificados por la Comisión de Selección. La designación de los Conjueces, sea por la Cámara o por el Consejo debería ser a través de procedimientos que atiendan a los parámetros objetivos que ha planteado la Corte Suprema. Se deben establecer normas especiales para los supuestos de vacantes en Cámaras y Tribunales Orales, (donde se ha de privilegiar la subrogación por Jueces de la misma Cámara o Tribunal), así como la consideración de situaciones particulares como en los supuestos de causas de enorme volumen y complejidad como pueden serlo las vinculadas a la criminalidad organizada o delitos de lesa humanidad, a los fines de contemplar todos los supuestos posibles que puedan impedir la prestación del servicio de Justicia. Este posible esquema legal, que por supuesto debe ser debatido y desarrollado en cada cuestión a regular en particular; debería completarse con normas sobre la estabilidad; procedimiento de remoción; mayorías para su aprobación y designación, que resultan trascendentes y constituyen supuestos que se relacionan directamente con la necesaria Independencia judicial que debe garantizarse y resguardarse para todos aquellos que desempeñan la magistratura, sean titulares o subrogantes. Es necesario lograr un compromiso del Consejo; el Poder Ejecutivo y el Senado, en la aceleración de los procesos de selección, designación y acuerdo que permita superar el actual número de vacantes. Se necesita la adopción de un régimen legal, claro, preciso, eficiente que garantice el respeto de los principios constitucionales y convencionales en la materia. Miguel A. Piedecasas Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación Representante de los abogados del interior Fte. www.telam.com.ar

 
04-04-2016
Elizabeth Odio Benito “La mujer sufre una violencia espantosa en nuestra sociedad”

La abogada Elizabeth Odio Benito (Puntarenas, Costa Rica, 1939) podría estar ya en su mecedora, sin más agenda que entrevistas sobre sus experiencias como jurista internacional y propulsora del feminismo. Podría recordar su paso como juez por el Tribunal Internacional para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia (1993-1998) y de la Corte Penal Internacional (CPI), o como ministra de Justicia y de Ambiente de su país, pero a sus 76 años rechaza la vida contemplativa. Hace un mes asumió la silla de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal en el que solo hubo hombres en los últimos siete años, “sin que nadie hiciera nada por arreglar eso”, señala. “Esta mayoría masculina se repite en todas partes. La CPI eligió solo hombres en la última composición y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) también ha estado muy dominada por hombres. Es el patrón normal. En nuestra Corte Suprema de Justicia, doña Zarella Villanueva es la primera presidenta en la historia. Es una constante en los poderes judiciales, ejecutivos y legislativos, y también en el sector privado. La Corte es un espejo de estas sociedades, porque recordemos que son los Estados los que eligen a los jueces de la Corte”. Pregunta. ¿Era consciente de su postulación por Costa Rica por ser una juez feminista? Respuesta. Sí, plenamente. Este es una variable interesante del Gobierno de Luis Guillermo Solís. Impulsó mi candidatura como un mensaje sobre el derecho de las mujeres a estar en las posiciones más altas y también a estar protegidas por un tribunal internacional con perspectiva de género. Se sabe que yo, esté donde esté, voy a abogar por los derechos de las mujeres y porque se apliquen las perspectivas de género. Solís impulsó mi candidatura como un mensaje sobre el derecho de las mujeres a estar en las posiciones más altas P. ¿Cómo se aplican? R. Muchos jueces no ven más allá de lo penal, del hecho punible o el procedimiento; pero van aprendiendo de alguna manera a priorizar a las víctimas y sus derechos. Eso desde que la CIDH comenzó a caminar fue tomando cada vez mayor impulso: la víctima como centro del quehacer de los jueces. P. Ha dicho que siendo este un tribunal de derechos humanos es más necesario un enfoque de equidad. R. Es verdaderamente preocupante, porque es una Corte que se dedica a lograr que los Estados promuevan sus derechos humanos y castiguen a quienes los violen. Hasta hace poco se inició una corriente que ahora se ve con claridad, de ver en las sentencias las perspectivas de género, que no es otra cosa que un análisis que diferencia el impacto de las violaciones de derechos humanos sobre hombres y mujeres. Es reciente pero se ha impulsado y tenemos que verlo con atención, porque en cualquier momento uno se descuida y dejan de tomarlo en cuenta. P. ¿Qué significa tener un enfoque feminista dentro de un tribunal internacional? R. Es simplemente tener una conciencia de cuál es la posición de las mujeres en la sociedad y cuáles son los obstáculos que tienen las mujeres en todos los ámbitos; y claro, luchar para que esto cambie. P. ¿Qué es lo más urgente de abordar en derechos humanos y género? R. La mujer sufre una violencia espantosa en nuestras sociedades. Se ve cuando uno mira cifras y cuando examina qué ocurre con el cuerpo de las mujeres dentro y fuera de conflictos armados. P. ¿Cómo se puede reflejar eso en una sentencia? R. Un ejemplo fue el caso Campo Algodonero, en 2009, con la violación de tres muchachas en Ciudad Juárez (México). La Corte señaló con gran propiedad cómo la violencia sexual impacta de manera desproporcionada a las mujeres. Fue una sentencia que sentó pautas. En cambio, en 2012 en la sentencia por la masacre de El Mozote (El Salvador) se reconocieron los hechos pero no hubo un examen verdadero de lo que significó la violencia sexual. No es que a los hombres no les ocurran espantos en las guerras; los torturan, los matan… los violan, pero el impacto de diferente. Tiene distintas consecuencias. P. Usted participó en la primera condena de la CPI que tipificó la violación a mujeres como un crimen de guerra, el caso Celebici contra población serbia en 1998. R. Éramos solo dos mujeres entre 11 miembros, pero había una gran conciencia de que había que analizar de manera detenida lo que ocurría a las mujeres en este conflicto, en parte gracias a la prensa internacional que recogió denuncias de las violaciones y de todos los abusos. Se trató de un grupo de serbios que fueron tomados por una milicia bosnia y retenidos en un campamento por varios meses, durante los cuales los hombres sufrieron torturas de todo tipo. En ese grupo había dos mujeres y ambas fueron objeto de violencia sexual, pero una de ellas lo denunció en el Tribunal y señaló al responsable. No fueron violaciones masivas, sino actos repetidos durante varias semanas; casi todas las noches el comandante llegaba y la violaba. En el estatuto del Tribunal la violencia sexual solo estaba incluida como violación en casos masivos, pero este era un caso individual y para esto echamos mano de la Convención contra la Tortura. Fue la primera vez que una violación se reconoció como crimen de guerra y se dijo algo que para las feministas resultó muy valioso: que eso le pasó a ella por ser mujer, no por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado ni nada así, sino por ser mujer. P. ¿Tiene la CIDH credibilidad ante la población? R. Sí, pero en el futuro inmediato la Corte debe abocarse a una reforma que permita el acceso directo de las víctimas a la Corte. Hay una necesidad de inmediatez en el acceso a la justicia. Por Alvaro Murillo Diario El País de España

 
16-02-2016
Lorenzetti "La Corte tiene una definición clara para que se investiguen los casos de corrupción”

–¿Cómo evalúa usted el paso atrás del Gobierno sobre los candidatos para completar la Corte, que primero fueron nombrados en comisión y ahora tendrán tratamiento en el Senado? –No se trata de un paso atrás, sino que el Gobierno tomó una decisión en un mismo decreto que es la de designarlos en comisión por si hubiera alguna urgencia y mandarlos al Senado. Nos parece que como se ha completado ya el trámite del decreto 222 y no ha habido ninguna urgencia, es muy importante que el Senado trate los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema porque así lo marca nuestro sistema constitucional. –O sea que no cree que haya sido una marcha atrás del Gobierno sino que fue parte del proceso natural. –Lo que yo creo es que es muy importante lo que se está haciendo ahora que es que el Senado siga el procedimiento constitucional. –Hay versiones, e incluso las mencionaron dirigentes del oficialismo, de que el bloque del Frente Para la Victoria y el Gobierno podrían estar negociando una ampliación del número de miembros de la Corte a siete magistrados. ¿Cuál es su opinión sobre esa cuestión? –Nosotros no podemos opinar sobre las versiones, y hasta ahora no hay ningún proyecto de ley de ampliación, pero es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo de enviarlo y el Congreso de tratarlo. Sobre esto no podemos opinar porque es una facultad de otros poderes del Estado. Por ahora, lo que hay es esta cobertura de vacantes. –Hay una preocupación importante de la sociedad por la corrupción ¿Qué puede hacer la Justicia concretamente para responder a esta demanda? –Primero, los jueces tienen la obligación de investigar en el sistema actual o los fiscales, si se cambia el sistema. Pero realmente tiene que haber una investigación muy clara en cada uno de los procesos de corrupción. Eso lo hacen los jueces en cada una de las causas que tienen y acá hay que ser muy equilibrados en el sentido de que no se puede dejar de investigar ni tampoco se puede hacer de esto un problema político. La Corte tiene una clara definición para que se investiguen los casos de corrupción. El año pasado nosotros creamos un cuerpo especial de peritos en los casos de corrupción porque es necesario tener especialistas en licitaciones públicas, lavado de dinero, etcétera. Se hizo un concurso y ahora lo vamos a ampliar. –¿Hay previsto un plan para mejorar la transparencia en esas causas? –El martes vamos a hacer un acto con todos los jueces federales que tienen casos de corrupción y vamos a anunciar un plan importante para la transparencia en el sentido de que cualquier ciudadano pueda acceder a una base de datos, saber cuáles son los casos y qué se investiga. Es para causas de corrupción, pero también de trata de personas, porque es necesario que se conozcan los casos y la gente pueda saber qué pasó, qué resolución se tuvo y quiénes son los imputados. Todo eso favorece lo que nosotros llamamos el "gobierno abierto". Es la idea de que los ciudadanos tengan un mayor control y transparencia en los actos de gobierno. –¿Este sistema también podría alcanzar a las investigaciones por narcotráfico? –Sí, el narcotráfico es un tema muy importante que nosotros lo trabajamos desde hace varios años. El martes se va a anunciar un proyecto de observatorios de causas sobre persecución en materia de drogas, porque aquí también es necesaria la transparencia. En esta comisión hay jueces de la Cámara de Casación Penal, de las Cámaras Federales de todo el país, de los que investigan los delitos económicos vinculados al contrabando y narcotráfico y a su vez hay varias subcomisiones por áreas, porque es muy complejo y hay que trabajar fuerte. Nosotros estamos muy comprometidos y esperamos que se haga una fuerte lucha contra el narcotráfico, que es una tragedia en el mundo y que en la Argentina es controlable si tenemos claras las decisiones y si se trabaja en conjunto con los tres poderes del Estado. –El Gobierno también esta analizando la modificación de la ley del ministerio público con el fin de limitar el poder de la procuraduría general de la Nación ¿Qué opina al respecto? –Es una decisión del Gobierno sobre la que no emitimos opinión. Sobre cómo se organiza otro poder, nosotros no podemos opinar: es una decisión el Ejecutivo y la discutirá el Congreso. –La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dijo que el gobierno de Mauricio Macri no va a durar mucho y que usted lo va a reemplazar... –Hay mucha gente que hace declaraciones y no podemos tomarlas en cuenta. Nosotros estamos convencidos de que hay que seguir trabajando en el fortalecimiento institucional. Hubo un proceso electoral y el presidente tiene una legitimidad porque la gente lo eligió y no existe ninguna razón para que eso cambie. El Congreso está funcionando, lo mismo la Corte y lo que tenemos que tener en claro es que tenemos que trabajar por la gobernabilidad en beneficio de la gente. Las actitudes que van en sentido contrario, de crear caos, no están bien. Y nosotros tenemos que estar por encima de eso. –¿Hay algo que lo preocupe o que quiera destacar de esta nueva etapa política que se inaugura con la llegada de un nuevo presidente? –Cuando se habla de cambios en una institución hay que pensar siempre en el país. Yo creo que nuestro sueño en la Corte ha sido que no sea la Corte de un presidente, sino que sea la Corte del país, que es lo que dice la Constitución. En ese sentido, hicimos muchos esfuerzos durante todos estos años y creo que, si uno mira la historia, cada vez que hubo un cambio de gobierno cambió la Corte, por eso se decía la Corte de tal presidente y de tal otro. Hoy creo que hay un gran avance: la Corte ha logrado ser independiente durante muchos años y lo seguirá siendo. Lo que importa son los principios y los valores. La sociedad dirá si sigue así o no nuestra composición. –¿Cree que con estos nuevos candidatos se sigue esa línea? –Yo los conozco a los dos nominados desde hace muchos años: son gente de mucho prestigio y ya dije que son bienvenidos. Pero la decisión la tiene el Congreso de la Nación, no yo. Hay que respetar, es bueno que el Senado opine. Yo me refiero más a otro tema, de otra dimensión, sobre qué es una Corte Suprema. Nosotros hicimos un gran esfuerzo y nuestro sueño es que la Corte sea una institución independiente y cercana a los derechos de la gente. El traspaso de las escuchas judiciales –Este fin de semana se vence el plazo para que la Corte presente su plan para hacerse cargo del manejo de las escuchas ¿Cuáles son los lineamientos? –Nosotros tenemos un grupo de personas trabajando fuertemente en eso y estamos elaborando una acordada para ver si el lunes se puede poner en práctica. Lo más importante acá es que este sistema de escuchas judiciales tiene que ser primero eficaz en el sentido de que resuelva las peticiones de los jueces en un tiempo muy rápido, pero que además tenga mucha tecnología. Hay que programar una inversión en tecnología importante. En segundo lugar, tiene que ser transparente: esta oficina tiene que estar sujeta a controles muy importantes. Por Paula Lugones - www.clarin.com

 
27-01-2016
Germán Garavano “La jura de los jueces depende de la Corte”

“Ni ñoquis, ni vagos, trabajadores del Estado”, dicen los carteles de ATE, que junto con otros de UPCN adornan la puerta del Ministerio de Justicia. El ministro Germán Garavano atiende a Página/12 en una amplia sala de reuniones, de camisa blanca, sin corbata, y con una flamante cinta roja en la muñeca (“más por cábala que contra la envidia”). Cuenta que abrió un diálogo con los gremios y niega haber desmantelado el Programa Memoria Verdad y Justicia, que da asistencia a las víctimas, aunque acepta que hubo recortes de personal, como en otras dependencias públicas. El funcionario defiende el nombramiento de jueces en la Corte por decreto –pese al amplio rechazo que tuvo en la comunidad jurídica– y dice que los elegidos por Mauricio Macri para ese cargo están en condiciones de asumir, pero que su jura depende del máximo tribunal. Niega que Cambiemos gobierne por decreto y debate sobre actualidad: la detención de Milagro Sala, la reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el traslado de las escuchas a la Corte y la declaración de Emergencia en Seguridad. Algunas medidas, las de su área, las defiende con uñas y dientes, en otras gambetea y manda a hablar con el funcionario correspondiente. Garavano se presenta como un técnico en reformas judiciales. La realidad es que está en un cargo que hoy tiene un potencial de influencia política fuerte, cuando la agenda pública está tomada por temas y discusiones judiciales. Su área es el vértice que eligió el Gobierno para “abrir el fuego” con una virulencia sorpresiva. Le tocó sentarse en la segunda reunión entre Macri y el presidente supremo, apenas la semana pasada. Con ese traje puesto, entre las definiciones que deja en esta entrevista asegura que “el Gobierno hoy no considera una ampliación de la Corte” y ratifica que buscarán acotar el mandato de la procuradora Alejandra Gils Carbó, para que el cargo tenga una fecha de duración, a diferencia del sistema actual, en el que el jefe de los fiscales tiene estabilidad mientras dure su buena conducta. –¿Cuándo van a jurar los jueces nombrados por decreto? –Terminamos el proceso del decreto 222 con una participación inédita en la cantidad de presentaciones que se hicieron. Estamos terminando el informe para elevarle los pliegos al Presidente y que decida si los envía al Senado en las próximas semanas. –¿Pero van a asumir antes de que el Senado los confirme o van a esperar esa discusión? –La idea siempre fue hacer el proceso del decreto 222, y de hecho lo iniciamos de inmediato. Pero tomar juramento es una decisión de la Corte y puede hacerlo en cualquier momento. No hay ningún impedimento judicial para que juren. Para no- sotros están nombrados. En el Ministerio de Justicia ya se ha cumplido con el proceso de consulta pública. –¿Cuál fue la urgencia para saltearse el mecanismo habitual? El decreto 222 incluye al Senado. –La Corte había planteado su dificultad para integrarse. Finalmente no tomó juramento y se postergó. Era una decisión de ellos. Hoy tienen solo tres miembros y si no hay unanimidad no pueden emitir pronunciamientos. Estos dos jueces nombrados tienen más validez constitucional que los conjueces, que responden simplemente a una reglamentación legal y están muy cuestionados. Tampoco hemos recibido impugnaciones sólidas a estos candidatos: muchas apuntaban al procedimiento por el que se los designó. –El CELS, por citar un ejemplo, también los objetó por su perfil. –Sí, por su perfil. Eso ya es ideológico. Pero no vemos que haya ningún cuestionamiento que impida que asuman. –Ya que nombra a los conjueces, hubo un fallo de la Corte que cuestionó la designación de conjueces para el alto tribunal y señaló que no se puede saltear el Senado para nombrar jueces supremos. –Ese fallo de la Corte es simple: si para un juez de la Corte se necesita la aprobación de dos tercios del Senado, para un conjuez de la Corte también. Nada tiene que ver con un proceso constitucional excepcional que la misma Constitución fija y que es el que usó el Presidente por más que no guste y que haya interpretaciones modernas que digan que no hay que seguir la Constitución literalmente, o que evoluciona. –La Constitución prevé el mecanismo de designación en comisión para “empleados”, ¿los jueces son empleados? –Sí, la misma Constitución en el artículo 110 dice que los jueces “conservan sus empleos mientras dure su buena conducta”. Son empleados del Estado. De todos modos es una discusión política. –Y jurídica también, porque las designaciones fueron cuestionadas y hay causas abiertas. En definitiva se va a definir judicialmente. –Bueno, se supone que sí. –¿Por qué no postularon a una mujer? –Fue una decisión del Presidente, que tiene un compromiso con la representación de género en la Corte y lo tenemos presente. Hay muchas mujeres valiosas para postular a la Corte y en las próximas vacantes serán mujeres. –¿Piensan ampliar la Corte? –Hoy el Gobierno no considera la ampliación de la Corte. –¿Por qué eligieron el camino de legislar por decreto? –Es una falsedad. ¿Cuántos decretos de necesidad y urgencia se dictaron? Tengo contados cuatro, de los cuales dos son nuestros, del Ministerio de Justicia. No parece ser tanto. Los dos temas nuestros son muy puntuales: uno es el traspaso de las escuchas a la Corte y otro el de la postergación del Código Procesal Penal. –¿Cuál era la urgencia en traspasar las escuchas? ¿Que la propia Corte postergara el traspaso no contradice que haya urgencia? –Teníamos al Estado violando derechos en los procesos judiciales y en investigaciones muy graves. La urgencia no es una guardia de hospital. El proceso de discusión iba a empezar en marzo o junio, es decir, teníamos varios meses por delante con un sistema de escuchas cuestionable. La Corte puso un plazo razonable, 45 días, de los cuales treinta no se trabajan, aunque deberían hacerlo y (abre un paréntesis) deberíamos avanzar sobe esas cuestiones de feria judicial. Las investigaciones donde se generan escuchas por lo general son casos graves, por ejemplo, de secuestros. Es como traspasar un quirófano que está operando. Hay que ser cuidadosos. La fiscalía es una de las partes en el proceso penal y el control de las escuchas no debería estar en una de las partes del proceso. Es razonable que sea el Poder Judicial, que es el que tiene la independencia y la garantía de imparcialidad, el que supervise este proceso. –¿Pero entonces el Poder Judicial va a supervisar lo que él mismo va a hacer? –La escucha la pide un fiscal, la habilita un juez. Las escuchas las va a hacer el mismo órgano que está en la Procuración, pero trasladada a uno imparcial. Pregúntenle a la defensora general de la Nación, que sentada en mi despacho dijo “la fiscalía general no puede tener las escuchas telefónicas”. –¿Hay planteos concretos en causas penales contra la realización de escuchas desde la Procuración? –Hemos recibido planteos de jueces. No puedo permitir que se estén afectando y violando derechos en tiempo real. –¿No cree que se hizo un buen trabajo en la Dicom (Departamento de Captación de las Comunicaciones) hasta ahora? –No conozco el trabajo en detalle, lo nuestro es un tema de diseño institucional y respeto de garantías. Me preocupaba que el área de la Dicom esté integrada al de sistemas informáticos. Es más sano, en definitiva, que las escuches estén en manos del máximo órgano judicial del país. La misma procuradora me dijo que ella no había pedido tener las escuchas. –Hay países donde las escuchas están en manos del Ministerio Público, ¿pero de la Corte? –En ninguno está en manos de las Procuraciones, salvo en los países donde forman parte del Poder Ejecutivo. Acá se ha dado un paso importante en sacarlas del área de inteligencia. Pero cuando se hizo el debate parlamentario toda la oposición dijo que las escuchas deben ir a la Corte. Y esto no tiene nada que ver con (Alejandra) Gils Carbó. Es un tema de diseño institucional. De hecho la discusión que se viene es sobre la Policía Judicial, y mi posición en esto es que, como en Costa Rica, la Policía Judicial funcionalmente dependa de los fiscales pero orgánicamente de la Corte. Acá se dio una confusión, con empezar a pasar la persecución penal al Ministerio Público. –¿Qué confusión? –Como tenemos una mentalidad inquisitiva, de la colonia, de pronto los fiscales y todos los que trabajaron en la reforma procesal penal se creyeron que el sistema acusatorio es que lo que hacían los jueces de instrucción lo hacen los fiscales: les sacamos el poder a los jueces de instrucción y se lo dimos a los fiscales. En realidad el sistema acusatorio lo que hace es partir: una parte la deja en manos de los jueces, que tiene que ver con las garantías constitucionales, y le pasa a los fiscales el rol en la investigación, que no es lo mismo que ser un juez de instrucción, que es un esquema de la santa inquisición. Es decir, (Norberto) Oyarbide es juez federal, era el amo y señor de todo: decidía avanzar, intervenir teléfonos, todo. –Oyarbide y todos lo demás. También (Claudio) Bonadío, por ejemplo. –El sistema acusatorio implica pasar algunas facultades a los fiscales. Lo que hay que hacer, más allá de los nombres, es volver a un equilibrio de poderes. En la mayoría de los sistemas acusatorios los procuradores tienen mandato, tienen una duración. En la ciudad de Buenos Aires, en cuya Constitución trabajó (Raúl) Zaffaroni, el fiscal general no interviene ni en la designación ni en la remoción de fiscales. Hay un montón de restricciones donde uno puede poner esos equilibrios. Acá se hizo una fiscalía superpoderosa, y es un peligro. Yo le dije a Estela de Carlotto: “Hoy a usted Gils Carbó le da garantías, pero ¿y si fuera otro, que no diera garantías?”. Argentina siempre ha reformado la Justicia por las necesidades de la política de turno. Lo que queremos hacer son diseños institucionales razonables. –¿A cuántos años van a reducir el mandato del procurador/a? –Vamos a abrir una instancia de discusión. –¿Se le va a aplicar a Gils Carbó retroactivamente o va a ser para adelante? –Creo que le alcanzaría a ella. Se podría aplicar retroactivamente. –Es contradictorio con el antecedente del ex procurador Eduardo Sosa de Santa Cruz, donde la Corte ordenó reponerlo porque había asumido con estabilidad. –Es un antecedente distinto. A él lo apartan por una reforma normativa. –Usted habló públicamente de que durante el gobierno anterior se aprobaron leyes “insanas”. ¿Cree que hay leyes sanas e insanas? –Yo dije, bueno (duda)... sí, yo creo que hay leyes que generan distorsiones en el sistema democrático. Creo que como el gobierno anterior no pudo reformar la Constitución, intentó generar leyes contrarias a ella. De hecho muchas fueron declaradas inconstitucionales. Hay leyes que le hacen mal a la salud de la república, como las escuchas en la Procuración. Un hecho histórico, motivado por una relación promiscua que tuvo el gobierno con los servicios de inteligencia durante diez años, deriva en sacar a la AFI de las escuchas y poner al que manejaban ellos. La reforma del Código Procesal, siendo extraordinario avanzar en eso, tuvo una finalidad política de aumentar el control generando que el sistema acusatorio se diera contra una pared. Cosas buenas, por una necesidad política, se echaron a perder. El gran desafío que nosotros hoy tenemos es que mucha gente conservadora del sistema de justicia utilizó este ataque político para intentar ir para atrás, y nosotros lo que queremos es ir para adelante. –Usted habla de la relación promiscua de los servicios con el gobierno, pero no de los servicios con el Poder Judicial. Si están bajo su órbita, ¿cómo se termina esa relación promiscua? –Con el gobierno anterior se persiguió a opositores políticos, como Francisco De Narváez y Macri mismo, con un fuero específico, el federal. Nadie cuestionó la relación de la Corte con los servicios de inteligencia. La Corte pone distancia a lo político. Es más, el titular dice el decreto va a ser un juez de Cámara designado por sorteo que no puede durar más de un año. –Esa relación promiscua es muy anterior al kirchnerismo. ¿Cuál es la garantía de cómo va a actuar un juez de Cámara? –Un juez de Cámara nombrado por sorteo. Los camaristas penales son muchos. La procuradora puso a la ex secretaria de Seguridad de Nilda Garré. Ponen a funcionarios políticos. Acá van a ser jueces, que no se podrán repetir por cinco años. –Retomando su idea de leyes “insanas”, la ley de medios, por ejemplo, fue declarada constitucional, fue debatida y apoyada por distintos sectores, ¿por qué modificarla con un decreto? –Yo me refiero a las áreas de mi capacidad de trabajo en lo que se refiere a cómo mejorar el sistema de justicia. –Pero nos referimos a un mecanismo. –Nuestros DNU fueron correctivos y minimalistas, adelantados a todos los actores institucionales. Estaban todos de acuerdo, en especial a la suspensión del Código Procesal que iba a empezar en marzo. Incluso nos lo podía la Comisión Bicameral que debe implementarlo. Página 12 Por Irina Hauser y Victoria Ginzberg

 
15-11-2015
Osvaldo Gómez Leo “Los jueces tienen la responsabilidad de interpretar el Código de Comercio”

En su visita al Poder Judicial de Santiago del Estero, el profesor emérito de la Universidad Austral, Dr. Gómez Leo brindó una conferencia magistral sobre la ley de cheques en el unificado Código Civil y Comercial. Con motivo del 10º aniversario de creación de Centro Único de Capacitación Dr. José Gorostiaga, visitó la provincia el Dr. Osvaldo Gómez Leo, quien realizó una importante disertación sobre la ley de cheques y su inserción en el unificado Código Civil y Comercial de la Nación. El destacado abogado, docente, autor de numerosas publicaciones, profesor emérito de la Universidad Austral, e integrante de la Comisión que trabajó en la redacción del anteproyecto de ley de reforma de los Códigos de fondo de la Nación. -¿Cuál es el principal desafío que impone este nuevo código? -Pienso que los abogados tenemos un desafío grande que después de tantos años se modifique un Código. Pero el desafío más grande es para los jueces, que tienen una gran responsabilidad porque deberán interpretarlo. -¿Qué reformas tocan a la ley de cheques? -Las reformas introducidas en el Código Civil y Comercial no contemplan específicamente al cheque y por lo tanto queda sujeto su uso a la legislación anterior y vigente -¿O sea que todo lo referido a cheques se mantiene tal como estaba antes de la unificación? -Las reglas legales vigentes sobre los cheques persisten, a pesar de haber salido el nuevo Código Civil y Comercial, porque no las abarca. Esas normas, que vienen del año 1963, tienen una reglamentación del Banco Central de la República Argentina, que se llama “regulación sobre operaciones pasivas”. Y eso es lo que le trae problemas a abogados y jueces, porque generalmente hay conflictos entre las normas reglamentarias y las normas legales. -¿Cómo incide el uso de los medios electrónicos como sustituto o complemento de los tradicionales cheques? -Cuando se hizo la reforma de la ley de cheques en 1995, se previó que se pudieran librar y endosar cheques por servicios electrónicos y así lo hizo en los artículos 14 y 56, respecto de los cheques para pagos diferidos, aunque sólo se pueden negociar en las Bolsas de Comercio. Además, no se puede endosar con el servicio electrónico y, por lo pronto, tampoco librarlos. -¿Y con respecto a la pesificación de deudas? -En principio, hay una norma general que dice que sí, salvo pacto en contrario. Pero todos los contratos bancarios sobre los que yo he escrito, aunque no se pacten, no hay pesificación. Hay que hacer la operación en la moneda que se pactó. En cuanto a la regulación de la cuenta corriente bancaria en el contrato es pobre, como ser, se distinguen las cuentas bancarias que tienen servicio de cheques y la que no las tiene. Por Revista La Columna

 
Judicial del NOA
 1     2     3     4     5     6     7     8     9     ...      267    
Judicial del NOA

 
 
 
La Corte Suprema declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en casos de lesa humanidad
 
Me Parece Correcto
Estoy En Desacuerdo
Ver Los Resultados Ver Todas Las Encuestas