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Fecha de Sentencia: 10-08-2016  | Jurisdiccion: Cordoba   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de la 3.º Nominación de San Francisco

Autos: López, Diego Nicolás c/Municipalidad de San Francisco y Otro – Ordinario – Cobro de pesos

Sumario: Con fundamento en la Ley de Espectáculos Deportivos (Ley 23184, modificada por la Ley 24192), la asociación civil Cicles Moto Club deberá indemnizar con 142.252 pesos (más intereses) a un fotógrafo por los daños que este sufrió en septiembre de 2010, cuando se desarrollaba la competencia “Doble San Francisco-Miramar”, ocasión en la que uno de los ciclistas, tras haber cruzado la meta, perdió el control del rodado e impactó contra el reportero, que sufrió lesiones y heridas. La decisión fue adoptada por el juez en lo Civil, Comercial y Familia de la 3.º Nominación de San Francisco, Carlos Viramonte. El magistrado hizo lugar a la acción por daños y perjuicios promovida por el fotógrafo contra la asociación organizadora, aunque rechazó la demanda en cuanto esta también estaba dirigida contra la Municipalidad de San Francisco. Al mismo tiempo, acogió la declinación de cobertura articulada por la firma Río Uruguay Seguros, a la que Cicles Moto Club había citado en garantía. En la resolución, el juez esgrimió que la demandada, “Cicles Moto Club”, en su carácter de organizadora del espectáculo deportivo, “asumió una obligación de seguridad –impuesta legalmente- frente al demandante, en su carácter de asistente o concurrente al evento, de conformidad con lo dispuesto por el art. 51 de la Ley de Espectáculos Deportivos”. Teniendo en cuenta que “la responsabilidad que pesa sobre las entidad organizadora es objetiva, derivada de la obligación de seguridad que pesa sobre ella”, el magistrado procedió a analizar si la ubicación que se había concedido a la prensa era la establecida por Reglamento de la Asociación Argentina de Ciclismo (FAC). En efecto, la carrera formaba parte del calendario oficial de la FAC. En ese sentido, el magistrado constató que “el sector de prensa establecido y diagramado por la organizadora del evento contravenía las normas del reglamento, ya que se ubicaba a un metro de la línea de llegada, cuando el reglamento dispone que debe emplazarse a una distancia de quince metros como mínimo de la línea de llegada”. Como consecuencia, de acuerdo con la resolución, la conducta de la asociación organizadora, evidentemente, “facilitó la producción del evento dañoso”, en la medida en que hubo “un claro incumplimiento de las normas reglamentarias de seguridad necesarias para la organización”. “Así, ante una clara disposición reglamentaria relativa a la seguridad de los fotógrafos, que en la especie era obligatoria, la entidad habilitó incorrectamente o, al menos, permitió que el fotógrafo lesionado se ubicara a tan solo un metro de la línea de llegada”, destacó el juez. En la misma dirección, agregó: “el accidente, tal como ocurrió conforme a la plataforma fáctica fijada, no fue inevitable, pues pudo haberse evitado de cumplirse acabadamente con las normas reglamentarias relativas al emplazamiento de la prensa”. El Municipio no tiene responsabilidad Por otra parte, el magistrado consideró que no podía hacerse extensiva la responsabilidad a la Municipalidad de San Francisco en los términos de la Ley de Espectáculos Deportivos. Esto, en la medida en que el municipio no fue organizador del evento, sino que solo actuó como auspiciante de la carrera y concedió a la asociación organizadora un subsidio “por intermedio de la Dirección de Deportes y de Economía”. Asimismo, “en obvio cumplimiento del poder de policía, habilitó el evento y dispuso las medidas pertinentes en relación con las calles por donde pasaba la carrera, pero ello no la torna en organizadora”. En la misma línea, el juez recalcó que tampoco podía atribuirse responsabilidad al municipio en los términos del régimen común, pues no podía “reprocharse a la Municipalidad de San Francisco omisión alguna en el poder de policía, atento a que la disposición de los diferentes sectores de la carrera –como el sector de prensa- depende de una reglamentación de la actividad deportiva y del organizador del evento, lo que claramente excede el deber de custodia y seguridad ciudadana exigible al municipio”. Exclusión de cobertura Finalmente, se hizo lugar al pedido de la aseguradora de que se la excluyera de brindar cobertura, teniendo en cuenta que la póliza suscripta con la asociación organizadora de la carrera aclaraba que no serían cubiertos los accidentes en los que se observara “la falta de cumplimiento a normas y reglamentos dictados por autoridad nacional, provincial, municipal o de policía”. En ese sentido, el juez entendió que asistía razón “a la citada en garantía cuando en los alegatos afirmaba que la organizadora del evento ha violado la reglamentación a la cual se encuentra sometida la disciplina deportiva, al haber emplazado antirreglamentariamente el sector de prensa donde se ubicaba el demandante”. Como consecuencia, el Dr. Viramonte condenó a la asociación civil a que indemnice al fotógrafo, con la suma de 142.252 pesos (más intereses), que comprende los siguientes rubros: daño emergente (2.880 pesos), pérdida de chance pasada (17.889 pesos), pérdida de chance futura (81.483 pesos) y daño moral (40.000 pesos).

Vocablos: RESPONSABILIDAD - RESPONSABILIDAD PENAL - ESPECTACULO DEPORTIVO - ORGANIZACION - OBLIGACION DE SEGURIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS - DEPORTE - CICLISMO - LESIONES - INCUMPLIMIENTO DE REGLAMENTACION - RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACION -

 
Fecha de Sentencia: 11-08-2016  | Jurisdiccion: Salta   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Corte de Justicia de Salta

Autos: OVANDO, ROSALÍA VS. INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA (I.P.V.) – RECURSO DE APELACIÓN

Sumario: La Corte de Justicia de Salta confirmó la sentencia de primera instancia que le desadjudicó una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda en el barrio Los Pinares de Cerrillos. R.O. pretendía la nulidad de los actos administrativos del IPV. El recurso de apelación planteado ante el Alto Tribunal de la provincia tenía un “notable déficit de fundamentación lo que conduce a su descalificación; máxime cuando dicha actividad procesal en sí misma connota la expresión de un imperativo del propio interés del apelante.” R.O no habitaba la vivienda entregada por el organismo provincial por lo que no cumplía con la carga legal y contractual de habitar el inmueble. “La actora no aportó ninguna prueba tendiente a cuestionar la legalidad de los procedimientos de control efectuados por la autoridad administrativa, o que acreditase una causal de justificación razonable que la eximiera de cumplir con esa carga, pese haber tenido plena oportunidad de hacerlo, tanto en sede administrativa como en sede judicial”, apuntaron los jueces. La adjudicación provisional se produjo en 2009. En esa oportunidad R.O se comprometió “entre otras exigencias, a ocupar la vivienda adjudicada en forma inmediata a partir de su suscripción”. Pero en las inspecciones de habitabilidad se comprobó que la vivienda estaba desocupada. Por ello el IPV dictó una resolución revocando la adjudicación por incumplimiento de lo establecido en las disposiciones de la Ley Nacional 21581 y Ley Provincial 5167 y su modificatoria Ley 5963, relativas a la habitabilidad normal y permanente por parte del grupo familiar adjudicado. R.O. suscribió con el IPV un contrato administrativo enmarcado en el ámbito de un servicio de utilidad pública e interés general cuya prestación supone el traspaso del dominio de un bien del Estado a un particular, por razones de índole social. Entonces R.O. era tenedora precaria de la unidad habitacional asignada y su obligación preponderante era ocupar esa casa. R.O. en su carácter de adjudicataria provisoria en tenencia precaria era “titular de un derecho imperfecto, una simple situación precaria, que puede ser extinguida por la administración cuando exista una causa justa para ello”. R.O. cuestionó, entre otras cosas, que las notificaciones hubieran sido enviadas a la vivienda. Allí había constituido domicilio legal, por lo que dicha objeción fue desestimada de plano. “El planteo intentado resulta contrario a los propios actos realizados en las actuaciones administrativas, y es sabido que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios”, dijeron los jueces de la Corte de Justicia. La manifestación de disconformidad es “insuficiente por sí misma para desvirtuar los argumentos expuestos en la sentencia que tuvo por acreditado el incumplimiento de la obligación de habitabilidad, como causa justificante de la decisión administrativa objetada”.

Vocablos: INSTITUTO DE LA VIVIENDA - VIVIENDA - INMUEBLE - ADJUDICACION - NULIDAD - ACTO ADMINISTRATIVO - NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS - LEGALIDAD - PROCEDIMIENTO DE CONTROL - CAUSAL DE JUSTIFICACION - ADJUDICACION PROVISIONAL - OCUPACION DEL INMUEBLE - OCUPACION DE LA VIVIENDA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - BIEN DEL ESTADO - TENENCIA PRECARIA - UNIDAD HABITACIONAL - TITULAR DE UN DERECHO IMPERFECTO - DESADJUDICACION DE UNA VIVIENDA - DESADJUDICACION

 
Fecha de Sentencia: 26-07-2016  | Jurisdiccion: Cordoba   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Tribunal Superior de Justicia de Córdoba

Autos: Sarría, Santiago Miguel c/Provincia de Córdoba - Plena jurisdicción - Recurso de apelación

Sumario: El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó que corresponde que la Provincia de Córdoba le abone las diferencias salariales adeudadas (más intereses) desde 2004 a un profesional por considerar que efectivamente se desempeñaba como jefe de departamento (en la Secretaría de Ganadería), pese a que formalmente revestía en un cargo de menor jerarquía. El Alto Cuerpo concluyó que resultaba aplicable la cláusula constitucional que establece “igual remuneración por igual tarea”. La Sala Contencioso Administrativa del TSJ rechazó el recurso de apelación promovido por el Gobierno (la parte demandada) contra la sentencia de la Cámara de 2.º Nominación del mismo fuero, que había declarado la nulidad de los actos administrativos impugnados por el demandante y que había condenado a la Provincia a pagar las diferencias adeudadas en el plazo de cuatro meses desde la aprobación de la liquidación. Esta resolución ahora ha sido confirmada. En su voto, el presidente de la sala, Domingo Sesin, destacó que, según las constancias de la causa, se encontraba acreditado que el demandante, “desde junio de 2002, cumple las mayores funciones correspondientes al cargo de ‘jefe del Departamento Lechería’”, que había quedado vacante por la jubilación de su anterior titular. En la misma línea, afirmó que tales tareas han sido desempeñadas “con la aquiescencia de las autoridades superiores”. En definitiva, de acuerdo con el vocal, se han acreditado de forma “fehaciente” las tareas desarrolladas por el demandante como jefe de departamento, “aun cuando no haya mediado un acto de designación dictado por la autoridad competente conforme a la normativa que regulaba la cuestión”. Protección constitucional Asimismo, según el Dr. Sesin, al caso resultaba aplicable directa e inmediatamente, por “su carácter operativo”, el artículo 14 bis de la Constitución nacional, cuya “protección alcanza tanto a los trabajadores libres como a los del Estado”. “Esta norma otorga a quien presta servicios el derecho a una retribución justa, compensatoria del esfuerzo realizado y del rendimiento obtenido, o sea, de la utilidad o provecho logrado con el esfuerzo del empleado”, esgrimió el vocal, a cuyo voto se adhirieron sus pares (Carlos García Allocco y María Marta Cáceres de Bollati). Seguidamente, en la sentencia fueron enumeradas las normas de los tratados internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional y que prevén disposiciones similares a las del artículo 14 bis. Por esta vía, el TSJ concluyó que, teniendo en cuenta que el demandante ha desempeñado efectivamente las funciones inherentes al cargo de jefe del Departamento Lechería, de la Dirección de Ganadería, pero no percibió las remuneraciones correspondientes a los servicios prestados, “la garantía constitucional sería transgredida por el obrar de la Administración si no se le reconociera el pago de las diferencias que reclama”. Como consecuencia, el Alto Cuerpo consideró “ajustada a derecho la decisión de la Cámara de declarar la ilegitimidad del obrar administrativo impugnado, con el consiguiente reconocimiento de la procedencia del reclamo de diferencia de haberes del demandante por el período de prescripción, previa deducción de los aportes personales y a la Apross”.

Vocablos: DIFERENCIAS SALARIALES - REMUNERACION - PROFESIONAL - MAYOR CARGO - IGUAL REMUNERACION IGUAL TAREA

 
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