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Fecha de Sentencia: 10-10-2017  | Jurisdiccion: Corte Suprema de Justicia de la Nacion   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Autos: Núñez Benítez, Marciano el Promotion Building S.A. y otros si daños y perjuicios (accidente de trabajo)

Sumario: Con la firma de los jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, y la disidencia de los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti,la Corte Suprema decidió que no le correspondía pronunciarse acerca de la validez constitucional del art. 17 de la ley 26.773 que dispone que los reclamos de indemnización de daños provocados por accidentes de trabajo planteados con fundamento en el código civil deben ser resueltos por jueces civiles y no por jueces laborales. El demandante reclamó ante la Justicia Nacional del Trabajo una indemnización por los graves daños que, según dijo, había sufrido en virtud de un derrumbe que ocurrió el 6 de junio de 2013 cuando cumplía tareas en una obra en construcción. Pero los jueces laborales consideraron que no eran competentes para resolver ese reclamo pues, a su entender, la demanda estaba exclusivamente fundada en el derecho civil, de modo que, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 26.773 –dictada en el año 2012– el juicio debía tramitarse ante la Justicia Nacional en lo Civil. El trabajador apeló esa decisión ante la Corte afirmando que no era cierto que su demanda se fundaba exclusivamente en el código civil pues también invocaba leyes laborales, y que, en todo caso, las disposiciones de la ley 26.773 que establecían la competencia de la justicia civil eran inconstitucionales. La mayoría integrada por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz consideró que, por el momento, no correspondía que la Corte se pronunciara sobre estas cuestiones. En tal sentido, el voto mayoritario señaló que la sentencia que declaró la incompetencia de la justicia del trabajo no ponía fin al juicio ni colocaba al trabajador en una situación de privación de justicia, ya que podía seguir tramitando su reclamo ante el fuero civil; de modo que no había razones que justificaran la intervención de la Corte en un pleito que no estaba concluido sino recién iniciado. Los jueces Maqueda y Rosatti, en cambio, consideraron que la Corte debía tratar los temas planteados porque la decisión de remitir el caso a la justicia civil implicaba un perjuicio para el demandante, a quien “se privaría definitivamente…de la posibilidad de tramitar su reclamo ante el fuero laboral, que no solo está especializado para atender las demandas que los trabajadores dirigen a sus empleadores, sino que, además, cuenta con un procedimiento nítidamente diseñado para garantizar tanto la gratuidad para el trabajador litigante como la rápida solución de los conflictos”. En definitiva, sostuvieron que el juicio debía tramitarse ante la justicia del trabajo, no solo porque Núñez Benítez tenía razón al sostener que su reclamo, además de invocar el código civil, estaba fundado en leyes laborales, sino también porque el art. 17 la ley 26.773 vulneraba derechos reconocidos al trabajador por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. En cuanto a esto último, dijeron que el artículo 14 bis requiere que tutela preferencial para quienes trabajan en relación de dependencia que la Constitución Nacional encomienda al Congreso no quede circunscripta solo al reconocimiento de ciertos derechos sino que, además, se asegure a los trabajadores la posibilidad de obtener una eficaz defensa de tales derechos en las diversas instancias administrativas o judiciales establecidas con tal fin. Y no respetan esta garantía las disposiciones de ley 26.773 que –para cierto tipo de reclamos- privan al trabajador de la posibilidad de litigar ante los jueces y bajo el procedimiento que han sido especialmente establecidos para cumplir con el mandato constitucional de procurar la mejor y la más rápida solución de los pleitos derivados de una relación laboral.

Vocablos: LEY 26773 - INDEMNIZACION POR DAÑO - ACCIDENTES DE TRABAJO - CODIGO CIVIL - COMPETENCIA - COMPETENCIA JUEZ CIVIL -

 
Fecha de Sentencia: 10-10-2017  | Jurisdiccion: Corte Suprema de Justicia de la Nacion   |  Fuero: Fuero Laboral   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Autos: Pessina, Jorge Eduardo el Luis Frisman y otros si despido.

Sumario: Con la firma de los jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, y la disidencia de los jueces Horacio Rosatti y Calos Rosenkrantz, la Corte Suprema convalidó la sentencia de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que admitió un reclamo de indemnizaciones laborales por haberse encubierto un contrato de trabajo bajo la figura del “socio cooperativo”. La Cooperativa de Trabajo de Mantenimiento Integral Porteros Ltda. se dedicaba a prestar servicios de mantenimiento, limpieza y control en edificios, salones, fábricas u oficinas enviando a sus asociados a trabajar en esos lugares. Jorge Eduardo Pessina estuvo registrado en ella como socio desde enero de 2008 hasta mayo de 2010. Al finalizar la relación, promovió un juicio un laboral contra la cooperativa, su presidente y el último consorcio en el que había cumplido tareas alegando que se lo consideraba “socio” cuando en realidad” era un simple trabajador en relación de dependencia. La Cámara del Trabajo admitió el reclamo porque entendió que en la situación planteada se daba un caso común de fraude laboral. Sostuvo que quienes son enviados por la cooperativa a prestar servicios para terceros –como ocurrió en este caso con el señor Pessina- se encuentran ligados por una relación de tipo laboral y no pueden ser considerados como simples socios de la cooperativa pues se trataría de una formalidad sin contenido real. La cooperativa apeló ese fallo ante la Corte, pero ésta resolvió dejar firme la decisión de la cámara. El juez Lorenzetti y la juez Highton de Nolasco se limitaron a señalar que la apelación era inadmisible, en tanto que el juez Maqueda sostuvo que era razonable la sentencia de la cámara que, después de evaluar el caso, concluyó en que la demandada no era una verdadera cooperativa de trabajo sino que había actuado como una simple agencia de colocación de personal, convirtiéndose en un simple vehículo para eludir la aplicación de las leyes laborales. En disidencia, los Jueces Rosatti y Rosenkratz consideraron que la cámara no había efectuado un adecuado examen de la prueba producida y solo había hecho mérito de “la prestación de servicios para terceros”, la cual —frente a lo que surgía de pruebas no analizas en el fallo— no parecía “constituir un argumento válido ni suficiente para descalificar a la cooperativa como tal…menos aún, para sostener el presunto fraude a la ley que no había sido debidamente fundado en el material normativo y fáctico del caso”.

Vocablos: CONTRATO DE TRABAJO - INDEMNIZACION LABORAL - SOCIO COOPERATIVO - ENCUBIERTO - ENCUBRIMIENTO - MANIOBRA FRAUDULENTA - COOPERATIVA DE TRABAJO - TRABAJADOR BAJO RELACION DE DEPENDENCIA - RELACION DE DEPENDENCIA - SOCIO - SERVICIOS PARA TERCEROS - AGENCIA DE COLOCACION DE PERSONAL -

 
Fecha de Sentencia: 03-10-2017  | Jurisdiccion: Corte Suprema de Justicia de la Nacion   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Federales   | Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Autos: Martín, Edgardo Héctor cl Telearte S.A. y otros si daños y perjuicios"

Sumario: El 24 de mayo de 2000, en el marco del programa televisivo “Memoria”, conducido y producido por el Sr. Samuel Gelblung, se presentó un informe sobre el llamado “caso Fraticelli”, en el que se vinculaba al Sr. Edgardo Héctor Martín con el homicidio de la menor que era objeto de investigación policial. Allí, algunos miembros del equipo periodístico dirigido por Gelblung afirmaron, entre otras cosas, que para saber lo que había ocurrido debía concurrirse a los “lugares comunes donde la gente se reúne y preguntar: ¿quién fue?” y que, en un bar de la zona y a las dos de la mañana, alguien había contestado “el amante de la mujer”. Los periodistas afirmaron que esa “línea de información” conducía a un señor de apellido Martín, de unos treinta años aproximadamente, kinesiólogo, de la ciudad de Rufino y quien sería amante de la madre de la menor. Posteriormente, lo ubicaron en la escena del crimen, donde habría sido sorprendido en compañía de la madre por la menor asesinada. El Sr. Martín tachó de falsas esas afirmaciones y promovió demanda por los daños y perjuicios que le ocasionó su difusión. Los jueces de la causa hicieron lugar a la demanda y, en lo que aquí interesa, condenaron Gelblung al pago de la suma de pesos cuarenta mil ($40.000) más intereses. El Sr. Gelblung interpuso recurso extraordinario federal por considerar que las sentencias de grado aplicaron erróneamente las doctrina “Campillay” y de la “real malicia” para la tutela de la libertad de expresión. La primera, en su opinión, eximía de responsabilidad al periodista pues sus dichos fueron atribuidos a una fuente, mientras que la segunda exigía demostrar que los periodistas conocían la falsedad de la información o que obraron con notoria despreocupación respecto de ello. La Corte Suprema entendió que la doctrina “Campillay” no protege al medio cuando deja de ser un simple difusor de una información originada en una fuente distinta y se transforma en el autor de una información dañosa o agraviante. Asimismo, consideró que no resultaba de aplicación al caso la protección agravada prevista por la doctrina de la “real malicia” y que bastaba la simple culpa para atribuirles responsabilidad a los demandados. La sentencia fue suscripta, en forma unánime, por los cinco jueces que integran el Tribunal.

Vocablos: RESPONSABILIDAD - INDEMNIZACION - DAÑOS Y PERJUICIOS - RESPONSABILIDAD PERIODISTICA - DOCTRINA CAMPILLAY - REAL MALICIA - FUENTE PERIODISTICA - CONOCIMIENTO DE LA FALSEDAD - LIBERTAD DE EXPRESION

 
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