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Fecha de Sentencia: 07-2016  | Jurisdiccion: Salta   |  Fuero: Fuero Comercial   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Camara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, Sala III

Autos: Expte. Nº 493551/14/15 BBVA BANCO FRANCÉS S.A.; LANTOURS S.A

Sumario: Los jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hicieron lugar a un recurso de apelación y modificaron parcialmente la sentencia de primera instancia condenando a una entidad bancaria y a un comercio a pagar en concepto de daño punitivo 6.043 pesos a un particular. En primera instancia había sido rechazada la pretensión del particular de daño punitivo, pero los jueces Marcelo Domínguez y Nelda Villada Valdez consideraron que la publicidad realizada por las demandadas “fue, cuanto menos, engañoso” y “en tanto lesivo a la buena fe que debe imperar en particular en las relaciones de consumo, corresponde que el contrato celebrado -ante al falta de información adecuada y veraz por parte de los proveedores-, sea interpretado en favor del actor, cuestión que además han consentido los apelados al quedar firme para ellos la sentencia de la instancia de origen, que les manda reintegrar el 20% promocionado de descuento, resultando la conducta publicitaria y negocial desplegada reprochable por ser evidente su desapego a las reglas protectorias del consumo, por lo que se admite el reclamo de daño punitivo con finalidad ejemplificadora respecto de conductas que no deben concretarse en el comercio. El principio de la buena fe –dijeron los jueces- exige transparencia y una clara determinación de las pautas contractuales” y la duda está a favor del consumidor. El hombre entró al comercio buscando la promoción que le ofrecía la entidad bancaria en la compra de pasajes. Hubo una defectuosa información sobre la promoción de venta de pasajes aéreos, recordaron los jueces ya que las firmas ofrecían una financiación en 18 cuotas sin interés y un 20 por ciento adicional de descuento: “20% off” decía la promoción sin especificar la clase tarifaria. Los jueces advirtieron además la existencia de diferencias entre la “letra chica” y el texto de la publicidad. Y detallaron que el detalle de las clases tarifarias no se incluyó en las facturas y documentación extendidas a favor del demandante: las “cuestiones internas de la línea aérea que no se deben considerar conocidas por los interesados y cuya precisión debe ser plenamente informada y consentida de parte del adquirente del pasaje o del paquete que se ofrece”.

Vocablos: DAÑO PUNITIVO - PUBLICIDAD ENGAÑOSA - LETRA CHICA - PUBLICIDAD - ENTIDAD BANCARIA

 
Fecha de Sentencia: 11-08-2016  | Jurisdiccion: Azul   |  Fuero: Fuero Civil   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Cámara Civil y Comercial de Azul

Autos: S. M. J. c/. F. J. L. F. y otro s/ daños y perjuicios.

Sumario: Fue confirmada una demanda por mala praxis médica, ya que la actora no logró de parte del médico demandado la prestación comprometida, que consistía en corregir la alteración morfológica de su abdomen, dejando una secuela inexistente con anterioridad como lo es una cicatriz. Se probó en autos que esto se debió a la inconducta profesional del demandado y no así a la evolución o reacción desfavorable del estado de salud de la paciente o por otras causas ajenas a la conducta del médico. El médico no cumplió con la promesa efectuada dado que a la paciente no le informó los riesgos de la segunda cirugía cómo para que ella deba afrontarlos, y en ese contexto la cicatriz que tiene la paciente en su abdomen permite aseverar que no sólo que no se corrigió la alteración morfológica abdominal, esto es el exceso de tejido graso que determinó la consulta originaria de la actora, sino que ha dejado una secuela, que técnicamente constituye un daño estético. Por tanto, la obligación del médico debe juzgarse conforme a la oferta realizada, no interesan las posibilidades reales del resultado sino las que se presentaron al paciente, es por ello que si el profesional médico no informó las dificultades y riesgos, debe asumirlos, ahora bien si los informó de forma adecuada, la asunción del riesgo corre por el propio paciente. Si el médico compromete al paciente un resultado concreto, con independencia de su eficacia, asume una responsabilidad obligacional objetiva de la que sólo se libera acreditando la concurrencia de las eximentes: hecho del damnificado, hecho del tercero caso fortuito o fuerza mayor o imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta. Por otro lado, las omisiones de la historia clínica perjudican la carga probatoria del demandado ya que ante los hechos acreditados en orden al fracaso de la prestación médica producto de su inconducta profesional, este debió alegar de manera manifiesta, algo que no logró hacerlo, para luego probar cuál fue la causa o la razón por la que no se obtuvo ese resultado.

Vocablos: MALA PRAXIS - PACIENTE - MEDICO - RESPONSABILIDAD DEL CIRUJANO - RESPONSABILIDAD MEDICA - CONSENTIMIENTO - CICATRIZ - DAÑO ESTETICO - OBLIGACION MEDICA - INFORMACION - HISTORIA CLINICA - SALUD

 
Fecha de Sentencia: 22-07-2016  | Jurisdiccion: Cordoba   |  Fuero: Fuero Contencioso Administrativo   | Tribunal: Tribunales Ordinarios   | Juzgado: Juzgado de Conciliación Nº 5 de Córdoba

Autos: G. (hoy R.), K. V. c/Colegio Gabriel Taborín – Amparo (Ley 4915).

Sumario: La jueza de Conciliación de 5.º Nominación, Victoria Bertosi de Lorenzati, rechazó la acción de amparo planteada por la madre de una alumna de quinto año que pretendía que se declarara la nulidad de los exámenes de Geografía e Inglés (turno de febrero de este año) en los que su hija resultó desaprobada y, como consecuencia de lo cual, no ha podido cursar sexto año. A raíz de la decisión adoptada, para poder egresar del secundario, la adolescente tendrá que aprobar la materia que adeuda de cuarto año (Geografía), las tres que no aprobó de quinto año (Historia, Geografía e Inglés) y todas las asignaturas correspondientes a sexto año. La causa se inició a raíz de la acción de amparo planteada por la progenitora de la niña contra las resoluciones por las que el colegio privado había rechazado los pedidos de que se tuvieran por nulos los exámenes de Geografía e Inglés; entre otras razones, la demandante esgrimía que la adolescente no había contado con los programas de las asignaturas. Por esa razón, solicitaba que se les tomara nuevamente dichos exámenes, para no afectar arbitrariamente el derecho de aprender de su hija. En virtud de las constancias de la causa y tras haber analizado la foja curricular de la alumna, la magistrada constató que la niña adeudaba cuatro materias (una, de cuarto año, y tres de quinto) y que la institución educativa le había ofrecido “la modalidad de cursado prevista para los alumnos repitentes del ciclo lectivo 2016”. La jueza también tuvo en cuenta que el 16 de marzo de este año la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (Zona de Inspección n.º R 9, M 4) había concluido que es atribución del director del colegio anular una mesa de examen y que, en el caso, el directivo consideró que no había motivos que justificaran tal medida. En ese sentido, la jueza destacó: “en ninguna nulidad incurrieron las docentes intervinientes en las mesas examinadoras, todo lo contrario: antes de la recepción de ambos exámenes, se verificaron todas las exigencias reglamentarias que prevé la Resolución N.º 116/96 para garantizarle a la alumna la absoluta regularidad de la evaluación. Nada dijo la alumna en el momento del examen de las falencias que ahora denuncia de manera extemporánea”. Respecto de la supuesta irregularidad que denunciaba la madre de la niña, la jueza esgrimió: “el colegio ofrece los programas al inicio del año lectivo y los dispone en su página web. Si K. recién se preocupó del programa horas antes del examen, se tuvo demasiada confianza o, bien, marcó desinterés sobre sus contenidos. En consecuencia, no se violentó el derecho a ‘aprender’ de K. V. R.”. “Sí se evidenció la falta de apego a las reglas educativas de la institución, la ausencia de responsabilidad de contar, desde el inicio de clases, con el programa de materias”, añadió. No hubo arbitrariedad Por otra parte, la magistrada destacó que, si se aceptara la vía del amparo para revisar la disconformidad con los resultados de los exámenes del alumnado de la provincia, “se produciría, sin duda, una megainflación de acciones sumarísimas que implicarían no solo invadir el ámbito educativo provincial, que es privativo del Ministerio de Educación, sino también desplazar a las instituciones escolares de su exclusiva y excluyente incumbencia en el sistema educativo implementado”. “La supervisión judicial, mediante la figura del amparo, no incluye someter a vigilancia judicial el desempeño de directores, profesores, o maestros de institutos o escuelas, para controlar el acierto o error con que ellos cumplen las funciones que la ley y/o reglamento escolar les encomiendan, sino la de proveer de un remedio contra la arbitrariedad de sus actos, que pueda lesionar los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, circunstancia esta que no se configuró en la causa”, concluyó.

Vocablos: ACCION AMPARO - ALUMNA - EXAMEN - EXAMANES - COLEGIO SECUNDARIO - DOCENTE - ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SUPERVISION JUDICIAL - ARBITRARIEDAD - DERECHO DE APRENDER - EDUCACION

 
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